Oscar Martin Molina Y Lira

Expediente 906/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
906/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Oscar Martin Molina Y Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Óscar Martín Molina y Lira, por propio derecho. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, informa el contenido del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, de su índice, mediante el cual señala que la autoridad demandada (aquí responsable) no ha dado debido cumplimiento a la lo ordenado en la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, así como la sentencia de queja de quince de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que la autoridad responsable no ha aplicado el incremento a los años mil novecientos noventa y cuatro (1994), mil novecientos noventa y cinco (1995), mil novecientos noventa y ocho (1998), dos mil once (2011) y dos mil diecinueve (2019); con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. En atención a su contenido, considerando que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades se encuentran constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutirse en forma alguna los alcances de la protección constitucional; además, que en la ejecutoria de amparo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación planteado por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo solicitado para que las autoridades responsables Director General y el Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumpla el fallo de anulación dictada en el juicio 6269/17-17-01-3, del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos efectos quedaron precisados en líneas precedentes, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia Importa destacar que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio de nulidad 6269/17-17-01-3, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que declaró la nulidad de las boletas de sanción, en los siguientes términos: a) A partir del 01 de julio de 1988 y hasta diciembre de 2001, aplique a la pensión de la actora, los incrementos respectivos, es decir, al mismo tiempo y en la misma proporción que han aumentado los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la misma plaza que ocupó, para lo cual deberá tomar en consideración la constancia de evolución salarial que obra en autos; b) Por su parte, de los años 2002 a 2004 y de 2006 a 2017, deberá reiterar los porcentajes que acredita que ha aplicado a la pensión de la actora, atendiendo a que éstos le generan un mayor beneficio a la misma. c) Respecto del año 2005, deberá aplicar a la pensión de la actora el porcentaje de incremento que resulte de la sumatoria de los porcentajes de incremento que tuvieron los sueldos básicos de los trabajadores en activo en dicho año (es decir, 5.50%), según los datos arrojados en la constancia de evolución salarial que obra en autos, dado que como ha sido expuesto, éste es el que otorga mayor beneficio a la actora En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional, por tanto, con la finalidad de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo de que se trata, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha Ley, y considerando que el cumplimiento que se trata implica devolución de recursos monetarios, con copia del oficio de cuenta, se REQUIERE al Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del ámbito de sus atribuciones, acredite ante este Juzgado de Distrito haber realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados con anterioridad. En la inteligencia que el presente requerimiento no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario, por lo que dicha autoridad no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del código citado, así como el artículo 7º fracción, fracción VIII, inciso B), numeral 2 y 2.2 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, REQUIÉRASE al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad vinculada requerida en el presente auto ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y como autoridad directamente responsable, lo conmine a cumplir con el fallo protector en los términos previamente precisados y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con la que acredite haber ordenado a la autoridad vinculada al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, a cada una de las personas físicas que ostenten los cargos precisados, una multa de cien veces la unidad de media y actualización en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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