Óscar Márquez Aveldaño
Expediente 320/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Óscar Márquez Aveldaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. SE REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL REVISOR Visto el estado de autos, aparece que el dieciséis de agosto pasado, se tuvo al peticionario del amparo ********** interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Ahora, de las constancias que integran el presente asunto, aparece que el mismo se encuentra integrado para ser enviado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, conforme lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Amparo; por tanto, remítase a la superioridad el original del referido juicio de amparo, el escrito original de agravios y su copia, interpuesto por la parte indicada, para que tenga a bien resolver el medio de impugnación. SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, se comisiona a la oficial judicial "A" hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo con el recurso de revisión que en su momento se forme con motivo de la impugnación propuesta por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. QUEJOSO INTERPONE REVISIÓN CONTRA SENTENCIA Agréguese el escrito del peticionario del amparo ********************; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintiocho de julio del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes y, una vez integrado, remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese; por lista al quejoso y a la tercera interesada ********************víctima indirecta de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de ********************; electrónicamente a la representante social federal de la adscripción; mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver el juicio de amparo 320/2023, promovido por ++++++; y, Resultando. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la entonces Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, ++++++promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado al juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra en la carpeta judicial administrativa 30/2023/HUAUCHINANGO y su ejecución, por considerarla violatoria de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación y tramitación. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés este juzgado federal registró la demanda como juicio de amparo 320/2023 y la admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional; de igual forma, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de trece de abril de dos mil veintitrés se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al peticionario del amparo ampliando su demanda de amparo, únicamente por lo que hace a nuevos conceptos de violación relativos a la orden de captura tildada de inconstitucionalidad. En acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad tercera interesada a Eduardo Ali Huerta Ramírez, en sustitución de María Fernanda López Villafuerte. Finalmente, la audiencia constitucional se verificó en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado es de naturaleza penal, porque se trata de una orden de aprehensión librada en una causa penal, la que tiene ejecución material en el Estado de Puebla, territorio donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral de los escritos de demanda y aclaratorio, así como de las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que el acto reclamado al juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla,, en la carpeta judicial administrativa 30/2023/HUAUCHINANGO, lo constituye la orden de aprehensión librada contra el quejoso Óscar Márquez Aveldaño el cinco de marzo de dos mil veintitrés, como probable responsable en la comisión de los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, ambos cometidos en agravio de quien en vida respondió al nombre de Carmelo Romero Silverio, así como su ejecución material. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. El juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, reconoció su existencia, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias deducidas de la carpeta judicial administrativa 30/2023/HUAUCHINANGO, en la que aparece demostrada la orden de aprehensión de cinco de marzo de dos mil veintitrés reclamada. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, por tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. También son ciertos los actos de ejecución reclamados al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y a los Comandantes de la Agencia Estatal de Investigación de los Distritos Judiciales de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, ambos del Estado de Puebla. Lo anterior, porque el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, también lo reconoció al rendir su informe justificado; sin perjuicio de que haya omitido rendir su diverso informe con relación a la ampliación de demanda, a pesar de encontrarse debidamente notificado de ello, puesto que, la ampliación de demanda fue referente a conceptos de violación y no por actos novedosos atinentes a la ejecución de dicha orden. Y si bien el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, lo negaron, lo cierto es que al tener certeza del mandamiento de captura, debe tenerse por cierta la ejecución de la orden de aprehensión que se les atribuye, pues dentro de sus facultades se encuentra el cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control, por conducto de la policía bajo su mando, en términos de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El impetrante reclama la orden de aprehensión librada en su contra el cinco de marzo de dos mil veintitrés en la causa penal 30/2023/HUAUCHINANGO, por la probable comisión de los hechos catalogados en la ley como: homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción IV, 328 y 331, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción II, y 420 de la citada codificación estatal sustantiva, ambos cometidos en agravio de quien en vida respondió al nombre de Carmelo Romero Silverio. El inconforme considera que se vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que los datos de prueba son insuficientes para acreditar que haya cometido o participado en los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado y abuso de autoridad, por lo que se incumplen los requisitos previstos en la constitución para librar la orden de aprehensión reclamada, lo que genera que no esté fundada ni motivada. Alega que en su carácter de subordinado, el día que se cometieron los hechos, se le indicó que debía acudir con diversos elementos policiacos al domicilio de la parte tercera interesada, con la finalidad de prestarle auxilio a ésta y trasladar a la víctima directa a un centro para recibir tratamiento contra sus adicciones; por lo que no podía negarse a trasladarse y que el jefe de grupo fue quien conducía la patrulla en la que realizaban su rondín de vigilancia. Indica que el libramiento de la orden de aprehensión está sostenido básicamente en lo que narró la tercera interesada Yolanda Lorenzo Hernández, quien era concubina de la víctima directa Carmelo Romero Silverio; sin embargo, de dicha testimonial se desprende que quién propinó diversos golpes a la víctima fue el elemento Abundio Reyes García; sin que dicha declaración se obtenga dato que evidencie la intención del aquí quejoso en provocar la muerte de pasivo del delito. Que la responsable sostiene que su posible participación fue el haber sujetado a la víctima, lo que no ocurrió, pues solo atendió las indicaciones de sus superior, respecto a acudir al domicilio del agraviado y apoyar para trasladarlo a un centro en el que se le pudieran tratar sus adicciones a petición de la tercera interesada; no obstante, a fin de salvaguardar su propia integridad, la de sus compañeros, incluso la de la propia víctima directa, tuvo que tomar las precauciones necesarias como son: sujetar a la persona y, a petición de su superior, colocarle dispositivos de seguridad, para evitar cualquier agresión, por lo que resulta falso que en momento alguno haya ejercido acto de violencia contra el agraviado, pues al colocarle candados de seguridad y sujetarlo, no es determinante para causarle una lesión y mucho menos la muerte. Refiere que la responsable omitió realizar un estudio integral de los medios de prueba, pues por una parte obra el dictamen médico legal de necropsia en el que el especialista determinó que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico y, por otra parte, de la entrevista realizada a Yolanda Lorenzo Hernández, de lo que se desprende que quien propinó diversos golpes en la cabeza del pasivo del delito fue Abundio Reyes García, y de acuerdo con la mecánica de los hechos, no podía saber lo que su superior pretendía realizar, esto es, causarle daño a una persona al acudir al lugar de los hechos. En mérito de lo anterior, destaca que no puede sostenerse la legalidad de la orden porque como lo sostiene la testigo, Abundio Reyes García aprovechó la situación de que el pasivo se encontraba asegurado con los dispositivos. Alega que tampoco puede sostenerse la legalidad de la orden reclamada por el hecho de haber sujetado al pasivo, pues ello no le causó la muerte, ya que como lo refiere la testigo Yolanda Lorenzo Hernández, un solo golpe que le propinó Abundio Reyes García a la víctima directa, pudo ser suficiente para causarle una lesión en la cabeza y ser la causa del traumatismo craneoencefálico y lo que el quejoso realizó no tiene nada que ver con la causa de la muerte, sin que existiera previo acuerdo para causar daño a persona alguna, pues como policía tiene claro que su función es salvaguardar la seguridad pública y la integridad de las personas. Finalmente, precisa que el origen de la causa de la muerte de la víctima directa fue por traumatismo craneoencefálico, la cual se pudo generar por un solo golpe en la cabeza, sin que exista la posibilidad de que él le hubiera propinado ese golpe en la cabeza ni en otra parte del cuerpo. Los argumentos son infundados. Para corroborar ese aserto se tiene que del análisis de la resolución reclamada se observa que ésta cumple con los requisitos previstos en la Constitución Federal y legislación procesal aplicable para su emisión, por lo cual no se vulneran derechos del quejoso. En el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se establece que la orden de aprehensión sólo podrá librarse por la autoridad judicial, a la que debe preceder denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De igual forma, se debe precisar que el mandamiento de captura fue emitido conforme a las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, constituye una forma de conducción del imputado al proceso, en términos del arábigo 141 del ordenamiento legal en cita. Ello, porque su finalidad es llevar a la persona ante la presencia del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y formalice la investigación que se sigue en su contra. En el numeral referido se establece que la orden de aprehensión se decretará en tres supuestos: a) La autoridad judicial declare al imputado sustraído de la acción de la justicia cuando, entre otras, no comparezca a una citación judicial sin causa justificada. b) Cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. c) El Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En los dos primeros supuestos es necesario que la autoridad judicial previamente emita una orden de citación o de comparecencia y no haya sido eficaz para conducir al imputado a la audiencia inicial, por alguna de las circunstancias indicadas. Por su parte, en el tercer supuesto, se establece que será procedente -sin que preceda orden de citación o de comparecencia-, cuando la autoridad ministerial advierta que existe la necesidad de cautela. De las constancias que remitió el juez de control, no se observa que previo a librar la orden de aprehensión reclamada ordenara la citación o comparecencia del impetrante a la audiencia inicial, sino que la solicitud de la orden de aprehensión fue realizada bajo el supuesto de cautela. Entonces, conforme a los artículos 16, párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para librar orden de aprehensión se requiere que sea emitida por autoridad judicial competente, preceder denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; así como justificar la necesidad de cautela. Por su parte, en el numeral 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el diverso 141 antes citado. En el caso, el juez de control es competente para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, pues los hechos ocurrieron en el municipio de Xicotepec de Juárez, perteneciente al distrito judicial de esa misma denominación, que conforma la región judicial Norte, lugar donde ejerce jurisdicción, conforme a los artículos 10, 11, fracción II, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Así mismo, precedió denuncia de hechos que ley señala como delitos de homicidio y abuso de autoridad, los cuales son sancionados con pena privativa de libertad, en términos de los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 331, 419, fracción II, y 420, todos del Código Penal para el Estado de Puebla. De igual forma, es correcto que el juez de control considerara que los registros señalados por el órgano investigador son suficientes para sustentar los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, conforme a la clasificación jurídica otorgada y la probabilidad que el imputado lo cometió. También se estima que las razones expuestas por el juez de control para establecer que se justifica la necesidad de cautela son suficientes para librar la orden de aprehensión, por los motivos que se exponen a continuación. Hecho materia de la solicitud. En la solicitud de la orden de aprehensión, la representante social estableció que el hecho atribuido es que el uno de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta minutos, los elementos de Seguridad Pública de Xicotepec de Juárez, Puebla, Hilario Cruz Martínez, Óscar Márquez Aveldaño, Abundio Reyes García y Jessica Ramírez Hernández, se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Venustiano Carranza, número treinta de la comunidad de El Porvenir de Xicotepec de Juárez, Puebla, para atender un llamado, es decir, trasladar a la hoy víctima, quien en vida recibió el nombre de Carmelo Romero Silverio, a un anexo para drogadictos. Apoyo que fue solicitado por Yolanda Lorenzo Hernández, concubina de la víctima, quien recibió a los elementos y les dio acceso a su domicilio; los dirigió al cuarto donde se encontraba su pareja, para que lo trasladaran al anexo, ya que se encontraba preocupada porque cuando se drogaba no comía y tampoco dormía. Al verlo, el policía Óscar Márquez Aveldaño lo esposa con ayuda de Hilario Cruz Martínez, quien lo sujetaba de un brazo, sin que la víctima pusiera resistencia a su llamado, pues no representaba un peligro la víctima, pues el llamado de auxilio no era porque se encontrara agresivo, sino solo para apoyo de anexarlo. Sin embargo, se extralimitaron en sus funciones, pues una vez esposado Carmelo Romero Silverio, lo cargaron entre todos y posteriormente aventarlo al piso sin causa justificada; estando en el piso lo arrastran un metro, ejerciendo violencia sobre él y al ver que la víctima se quería levantar, el policía Abundio Reyes García comienza a patearlo en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, mientras que los policías: Hilario Cruz Martínez lo sujetaba del hombro del lado izquierdo y Óscar Márquez Aveldaño del hombro del lado derecho, para que no se levantara. Golpes que le ocasionaron un traumatismo cráneo encefálico producido por contusión, perdiendo la vida. Por tanto, la fiscal estableció que los hechos encuadran en la descripción de los delitos de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción IV, 328 y 331, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción II, y 420, del Código Penal para el Estado de Puebla. Así mismo, el órgano investigador indicó que los hechos y clasificaciones jurídicas se sustentaban en los antecedentes de investigación siguientes: 1. Constancia de aviso de nueve horas con cincuenta minutos de dos de marzo de dos mil veintitrés. 2. Diligencia de levantamiento de cadáver de once horas con treinta y cinco minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés. 3. Dictamen de necrocirugía 066/2023, de dos de marzo de dos mil veintitrés. 4. Entrevista de identificación del cadáver realizada a Yolanda Lorenzo Hernández. 5. Entrevista de identificación del cadáver realizada a Gloria Romero Silverio. 6.- Acta de nacimiento de quien en vida respondió al nombre de Carmelo Romero Silverio. 7. Entrevista de Jessica Ramírez Hernández. 8. Inspección ocular del lugar de los hechos de dos de marzo de dos mil veintitrés. 9.- El oficio SSPTM-XICO/0423/2023 de tres de marzo de dos mil veintitrés. 10. Nombramiento de Óscar Márquez Aveldaño. 11. Nombramiento de Hilario Cruz Martínez. 12. Nombramiento de Abundio Reyes García. A partir de lo anterior, la fiscal señaló que se acreditan los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Análisis de los hechos. El juez de control acertadamente consideró que los registros de investigación son suficientes para establecer los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción IV, 328 y 331, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción II, y 420 de la citada codificación estatal sustantiva. Hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Con relación a la preexistencia de la vida, el juez indicó que con la información disponible se obtiene que la víctima directa Carmelo Romero Silverio, se encontraban con vida hasta antes de las veintitrés horas con cuarenta minutos del uno de marzo de este año. Además, del acta de nacimiento expedida a nombre del pasivo se tiene que nació el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y dos, y fue presentado vivo; documental exhibida por Gloria Romero Silverio (hermana) y Yolanda Lorenzo Hernández (concubina). En cuanto a la conducta desplegada por el quejoso el día de los hechos (uno de marzo de dos mil veintitrés), el juez la tuvo por justificada con la entrevista recabada a Yolanda Lorenzo Hernández; la que además, precisó, se puede corroborar con el testimonio proporcionado por la otra testigo que presenció los hechos, la elemento de policía Jessica Ramírez Hernández. La conducta privativa de la vida ejecutada por parte del agente activo, la tuvo por justificada con el dictamen 066/2023, de dos de marzo de la presente anualidad, signado por el perito médico legista o forense Félix Edgardo Hernández Monroy; además, señaló, la información ahí contenida resulta útil para generar correspondencia con lo expuesto por parte de los testigos. Mecánica del hecho que relató, se corrobora con la diligencia de levantamiento de cadáver, de quien en vida respondió al nombre de Carmelo Romero Silverio, la inspección del lugar de intervención de dos de marzo pasado, así como con la constancia de aviso de nueve horas con cincuenta minutos de dos de marzo de este año, realizado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Xicotepec de Juárez, Puebla; ajustándose a las lesiones descritas por parte del médico legista, justo como lo refirió la citada ateste. Por cuanto hace al elemento relativo a la pérdida de la vida, el juzgador consideró que se justificó que la víctima directa Carmelo Romero Silverio, perdió la vida como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico producido por contusión (objeto romo), tal y como se desprende del dato de prueba consistente en el dictamen de neurocirugía, en el cual se concluye la citada causa de muerte. Referente al nexo causal, el juez atinadamente destacó que los golpes accionados y la sujeción por parte del agente activo -aquí quejoso-, bajo un esquema de coautoría, fueron la causa de las lesiones provocadas a Carmelo Romero Silverio, que a la postre provocaron la pérdida de su vida. Por cuanto hace a la calificativa, el juez responsable indicó que con los datos aportados se tiene por demostrado que los sujetos activos (tres, entre ellos el aquí quejoso Óscar Márquez Aveldaño) fueron quienes aventaron a la víctima y toda vez que lo había esposado, para poder llevarlo al anexo, Abundio comenzó a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, mientras que Hilario y Óscar Márquez Aveldaño lo sujetaban de los brazos; golpes que causaron la perdida de la vida de la víctima. Sin que en la información que obra dentro de la solicitud permita calificar que, en algún momento, los agentes activos corrieron algún riesgo de tipo objetivo o que obró en legítima defensa, ya que, de los datos de prueba disponibles se advierte una superioridad en cuanto hace al número de personas. Con lo cual, destacó el juez responsable, se justifica el contenido de los artículos 323, 326, fracción IV, y 328, todos del ordenamiento sustantivo en la materia. Finalmente, el juzgador concluyó que la conducta del agente activo -quejoso Óscar Márquez Aveldaño- es dolosa, conforme lo establece el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Puebla. Hechos con apariencia de delito de abuso de autoridad. Con relación al tópico de que el activo sea un servidor público, el juez responsable lo encontró corroborado en atención al oficio SSPTM-XICO/0423/2023, de tres de marzo de dos mil veintitrés y con el nombramiento de quince de febrero de este año, del que se evidencia el nombramiento y la calidad del investigado quejoso como elemento adscrito a la Policía Municipal Preventiva de Xicotepec de Juárez Puebla. Por cuanto hace al elemento cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima, el juez lo tuvo por armonizado y demostrado dentro del estudio realizado al delito de homicidio calificado en la resolución reclamada. Situación, concluyó el juez, que evidencia la extralimitación sin causa justificada, por los elementos de policía municipal contra Carmelo Romero Silverio. Además de la entrevista de su compañera Jessica Ramírez Hernández y la concubina del pasivo, se infiere que la víctima directa no opuso resistencia; de ahí que el juzgador tuvo por justificado el abuso de autoridad por parte del investigado quien cuenta con la calidad de servidor público. Derivado de todo lo anterior, se advierte el contexto que le permitió al juez responsable analizar la solicitud de la ministerio público, en donde desarrolló en grado de aproximación que posiblemente se perpetraron los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y abuso de autoridad, motivo por los que se comparte la decisión del juez de control responsable para tener por satisfechos los hechos con apariencia de los delitos en mención. Probabilidad que cometió los hechos. Para tener por justificado este extremo dentro de la forma de conducción extraordinaria que se analiza, el juez refirió que encuentra justificada principalmente a partir del señalamiento realizado por parte de Jessica Ramírez Hernández, quien afirmó que reconoce a Óscar Márquez Aveldaño y otros, como las personas que intervinieron dentro de los hechos. Además, concatenado con el señalamiento de la testigo Yolanda Lorenzo Hernández, en donde refieren que los investigados -entre ellos el quejoso- fueron quienes privaron de la vida a la víctima; pudiéndose afirmar la existencia de un concierto previo, en el que el activo y otros, pues llegaron al lugar en el que se encontraba la víctima, para llevarlo a un anexo y después de que Hilario lo esposara, entre los investigados lo cargaron, lo aventaron al piso y después Abundio comenzó a golpearlo, mientras que Óscar e Hilario lo tenían agarrado de los brazos. De ahí que, concluyó acertadamente el juez de oralidad responsable, la probabilidad de que el quejoso Óscar Márquez Aveldaño y otros intervinieron dentro del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, como coautores, conforme a lo que describe el artículo 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Estudio de la necesidad de cautela. En relación con la necesidad de cautela, el juez de control señaló que solamente a través de la emisión de una orden de aprehensión, se logrará conducir al proceso a Óscar Márquez Aveldaño. El juez indicó, respecto al elemento de riesgo de sustracción de la acción de la justicia, que existe riesgo de que Óscar Márquez Aveldaño, se sustraiga de la acción de la justicia, ya que la representación social pretende formular imputación por el delito de homicidio calificado, el cual trae aparejada como medida cautelar prisión preventiva oficiosa de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, indicó que la sanción a imponer en su momento por el delito de homicidio calificado de acuerdo al artículo 331 del Código Penal del Estado de Puebla, podría alcanzar como pena máxima la de cincuenta años de prisión; resultando un aliciente para que se sustraiga de la acción de la justicia, con la finalidad de que no se le formalice un procedimiento en su contra; asimismo, que en el presente asunto falleció la víctima. Destacó que debe tomarse en cuenta que posterior a la agresión cometida hacia la víctima, misma que lo privaron de la vida, el indiciado, tomó la decisión de retirarse del lugar de los hechos; evidenciando una conducta de sustracción y evasión de la justicia. Lo anterior, pese a la petición de la ofendida y de su compañera ante la insistencia de ambas en llevar a la víctima al hospital, este fue ingresado a dicho nosocomio y posteriormente el quejoso se retiró del lugar; sin que lo hicieran del conocimiento dentro del oficio SSPTM-XICO/0423/2023 de tres de marzo de este año, lo cual demuestra la omisión de su parte en aceptar la responsabilidad de sus acciones. De igual forma, indicó el juzgador que el monto de reparación puede llegar a ser de cantidades elevadas; aspecto que pudiera incidir de forma negativa como un aliciente al imputado para no comparecer si es citado en libertad. Referente al riesgo a la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o la comunidad, el juez consideró que existe el riesgo de que nuevamente el quejoso realice actos arbitrarios en contra de la población, debido a que el probable partícipe podría nuevamente realizar conductas atípicas, y con ello, crear un estado de vulnerabilidad y alteración en la sociedad, toda vez que el imputado es elemento de la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, quien es encargado en preservar el orden social, así como otorgarle protección a la comunidad, entre ellos a los ofendidos, quien al pedirle auxilio, lesionó y privó de la vida, cuando se encontraba ejerciendo sus funciones, sin causa legitima lesionaron al pasivo, utilizando la violencia física, sujetando a la víctima, golpeándola hasta que le provocaron la perdida de la vida. Además, al ser servidor público adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública de Xicotepec de Juárez, Puebla, sin causa legitima, aprovechándose de su condición como policía municipales, inmovilizó y lesionó a la víctima, extralimitándose en sus funciones, decidió privar de la vida a la víctima; con su actuar no solo pone en peligro la integridad física de los ofendidos, sino también de la sociedad en general, pudiendo lesionar a cualquier persona, ya que al ser elemento de seguridad pública debería de salvaguardar a la sociedad y a la comunidad entera. Puntualizando que de los hechos que se investigan, tanto la ofendida como la testigo Jessica Ramírez Hernández, siendo compañera del indiciado, es evidente que al saberlo él, corren el riesgo de que pueda tomar represalias contra ellas ante el temor de que depongan en su contra, igualmente, que resulta evidente que al ser servidores públicos no están exentos de prestar más auxilios, pudiendo repetir dichas conductas en agravio de cualquier persona. Finalmente, por lo que hace a que se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o la comunidad, indicó el juez responsable que al ser el investigado, servidor público adscrito al rubro de seguridad pública, este puede entorpecer las actividades de investigación para el esclarecimiento de los hechos, dado que pudiera intimidar o incluso causarle algún mal a su persona a los testigos de hechos; máxime que como se desprende de la entrevista de Jessica Ramírez Hernández, el hoy indiciado es elemento de la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, por lo que conoce el procedimiento penal, y con ello, al estar en un entorno de seguridad pública, es evidente que podrían entorpecer las investigaciones. De manera que se acredita la necesidad de cautela, permitiendo en este supuesto, de manera excepcional, librar el mandamiento de captura de manera previa a la citación legal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 141, pues de lo contrario, se impediría el desarrollo de la investigación. En mérito de lo cual, se considera adecuado el proceder de la responsable al emitir la orden de aprehensión reclamada, pues con su actuar satisfizo el mandato constitucional inmerso en el artículo 16 de la Constitución Federal y los preceptos legales antes mencionados, en virtud de que los datos de investigación y argumentos expuestos por la fiscal, resultan pertinentes, idóneos y suficientes para establecer que se cometieron los hechos con apariencia de delito de homicidio y de abuso de autoridad, así como que el impetrante probablemente participó en su comisión. En tales condiciones, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Óscar Márquez Aveldaño, contra el acto reclamado al juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, consistente en la orden de aprehensión de cinco de marzo de dos mil veintitrés, librada en la causa penal 30/2023/HUAUCHINANGO. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la orden de aprehensión, respecto la cual se declaró su constitucionalidad. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e. PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ++++++, contra el acto reclamado al juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, consistente en la orden de aprehensión de cinco de marzo de dos mil veintitrés en la causa penal 30/2023/HUAUCHINANGO, así como la ejecución atribuida al Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso; por lista a la tercera interesada Yolanda Lorenzo Hernández, víctima indirecta de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de Carmelo Romero Silverio; electrónicamente a la representante social federal de la adscripción; mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que mediante proveído de nueve de junio pasado, se tuvo como autoridad tercera interesada a ********************, en sustitución de ********************, por lo que se ordenó correrle traslado con copia de la demanda, auto admisorio, acuerdo de dieciséis de mayo pasado y del escrito de ampliación de demanda, para lo cual se libró la misiva 22325/2023; sin que obre el acuse de recibo correspondiente. En ese sentido, dado que la autoridad tercera interesada sustituta aún no ha sido emplazada al presente juicio, lo que significa tampoco le ha corrido el plazo de ocho días para que se imponga del contenido de los informes justificados como lo establece el arábigo 117 de la Ley de Amparo; entonces, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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