Oscar Matuz Ruiz

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Oscar Matuz Ruiz
  • Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    MESA 5-B.- Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, que carece de relevancia documental; lo anterior, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir de esta fecha, previa elaboración y remisión del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, además de realizar las anotaciones correspondientes en los sistemas o libros de control de este juzgado, el cual deberá encontrarse debidamente digitalizado y vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), de conformidad con la normatividad vigente; y en términos del penúltimo y antepenúltimo párrafo del numeral referido, así como de los diversos 21, 22, 23 y 25, último párrafo, todos del Acuerdo General de referencia 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal y del incidente de suspensión relativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del cuaderno en comento.

  2. Principal

    MESA 5-B.- Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo ha causado estado, considerando que las partes no interpusieron recurso de revisión en su contra. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General1 en cita, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, que carece de relevancia documental; lo anterior, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir de esta fecha, previa elaboración y remisión del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, además de realizar las anotaciones correspondientes en los sistemas o libros de control de este juzgado, el cual deberá encontrarse debidamente digitalizado y vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), de conformidad con la normatividad vigente; y en términos del penúltimo y antepenúltimo párrafo del numeral referido2, así como de los diversos 21, 22, 23 y 25, último párrafo, todos del Acuerdo General de referencia.2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción III4, del referido Acuerdo General, toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal y del incidente de suspensión relativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del cuaderno en comento.

  3. Principal

    MESA 5-B.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se recibe el oficio signado por el Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual rinde informe justificado. Al respecto se agrega a los autos dicho comunicado, sin realizar mayor pronunciamiento; toda vez que en auto de doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 220 a 225), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    MESA 5-B.- Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de junio del año en curso (fojas 176 a 177), se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mediante el cual remitió diversas documentales, entre las que destacan el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 65/2023, del índice del referido juzgado de control, en contra del aquí quejoso XXX. Derivado de lo anterior, esta juzgadora federal advierte, de oficio, que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:...En el caso, mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés (fojas 19 a 24), este juzgado admitió a trámite el presente juicio de amparo promovido por el quejoso XXX por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, y otras autoridades, de quienes reclamó sustancialmente la orden de detención, aprehensión, presentación y localización, así como su ejecución. En ese sentido, tomando en consideración el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal 65/2023, de su índice, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso XXX. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien, administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo, resulte o no constitucional....En el caso, se encuentra colmado el primero de los supuestos, debido a que la orden de detención, aprehensión, presentación y localización emitida en su contra, así como su ejecución, reclamadas por el quejoso, fueron emitidas en su contra por el hecho delictuoso consistente en abigeato agravado, relacionada con de la carpeta de investigación 0003-0972114-2023, integrada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate al Abigeato, con sede en Tonalá, Chiapas. Ahora bien, también se surte la segunda hipótesis, en razón que la demanda de amparo fue presentada el veinte de mayo del año en curso (foja 2), y con posterioridad, la autoridad responsable emitió una resolución que cambió la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso. Lo anterior, puesto que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictó auto de vinculación a proceso en contra de la peticionaria de amparo, por su probable participación en el hecho delictivo de abigeato agravado, en la causa penal 65/2023, de su índice. Por tanto, cambió la situación jurídica y esta actuación es la que ahora rige la esfera de derechos de la solicitante del amparo. En cuanto al supuesto mencionado en el inciso c), es necesario destacar que el hecho de que la autoridad responsable haya emitido el citado auto de vinculación a proceso, implica que esta juzgadora esté impedida para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ello implicaría afectar la nueva situación jurídica. En ese contexto, la tercera de las hipótesis referidas se ve colmada en el caso, en razón que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de la orden de detención, aprehensión, presentación y localización reclamada sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso; por ende, las violaciones reclamadas deben considerarse irreparablemente consumadas. En relación con el último requisito, se advierte que existe autonomía entre el acto reclamado y el auto de vinculación a proceso de veintiséis de mayo del año en curso, lo que significa que esta última determinación puede subsistir con independencia de que el acto reclamado sea inconstitucional; por tanto, también se configura el requisito indicado en el apartado d). En consecuencia, se colige que operó un cambio en la situación jurídica de la quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, razón por la cual procede decretar el 2 Número de registro 2019590 sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. En esas condiciones, en términos del artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que, conforme a lo aquí apuntado, cambió la situación jurídica de los quejosos. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del trece de septiembre dos mil veintitrés, ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, toda vez que no es privado del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de causas notorias, manifiestas e indudables, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse la causa de improcedencia de que se viene hablando; de ahí que resulte innecesario y, en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a resolver el presente juicio de amparo, hasta el momento en que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma...En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la causa de improcedencia apuntada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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