OSCAR MEDARDO BALCÁZAR LÓPEZ y Otros.
Expediente 1333/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2019
Partes del expediente
- OSCAR MEDARDO BALCÁZAR LÓPEZ y Otros.
- Oscar Medardo Balcázar López
- MARTHA DE JESÚS DOMÍNGUEZ LEÓN y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que, se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, contra actos del Delegado Estatal de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1333/2019-3-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables, la falta de contestación al escrito de petición presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Así, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (.) "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el numeral 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquella se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Al respecto, se cita la jurisprudencia 470, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1975, Quinta Época, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama del Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta Ciudad, la falta de respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, ante la responsable. Luego, atendiendo a los numerales 1 y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los cuales dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." (.) "ARTÍCULO 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Además, atendiendo a que dicho instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo refiere el numeral 5º de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual dice lo siguiente: "Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley." Entonces, la ley que corresponde regir el acto administrativo reclamado en específico, es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que sus disposiciones aplican a los actos, procedimientos y resoluciones de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal. Además, del contenido del artículo 17 de la ley mencionada, se evidencia, que corresponde a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes citado para que las autoridades atiendan la petición elevada ante ellas. Cabe destacar que del acuse fechado el veinticinco de julio del año en curso, que los quejosos adjuntaron a su escrito de demanda, se advierte que los promoventes del amparo solicitaron que sus respectivas pensiones sean retabuladas, conforme al salario mínimo correspondiente, así como la devolución de las cantidades retroactivas que les adeudan. De lo anterior, se sigue que de conformidad con la naturaleza de la petición y de lo que implica para la institución responsable, la respuesta que debe recaer a dicha solicitud no es de estudio sencillo; puesto que se debe de allegar de los expedientes, así como de diversas constancias para observar la procedencia de su petición; y enseguida de esto, realizar una serie de cálculos para fijar la cantidad correspondiente y lograr regularizar sus pagos; es por ello que, quien resuelve, estima que el tiempo de respuesta no puede ser menor de tres meses. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el dos de octubre de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el veinticinco de julio de esta anualidad; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido dos meses y seis días después de haberse elevado la solicitud de mérito ante las autoridades responsables. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que los peticionarios del amparo debieron adecuarse al plazo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, esto es, al término específico para que las autoridades responsables deban dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses (el cual no podrá exceder de dicho lapso), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de tres meses, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí podría actualizarse cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. Lo anterior es así, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en detrimento de la parte quejosa, además de los gastos estériles que le podría generar el trámite del presente sumario. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señalan en el escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con el numeral 13 de la citada ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a **************. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se le autoriza desde este momento, para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los numerales 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO. -Vista; la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, contra actos del Delegado Estatal de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1333/2019-3-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables, la falta de contestación al escrito de petición presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Así, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (.) "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el numeral 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquella se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Al respecto, se cita la jurisprudencia 470, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1975, Quinta Época, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama del Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta Ciudad, la falta de respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, ante la responsable. Luego, atendiendo a los numerales 1 y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los cuales dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." (.) "ARTÍCULO 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Además, atendiendo a que dicho instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo refiere el numeral 5º de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual dice lo siguiente: "Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley." Entonces, la ley que corresponde regir el acto administrativo reclamado en específico, es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que sus disposiciones aplican a los actos, procedimientos y resoluciones de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal. Además, del contenido del artículo 17 de la ley mencionada, se evidencia, que corresponde a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes citado para que las autoridades atiendan la petición elevada ante ellas. Cabe destacar que del acuse fechado el veinticinco de julio del año en curso, que los quejosos adjuntaron a su escrito de demanda, se advierte que los promoventes del amparo solicitaron que sus respectivas pensiones sean retabuladas, conforme al salario mínimo correspondiente, así como la devolución de las cantidades retroactivas que les adeudan. De lo anterior, se sigue que de conformidad con la naturaleza de la petición y de lo que implica para la institución responsable, la respuesta que debe recaer a dicha solicitud no es de estudio sencillo; puesto que se debe de allegar de los expedientes, así como de diversas constancias para observar la procedencia de su petición; y enseguida de esto, realizar una serie de cálculos para fijar la cantidad correspondiente y lograr regularizar sus pagos; es por ello que, quien resuelve, estima que el tiempo de respuesta no puede ser menor de tres meses. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el dos de octubre de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el veinticinco de julio de esta anualidad; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido dos meses y seis días después de haberse elevado la solicitud de mérito ante las autoridades responsables. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que los peticionarios del amparo debieron adecuarse al plazo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, esto es, al término específico para que las autoridades responsables deban dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses (el cual no podrá exceder de dicho lapso), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de tres meses, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí podría actualizarse cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. Lo anterior es así, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en detrimento de la parte quejosa, además de los gastos estériles que le podría generar el trámite del presente sumario. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señalan en el escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con el numeral 13 de la citada ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a **************. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se le autoriza desde este momento, para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los numerales 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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