Oscar Manuel Zaragoza Morales
Expediente 1174/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/03/2017
Partes del expediente
- Oscar Manuel Zaragoza Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes, sin que obste el hecho de que el precepto legal invocado se refiera únicamente a las sentencias, en razón de que el auto en cuestión puso fin al presente juicio de garantías; por lo tanto, se equipara a una sentencia. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DESTRUIR El expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó el amparo al quejoso y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERIR El expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, al haberse concedido la suspensión provisional en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de DEPURACIÓN en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al Fiscal de Atención Integral unidad 111, en el Municipio de Ezequiel Montes Querétaro y Fiscal de Acusación Especializado en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General del Estado de Querétaro, de las copias certificada que remitieron respectivamente de las constancias que adjuntaron a sus informes justificados. Así, hágase el desglose de las carátulas de los tomos de prueba formados con las mismas, para debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación se advierte que el término de tres días concedido al tercero interesado xxx, para que proporcionara domicilio y persona en la residencia de esta Juzgado para oír y recibir notificaciones, transcurrió sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hagan por lista de estrados en términos de la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta que señale domicilio para tal efecto. Asimismo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, la constancia suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el auto de veintiocho de febrero del año en curso, al tercero interesado xxx, por las razones que ahí menciona. En ese sentido como esta ordenado en párrafos que anteceden, notifíquesele tal resolución por lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de la Fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete y remite copia certificada de la carpeta de investigación xxx. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad las copias que anexa; en ese sentido, visto el estado de autos y de las constancias que obran en autos, se provee: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la interpretación de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso particular, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del siguiente acto: La orden de presentación girada al menor quejoso, dentro de la carpeta de investigación xxx, por el Fiscal Especializado en Justicia para Adolecentes En forma notoria e indudable se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Conclusión que se obtiene, de las constancias que obran en autos consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación xxx. Constancias al que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Así, se desprende que siempre que exista un agravio personal y directo al promovente del juicio de garantías, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando sea jurídica y materialmente posible. No obstante ello, si aun existiendo el acto reclamado al momento de solicitar la protección constitucional, durante la secuela procesal del juicio de garantías se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación alegada, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es menester precisar los antecedentes del acto reclamado para estar en aptitud de demostrar la cesación de sus efectos. 1. Con motivo de la denuncia realizada por xxx, ante el Fiscal de atención Integral Unidad 111, en Ezequiel Montes Querétaro, el dos de diciembre de dos mil dieciséis, dio inicio la carpeta de investigación por el delito de abusos deshonestos cometido en agravio de su menor hijo xxx y otro menor de edad (fojas 7 a 12 tomo I de pruebas). 2. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis se remitió la carpeta de investigación citada al Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes. 3. El dieciséis de diciembre del mismo año el Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes; emitió el oficio número 7214/2016, dirigido al Director de Policía de Investigación del delito, mediante el cual ordenó la presentación del menor quejoso xxx. y otra persona para el día cinco de enero de 2017, por su probable participación en los hechos denunciados, actuación que constituye el acto reclamado (foja 38, tomo I de pruebas). 4. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis la Fiscal especializada en Justicia para Adolescentes emitió la determinación de No Ejercicio de la Acción Penal, de la carpeta de investigación xxx, por haberse declarado extinta la pretensión punitiva del estado por atipicidad (foja 55, tomo I de pruebas). 5. Dicha resolución fue notificada el veintinueve de diciembre del mismo año a la madre de la víctima menor de edad, sin que a la fecha exista constancia de impugnación. De lo narrado se obtiene, que si bien el acto reclamado, existía en la fecha de presentación de la demanda constitucional, también resulta que el mismo, ha cesado en sus efectos en forma definitiva y total, pues de la determinación de no ejercicio de la acción penal, se advierte que el Fiscal especializado ha resuelto que es innecesaria la presentación del menor de edad, por no existir hechos constitutivos de delito. Por tanto el acto reclamado ha sido destruido por el propio emitente de manera incondicional, sin imponer al efecto, ninguna carga al quejoso, de donde puede concluirse que la orden de presentación, que ocasionaba perjuicio al impetrante de amparo, ha dejado de tener efectos, en razón de la determinación no ejercicio de la acción penal, puesto que al no continuarse con la carpeta de investigación, no existe posibilidad real que el quejoso vuelva a ser requerido por la autoridad responsable. Así, se concluye que el juicio de garantías resulta improcedente, pues al cesar los efectos de los actos reclamados de forma definitiva, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la Ley de la materia, y obligar a la autoridad a realizar una conducta que ya realizó sin mandato judicial; es decir, la autoridad responsable ha reparado oficiosamente el daño a la quejosa, restituyéndola en el ejercicio de su garantía afectada, durante la secuela del presente juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 59/99, correspondiente a la Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, página 38, que reza: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a las partes
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de la Fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete y remite copia certificada de la carpeta de investigación xxx. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad las copias que anexa; en ese sentido, visto el estado de autos y de las constancias que obran en autos, se provee: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la interpretación de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso particular, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del siguiente acto: La orden de presentación girada al menor quejoso, dentro de la carpeta de investigación xxx, por el Fiscal Especializado en Justicia para Adolecentes En forma notoria e indudable se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Conclusión que se obtiene, de las constancias que obran en autos consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación xxx. Constancias al que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Así, se desprende que siempre que exista un agravio personal y directo al promovente del juicio de garantías, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando sea jurídica y materialmente posible. No obstante ello, si aun existiendo el acto reclamado al momento de solicitar la protección constitucional, durante la secuela procesal del juicio de garantías se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación alegada, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es menester precisar los antecedentes del acto reclamado para estar en aptitud de demostrar la cesación de sus efectos. 1. Con motivo de la denuncia realizada por xxx, ante el Fiscal de atención Integral Unidad 111, en Ezequiel Montes Querétaro, el dos de diciembre de dos mil dieciséis, dio inicio la carpeta de investigación por el delito de abusos deshonestos cometido en agravio de su menor hijo xxx y otro menor de edad (fojas 7 a 12 tomo I de pruebas). 2. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis se remitió la carpeta de investigación citada al Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes. 3. El dieciséis de diciembre del mismo año el Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes; emitió el oficio número 7214/2016, dirigido al Director de Policía de Investigación del delito, mediante el cual ordenó la presentación del menor quejoso xxx. y otra persona para el día cinco de enero de 2017, por su probable participación en los hechos denunciados, actuación que constituye el acto reclamado (foja 38, tomo I de pruebas). 4. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis la Fiscal especializada en Justicia para Adolescentes emitió la determinación de No Ejercicio de la Acción Penal, de la carpeta de investigación xxx, por haberse declarado extinta la pretensión punitiva del estado por atipicidad (foja 55, tomo I de pruebas). 5. Dicha resolución fue notificada el veintinueve de diciembre del mismo año a la madre de la víctima menor de edad, sin que a la fecha exista constancia de impugnación. De lo narrado se obtiene, que si bien el acto reclamado, existía en la fecha de presentación de la demanda constitucional, también resulta que el mismo, ha cesado en sus efectos en forma definitiva y total, pues de la determinación de no ejercicio de la acción penal, se advierte que el Fiscal especializado ha resuelto que es innecesaria la presentación del menor de edad, por no existir hechos constitutivos de delito. Por tanto el acto reclamado ha sido destruido por el propio emitente de manera incondicional, sin imponer al efecto, ninguna carga al quejoso, de donde puede concluirse que la orden de presentación, que ocasionaba perjuicio al impetrante de amparo, ha dejado de tener efectos, en razón de la determinación no ejercicio de la acción penal, puesto que al no continuarse con la carpeta de investigación, no existe posibilidad real que el quejoso vuelva a ser requerido por la autoridad responsable. Así, se concluye que el juicio de garantías resulta improcedente, pues al cesar los efectos de los actos reclamados de forma definitiva, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la Ley de la materia, y obligar a la autoridad a realizar una conducta que ya realizó sin mandato judicial; es decir, la autoridad responsable ha reparado oficiosamente el daño a la quejosa, restituyéndola en el ejercicio de su garantía afectada, durante la secuela del presente juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 59/99, correspondiente a la Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, página 38, que reza: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a las partes
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