Oscar Meraz Astorga

Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
626/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Oscar Meraz Astorga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de dos de junio del año en curso, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado proveído, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, respecto de actos reclamados al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo ***, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en ********************y como autorizado a ********************en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Ahora bien, el artículo *** de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y a la propia junta: El proveído de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, que bajo protesta de decir verdad refiere le fue notificado el veintitrés de mayo siguiente, en el que se le negó la petición de llevar a cabo una diligencia de lanzamiento, desocupación y entrega física, material y jurídica del inmueble que se adjudicó con motivo de la primera almoneda en remate, bajo el argumento de que primero debe firmarse la escritura. En ese contexto, se advierte que respecto del acto reclamado en este caso, de oficio se advierte la actualización del motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." La citada hipótesis normativa dispone que previo a la instauración del juicio constitucional, la parte que se considere agraviada con una determinada resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá agotar los recursos o medios de defensa que procedan dentro del procedimiento respectivo, cuando la ley que rige este último los conceda, con la condición de que por virtud de esos medios de impugnación pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, el promovente del amparo reclama el proveído de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que se le negó la petición de llevar a cabo una diligencia de lanzamiento, desocupación y entrega física, material y jurídica del inmueble que se adjudicó con motivo de la primera almoneda en remate, bajo el argumento de que primero debe firmarse la escritura. Sin embargo, previo a la promoción del presente juicio, el quejoso debió controvertir la aludida determinación, a través del medio de impugnación ordinario contemplado en la legislación laboral, esto es, el recurso de revisión contra actos del presidente. En efecto, los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." Conforme a dichos preceptos, se desprende que contra el proveído reclamado en esta instancia, es procedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Esto, en atención a que fue emitido en la etapa de ejecución de laudo, aunado a que la Ley Federal del Trabajo dispone expresamente que los actos del Presidente en dicha etapa son recurribles mediante el recurso de revisión. Entonces, contra el citado proveído de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que se le negó la petición de llevar a cabo una diligencia de lanzamiento del inmueble que se ejecutó, procede el recurso de revisión. Ante ese panorama, se concluye que el solicitante del amparo indirecto estuvo en condiciones de hacer valer el medio de defensa que de que se trata, pues se insiste, es el recurso ordinario que expresamente contempla la legislación aplicable, mediante el que se puede lograr la modificación o revocación de auto que ahora se reprocha; lo que hace evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio de control constitucional, debió agotar el recurso de revisión para cumplir con el principio de definitividad que lo rige; de ahí que como no lo hizo, resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por el acto emitido en ejecución del laudo, el cual hubiese sido estudiado por la junta laboral para que ésta hubiese resuelto en dejar o no sin efectos el acto de controversia, confirmándolo, modificándolo o revocándolo. Por tanto, al quedar evidenciado que antes de acudir al juicio de amparo el quejoso tuvo que interponer contra el acto reclamado el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, sin que lo haya hecho, es indiscutible que el justiciable no respetó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta remedie la irregularidad existente y sólo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Cabe puntualizar que de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo ni por nuestro Máximo Tribunal, toda vez que, como manifiesta la parte quejosa, es parte en el procedimiento de instancia y no tercero extraño al mismo, además no se trata de una ley o de actos de privación de libertad que los exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo; por tanto, al no haber agotado el recurso de revisión contemplado en al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el principio de definitividad no quedó colmado, ya que estaba facultado y obligado como parte en el proceso, para interponer los recursos que la ley confiere contra el acto que reclama. En esas condiciones, dada la actualización de la causa de improcedencia deducida de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se autoriza a las partes la utilización de celular, lector óptico, fotográfico o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes. En términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. VIII. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

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