Oscar Medel Granados

Expediente 1453/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1453/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Oscar Medel Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mesa 0 Por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, téngase por interpuesto el recurso de meritó y remítanse al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, copia certificada del presente cuaderno de antecedentes, el original y copia del ocurso que se provee, para los efectos precisados en el artículo 101 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo respectivo. Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada por este Juzgado de Distrito del juicio de amparo Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción

  2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL DEFENSOR, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL PROVEÍDO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN ESENCIA ESTABLECE: Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha fenecido el término legal de cinco días concedido al quejoso Oscar Medel Granados, así como a su defensor público César Ramírez Hernández, para el efecto de que dieran cumplimiento a la prevención decretada en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, sin que lo anterior haya sucedido. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, ello conforme al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad, y que promovió demanda de amparo sin asistencia jurídica, no obstante que este órgano de control constitucional mediante diverso proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, tuvo a Cesar Ramírez Hernández, como su abogado. Sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, el abogado del aquí quejoso Cesar Ramírez Hernández, no desahogo en sus términos la prevención realizada al mismo el ocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo que, este órgano de control constitucional procede a proveer sobre la reserva decretada en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, respecto del escrito de desahogo de prevención presentado únicamente por el aquí quejoso Óscar Medel Granados. Visto el escrito presentado por el quejoso Óscar Medel Granados, a través del cual desahoga la prevención que se le formuló mediante proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo anterior, se provee: INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito de desahogo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que el aquí quejoso señala como acto reclamado: la sentencia definitiva de doce de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal número 144/2012, del índice del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, el aquí quejoso precisa que en contra de esa determinación interpuso recurso de apelación, mismo que tocó conocer al Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, quien lo registró bajo el número de toca 69/2018. Por otra parte, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, informó que el estado que guardaba la causa penal 144/2012, era que en fecha trece de febrero de dos mil quince, se dictó sentencia en contra del ahora quejoso, y que en contra de la misma hizo valer recurso de apelación, mismo que fue admitió y resuelto el diecinueve de octubre de dos mil quince, por la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, en el toca de apelación 216/2015, confirmando la sentencia recurrida. Asimismo, el juez penal referido, informó que en la causa penal que nos ocupa (144/2012), se tiene una resolución de doce de enero de dos mil dieciséis, en la que se condena a Jesús Israel Miranda García y Roberto Francisco Velázquez Álvarez, por el delito de secuestro en agravio de Iván Bernal Martínez. En el caso a estudio, en su escrito presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso aclaró que la sentencia referida (materia del juicio de amparo), lo era la de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 144/2012, misma que dijo le fue notificada el trece de enero de dos mil dieciséis; asimismo, anexó copia simple de la primera hoja de la referida sentencia y de su notificación. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se analiza, en donde se reclama la sentencia definitiva de doce de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal número 144/2012, del índice del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en atención a los fundamentos legales y consideraciones que a continuación se indican: El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: [...] b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; [...]." Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [...] Artículo 170. EI juicio de amparo directo procede: l. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [...]." Asimismo, los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclame actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado, conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estime carecer de competencia, lo remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio correspondiente, se advierte que la verdadera intención de la parte agraviada es reclamar de la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, la sentencia definitiva de doce de enero de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal número 144/2012, del índice del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, precisó que en contra de esa determinación interpuso recurso de apelación, mismo que tocó conocer al Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, quien lo registró bajo el número de toca 69/2018. Por lo que, en términos de los preceptos legales antes invocados, el acto aquí reclamado, constituye una sentencia definitiva que puso fin al juicio de origen (causa penal 144/2012); por lo que, tal determinación se encuentra en el supuesto previsto en los artículos 34 y 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior se afirma, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, esto en razón de que a través de la sentencia reclamada, por tener el carácter de definitiva, que por lo mismo, debe ser combatida a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la tesis 6/2015, relativa a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, tomo I, abril de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido a la letra dice: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. No es inadvertido que, tanto en su demanda de amparo y como en su escrito aclaratorio el aquí quejoso refiere la existencia de violaciones al debido proceso, no obstante, se advierte que dichas manifestaciones las hace valer como motivo para combatir la ilegalidad de la sentencia que impugna mediante esta vía constitucional. Por tanto, el acto reclamado en esta instancia como ya se dijo, se encuentra en la hipótesis del primer párrafo del artículo 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional, por lo que con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en turno; solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente legal alguno se sirva acusar el recibo respectivo y asimismo, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada. Lo anterior, para que se esté en aptitud de acordar lo que en derecho proceda; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo de este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia autorizada de la demanda y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Mesa :Se tiene al citado profesionista asumiendo el cargo en el presente juicio de amparo, esto es, como abogado del quejoso, en el presente juicio; por lo que se concede un término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que desahogue la prevención hecha al citado quejoso, en auto de ocho de octubre del año en curso, con el apercibimiento decretado en el mencionado proveído. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL PROFESIONISTA DE MÉRITO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN ESENCIA ESTABLECE:Se tiene al citado profesionista asumiendo el cargo en el presente juicio de amparo, esto es, como abogado del quejoso, en el presente juicio; por lo que se concede un término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que desahogue la prevención hecha al citado quejoso, en auto de ocho de octubre del año en curso, con el apercibimiento decretado en el mencionado proveído. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica...

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