Oscar Luis Morales Jiménez y Otros.
Expediente 1199/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Oscar Luis Morales Jiménez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio remitido por el Apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado, en virtud de que el tres de enero pasado causo ejecutoria la sentencia emitida en estos autos y el trece siguiente se ordenó su archivo. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designan y como domicilio el que indican. Ténganse por autorizados a los usuarios que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Notifíquese y vía electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y vía electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del quince de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1199/2021-IV, promovido por ******************** en representación de la menor de edad de iniciales I.M.J., Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio: la secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y el apoderado legal del Gobernador Constitucional del Estado de México al rendir su informe de ley. Acto seguido el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. Acto seguido el Secretario encargado del despacho acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1199/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ******************** en representación de la menor de edad de iniciales I.M.J., demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. El diecinueve de noviembre pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 1199/2021-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una acto de carácter omisivo atribuido a autoridades administrativas federales y locales donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de aplicar a favor de la menor quejosa la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -por el que ésta dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, para su posible aplicación a los menores a partir de los doce años sin comorbilidades. Tercero. El Gobernador Constitucional del Estado de México, por conducto de su representante legal, al rendir su informe justificado negó el acto que le fue atribuido. Por su parte, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no rindió su informe justificado; no obstante, debe tenerse por inexistente la omisión que se le reclamó, por los motivos que a continuación se expondrán. En la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/, aparece el documento intitulado Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, el cual se autorizó por el Secretario de Salud el ocho de diciembre de dos mil veinte -cuya última actualización se llevó a cabo el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno-. Sobre ese tenor, en la especie, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, se advierte que la autoridad encargada de autorizar la Política de Vacunación mencionada es el Secretario de Salud Federal. En consecuencia, es claro que la omisión reclamada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inexistente porque quien está constreñido a garantizar el derecho a la salud de la menor quejosa a través de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México es el Secretario de Salud Federal, dado que él autorizó la Política de Vacunación mencionada. Ante ello, como la parte quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar la negativa propuesta por la citada autoridad responsable, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a ella la carga de la prueba para acreditar la emisión de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta a los actos reclamados atribuidos a tales autoridades. Cuarto. Por su parte, las siguientes autoridades responsables: 1. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Instituto de Salud del Estado de México. Fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante de haber sido debidamente notificadas para ello; sin embargo, no ha lugar a tener presuntivamente ciertos los actos a ellos atribuidos por la razones que se pasan a exponer. Quinto. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretado en conjunto con el artículo 1, fracción I, del mismo ordenamiento legal, el último interpretado a contrario sensu. De acuerdo con el primer precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente no sólo cuando así lo prevén las primeras veintidós fracciones del artículo mencionado, sino cuando, en virtud de algún otro precepto constitucional o legal, no es posible o es infructuoso abordar el estudio del acto reclamado. El segundo precepto transcrito establece contra qué procede el juicio de amparo, es decir, contra normas generales, actos u omisiones. En sentido contrario, si se pretende reclamar una omisión, pero esta no tiene esa naturaleza jurídica, debe considerarse que el juicio de amparo es improcedente. Ahora para sustentar la causa de improcedencia de que se trata se debe hacer referencia a la naturaleza del acto que se tilda de inconstitucional. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Ahora, tratándose de actos omisivos o de abstención, para que se actualice su existencia debe verificarse previamente la obligación correlativa de la autoridad responsable, conforme lo dispongan las normas legales; de ahí que independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la autoridad responsable, para que pueda considerarse que se surte una omisión, lo anterior debe estudiarse en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente dicha autoridad está constreñida a realizar y que el quejoso haya acreditado fehacientemente que cuenta con el derecho subjetivo que le permite exigir de la autoridad esa conducta positiva de hacer. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. XXIV/98, con número de registro 19608, página 53 del Tomo VII, junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Al resolver el amparo en revisión 1359/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cómo debe ser entendido un acto reclamado que consiste en una "omisión". Sostuvo que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. Para que se configure una omisión en el ámbito jurídico es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis 1ª. XVII, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092, registro 2016418, de rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD." Si no existe esta obligación, no se cumplirá el primer presupuesto para que exista la omisión y, por ende, ésta no será una omisión propiamente dicha contra la cual proceda el juicio de amparo. En este caso, ******************** , en su carácter de progenitor de la menor de edad de iniciales I.M.J., reclamó de las autoridades responsables en esencia la negativa y/o omisión de aplicar la vacuna BioNtech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 a su hija menor de edad (diez años), pues no se encuentra incluida dentro de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Entonces, para verificar si en este caso puede existir una omisión, debe verificarse que las autoridades responsables efectivamente tengan obligación de actuar en el sentido del que se queja el justiciable, de no ser así, no tendrá sentido la tramitación del juicio de amparo, ya que la parte quejosa no estará legitimada para instarlo. Debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional, además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada país para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de año y al setenta por ciento (70%) para junio del siguiente. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como; su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', esto es, de junio a agosto, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion- para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para el suscrito, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZERBIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL." De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. En ese sentido, de lo manifestado por el representante de la menor quejosa se puede advertir que ésta no se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia el comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autoriza para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que si bien la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), para los menores de edad, lo cierto es que aun no está autorizado su uso en niños menores de doce años. Así, se debe tener en cuenta que el artículo 4 Constitucional, en lo conducente, establece: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [. IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.] Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19); sin embargo, este juzgado no está legitimado para determinar, si técnicamente es posible la aplicación de la mencionada vacuna a menores de doce años, si el órgano técnico en esa materia en nuestro país aun no autoriza su uso, para niños de la edad de la quejosa. De acuerdo con lo anterior, si no existe obligación de actuar por parte de la responsable, carecería de sentido práctico, en su caso, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, si la menor quejosa no está en la edad autorizada para recibir la vacuna, cuya aplicación pretende. Se considera así si se toma en consideración el acta de nacimiento que exhibió la parte quejosa, de la que se desprende claramente que la menor quejosa tiene diez años. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno al documento mencionado, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), no existe el primer componente para que pueda actualizarse esta omisión. Por todo lo anterior, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el último aplicado a contrario sensu. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** en representación de la menor de edad I.M.J, contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Óscar Javier García Hernández y Otros.198/2019
- Oscar Javier Lara Sierra1822/2017
- Óscar Javier Popoca1529/2019
- Oscar Julio Maceda Díaz1214/2017
- Oscar Ledesma Escalera766/2020
- Oscar López Calderón y Otros.796/2018
- Oscar Lujano Hernández282/2022
- Oscar Luna Velasquez y Otros.1695/2017
- Oscar Luna Velázquez y Otros.1658/2017
- Oscar Luna Velázquez78/2018
- Oscar Luna Velázquez140/2018
- Oscar Madrigal Hernández610/2015