Óscar Manuel Hernández Martínez

Expediente 858/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
858/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Óscar Manuel Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por disfrutar el Titular de este Juzgado del periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del año dos mil veintiuno, que comprende del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno al siete de enero de dos mil veintidós, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que fuera comunicado mediante oficio CCJ/ST/4686/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 858/2021, promovido por Oscar Manuel Hernández Martínez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día, compareció Oscar Manuel Hernández Martínez, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La violación por parte de la Autoridad Responsable de requerir al C. Auxiliar a fin de que emita por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 114/1/2018.". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 858/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 114/E01/2018, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral 114/E01/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó cierto el acto que se le atribuye, refiriendo que el once de mayo de dos mil veintiuno turnó los autos al Auxiliar proyectista, por lo que una vez sea emitido el laudo, remitirá copia certificada del mismo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Asimismo, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados. De inicio, es conveniente precisar que el impetrante aduce que se violentan en su perjuicio las garantías contenidas en el artículo 14 y 17 Constitucional, al aplicar inexactamente la autoridad responsable el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, precepto que se trae a la vista para una mejor comprensión: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Visto lo anterior, es importante precisar que el numeral transcrito establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos por las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, y concluida la vista dada a las partes, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes deberá formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Por ello, es oportuno reiterar que en el juicio se reclama una omisión de dictar el laudo, dentro de los autos del expediente laboral número 114/E01/2018. En ese sentido, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, a través de su informe justificado, se llega a determinar que el estado de los autos del expediente laboral 114/E01/2018, al momento de presentar la demanda, ni a la presente data, se permite dictar el laudo correspondiente, ello toda vez que de las constancias que obran dentro del sumario de origen, se advierte encontrarse en trámite la incidencia de sustitución procesal y dependencia económica, promovida con motivo del fallecimiento del actor. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la estadía procesal del sumario de origen, al momento en que fue presentada la demanda de amparo -diecisiete de mayo de dos mil veintiuno- y a la presente data, no se permite el dictado del proyecto de laudo; pues se encuentra pendiente la tramitación de una incidencia y en consecuencia, la secuela procesal contemplada en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo no ha acontecido. Es decir, no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad responsable refirió que por auto de once de mayo de dos mil veintiuno (recibido por auto de quince de junio de dos mil veintiuno) se le comunicó al promovente se estuviera a lo acordado en el diverso proveído de dieciocho de febrero del año en curso, y que posteriormente dentro de la tramitación del sumario natural, el veintinueve de junio del presente año el Auxiliar jurídico devolvió el sumario a trámite a fin de que se proveyera sobre la oferta de trabajo ofrecida por la persona moral demandada, a fin de poder determinar en el laudo la calificación de la oferta de trabajo, y que por auto de esa misma fecha -veintinueve de junio de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable otorgó término de tres días hábiles a la parte actora para que manifestara si aceptaba o no la oferta de trabajo realizada por la parte demandada, y que una vez agotada la reinstalación, se remitirían los autos al auxiliar proyectista a fin de que se procediera con la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo (recibidos por auto de cinco de julio de dos mil veintiuno). Lo cierto es que, con motivo de los diversos requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de conocer el estado procesal del sumario de origen, la autoridad responsable informó mediante su oficio número 8042 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno -recibido en autos el diez de los corrientes-, que con motivo del fallecimiento del actor, la situación jurídica del expediente cambió, por lo que se encuentra pendiente la declaración de beneficiarios tramitada mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Y, respecto a dicha incidencia, el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, contiene un procedimiento para-procesal a seguir y al cual deberá sujetarse la autoridad laboral, tendiente a la investigación de beneficiarios y dependientes económicos de un trabajador fallecido. Esto es, cuando se reciba el aviso de la muerte del trabajador y se reclame el pago de la indemnización, la autoridad laboral mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante su potestad, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos. Asimismo, realizada la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo, la responsable, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización. De ahí que, una vez resuelta la incidencia planteada en autos, y agotada la secuela procesal consagrada en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se estará en condiciones de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo. En ese sentido, resulta infundada la manifestación que realiza la parte quejosa en términos genéricos en el sentido de que la autoridad responsable ha omitido dictar el laudo, pues como se adujo, de las constancias recabadas y remitidas por la responsable, no se advierte la condición legal a fin de exigir el reproche de la omisión reclamada, pues la secuela procesal contemplada en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo no ha acontecido, al encontrarse en trámite el incidente de sustitución procesal y dependencia económica, y como consecuencia de lo anterior, se debe negar el amparo en el presente juicio. Sin perjuicio de que, si subsiste la omisión reclamada precisada en el presente considerando, esta puede ser subsanada por esta vía, a través de la interposición de un nuevo juicio de amparo. Empero, se insiste, el reproche genérico de la omisión de la responsable de emitir el laudo, no se advierte la condición legal a fin de exigir el reproche de la omisión reclamada, pues la secuela procesal contemplada en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo no ha acontecido. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias relativas al fallecimiento del actor en el juicio natural, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, a la fecha no ha remitido la copia certificada de las constancias solicitadas por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, del que fue debidamente notificado al día siguiente, según acuse de notificación que obra agregado dentro del presente expediente electrónico. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe a este juzgado el estado procesal que guarda el expediente laboral número 114/E01/2018; es decir, para que comunique lo acordado respecto del ofrecimiento de trabajo realizado a la parte actora, y si los autos fueron remitidos al Auxiliar proyectista para el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo, tal y como fue ordenado en el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, asimismo, si procesalmente se está en aptitud de emitir laudo o en qué etapa se encuentra, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que lo acredite, o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. En el entendido de que en caso de no cumplir dentro del término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Por lo anterior, para dar oportunidad a que este órgano jurisdiccional integre debidamente el presente expediente, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTO DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe.

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