Oscar Manuel Ovalle Santana
Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Oscar Manuel Ovalle Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...se declara que CAUSA ESTADO, notificado que sea el presente acuerdo, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA COMO ASUNTO CONCLUIDO...
- Principal
...se hace efectivo el apercibimiento a que alude la referida prevención Y se tiene por NO PRESENTADA la demanda ..
- Principal
"... por las razones que se indican, notifíquese por lista, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal..."
- Principal
NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO, auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: ..Vista la demanda promovida por Oscar Manuel Ovalle Santana, por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otras autoridades. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 872/2021-XIII-7 y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente en cuanto a su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, por escrito y con ocho copias del mismo, para distribuirse de la siguiente manera: cinco (5) para las autoridades responsables, una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y otras dos (2) para la formación del incidente de suspensión, cumpla con lo siguiente: ? Deberá expresar con precisión qué acto o actos le reclama en forma concreta y particular a las autoridades responsables Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Ojo Caliente, Zacatecas, pues en el capítulo relativo únicamente señala de manera genérica: ".la INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE TRASLADO, que dicha autoridad de manera unilateral, emite para que el de la voz sea trasladado de mi lugar de residencia en el que actualmente me encuentro privado de mi libertad personal en esta ciudad de Aguascalientes, a cualquier otro de retención o centro penitenciario de la república mexicana, ya sea MUNICIPAL, ESTATAL, REGIONAL O FEDERAL.". Lo anterior es así, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su capítulo V del título segundo, distingue tres tipos de traslados. a) El traslado voluntario; aquél en el que existe interés de la persona recluida para ser trasladada a otro centro penitenciario, y procede siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, tratándose de personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional, o bien, que exista un tratado internacional cuando pretendan ser trasladadas a otro país en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. Se encuentra previsto por el numeral 501 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso con asistencia de su defensor, verificará que se cumplan los requisitos legales y resolverá si es o no procedente su autorización. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, es aquél que debe ser autorizado previamente al acto de traslado en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, cuya resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación; y se encuentra previsto en el artículo 512 de la mencionada ley nacional. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 523 de la ley de ejecución antes referida que lo prevee, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de dicha resolución judicial se podrá interponer recurso de apelación, en términos de lo previsto en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.4 Ahora bien, en caso de que la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto dentro de las cuarenta y ocho horas, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa de traslado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado y ejecutarla, pero será calificada con posterioridad por el juez. Por ello es que resulta necesario precise cuáles actos les reclama en particular a cada una de las autoridades responsables ordenadoras antes mencionadas, pues cada una goza de diversas atribuciones y facultades que le confiere la citada ley nacional, ya que puede ser el caso de que el juez responsable haya calificado la legalidad de la determinación administrativa de traslado o emitido resolución en la controversia judicial prevista en dicho ordenamiento legal, y por su parte, la Sala responsable puede conocer del recurso de apelación que se citó con antelación. III. APERCIBIMIENTO - Apercíbase a la parte promovente que si es omisa en cumplir con el requerimiento precisado la demanda de amparo de que se trata se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo
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