Oscar Luciano Orona Alvarez
Expediente 611/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/03/2016
Partes del expediente
- Oscar Luciano Orona Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ensenada, Baja California, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, al advertirse que en el presente juicio de amparo se sobreseyó y que con motivo de la petición formulada por la parte quejosa se abrió por duplicado incidente en el que se negó la suspensión definitiva, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es DEPURABLE, según lo dispone el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo en cita, debiéndose de conservar la determinación que otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por último, cabe señalar que en la citada determinación constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se impuso una multa por cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (ahora ciudad de México), al Agente del Ministerio Público de la Agencia Receptora Maneadero, señalado como autoridad responsable, por motivo de que fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó mediante oficio 13543/2015; y, habiendo comunicado el Subprocurador de Justicia del Estado Zona Ensenada, mediante oficio 469/ENS/2016, de fecha cuatro de febrero de la presente anualidad, a solicitud de este juzgado de Distrito, que el licenciado Juan Ángel Gómez Calderón era quien se encontraba fungiendo como titular de dicha agencia ministerial en la fecha que se cometió la omisión. Por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación, de esta ciudad, para que haga efectiva la sanción pecuniaria impuesta al funcionario señalado en el párrafo que antecede, aplicando para su cumplimiento la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia que una vez impuesta la sanción en cita, deberá comunicarlo a este juzgado de distrito; profesionista que puede ser notificado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado Zona Ensenada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a ocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el oficio con número de registro 1569 que remite el Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Ensenada, de esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio 693/2016, informa el nombre del Titular a cargo de la agencia receptora en mención que estuvo comisionado del treinta de diciembre de dos mil quince, al siete de enero de la presente anualidad, ello por en virtud de la multa impuesta en la sentencia emitida en el presente juicio; y con la copia del escrito que se recibe, se advierte que el Titular de la mencionada Agencia, formula diversas manifestaciones a la primera autoridad en comento, relativas a la omisión del informe justificado solicitado en el presente juicio; agréguense para que obren como corresponda, y acuérdese lo conducente en el momento procesal oportuno. N O T I F Í Q U E S E.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 611/2015, promovido por Oscar Luciano Orona Álvarez, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO RECEPTORA MANEADERO, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, Oscar Luciano Orona Álvarez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO RECEPTORA MANEADERO, SUBPROCURADOR DE ZONA SEDE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, COMANDANTE DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL, COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD; los que hizo consistir en la orden de detención emitida en su contra, y su ejecución. SEGUNDO.- Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó violados. El impetrante narró los antecedentes del acto reclamados sostuvo que en su perjuicio se vulneraron los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- Admisión, integración y trámite. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de la citada anualidad, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un asunto del orden administrativo penal con ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se interpreta la demanda de amparo en su totalidad. Lo anterior encuentra sustento, por similitud jurídica, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, expuesta por el Pleno del Alto Tribunal Constitucional, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, con número de registro 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente asunto, el acto reclamado que atribuye a las autoridades responsables, es el siguiente: --La inconstitucional orden de detención emitida en su contra y su ejecución. Apoya tal afirmación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." La tesis reproducida es aplicable no obstante la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en virtud que en el artículo 74, fracción I subsisten los lineamientos a que alude el citado criterio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Subprocurador de Zona sede Ensenada, Baja California de la Procuraduría General de Justicia, Comandante de Zona de la Policía Ministerial, Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva y Director de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en esta ciudad, negaron el acto que se les reclama, sin que el quejoso hubiera aportado prueba en contrario, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es de apoyo la tesis jurisprudencial 284, consultable a página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, bajo el rubro "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero, residente en esta ciudad, fue omisa en rendir el informe justificado, pese a estar debidamente requerida para tal evento, tal y como se aprecia del acuse de recibo del oficio 13543/2015; en consecuencia se le tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. El estudio de las causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, pues de actualizarse alguna de ellas hace imposible el estudio de la litis planteada, acorde a lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa temática, este Juzgado de Distrito no advierte que, en el caso, opere causal de improcedencia que obligue a sobreseer en el presente juicio constitucional; por tanto se procede a analizar los conceptos de violación, sin reproducirlos en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que ningún precepto de la Ley de Amparo obliga su transcripción en sentencia. Apoya a ello, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, con número de registro electrónico IUS 164618, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, al no contraponerse con lo que ésta dispone, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Resolución de la litis constitucional. La parte quejosa asevera que la responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, pretende detenerlo de manera arbitraria. Son infundados los motivos de inconformidad esgrimidos. Para arribar a tal conclusión en el caso en análisis, conviene imponerse del contenido de los artículos 75 y 117, primer, tercer y cuarto párrafo de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. [.]" "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo." Así, de la recta interpretación de los citados preceptos, se pone de relieve que: 1. Dentro del juicio de amparo, el acto reclamado se deberá apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, no pudiéndose admitir ni tomarse en cuenta las pruebas que no se hubieren rendido ante la autoridad. 2. Se admite cómo excepción a ésta última hipótesis, el supuesto en el que no se hubiere tenido la oportunidad de ofrecer los medios de convicción ante la responsable, caso en el que el quejoso podrá ofrecerlos dentro del procedimiento constitucional, con la correlativa obligación del tribunal de admitirlos. 3. La autoridad responsable, deberá rendir su informe justificado dentro del término de quince días, contados a partir de su legal notificación, en el cual podrá exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de lo reprochado por la parte quejosa y anexar las constancias relativas para su apoyo. 4. Para el caso de que no se rinda el informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado y se le impone como carga procesal al quejoso, demostrar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales, a través de los medios probatorios correspondientes. En esa línea de pensamiento, al haber quedado patente que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero de esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, el quejoso tenía la carga de acreditar la violación cometida en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, mediante las pruebas que estimaran pertinentes en la etapa del procedimiento respectivo; lo anterior es así, pues los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez constitucional y legal que debe ser destruida, por aquella parte que sostiene su inconstitucionalidad. Cabe citar la Jurisprudencia VI 2º J/241, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 64, abril de mil novecientos noventa y tres, página treinta y nueve, con número de registro electrónico 216529, cuyo rubro y texto a continuación se copia: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/308, del mismo órgano terminal, impresa en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, número 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página setenta y siete, con número de registro electrónico 210769, que establece: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, trasciende al tema, la tesis 1a./J. 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página veintiséis, con número de registro 194401, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Cabe citar, además, la tesis 1a./J. 5/92, de la propia Sala, legible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página trece, con número electrónico 206154, que reza: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LA FALTA DE INFORME NO PRODUCE POR SI SOLO EL DIFERIMIENTO DE LA. No obstante que en un juicio de amparo se reclame una orden de aprehensión, en cuya materia procede la suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ésta no le confiere al juzgador la facultad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional y de requerir con imposición de multas a la autoridad omisa, porque ello implicaría, en primer lugar, desconocer las consecuencias procesales que estableció el legislador en la propia ley a la conducta omisiva de la autoridad, y en segundo lugar, sujetar la celebración de la audiencia constitucional y, por ende, la resolución del juicio, al cumplimiento de la autoridad omisa, lo que resulta inadecuado, si consideramos que precisamente la aplicación del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo al presumir la existencia del acto reclamado releva al quejoso de la carga de la prueba, relativa a la existencia del acto quedando a cargo de él sólo la demostración de que el mismo es inconstitucional." Aunado a que, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 21 constitucional, faculta a la citada autoridad para investigar y perseguir delitos. Por lo que a la luz del aludido precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 21. [.]. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. [...]" Del numeral transcrito en precedentes, se deduce que nuestra Carta Magna impone al Ministerio Público la facultad de investigación y persecución de los delitos, por lo que -se insiste -tal acto es constitucional en sí mismo y a falta de informe de la responsable, de acuerdo al invocado numeral de la Ley de Amparo, quedó a cargo de la parte quejosa, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, por lo que al no haber aportado ésta prueba alguna al respecto, extremo que no se colmó en la especie. Sin que sea el caso que este juzgador de oficio recabe las pruebas que fueron rendidas ante la autoridad responsable que no obren en autos y que se estimen necesarias para la resolución del asunto, tal y como lo establece el artículo 75 de la ley en cita, toda vez que del citado precepto legal, no se desprende la facultad de obligar a la responsable omisa por la entrega de dicha documentación, cuando expresamente hay una sanción por tal omisión. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por Oscar Luciano Orona Álvarez, en contra del acto que reclamó del Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero de esta ciudad, cuenta habida que, se insiste, no demostró a través de ningún medio de convicción la inconstitucionalidad de la actuación reprochada. SÉPTIMO. Continuando con la presente sentencia de amparo, y como consecuencia de la conducta contumaz de la autoridad Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero de esta ciudad, lo procedente es imponerle como sanción una multa por cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por artículo 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Preceptos del citado ordenamiento legal que disponen: "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: [.] II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; [.]" De los artículos reproducidos se pone de relieve que: a) Para la imposición de multas, éstas solo se podrán calcular con base al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada; b) Una de las causales que da lugar a que se imponga alguna sanción de ese tipo, es precisamente, la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, o bien, rindiéndolo no remita constancia que justifique su actuación, en el entendido de que, en este último caso, solo en procedente cuando sea cierto el acto que se le reprocha; y, c) El parámetro para sancionar la conducta procesal tiene como monto mínimo la cantidad de cien días multa, y como máximo la suma de mil días multa, calculados a razón del salario diario mínimo vigente en el Distrito Federal. Además, como presupuesto para hacer efectiva dicha sanción, es necesario que la autoridad haya sido debidamente requerida para tal evento, y que se le haya apercibido con la imposición de la multa correspondiente. En el presente asunto, se patentiza que la conducta rebelde de la autoridad responsable-Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero, de esta ciudad-encuadra en la hipótesis normativa prevista en la fracción II del numeral 260 de la ley de la materia, puesto que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe de ley. Cierto, mediante oficio con número de registro 13543/2015, se requirió a la aludida autoridad responsable su informe con justificación, concediéndosele para tal evento el plazo de quince días, previsto en el artículo 117 del ídem, el cual fue recibido el treinta de diciembre de dos mil quince; por lo que el término de quince días le transcurrió del treinta y uno de diciembre de la citada anualidad al veintiuno de enero del año en curso, sin que de autos se advierte que hubiere dado cabal cumplimiento. Asimismo, en tal misiva oficial se le apercibió que de no rendir su informe con justificación, se le impondría como multa la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la sentencia que resolviera el presente asunto. Por tanto, al haber sido omisa de remitir su informe de ley, se hace efectivo tal apercibimiento, y se le impone una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero de esta ciudad, aplicándose para tal efecto, la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para hacer efectiva la multa impuesta, tan pronto como esta determinación adquiera firmeza, con transcripción de este fallo, gírese atento oficio a la Subprocuradora de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que se sirva proporcionar el nombre del Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero, de esta ciudad, titular de dicha agencia dentro del periodo comprendido del treinta de diciembre de dos mil quince, al veintiuno de enero del año en curso. Hecho lo anterior, comuníquese al Administrador Local de Recaudación correspondiente, para que proceda a ejecutar de inmediato la sanción económica impuesta. El trámite de la sanción impuesta, no deberá de retrasar el archivo del presente expediente como total y definitivamente concluido, ya que la autoridad fiscal es la que deberá de cumplir con la ejecución de la sanción económica de esta sentencia, por lo que una vez que se informe sobre el control fiscal del crédito, se entenderá por ejecutada la sanción económica impuesta para efecto de esta sentencia, y el expediente en que se actúa deberá archivarse, glosándose sin mayor trámite lo que subsecuentemente se informe sobre la sanción pecuniaria. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Oscar Luciano Orona Álvarez, en contra de los actos y las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oscar Luciano Orona Álvarez, contra los actos de la autoridad y por los motivos que quedaron precisados en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO.- En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de esta resolución, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, EN TÉRMINOS DE LEY.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Oscar Luciano Orona Álvarez, contra los actos y autoridades señaladas como responsables, por los motivos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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