Oscar Mentado Amigón

Expediente 58/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
58/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Oscar Mentado Amigón
  • OSCAR MENTADO AMIGÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio del Juez Primero de lo Penal de Puebla Capital. Mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintitrés de julio pasado, acusa recibo de las copias certificadas de la causa penal XXXXX/2016, de su índice; de lo cual este Juzgado toma nota para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación, y no existen documentos originales en el mismo. Toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Tomando en consideración que mediante auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez Primero de lo Penal de Puebla Capital, remitiendo en apoyo a su informe con justificación copias certificadas de la causa penal XXXXX/2016, de su índice, devuélvase dichas constancias, solicitando se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos; con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva, por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de dicha suspensión, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que no ha sido posible emplazar al presente juicio de amparo a las terceras interesadas Mayra Elena Reyes Cortés, María Azucena Caro Callejas, Dalia Isidro Méndez y Felix Martínez Figueróa, por las razones que a continuación se exponen: Mediante auto de siete de febrero del presente año, se tuvo al Juez Primero de lo Penal de Puebla Capital, remitiendo la razón asentada por la Diligenciaria adscrita a los Procesos Nones de su adscripción, en la cual informa la imposibilidad para emplazar a las citadas terceras interesadas. (f-72). En atención a lo anterior, en ese mismo auto se ordenó la búsqueda oficiosa del domicilio de las terceras interesadas, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley, girando oficios a diversas dependencias públicas a fin de que proporcionaran algún domicilio de las terceras interesadas Mayra Elena Reyes Cortés, María Azucena Caro Callejas, Dalia Isidro Méndez y Felix Martínez Figueróa. Así, al haberse agotado la investigación oficiosa en busca de un diverso domicilio de las terceras interesadas a efecto de emplazarlas al presente asunto, no se logró localizarlas en los domicilios proporcionados por las dependencias. En consecuencia, mediante proveídos de diecinueve y treinta de abril, así como de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio de las terceras interesadas, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante estar debidamente notificado para tal efecto. (f-225, 247 y 250) Por tanto, al no haber satisfecho los requerimientos antes citados, mediante auto de veinticuatro de mayo pasado, se ordenó el emplazamientos de las terceras interesadas Mayra Elena Reyes Cortés, María Azucena Caro Callejas, Dalia Isidro Méndez y Felix Martínez Figueróa, a través de edictos a costa de la parte quejosa, para lo cual se le requirió a fin de que los recogiera dentro del plazo de veinte días siguientes, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, sin que hubiera comparecido para tal efecto. Ahora, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la Jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 Tomo XVII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2003, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, la aludida omisión de la parte quejosa de exhibir ante este juzgado las publicaciones de los edictos ordenados para emplazar a las terceras interesadas, o bien, de manifestar algún tipo de imposibilidad que tenga para ello, pone de relieve que se actualiza una causa de sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), de la citada ley, mismos que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [...] De la interpretación de tales preceptos, se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta última no los recoge, paga su publicación y los exhibe ante este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con el referido presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada en el mismo, que a su vez constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que ante su omisión, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al efecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a las terceras interesadas Mayra Elena Reyes Cortés, María Azucena Caro Callejas, Dalia Isidro Méndez y Felix Martínez Figueróa, en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, se ordenó el emplazamiento a juicio mediante publicación de los edictos correspondientes, sin que el quejoso hubiera comparecido a recogerlos o en su caso, hiciera manifestación alguna respecto de la imposibilidad que tuvo para ello, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; lo que indiscutiblemente conduce al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, Novena Época, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2002, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", señalando que la jurisprudencia de referencia fue modificada para quedar en los términos siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Con base en estas premisas, se sostuvo que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual como ha quedado relatado en párrafos precedentes no aconteció en el caso concreto, pues se insiste el impetrante de garantías no realizó manifestación alguna. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, en términos del 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, fracción I, inciso b); 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, del referido ordenamiento legal; y en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Resulta procedente invocar, para los fines que al quejoso convenga, la jurisprudencia XI.P. J1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1325, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las doce horas con cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

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