Óscar Manuel De León Gonzáles

Expediente 1840/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1840/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
26/10/2023

Partes del expediente

  • Óscar Manuel De León Gonzáles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se ordenó archivar el juicio de amparo en que se actúa por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; sin embargó se omitió remitir los cuadernos incidentales que obran por cuerda separada. (...) Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta de los que se advierten, que mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a efecto de que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable que denominó como "DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS", bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se dejaría de tener con ese carácter, declarando su inexistencia y se suspendería toda comunicación con tal autoridad, sin que lo hubiera hecho. No obstante lo anterior, mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se requirió a la quejosa para que manifestará si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Subdirección de Archivo General de Notarías de la Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, denominación que se advirtió del sello de recibido de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, impreso en la Boleta de Ingreso a Trámites del Archivo General de Notarías, la cual anexó a su escrito inicial de demanda; sin que al efecto hubiera realizado manifestación alguna, no obstante de haber transcurrido el término que le fue concedido, como se advierte de la certificación de cuenta. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; por lo que se deja de tener como autoridad responsable a la que denominó como "DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS", declarando su inexistencia, por lo que se deja de tener toda comunicación con la misma. Tomando en consideración que no fue posible notificar a la autoridad responsable, dada su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio fuera de audiencia. Lo anterior, pues el quejoso no desahogó las vistas que se le otorgaron en proveídos de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y veintiuno de enero pasado, para que aclarara la denominación de la autoridad que señaló como responsable. En las relatadas condiciones, la suscrita juzgadora se encuentra jurídicamente impedida para efectuar el análisis de los actos reclamados, ya que, al no existir la autoridad a quien le fueron atribuidos, tampoco existen los actos reclamados. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para este día, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a efecto de que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable que denominó como "DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS", bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se dejaría de tener con ese carácter, declarando su inexistencia y se suspendería toda comunicación con tal autoridad, sin que al efecto hubiera realizado manifestación alguna. Sin embargo, de las constancias remitidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en particular de la Boleta de Ingreso a Tramites del Archivo General de Notarias, así como, del escrito de petición suscrito por el quejoso, se advierte en el sello de recibido de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la denominación de la autoridad responsable denominada Subdirección de Archivo General de Notarias de la Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, a quien le es atribuido el acto de omisivo que constituye el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y V, en relación los diversos 108, fracción V, y 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que indique a este órgano jurisdiccional, si la autoridad responsable Subdirección de Archivo General de Notarias de la Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, es a quien le atribuye el acto que por este medio desea combatir; lo anterior, es así porque de los anexos a su escrito inicial de demanda, en particular de la Boleta de Ingreso a Tramites del Archivo General de Notarias, así como, del escrito de petición suscrito por el quejoso, se advierte en el sello de recibido de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la denominación de dicha responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente determinación, en términos del 2 artículo 114 de la Ley de Amparo, se continuará con el procedimiento inicial de la demanda de amparo. En ese sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de enero del año en curso, y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que su verificativo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

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