Oscar Martínez Carpinteyro

Expediente 1499/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1499/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Oscar Martínez Carpinteyro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veintiséis de enero del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales y no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. En cuanto a los documentos catalogados como no originales, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el escrito del quejoso Oscar Martínez Carpinteyro, por el que desahoga la vista que se le otorgó mediante proveído de once de enero del presente año, respecto de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en razón de que el veintiséis de enero actual, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con nueve minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1499/2022-IV, promovido por Oscar Martínez Carpinteyro, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente, ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra el escrito de demanda del quejoso Oscar Martínez Carpinteyro, auto admisorio de quince de diciembre de dos mil veintidós e informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Del mismo modo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. Por otro lado, el Secretario hace constar que en el presente juicio de amparo no existe tercero interesado en atención a la naturaleza del acto reclamado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otro lado, en atención a la constancia que antecede y en virtud de que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente respecto a la existencia de algún tercero interesado, hasta en tanto obraran los informes justificados de las responsables; y toda vez que de los mismos no se desprende la existencia de persona alguna a quien le revista el carácter de tercero interesado, por no encuadrar en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 5°, de la Ley de Amparo; consecuentemente, se ordena continuar la tramitación del presente juicio de amparo, sin tercero interesado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que el quejoso acompañó a su escrito inicial de demanda, consistentes en copia certificada de la credencial para votar a nombre del quejoso Oscar Martínez Carpinteyro, original de acuse de recibo del escrito de quince de septiembre de dos mil veintidós, copia certificada del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento administrativo 235/2022-ADTVO, copia certificada de la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento administrativo 235/2022-ADTVO, copia certificada de recibo oficial de pago de tenencia con número de folio 60-201880735, copia certificada de la factura número 12992, original de acuse de recibo del escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y con las documentales que remitieron las autoridades responsables, oficio DJ-2022-XII-2371 y su respectiva notificación al quejoso, resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se canceló la concesión de derechos amparada actualmente con las placas de circulación número A02140X (632224W anteriores) del servicio público de transporte de pasajeros, así como de la documentación inherente a la misma, citatorio de fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós y notificación personal de veintiuno de diciembre del mismo año, así como una copia de la credencial para votar del quejoso expedida por el Instituto Nacional Electoral. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas mencionadas, en atención a su propia y especial naturaleza; sin perjuicio del análisis valorativo que en su caso se realice. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que no se formularon; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, contrario sensu, téngase por hecha la constancia en el sentido de que no se formularon alegatos. Se cierra dicho período, por lo que se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1499/2022-IV, promovido por Oscar Martínez Carpinteyro, por derecho propio, en contra de los actos reclamados del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala y de la Directora de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Por escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veintidós, Oscar Martínez Carpinteyro, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala. - Directora de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: - La orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución. - La falta de contestación a la petición hecha mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Los actos reclamados por el quejoso Oscar Martínez Carpinteyro, consisten en: - La orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución. - La falta de contestación a la petición hecha mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la falta de contestación a la petición hecha mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós; ya que así se advierte de las constancias que obran en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, lo anterior, en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio DJ-2022-XII-2371, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, contestó el escrito cuya omisión se reclamaba; y dicho oficio se le notificó al quejoso el trece de diciembre del mismo año; de ahí que al momento de presentarse la demanda de amparo, ya no existía la omisión alegada; pues dicha demanda fue presentada hasta el catorce de diciembre de dos mil veintidós. Máxime que la existencia del acto reclamado debe analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución; porque así se advierte de las constancias que obran en autos. QUINTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..:) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)". En efecto, de conformidad con el referido precepto, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado; sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización por ya no tener asidero, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consideraciones que fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En la especie, no obstante la certeza del acto reclamado precisado en el considerando cuarto, deviene innecesario su estudio, así como el de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, dado que de los informes y constancias que tienen relación con los actos reclamados, se advierte la concurrencia de la causa de improcedencia en comento, ya que aun cuando subsiste la orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución; ésta no puede surtir efecto legal o material alguno, en atención a que el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado (autoridad responsable), mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós canceló la concesión amparada actualmente con las placas de circulación número A02140X del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, así como la documentación inherente a la misma; resolución que le fue notificada de manera personal al hoy quejoso Oscar Martínez Carpinteyro, el día veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, quien firmó dicha diligencia. De ahí que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es, la orden de despojo de la tarjeta de circulación vehicular y dos placas de circulación número A02140X del servicio público de transporte de pasajeros y su ejecución; también lo es que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haber la propia autoridad responsable, dictado una resolución en la que canceló la concesión amparada actualmente con las placas de circulación número A02140X del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, así como la documentación inherente a la misma; por lo que, es indudable, que respecto del acto reclamado mencionado de la autoridad responsable mencionada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, existiría una imposibilidad jurídica de que se produjeran efectos restitutorios con motivo de una sentencia que concediera el amparo -en el caso de que llegara a pronunciarse así-, pues el nuevo estatus jurídico que actualmente impera, impiden -en esta hipótesis, al menos por ahora- restituir al agraviado en el derecho fundamental impetrado, de manera que pudieran reestablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: Registro digital: 197245 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Consecuentemente, en la especie, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de ahí lo improcedente de la demanda de amparo formulada. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo, asimismo, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el precitado Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la Constitución Federal; 61, 63, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Oscar Martínez Carpinteyro, por derecho propio, en contra de los actos reclamados del Secretario de Movilidad y Transporte en el Estado de Tlaxcala y de la Directora de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado de Tlaxcala; precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa exhibición de las constancias impresas, dejando razón de su recibo en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que transcurre el término establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales se tuvieron por rendidos el once de enero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

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