Oscar Martínez Pérez

Expediente 1037/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1037/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
03/02/2017

Partes del expediente

  • Oscar Martínez Pérez
  • Oscar Martínez Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 1037/2016-I-2, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Coordinador Zona Norte de la Policía Estatal Única División Preventiva, Coordinador del Separo de Detenidos de la Fiscalía General Zona Norte, Coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación del Centro de Operaciones Estratégicas Encargado de la Causa Penal ******* y Coordinador de la Policía Estatal Única División Investigación, todos con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó la detención e incomunicación. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se registró con el número 1037/2016-I-2, y el nueve siguiente, se admitió la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: Las órdenes de detención y de incomunicación, ejecutadas en contra del quejoso. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional Zona Norte de la División Preventiva, en su denominación correcta, manifestó que no son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Tampoco, son ciertos los actos reclamados al Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (Centro de Operaciones Estratégicas), en sus denominaciones correctas, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en la incomunicación, que les atribuyó el quejoso, pues así lo indicaron al rendir el informe justificado. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (Centro de Operaciones Estratégicas), en sus denominaciones correctas, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados indicaron que era cierto el diverso acto reclamado consistente en la detención del quejoso; por ende, debe tenerse por cierta su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, la fracción XXI, del de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el caso concreto, la detención reclamada dio lugar a la carpeta de investigación *******, radicada ante el agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, por su probable participación en los hechos constitutivos de delito, bajo el supuesto de los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado. Sin embargo, cesó en sus efectos la detención reclamada. En efecto, por oficio ******* de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Coordinador de la Unidad de Centro de Operaciones Estratégicas dejó en libertad, bajo reserva, al aquí quejoso, lo que resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la privación de la libertad de ambulatoria del quejoso. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio en relación con los actos reclamados al Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (Centro de Operaciones Estratégicas), con fundamento en la fracción XXI, del arábigo 61 de la ley de la materia; al haberse ordenado la libertad del peticionario de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1037/2016-I-2 promovido por *******, contra los actos y autoridades a que se refieren los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******* ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 1037 2016-I 2, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Coordinador Zona Norte de la Policía Estatal Única División Preventiva, Coordinador del Separo de Detenidos de la Fiscalía General Zona Norte, Coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación del Centro de Operaciones Estratégicas Encargado de la Causa Penal ******* y Coordinador de la Policía Estatal Única División Investigación, todos con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó la detención e incomunicación. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se registró con el número 1037 2016-I-2, y el nueve siguiente, se admitió la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3 2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: Las órdenes de detención y de incomunicación, ejecutadas en contra del quejoso. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional Zona Norte de la División Preventiva, en su denominación correcta, manifestó que no son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Tampoco, son ciertos los actos reclamados al Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud Centro de Operaciones Estratégicas, en sus denominaciones correctas, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en la incomunicación, que les atribuyó el quejoso, pues así lo indicaron al rendir el informe justificado. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud Centro de Operaciones Estratégicas, en sus denominaciones correctas, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados indicaron que era cierto el diverso acto reclamado consistente en la detención del quejoso; por ende, debe tenerse por cierta su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, la fracción XXI, del de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el caso concreto, la detención reclamada dio lugar a la carpeta de investigación *******, radicada ante el agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, por su probable participación en los hechos constitutivos de delito, bajo el supuesto de los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado. Sin embargo, cesó en sus efectos la detención reclamada. En efecto, por oficio ******* de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Coordinador de la Unidad de Centro de Operaciones Estratégicas dejó en libertad, bajo reserva, al aquí quejoso, lo que resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la privación de la libertad de ambulatoria del quejoso. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio en relación con los actos reclamados al Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Coordinador B del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios, Fiscal Especializado en la investigación y persecución del Delito Zona Norte, Coordinadora y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud Centro de Operaciones Estratégicas, con fundamento en la fracción XXI, del arábigo 61 de la ley de la materia; al haberse ordenado la libertad del peticionario de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 59 99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1037 2016-I-2 promovido por *******, contra los actos y autoridades a que se refieren los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******* ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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