Oscar Maza Sánchez
Expediente 969/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Maza Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede se determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto donde se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido.(...)NOTIFÍQUESE."
- Principal
MESA IV-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Incorpórese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito únicamente para que obre como corresponda, debido a que no es procedente tenerlo formulando alegatos, respecto de un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia el treinta de octubre pasado. Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, como lo pide el ocursante, expídasele copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Feliciano Humberto Santos Rojas, con quien actúa y da fe."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido el pasado veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, remite copia certificada de la misiva DG/SAyC/496/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, por el que indica que dio respuesta al escrito de petición de quejoso, de la que se advierte una firma, de recibido, con fecha quince de noviembre de dos mil quince y diversos datos personales; en consecuencia, se tiene por satisfecho lo solicitado en el aludido proveído. Por otra parte, en relación a la constancia exhibida por la autoridad responsable, procede desahogarla en razón de su propia y especial naturaleza, otorgándole valor probatorio pleno por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, del estado de autos se advierte que las autoridades responsables a través del Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, indican que ya dio respuesta al escrito del quejoso de diez de septiembre de dos mil diecinueve, motivo del presente juicio de amparo. Lo anterior, debido a que desde el dos de octubre de dos mil diecinueve, el Subdirector de Agencias y Colonias del citado Ayuntamiento, giró el oficio DG/SAyC/496/2019, en el que consta tal respuesta, que se advierte fue notificado al promovente el quince de noviembre pasado. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que se actualiza una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de determinar cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la substanciación y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por tratarse de una causa notoria y manifiesta respecto de ese acto. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior, sin que sea obstáculo que el citado oficio de respuesta esté firmado únicamente por el Subdirector de Agencias y Colonias del Municipio de Oaxaca de Juárez, dado que fue precisamente a dicha autoridad a la que se le dirigió el escrito cuya falta de atención dio lugar a este juicio, ya que el Presidente Municipal y el Director de Gobierno de dicho Ayuntamiento recibieron copia de conocimiento en su carácter de superiores jerárquicos, y por ello se considera satisfecha la pretensión del quejoso. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
Mesa de Amparo IV-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexos del Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante los cuales, en alcance al informe justificado que rindió en representación del Presidente Municipal Constitucional, del Director de Gobierno y del Subdirector de Agencias y Colonias, todos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, indica que la última autoridad referida, dio respuesta al escrito de petición del quejoso (mismo que originó el presente juicio de amparo) mediante oficio DG/SAyC/496/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte de la copia simple de tal misiva, que a la fecha no se ha notificado al promovente del amparo por no haber sido localizado en el domicilio que proporcionó para tal efecto. En consecuencia, requiérase al Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que, dentro del plazo de tres días, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de lo siguiente: Oficio en el que obra la respuesta que se dio al escrito de petición del quejoso, de diez de septiembre de dos mil diecinueve. Constancias de las diligencias en las que se ha intentado notificar al quejoso el acuerdo relativo, dictado el dos de octubre de dos mil diecinueve. Se apercibe a la aludida autoridad, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización... [...]. NOTIFÍQUESE.
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