Oscar Maldonado Leo

Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
487/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Oscar Maldonado Leo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, la autoridad oficiante informa que se avocó el conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo II-487/2021-1, y como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo anterior en términos del artículo 12, 14, y 21 inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la constancia secretarial de la que se desprende que en proveído de dos de junio del año en curso este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio y mediante oficio 4456 se remitió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común atendiendo a las determinaciones contenidas en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, sin que a la fecha el juzgado al que haya correspondido proveer al respecto haya informado determinación adoptada al respecto; por tanto, se solicita atentamente a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, que informe a este órgano jurisdiccional a que juzgado fue turnado el juicio de amparo antes mencionado, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por -, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, consistentes, entre otros, el proceso legislativo (discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo) del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al Juzgador, a remitir de plano la demanda de amparo, al Juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso concreto, como se dijo, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables el proceso legislativo (la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo) que dio origen al Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo que de acuerdo a la competencia especializada, establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Al caso, resulta ilustrativa la Tesis aislada I.1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1813, con registro digital 2004718, cuyo contenido es el siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades." En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que se trata de un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado. En la inteligencia de que este Juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea Nacionales. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías, y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. Se tiene a la parte quejosa por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por?autorizada para tal efecto,?a la?persona?que?alude?y únicamente con?las facultades?del artículo 12 de la Ley de Amparo?a?-,?virtud a que como se desprende de la certificación actuarial,?se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de?Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así la restante.??? Finalmente, se tiene a la parte quejosa por proporcionado como datos de contacto la cuenta de correo electrónico y el número telefónico precisados en la constancia secretarial, a través de los cuales, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional entablará comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese.

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