Oscar Manuel Ceballos Valadez
Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Oscar Manuel Ceballos Valadez
- Isacc Alejandro Garcia Magaña
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que en el rubro "expedientes electrónicos relacionados" se puede visualizar las constancias relativas al juicio de amparo 1158/2023 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Ahora, de la consulta del expediente electrónico del aludido de amparo y del estado que guardan los autos, se estima que este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no debe conocer y resolver el presente asunto, por razón de turno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 46, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y consultar de turno publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, como más adelante se expondrá. Para avalar la postura que antecede, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 45 y 46, fracción V, del Acuerdo General y su reforma, los cuales, en esencia, disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporción el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 3DDQOLF*aja afb+ relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] IV.Cuando se promuevan demandas de amparo o interpong an recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigac ión o causa penal, al que tenga el último antecedente del asun to; [.]" De lo anterior, se desprende que existen dos formas de efectuar el turno de los nuevos asuntos ingresados en las Oficinas de Correspondencia Común que auxilian a los órganos jurisdiccionales federales, a saber: a) Forma aleatoria: Opera cuando no se encuentre antecedente alguno al capturar los datos del asunto; por tanto, se turnará de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y, b) Forma relacionada: Se actualiza si dicho sistema advierte un antecedente que vincule al nuevo asunto con otro registrado previamente, ya sea por disposición expresa de la ley o por un criterio de relación, general o específico; entonces, deberá turnarse al órgano jurisdiccional que conoce o conoció del anterior. Asimismo, de la porción normativa señalada en segundo término, se advierte que es criterio general de relación, que un asunto de nuevo ingreso se turne a un órgano jurisdiccional determinado, entre otras hipótesis, cuando se promuevan demandas de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; y, para el caso, de que se turne a diverso órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; quien decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Bajo ese contexto, a fin de verificar si en la especie se está ante dicho supuesto, es necesario analizar el escrito inicial de demanda, así como las constancias que obran en el expediente electrónico del diverso juicio de amparo 1158/2023 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, debe decirse que el juicio de amparo en que se actúa, fue promovido por Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña, por conducto de su defensora público federal Mercedes Angélica Quintana Valdez, en la que se reclamaron la determinación emitida por el Juez responsable, en audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 1019/2023, de su índice, en la que se impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo 1158/2023 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que fue promovido por Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña, por conducto de su defensora público federal Mercedes Angélica Quintana Valdez, en el que reclamaron: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 3DDQOLF*aja afb+ "LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DECRETADA EN PERJUICIO DE ÓSCAR MANUEL CEBALLOS VALADEZ e ISACC ALEJANDRO GARCÍA MAGAÑA EN AUDIENCIA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA CAUSA PENAL 1019/2023, TRANSGRENDIENDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARÓ INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA." Luego, si en el capítulo de antecedentes la parte quejosa refirió que la medida decretada por el Juez responsable en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, obedeció a la suspensión provisional dictada en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 1158/2023 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con motivo de la diversa determinación emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 1019/2023, con fundamento en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, se considera que quien debe conocer y resolver el presente asunto, es el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al haber conocido primero del juicio de amparo 1158/2023 que guarda relación con los actos reclamados derivados de la causa penal 1019/2023 . Es oportuno destacar que, si bien, este órgano de control constitucional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO y territorio, con el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no puede soslayarse que la aplicación del Acuerdo General en mención, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Cabe precisar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el conocimiento previo es amplio y simple y se actualiza de forma primordial, cuando existe un pronunciamiento anterior, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables. Por su contenido, se invocan las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 3DDQOLF*aja afb+ salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." (Época: Novena Época, Registro: 163865, Instancia: Segunda Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 129/2010, página: 189) "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 585, del tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 162632). "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXCEPCIÓN A SU INEXISTENCIA CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE NIEGAN A CONOCER DE UN ASUNTO POR RAZÓN DE TURNO Y/O CONOCIMIENTO PREVIO. De conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 115/2011, (*) en los casos en que dos o más Tribunales Colegiados se nieguen a conocer de un asunto por razón de turno y/o conocimiento previo, sin que alguno de éstos exponga un argumento relativo a cuestiones propiamente competenciales (grado, materia o territorio), se estará en presencia de un problema o conflicto de turno que debe ser resuelto por el Consejo de la Judicatura Federal, y no así de un conflicto competencial que en términos de lo previsto por los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 bis de la Ley de Amparo, deba ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito se niegue a conocer de un asunto porque otro tuvo conocimiento previo de éste y el órgano contendiente también se niegue a resolverlo, pero aduciendo argumentos relativos a cuestiones propiamente competenciales, debe considerarse existente el conflicto competencial y declararse competente al órgano jurisdiccional que tuvo conocimiento previo, en aras de favorecer el conocimiento adquirido con anterioridad, para evitar que existan sentencias contradictorias y preservar los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Norma Suprema, dando mayor celeridad a la impartición de justicia." (Jurisprudencia 2a./J. 64/2018 (10a.). Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2018, tomo II, página 999, registro 2017294) En consecuencia, a fin de aprovechar el conocimiento previo más cercano que tiene sobre esos hechos, así como evitar sentencias contradictorias, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General anteriormente citado, remítase el original del presente juicio al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 3DDQOLF*aja afb+ ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, solicitándose que, de no existir inconveniente legal, se sirva acusar el recibo de estilo e informe a este órgano de control constitucional, lo que tenga a bien determinar. En el entendido de que esta determinación no constituye una declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, materia o grado, sino que únicamente se considera que el turno de la demanda debió verificarse al juzgado mencionado por conocimiento previo. Por tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada, para las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, en virtud de lo anterior, con las constancias conducentes, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
R E S O L U C I Ó N Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1351/2023- A, promovido por Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña, por conducto de su defensora público federal Mercedes Angélica Quintana Valdez, contra actos del Juez de Distrito en función de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de demanda. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña, por conducto de su defensora público federal Mercedes Angélica Quintana Valdez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Actos reclamados: Acto reclamado: LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN PERJUICIO DE ÓSCAR MANUEL CEBALLOS VALADEZ E ISAAC ALEJANDRO GARCÍA MAGAÑA EN AUDIENCIA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CAUSA PENAL 1019/2023, TRANSGREDIÉNDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, ATENDIENDO A QUE EL FISCAL NO JUSTIFICÓ DEBIDAMENTE LA IMPOSICIÓN DE DICHA MEDIDA DECRETANDO EL JUEZ DE CONTROL LA PRISIÓN PREVENTICA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR NO RECORDAR EL NÚMERO DE CASA Y POR NO CONTAR CON COMPROBANTE DE DOMICILIO. Por considerarlos violatorios de los artículos 1º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la determinación emitida por el Juez responsable, en audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 1019/2023, de su índice, en la que se impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva señalada en la fracción I del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Existencia de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, no obstante de que al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, de su contenido se advierte que realizó manifestaciones que ponen en relieve la existencia del mismo, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado únicamente respecto a los efectos de la medida cautelar solicitada. Cuarto. En ese sentido, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, a saber: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Así, esta juzgadora considera que se cumple con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional. Sin embargo, es necesario establecer que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: ".Que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por su parte, el artículo 147 de la misma Ley, prevé que: En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Así, aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares. Sin embargo, en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que dijo que el juzgador de amparo debe determinar, en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, aunado a lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Sin embargo, esta juzgadora considera que en el caso no es procedente la suspensión definitiva solicitada, para arribar a esta conclusión es necesario traer a colación, por analogía, la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. De la propia ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en resolución de sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, donde se resolvió la contradicción de criterios número 36/2023, determinó: De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas),16 y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De lo anterior, se obtiene que si bien la suspensión provisional podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, también lo es que ello procede siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los requisitos siguientes: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas),18 y 2. La relación del quejoso con ese hecho. 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, para que proceda la suspensión es necesario que no existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas); no exista relación del quejoso con ese hecho; la finalidad de la medida que prive la libertad no sea compatible con la Convención Americana; que la medida adoptada no sea idónea, para cumplir con el fin perseguido; que no sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; que no resulte estrictamente proporcional; que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Ahora bien, en el caso concreto, por el momento, no se tienen elementos objetivos suficientes para poder determinar si dichos requisitos se cumplen o no. Sin que se desatienda que al momento de decidir sobre la suspensión definitiva, se tiene que otorgar credibilidad a lo firmado bajo protesta de decir verdad por parte del quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo; sin embargo en el caso, pese a que en el escrito de demanda la parte quejosa hace una narración de los antecedentes del acto reclamado; hasta el momento no se está en condiciones de conceder la suspensión definitiva solicitada, con efectos restitutorios consistentes en decretar la libertad del quejoso. Se determina lo anterior, porque de lo narrado bajo protesta de decir verdad por la promovente, concatenado con el informe previo rendido por la autoridad responsable, se pone de manifiesto que la determinación emitida por el Juez responsable en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés en la que se impuso a los quejosos Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña la medida cautelar de prisión preventiva de conformidad con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendió al cumplimiento de lo dispuesto en el Juicio de Amparo 1158/2023 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En consecuencia, conforme con los artículos 125, 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la suspensión para efectos que cese la prisión preventiva impuesta; lo anterior, es comprensible desde una perspectiva lógica jurídica, habida cuenta que la determinación de un juez penal que impone, confirma o deja subsistente (propio de la resolución de revisión de medidas cautelares) la prisión preventiva -distinta de la prisión oficiosa-, necesariamente supone que ha sido sometida a control y escrutinio judicial estricto, dentro del proceso penal correspondiente (instancia natural), en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11, y 167, con relación al 161 y 163, estos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo del análisis que dicha autoridad realice de las circunstancias particulares del caso y los riesgos que se pretenda paralizar, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, como fines legítimos de la prisión preventiva; lo anterior, porque así lo estipuló de antemano el legislador al delimitar el único efecto que tendrá la suspensión concedida contra una medida que implique la restricción temporal de la libertad del quejoso, cuando éste ya se encuentra detenido, esto es, en referencia específica a la denominada prisión preventiva justificada. No obstante lo anterior, se concede la suspensión definitiva para el efecto establecido en el artículo 166 de la mencionada ley; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal 1019/2023 del índice de la autoridad responsable, que se le instruye, -por ser de orden público, por tanto insuspendible-, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el expediente principal. Ello, aunado a que el supuesto que prevé el numeral 166 fracción II de la Ley de Amparo, refiere en su primera parte al supuesto de procedencia de la suspensión, cuando el quejoso no ha sido detenido, lo que no acontece en el caso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Óscar Manuel Ceballos Valadez e Isacc Alejandro García Magaña, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero, para los efectos expuestos en el cuarto considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, quien autoriza y da fe. Doy fe
- Incidental
Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba señalada para el día diecinueve de octubre del año en curso; sin embargo, mediante aviso de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, se informó que se declararon inhábiles los días del jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre del presente año, con motivo del paro Nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación a fin de ejercer el derecho a la protesta que les asiste a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales; por lo que no transcurrirán términos ni plazos procesales en los asuntos que se tramitan en los tribunales que encabezan los jueces de distrito de esta ciudad. Ahora bien, en razón de lo anterior y al advertirse del estado de autos que a la fecha no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable en el auto de diecisiete de octubre del año en curso; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día diecinueve de octubre del año en curso, y se fijan las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se requiera a la autoridad responsable Director de Transporte y Control Vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que rinda informe en relación a su solicitud presentada el dieciséis de octubre del año en curso, de la cual anexa el acuse de recibo; sin embargo al advertirse de su contenido, que dicha petición se encamina a que la autoridad referida responda diversos cuestionamientos que le son realizados por el promovente en relación al permiso de transporte ******************** (antes ********************), que refiere se ve afectado con el acto que en esta vía se reclama, lo que se equipara a obtener un informe de autoridad, ante una confesional expresa a cargo de dicha autoridad quien tiene el carácter de responsable en ese juicio; es por tanto, que dicha probanza no se encuentra ajustada a derecho y por tanto se considera inadmisible en los términos planteados, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, en relación con el diverso ordinal 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, interpretado en sentido contrario, por las razones que a continuación de exponen. La admisibilidad de las pruebas en el juicio de amparo se encuentra prevista en el numeral 119 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.]" Este numeral dispone que en el juicio de amparo existe posibilidad de ofrecer cualquier tipo de pruebas, a excepción de las que literalmente se prohíben, entre las que se encuentra la prueba confesional, que implica el reconocimiento de hechos o actuaciones propias. Por tanto, relacionando lo que se ha expuesto, se desprende que en el juicio de amparo son admisibles las pruebas que se anuncian en el precepto legal referido, a excepción de la que se desahoga por posiciones, precisando que la prueba por posiciones es una modalidad de la prueba confesional expresa que se realiza mediante la absolución de cuestionamientos, pues el artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expone que la confesión puede ser tácita cuando se obtiene de presunciones previstas en la ley, o, expresa la que se hace al contestar la demanda o absolviendo posiciones, lo que en el caso se pretende y por lo cual, se considera inadmisible en la forma propuesta; es por tal motivo, que se desecha de plano la probanza de que se trata. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 160/2012(10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 326, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, enero de dos mil trece, Décima Época, que al rubro expresa: "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. [.]" Así también, la tesis III.5o.C.24 K, de la Novena Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, de octubre de dos mil seis, visible en la página 1372, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "CONFESIÓN DE POSICIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL RECONOCIMIENTO DE PARTE ES INADMISIBLE. [.]." En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por auto de veintinueve de septiembre del presente año, se reservó solicitar la documental ofrecida por la parte quejosa, a la autoridad responsable Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, hasta en tanto obrara su informe justificado, el cual ya obra agregado en autos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo, con copia del libelo y anexo de cuenta, requiérase al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, remita la documental indicada por el oferente, consistente en copia certificada de la impresión del permiso de transporte público ******************** (antes ********************), con la vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete. Apercibido que de no hacerlo, o bien, omitir informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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