Oscar López Herrera

Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Oscar López Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo otorgado mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para que la quejosa manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con el cumplimiento de la sentencia informado por las autoridades, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si la ejecutoria se encuentra cumplida, o si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, cabe destacar que la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional el seis de febrero de dos mil diecinueve, concluyó con los siguientes resolutivos: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil, respecto de las autoridades y las omisiones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos desarrollados en éste, a saber: Autoridades responsables Omisiones inexistentes por las que se sobresee 1. Titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Las identificadas con los números: iii.1., iii.2., iii.3., iii.4., iii.4.1., iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1., y iv.3.2. 2. Director General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Las identificadas con los números: iii.1., iii.2., iii.3., iii.4., iii.4.1., iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1., y iv.3.2. 3. Director General de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Las identificadas con los números: iii.1., iii.2., iii.3., iii.4., iii.4.1., iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1., y iv.3.2. 4. Comisionado del Instituto Nacional de Migración Las identificadas con los números: iv.1.1., iv.2.1, iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1, y iv.3.2. 5. Director General Jurídico de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración Las identificadas con los números: iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1, y iv.3.2. 6. Subdelegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Las identificadas con los números: iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1., y iv.3.2. 7. Titular del Organismo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Las identificadas con los números: iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1, y iv.3.2. 8. Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Las identificadas con los números: iv.1.1., iv.1.2., iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., iv.3.1, y iv.3.2. 9. Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Las identificadas con los números: iv.2.1., iv.2.2., iv.2.3., iv.2.4., y iv.3.2. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil contra las omisiones que reclamó al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, consistentes, respectivamente, en la de diseñar un plan institucional para obtener información sobre el número de menores de edad que viajan en las caravanas, sus condiciones y sus necesidades (omisión iv.1.2.), y la de reconocerlos prima facie como refugiados (omisión iv.3.1.), por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo." Inconformes con la sentencia, el comisionado del Instituto Nacional de Migración y el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados interpusieron recurso de revisión, que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, determinando lo siguiente: "ÚNICO. Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga a bien ejercer la facultad de atracción del presente amparo en revisión, interpuesto por las autoridades responsables; por ende, remítanse a la Superioridad el presente toca de revisión R.A. 515/2019 y el expediente de amparo 86/2018 en un tomo, una carpeta y tres lejos [sic] de pruebas." Posteriormente, en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución emitida en el recurso de revisión 7/2020 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, asociación civil, en contra de la omisión atribuida a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, asociación civil, en contra de la omisión atribuida al Instituto Nacional de Migración para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. CUARTO. Son infundados los recursos de revisión adhesivos." Ahora, del análisis al último considerando de la ejecutoria dictada por el Alto Tribunal, se desprende que la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "325. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al resultar esencialmente fundados los agravios formulados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados debe modificarse la sentencia recurrida y negar la protección constitucional en su contra; por otra parte, al resultar infundados los agravios formulados por el Instituto Nacional de Migración, debe confirmarse la concesión del amparo en su contra, aunque al modificarse la fundamentación que la sostiene, deben ajustarse los efectos. Finalmente, debe desestimarse la revisión adhesiva presentada por una de las autoridades recurrentes, así como parcialmente sin materia e infundada la adhesiva presentada por la parte quejosa en atención a las conclusiones obtenidas. 326. De esta forma, esta Primera Sala concluye que debe otorgarse el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Migración cumpla con la obligación convencional cuya omisión se constató. Ahora bien, en el cumplimiento de este fallo debe vincularse a dos autoridades adicionales a saber, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, ya que, conforme al artículo 90 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el procedimiento migratorio debe tener una consideración transversal en todas sus fases del interés superior del menor, siendo estas autoridades las especializadas en el ejercicio de las competencias involucradas en el cumplimiento de los extremos del fallo protector. Los actos que ahora se incluyen dentro de los efectos del amparo se deben agregar como una fase complementaria, aunque independiente del procedimiento migratorio, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia y de los diversos numerales 98, 99 y 100 de la misma legislación general. 327. De esta manera, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en un plazo de veinte días, debe emitir un programa que adopte una perspectiva grupal o colectiva sobre las niñas y niños migrantes de los flujos masivos que han ingresado desde 2018 y hasta la fecha que tenga como propósito la creación de mecanismos efectivos, cuyo objetivo sea obtener información de oficio tras la llegada de la niña o niño al lugar, puesto o puerto de entrada o tan pronto como las autoridades tomen conocimiento de su presencia en el país, para determinar su identidad y de ser posible, la de sus padres y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades estatales encargadas de evaluar y brindar las medidas de protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niña o del niño. 328. En el diseño de estas medidas colectivas o grupales, la autoridad responsable, así como las vinculadas al cumplimiento, gozan de libertad configurativa para establecer el diseño o programa respectivo, sin embargo, para tenerse por cumplida la sentencia deben acreditar ante el juez de amparo, que éstos satisfacen los estándares internacionales y que efectivamente adoptan la perspectiva grupal o colectiva de una manera compatible con su carácter de grupo vulnerable, el cual debe instar a las autoridades migratorias a actuar de oficio y no únicamente a instancia de parte. 329. De esta manera, las autoridades deberán garantizar que dichos mecanismos cumplen con las garantías mínimas: a. De seguridad y privacidad, b. De encontrarse a cargo de profesionales competentes formados en técnicas de entrevistas que tengan en cuenta la edad y el género; c. La entrevista se debe realizar en un idioma que la niña o el niño pueda comprender, que sea centrado en las niñas y niños, sensible al género y asegure su participación, d. Que el análisis tome en cuenta la seguridad y la posible reunificación familiar, e. Que reconozca la cultura de la niña o niño y considere su rechazo a pronunciarse en presencia de adultos o familiares, f. Que provea de un intérprete en caso de ser necesario, g. Que cuente con personal altamente calificado para tratar con niñas y niños y facilidades adecuadas, h. Que provea asesoría legal en caso de ser requerida, que brinde información clara y entendible sobre los derechos y obligaciones que tiene la niña o el niño y sobre la continuación del procedimiento. 330. En adición a estas garantías mínimas, la etapa de identificación y evaluación debe tener los siguientes objetivos prioritarios básicos: i) tratamiento acorde a su condición de niña o niño, y, en caso de duda sobre la edad, evaluación y determinación de la misma, ii) determinación de si se trata de una niña o niño no acompañado o separado, iii) determinación de la nacionalidad de la niña o del niño o, en su caso, de su condición de apátrida, iv) obtención de información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional y v) adopción, en caso de ser necesaria y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, de medidas de protección especial. 331. Esta Sala precisa que el cumplimiento del fallo protector se satisface con la comprobación ante el juez de Amparo del diseño y emisión de los mecanismos efectivos que cumplan con las exigencias anteriores. Esta Suprema Corte está consciente de las dificultades técnicas para lograr una evaluación inicial y, por tanto, crear una base de datos sobre la totalidad del universo de los niños y niñas migrantes ingresados desde el año de dos mil dieciocho. Sin embargo, debe precisarse que el presente fallo protector no vincula a las autoridades a demostrar este extremo, sino más delimitadamente a emitir medidas colectivas o grupales que reduzcan al mínimo las dificultades técnicas para lograr este fin, de una manera compatible con los requisitos impuestos por el parámetro de control de constitucionalidad. De ahí que el juez de amparo debe comprobar que sean "efectivos" en esos términos. 332. Finalmente, esta Sala precisa que las autoridades señaladas vinculadas a diseñar el plan de medidas adicionales no sólo para los menores de las caravanas constatadas a lo largo del año de dos mil dieciocho, sino un plan permanente para cualesquiera menores que soliciten el refugio. De la misma manera, conforme lo expuesto en la parte final del último apartado, en el cumplimiento del presente fallo, las autoridades deben cuidar no sólo que se genere la base de datos respecto a cuántas personas menores de edad entraron al país, sino que se garantice que a todas se les brinde la visa por razones humanitarias (incluidos sus familiares, a menos de que sea contrario a su interés superior), con la consecuente emisión de CURP, y que en caso de que alguna de ellas se encuentre privada de su libertad, se garantice su liberación." Con motivo de lo resuelto, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de niñas y niños y adolescentes, así como al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al titular de la Secretaría de Gobernación, este último en su carácter de superior jerárquico. Ahora, para acreditar el cumplimiento del fallo, se exhibieron en autos las constancias que enseguida se describen: 1. Oficio 256.400.00/1304/2022, firmado en representación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, y de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de niñas, niños y adolescentes, al que se adjuntaron, entre otras, las documentales siguientes: a) Acuerdo SIPINNA/03/2019, a través del cual se crea la Comisión para la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado y se aprueba en lo general la Ruta de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, que consta de una etapa previa y cuatro etapas más, consistentes esencialmente en: - Etapa 0 Monitoreo de movimientos migratorios y preparación. Fase preparatoria al ingreso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en territorio nacional, en la que se monitorea constantemente los flujos migratorios y las instituciones se preparan para su atención, incluyendo a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que establecerá las bases de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en esa materia. - Etapa 1 Ingreso al territorio, identificación de niñas, niños y adolescentes y medidas urgentes. Inicia cuando éstos ingresan al territorio nacional y se les identifica por cualquier autoridad, institución, organización o persona, para posteriormente iniciar ante la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes (PPNNA), el Procedimiento de Protección y Restitución Integral de niñas, niños y adolescentes, canalizándolos a un centro de asistencia social, sea del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de una sociedad civil, y en su caso, se dará aviso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para que accedan al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados o bien, se otorguen las medidas de protección internacional. En todos los casos, la citada procuraduría realizará las entrevistas correspondientes e iniciará el procedimiento de protección especial, garantizando el reconocimiento de la diversidad sexual de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBTTTIQ+, el acceso a un traductor en su lengua materna si son indígenas, y la no discriminación. - Etapa 2 Determinación del interés superior del niño por parte de la procuraduría. Una vez que se identifica a las niñas, niños o adolescentes en situación de migración, la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes (PPNNA) determina su interés superior, emitiéndose medidas urgentes a la Secretaría de Salud y al centro de asistencia social, además de designarles un representante, elaborarse un diagnóstico, un plan de restitución de derechos y de medidas de protección. - Etapa 3 Restitución de derechos por parte de las instituciones ejecutoras. Consta del cumplimiento de las medidas emitidas por la citada procuraduría, para restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando su participación, libre expresión y consideración de sus opiniones, en el entendido que si se solicitó la regularización de su situación migratoria, el Instituto Nacional de Migración emitirá la tarjeta de visitante por razones humanitarias, para aquéllos y sus acompañantes, la cual incluirá clave única de registro de población (CURP), o de haber sido reconocidos como refugiados, se emitirán medidas de protección adicionales. - Etapa 4 Preparación y transición para la vida independiente. Consiste en procurar que las y los adolescentes adquieran habilidades para la vida y el trabajo que les permitan un adecuado funcionamiento socia, para lo cual las instituciones del Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), deberán acompañarlos en la construcción de su plan de vida. b) Actas de la instalación y sesiones de la Comisión para la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, en las que se informó sobre las acciones generadas a fin de cumplir con su objeto. c) Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en condición de vulnerabilidad, que contiene las acciones generadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de brindarles protección y restitución de sus derechos, incluyendo el contexto migratorio. d) Guía básica para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, mediante la cual se brindan herramientas al personal sustantivo adscrito a las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes para su atención en contexto de migración. e) Oficios en los que constan las acciones generadas para la creación de la base de datos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. 2. Oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/3299/2022, enviado en representación del comisionado del Instituto Nacional de Migración, al que se adjuntó: a) Guía para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, aprobada y revisada por las direcciones principales del Instituto Nacional de Migración que tienen injerencia en la materia, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, documento que incluye puntos del procedimiento migratorio en los que se contemplan las garantías mínimas y objetivos prioritarios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. b) Impresión de los formatos relacionados con los procesos de atención establecidos en la guía descrita. c) Estándar de competencia utilizado para evaluar a las personas que brindan protección y atención especializada a niños, niñas y adolescentes y personas adultas pertenecientes a grupo vulnerable/prioritario en contexto de migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio de dos mil veintiuno. 3. Oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/4035/2022 del comisionado del instituto responsable, por el que informó el inicio de operaciones del Sistema de Información y Registro de niños, niñas y adolescentes y adultos acompañados (SIRENNA), cuyo fin es contabilizar y conocer la composición del flujo migratorio de ese sector de población, dar seguimiento de los procedimientos administrativos migratorios para su atención, buscar la protección y reconocimiento de sus condiciones de estancia, así como canalizar a los menores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, solicitar protección internacional, facilitar la toma de decisiones y generar estadísticas a nivel nacional. 4. Oficio sin número -registrado con folio 24630- y anexos, remitidos en representación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por los cuales se comunicó la implementación y puesta en operaciones de la plataforma denominada "Por tus derechos", la cual se señaló es una herramienta tecnológica creada e implementada por la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, para recopilar, procesar, almacenar y difundir información de registros y bases de datos sobre las acciones implementadas para procurar una efectiva protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Asimismo, a través del citado oficio se informó que dentro de los apartados que contempla la plataforma descrita, se localiza el registro de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, para la captura de información de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, entre los que destacan datos generales, edad, sexo, lugar y fecha de localización, así como datos específicos de ingreso al país, vínculos familiares, causas de migración, condiciones de tránsito, factores de riesgo y datos de alojamiento. 4. Oficio INM/OSCJ/(sin número)/2022 firmado en representación del aludido comisionado, con el que se exhibieron las siguientes constancias: a) Copia simple del documento denominado "TRÁMITES MIGRATORIOS DE RAZONES HUMANITARIAS INGRESADOS A FAVOR DE MENORES DE EDAD QUE FUERON RESUELTOS POSITIVAMENTE POR DOCUMENTO MIGRATORIO ENTREGADO, SEXO EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA DE LA OFICINA DONDE SE RESOLVIÓ EN 2021 Y 2022". b) Impresión del "Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre de dos mil veinte. c) Copia simple de los expedientes migratorios de los extranjeros menores de edad de nombre J.I.C.B., L.M.B.O., D.X.O.M,, y N.Y.P.C. d) Impresión del documento denominado "Protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia". 6. Oficio INM/OSCJ/1370BIS/2023 procedente del Instituto Nacional de Migración, en el que se formularon diversas manifestaciones a efecto de acreditar de qué manera el Sistema de Información y Registro de niños, niñas y adultos acompañados (SIRENNA) satisface los estándares internacionales, cumpliendo con las garantías mínimas señaladas, además de explicarse en qué consisten los cinco apartados concordantes con la reforma a la Ley de Migración y con la Guía para la Atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, cuyo objetivo es proteger derechos y garantizar el interés superior de la niñez. Asimismo, se anexaron diversas documentales en copia certificada relacionadas con el seguimiento completo de un procedimiento administrativo migratorio que se implementa a una familia de migrantes desde el momento de su rescate hasta el traslado a un albergue de la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, más un disco compacto que contiene la videograbación de las etapas de dicho procedimiento. 7. Oficio COMAR/JUR/2843/2023 remitido en representación del coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a través del cual informó que se admitieron a trámite las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, presentadas por mil novecientos veintidós (1922) personas, entre las que se encuentran ciento diecisiete (117) menores de edad, con lo que afirmó garantizar el acceso al procedimiento para obtener tal reconocimiento y el principio de no devolución a su país de origen. También, en dicho documento se señaló que lo atinente al otorgamiento de documento provisional de visitante por razones humanitarias, constituye una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración, por lo que se realizarían los ajustes en la plataforma "Por tus derechos", así como en el manual de uso de este sistema, en cuanto al registro de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, a fin de que su participación esté ajustada a sus atribuciones legales y reglamentarias. 8. Oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/2573/2023 enviado en representación del Instituto Nacional de Migración, por el que, entre otras cuestiones, se remitió un disco compacto que contiene un archivo de video (.mp4) denominado "V3_Bajaok", cuya duración es de cinco minutos con cuarenta y ocho segundos, del cual se obtuvieron los siguientes puntos relevantes:  El once de enero de dos mil veintiuno entró en vigor la reforma a Ley de Migración, por lo que, desde esa fecha y atendiendo al propio texto legal, se afirma que ya no se aloja a niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias, estancias provisionales o áreas habilitadas del Instituto Nacional de Migración.  El proceso de atención de los menores en contexto de movilidad inicia con la identificación de éstos y sus acompañantes, continuando con su registro inmediato, además de darse aviso a las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes, por ser éstas las encargadas de asignar los espacios de alojamiento, integrados a las redes de albergues de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las que determinan, con base en el interés superior de la niñez, si deben retornar a su país o permanecer en México, gozando de protección internacional.  De manera paralela a lo anterior, el Instituto Nacional de Migración se encuentra obligado a expedirles un "documento provisional de visitante por razones humanitarias".  Las modificaciones a la normatividad propiciaron que los traficantes de personas promovieran entre los migrantes, el llevar menores como "pasaporte de viaje" a Estados Unidos e incrementó el flujo de este grupo vulnerable, ante lo cual, el instituto mencionado, entre otras acciones, implementó la coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los tres niveles de gobierno para garantizar espacios adecuados en los que se pudiera alojar a dicha población migrante.  En ese sentido, se dispuso de un inmueble destinado para el DIF nacional y estatal en Huixtla, Chiapas, que fue inaugurado en julio de dos mil veintiuno y se encuentra pendiente de ocupación.  Actualmente el Instituto Nacional de Migración cuenta con doscientos noventa y dos oficiales de protección a la infancia y atención a grupos vulnerables (ciento sesenta y siete mujeres y ciento veinticinco hombres), quienes se encargan de realizar los traslados a los albergues del DIF y, en su caso, el retorno asistido a los países de origen.  Para cumplir con los objetivos de la Ley de Migración, se han elaborado guías especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de migración, así como un convenio para la certificación del personal.  Conforme a sus registros, desde dos mil diecinueve a la fecha de cierre de información, se han auxiliado a ciento diecinueve mil ochocientos treinta y siete niñas, niños y adolescentes (119,837), dando prioridad a que estén alojados en lugares especializados para su atención, a su interés superior y a la unificación familiar. 9. Oficio 250.000.00/000180/2023 con anexos, de la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, mediante el cual informó y acreditó que se desactivó el campo de información "Documento provisional de visitante por razones humanitarias" para su llenado por la Comisión de Ayuda a Refugiados, en el registro de menores de edad en contexto de movilidad humana de la plataforma, continuando habilitado para su captura exclusivamente para el Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con las atribuciones que se establecen en la legislación relativa. 10. Oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/3123/2023, firmado en representación del comisionado del Instituto Nacional de Migración, al que se acompañó un disco compacto en el que se almacenó un libro de Excel en formato .xlsx, con el título "Regularizacion razones humanitarias menores de edad jun2022-abr2023 VF", que contiene un listado de niñas, niños y adolescentes que se sujetaron al trámite de regularización por razones humanitarias, a los cuales se les otorgó una clave única de registro de población (CURP), así como un documento migratorio -tarjeta de visitante por razones humanitarias o tarjeta de residente permanente-. También, se exhibió copia certificada de dos expedientes migratorios electrónicos que corresponden a un menor de nacionalidad brasileña y su padre, quienes obtuvieron la condición de visitante por razones humanitarias, así como copia certificada de diversas constancias relacionadas con un adolescente de nacionalidad hondureña, localizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de quien se determinó su regularización por la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes (PPNNA). 11. Oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/3485/2023, también remitido por el multicitado instituto nacional, por el cual, se informaron las acciones que se implementaron con motivo del flujo de personas denominado "viacrucis migrante", que transitó por el estado de Chiapas durante el mes de abril pasado, que esencialmente consistieron en:  Vigilar el comportamiento de los flujos migratorios desde el ingreso al país, además de mantener comunicación con las autoridades migratorias de Guatemala.  Incrementar recorridos de los grupos beta del propio instituto, con el fin de obtener información sobre las intenciones de los extranjeros a los que atienden, sea que deseen continuar con el recorrido a la Ciudad de México o que opten por regularizar su estancia en el país.  Aumentar el número de rescates desde los puntos de ingreso más próximos a la frontera con Guatemala.  Agilizar el desahogo de los trámites en las áreas de regulación migratoria e incrementar los horarios de atención.  Fortalecer el otorgamiento de formas migratorias múltiples (FMM) por razones humanitarias en el Centro de Atención Provisional (CAP) para las nacionalidades que no pueden ser retornadas. A su vez, se indicaron las diversas autoridades con quienes se coordinó para contener el flujo migratorio y cuál es la participación que cada una tiene para su seguimiento, desde el primer contacto con aquél, en el entendido que deben apegarse a las medidas cautelares que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que el instituto debe actuar en el marco del respeto a los derechos humanos cuando se realicen acciones de control y verificación, garantizándose condiciones dignas y adecuadas para las personas que fuesen trasladadas a estancias o estaciones migratorias. De igual forma se destacó que las acciones implementadas son de mero carácter asistencial, por lo que se evita la presencia del Instituto Nacional de Migración para evitar actos vandálicos o situaciones de confrontación, añadiendo que la aproximación a los extranjeros que se retrasan en el avance de la caravana, es disuasiva, ya que se les exhorta a regularizar su situación y no exponer su integridad, con lo que se logra canalizar a un determinado número de migrantes a un Centro de Atención Provisional (CAP). Aunado a lo anterior, se describió una serie de medidas que, en lo general, se aplican ante la llegada de un posible flujo migratorio masivo, pasando por la recepción, identificación de perfiles y canalización con base en las distintas realidades de las personas que ingresan al país, a fin de garantizar acciones adecuadas en función de su situación de vulnerabilidad, así como una atención humanitaria a los grandes grupos que les permita cubrir necesidades básicas y descansos en espacios de seguridad, entre las cuales se encuentran: 1. Recuperar el aprendizaje obtenido de caravanas pasadas. 2. Adecuar los criterios de atención a las características de las personas migrantes. 3. Activar la coordinación interinstitucional y la complementariedad de las autoridades en los tres órdenes de gobierno. 4. Procurar que el periodo que dure la primera atención no exceda de diez días. 5. Brindar protección a las personas migrantes, a las autoridades migratorias y demás personas vinculadas en la atención. 6. Incluir en la planificación, la intervención integral en el rubro de salud, en aras de respetar los derechos humanos de los migrantes, evitar el deterioro de sus condiciones físicas y mentales, así como desactivar los temores de los posibles impactos en la salud pública. 7. Identificar correctamente a las personas en contexto migratorio, para poder ofrecerles información más amplia de acuerdo con su situación y con ello, estén en posibilidad de tomar decisiones con mayor conocimiento. 8. Generar confianza a través de la comunicación con quienes integran un flujo migratorio masivo, de modo que se mejore la convivencia y se cuente con intérpretes en los casos en los que las personas extranjeras que no hablen el idioma español. 9. Atender personas sin documentos de identidad, con la prioridad de obtener éstos por parte de sus países de origen, en el menor tiempo posible. 10. Incorporar representantes de la Administración Pública con capacidad de decisión que ayuden a otorgar una mejor atención, coordinada e integral, que se acorde con las características de cada flujo migratorio masivo y los recursos necesarios para su atención. 11. Evaluar y dar seguimiento a cada flujo migratorio. 12. Identificar nuevas condiciones de vulnerabilidad durante los días que dure el operativo de atención. 13. Involucrar la participación de la sociedad civil. 14. Propiciar los retornos voluntarios. 15. Trabajar con las comunidades desde las que se avisa sobre posibles flujos migratorios y transmitir información con la mayor claridad. 16. Considerar un enfoque psicosocial, orientado a generar condiciones para el involucramiento activo de las personas potencialmente afectadas. 17. Otorgar a los servidores públicos capacitación y acompañamiento antes, durante y al finalizar el operativo de que se trate. 18. Reorganizar actividades y prioridades de las autoridades que tengan a su cargo trabajos relacionados con la atención de flujos migratorios, a través de la coordinación o enlace con diversas dependencias, actores nacionales e internacionales. 19. Emitir recomendaciones sobre el reporte y actuaciones necesarias para atender a las personas migrantes, garantizar sus derechos y asegurar una buena convivencia con la comunidad acogida. 20. Dar seguimiento a la activación de las medidas y la evolución de la atención. 21. Informar a las personas atendidas los derechos que tienen, así como monitorear y tomar las medidas pertinentes en relación a las quejas presentadas durante el proceso de atención, para garantizar una respuesta rápida y de ser el caso tomar las medidas correctivas. 22. Preparar el cierre del evento y la estrategia de comunicación. Cabe precisar que, a medida que se recibieron los oficios y anexos descritos, éstos se hicieron del conocimiento de la quejosa, por lo que mediante escritos con folio 14472, 20251, 26374, 27822, 2066, 5024, realizó diversas manifestaciones sobre lo informado por las autoridades, que fueron valoradas para formular los requerimientos necesarios para que se acatara la sentencia, lo cual derivó en que, mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés se analizara si los efectos habían sido observados en su totalidad, determinándose que no se encontraba cumplida la sentencia, de manera que se procedió a requerir al comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que:  Aclarara cuáles son las medidas que se adoptan a partir de que tiene conocimiento del ingreso de una caravana migrante al país, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes, de forma previa al registro individual de los migrantes, acreditando la efectividad de las acciones implementadas con perspectiva grupal o colectiva.  Informara la operatividad de los mecanismos creados para la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de ser el caos, sus acompañantes, de modo que se encuentre garantizado el otorgamiento de visa por razones humanitarias, con la consecuente emisión de su clave única de registro de población (CURP). De igual manera, se requirió al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que informara si se habían realizado las modificaciones pertinentes en la plataforma denominada "Por tus derechos", para la debida atención de las solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiado a las personas migrantes que se ubican en ese supuesto, sobre todo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Requerimientos que se atendieron a través de los oficios señalados con los números 8, 9, 10 y 11, con los que también se otorgó vista a la quejosa en autos de veintiuno de abril y treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la cual desahogó mediante el escrito con folio 7163 y el diverso de cuenta, que en esta fecha se agrega a los autos para ser considerado en esta determinación. Así, relacionadas las constancias que obran en autos y vistos los argumentos formulados por la quejosa, es conveniente retomar los efectos para los que se concedió el amparo, de manera que sea posible confrontarlos con lo informado por las autoridades, y así se concluya si fueron cumplidos o no. Lo anterior, bajo la premisa que, de acuerdo con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder efectuar tal conclusión, debe comprobarse el diseño y emisión de mecanismos efectivos que cumplan con las exigencias establecidas en la ejecutoria, condición que no vincula a las autoridades a demostrar el extremo de haber creado una base de datos sobre la totalidad del universo de los niños y niñas migrantes ingresados desde el año de dos mil dieciocho, sino más delimitadamente a emitir medidas colectivas o grupales que reduzcan al mínimo las dificultades técnicas para lograr este fin, de una manera compatible con los requisitos impuestos por el parámetro de control de constitucionalidad, esto es, que esta juzgadora debe comprobar que sean "efectivos" en esos términos. Por tanto, se procede al análisis que corresponde, conforme a la estructura propuesta: ( Acciones que se agreguen como una fase complementaria, independiente del procedimiento migratorio. Sobre este primer punto, es necesario destacar que a través del acuerdo SIPINNA/03/2019, se creó la Comisión para la Protección Integral de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado y se aprobó en lo general la Ruta de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. En dicha ruta se contemplan, además de las etapas que propiamente se encuentran vinculadas con el procedimiento administrativo migratorio, una fase previa al ingreso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, que tiene como objetivo monitorear constantemente los flujos migratorios a fin de que las instituciones se preparen para su atención, incluyendo a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que establecerá las bases de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en esa materia (etapa 0). Lo que continúa cuando niñas, niños y adolescentes ingresan al territorio nacional y se les identifica por cualquier autoridad, institución, organización o persona, para posteriormente iniciar ante la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes (PPNNA), el Procedimiento de Protección y Restitución Integral de niñas, niños y adolescentes, canalizándolos a un centro de asistencia social, sea del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de una sociedad civil, y en su caso, se da aviso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para que accedan al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados o bien, se otorguen las medidas de protección internacional (etapa 1). En todos los casos, la citada procuraduría realizará las entrevistas correspondientes e iniciará el procedimiento de protección especial, garantizando el reconocimiento de la diversidad sexual de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBTTTIQ+, el acceso a un traductor en su lengua materna si son indígenas, y la no discriminación. De manera adicional a la ruta descrita, es pertinente traer las acciones informadas por el Instituto Nacional de Migración, mediante oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/3485/2023, que se relacionan con la vigilancia y acompañamiento integral de los flujos migratorios desde su ingreso al país, previo a que sean canalizados a un centro de atención provisional para continuar con el procedimiento migratorio que corresponda. ( Emisión de un programa que adopte una perspectiva grupal y colectiva sobre las niñas y niños migrantes de los flujos masivos (que tenga como como propósito la creación de mecanismos efectivos, cuyo objetivo sea obtener información de oficio tras la llegada de la niña o niño al lugar, puesto o puerto de entrada o tan pronto como las autoridades tomen conocimiento de su presencia en el país, para determinar su identidad y de ser posible, la de sus padres y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades estatales encargadas de evaluar y brindar las medidas de protección). En relación con este rubro, se retoma lo informado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, y la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre la aprobación de la Ruta de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de migración que, como se señaló, comprende una etapa previa relacionada con el monitoreo de movimientos migratorios y la preparación de las instituciones involucradas con su atención, más cuatro etapas que están vinculadas con su ingreso al territorio nacional, identificación, adopción de medidas urgentes y de protección, restitución de derechos, preparación y transición para la vida independiente. Ruta que se concatena con las reformas a la Ley de Migración, el protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en condición de vulnerabilidad, la guía básica para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, la diversa guía para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, al ser instrumentos que contienen las acciones generadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de brindarles protección y restitución de sus derechos, incluyendo el contexto migratorio, así como dotar de herramientas al personal sustantivo adscrito a las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes para la atención en contexto de migración, y que contemplan las garantías mínimas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que, en lo atinente a su efectividad, se destaca lo informado por el Instituto Nacional de Migración, relativo a las medidas que éste adopta para el control y manejo de una caravana migrante, para lo cual se tomó como referencia lo acontecido con el "viacrucis migrante" que ingresó al estado de Chiapas en abril de este año, apuntando que tales medidas implican la recepción del grupo, identificación de perfiles y la pertinente canalización con base en la situación de vulnerabilidad de sus integrantes, por lo que se reconocen sus características, así como sus necesidades de atención, además de que, se advierte que en el desarrollo de las actividades relativas, participan oficiales de protección a la infancia y grupos vulnerables (OPI's), quienes, de conformidad con los datos informados se encargan de realizar los traslados a los albergues del DIF y, en su caso, el retorno asistido a los países de origen, además de que su actuación se ciñe a las guías especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de migración, así como al convenio para la certificación del personal. ( Satisfacción de estándares internacionales y adopción de una perspectiva grupal o colectiva compatible con el carácter de grupo venerable. En este aspecto, debe observarse lo informado por el Instituto Nacional de Migración, a través de su oficio INM/OSCJ/1370BIS/2023, del que se advierte que, de manera simultánea a la Guía para la Atención de niñas, niños y adolescentes migrantes y la reforma a la Ley de Migración, se creó el Sistema de Información y Registro de niños, niñas y adultos acompañados (SIRENNA), que tiene como objetivo la protección de derechos y garantizar el interés superior de la niñez, a través de cinco grandes apartados: - Sección I. Información general, en la que se solicitan datos generales que ayudan a su identificación (nombre, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad y documento de identidad). - Sección II. Condiciones específicas, en la que se captura información relativa a su estado físico a fin de detectar posibles vulnerabilidades, es decir, si es afrodescendiente, si pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+, si es víctima de delito, entro otras. - Sección III. Información de viaje y acompañantes, que comprende datos sobre el punto y la forma de ingreso al territorio nacional, lugar de detección, así como los datos de acompañantes y su parentesco. - Sección IV. Canalización y traslado, relativa al lugar (nombre, municipio y estado) al que sean canalizados en función de la designación de lugar de alojamiento emitida por los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia. - Sección V. Conclusión del procedimiento administrativo migratorio, donde se asienta el tipo de resolución que haya recaído a dicho procedimiento, en función de la determinación emitida por la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, sea el retorno asistido, la regularización de su situación migratoria, entre otras. A su vez, se indicó que el aludido sistema cumple con las garantías mínimas y objetivos prioritarios básicos contenidos en la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que: - Es operado sólo por los servidores públicos que se autorizan para tal efecto, bajo medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas para la salvaguarda de los datos personales, cumpliendo además con los principios rectores en el tratamiento de aquéllos, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales (inciso a). - La operación del sistema y la protección a niñas, niños y adolescentes migrantes depende del personal asignado en cada oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, asimismo, los oficiales de protección a la infancia (OPI's) y el personal certificado en infancia están vinculados con la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, de manera que la niña, niño o adolescente permanece en las instalaciones del propio instituto de dos a veinticuatro horas como máximo, toda vez que debe ser canalizado a lugares designados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y continuarse el procedimiento administrativo migratorio, en el que también interviene la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, para emitir el plan de restitución de derechos correspondiente (incisos b, c, d, e, f, g y h). - Al margen de la información que se brinda sobre el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio, por parte del instituto, la autoridad migratoria notifica de inmediato a la procuraduría mencionada, para que ejerza la representación legal del menor (inciso h.). - El tratamiento se otorga por personal asignado en las oficinas de representación, siguiendo los criterios de la Guía para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como la Ley de Migración, sólo durante su estancia en las instalaciones del instituto, debido a su canalización inmediata a los lugares designados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (número i). - La única autoridad facultada para determinar su acompañamiento es la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (número ii). - La autoridad migratoria desarrolla en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para identificar la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes; sin embargo, en todas sus acciones se coordina con la procuraduría señalada quien actúa como representante legal de los menores de edad y quien emite el plan de restitución de derechos (número iii). - La autoridad migratoria contempla en el Sistema de Información y Registro de niños, niñas y adolescentes y adultos acompañados (SIRENNA), la obtención de los datos relacionados con los motivos de salida de su país de origen, de su separación familiar de ser el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencia o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional, con lo que se da vista a las autoridades correspondientes (números iv y v). ( El cumplimiento del fallo protector se satisface con la comprobación ante el juez de Amparo del diseño y emisión de los mecanismos efectivos que cumplan con las exigencias anteriores. Sobre este aspecto, esta juzgadora estima que, en su conjunto, las diversas herramientas implementadas por las autoridades resultan efectivas en tanto que, además de observar las pautas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como quedó desarrollado en los párrafos que anteceden, también se han exhibido constancias de las que puede advertirse la operatividad de las herramientas tecnológicas desarrolladas, así como de los ajustes en los procedimientos migratorios para lograr una atención integral a los grupos vulnerables, específicamente niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en una pronta resolución de su estatus migratorio. ( Plan permanente para cualesquiera menores que soliciten el refugio (que no sólo que se genere la base de datos respecto a cuántas personas menores de edad entraron al país, sino que se garantice que a todas se les brinde la visa por razones humanitarias -incluidos sus familiares, a menos de que sea contrario a su interés superior-, con la consecuente emisión de CURP, y que en caso de que alguna de ellas se encuentre privada de su libertad, se garantice su liberación). Como se advierte de la etapa 3 de la Ruta de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, uno de los elementos que integran la restitución de derechos, para el caso de que se opte por la regularización de su situación migratoria, consiste en la emisión de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, tanto para aquéllos como para sus acompañantes, la cual incluirá clave única de registro de población (CURP), o de haber sido reconocidos como refugiados, implica la adopción de medidas de protección adicionales. Asimismo, como se advierte de los oficios presentados por el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se advierte que dicho elemento se materializó a través de la conclusión del trámite de regularización por razones humanitarias, con el consecuente otorgamiento de la clave única de registro de población (CURP), así como un documento migratorio -tarjeta de visitante por razones humanitarias o tarjeta de residente permanente-, o bien, la admisión a trámite de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, incluyendo aquellas relativas a menores. A lo que se suma, que de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, particularmente, en su artículo 6, el Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Mientras que, en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y su reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios. De acuerdo con el estudio desarrollado, este juzgado de Distrito estima que la sentencia ha sido cumplida, sin exceso ni defecto, toda vez que se ha acreditado la implementación de medidas oficiosas dirigidas a personas en contexto de movilidad, que cumplen con las garantías mínimas y objetivos básicos propuestos por el Máximo Tribunal del país, bajo una perspectiva grupal o colectiva, que resulta compatible con su carácter de grupo vulnerable. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que la quejosa formula a través del escrito de cuenta, en el sentido de que las medidas adoptadas para el control del "viacrucis migrante", no integran la actuación de autoridades especializadas en la infancia y la forma en que intervienen, ni quién y la forma en que obtienen información relevante, evidenciando que no se ha acreditado la existencia del programa establecido en la ejecutoria. Al respecto, y de acuerdo con la exposición que antecede, se precisó que en el control de grupos de personas en contexto de movilidad, sí participan oficiales de protección a la infancia y grupos vulnerables (OPI's), quienes se encargan de realizar los traslados a los albergues del DIF y, en su caso, el retorno asistido a los países de origen, actuando en función de lo establecido en los diversos instrumentos en materia migratoria que se han emitido para la atención de migrantes, y en específico, niñas, niños y adolescentes, más el auxilio de los sistemas de información implementados para su identificación y seguimiento (SIRENNA y Por tus derechos), que son operados por el personal capacitado y facultado para ello, motivos por los cuales se considera que no le asiste razón en sus argumentos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluído. Notifíquese y de manera personal a la quejosa.

  2. Incidental

    TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DEL MES Y AÑO REFERIDOS, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de veintidós de mayo de este año, por medio del cual la quejosa ***************, manifestó que era su voluntad desistirse del juicio de amparo por así convenir a sus intereses. Ahora, es necesario señalar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que la sustanciación de un juicio requiere el impulso procesal de la parte interesada, es decir, la expresión de un acto de voluntad del particular a quien perjudique el acto o resolución que reclame o impugne. Por su parte, el numeral 63 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la quejosa desista de la demanda de amparo, siempre que ratifique dicho escrito. Asimismo, dispone que no procederá el desistimiento ni el consentimiento expreso de los actos reclamados, cuando estos tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. En ese sentido, el desistimiento, como figura procesal, consiste en la renuncia que hace la quejosa de su acción principal, esto es, en la declaración de su voluntad en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre, desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte. En ese orden de ideas, es de concluirse que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón que la quejosa manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo, como se advierte de la comparecencia de esta data, por tanto, es procedente SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Es aplicable la siguiente tesis del Pleno de nuestro más Alto Tribunal:1 "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, 1 Jurisprudencia 2a./J. 82/2016 ( Registro 2012059), publicada en la página 462 del Tomo I, correspondiente a Julio de 2016, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la quejosa." NOTIFUQESE

  3. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica en representación del presidente de la República, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase la copia que solicita para los efectos legales conducentes. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

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