Óscar López González
Expediente 1246/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Óscar López González
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "E" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número 1246/2023-VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CUESTIÓN PREVIA. Del contenido de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama los actos siguientes: A. El auto de vinculación a proceso emitido en la audiencia inicial de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz [********************] por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas calificadas. B. La orden de traslado a un centro de reclusión diverso al que se encuentra interno. De los antecedentes se aprecia el impetrante se encuentra recluido en el Módulo Preventivo de las Setenta y dos horas (Penalito), en Veracruz, Veracruz, con motivo de la medida cautelar dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, Sala E (********************), con residencia en Veracruz en los autos del proceso penal ******************** de su índice. Asimismo, aduce distintos detenidos en situación semejante han sido trasladados a un reclusorio fuera del Estado de Veracruz. DESECHAMIENTO PARCIAL. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de dos causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. Respecto del acto reclamado: B. La orden de traslado a un centro de reclusión diverso al que se encuentra interno. Es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: "Capítulo V. Traslados. Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y. Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De su interpretación, se obtiene el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas, sujetas a prisión preventiva y sentenciadas, deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-, establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de las personas sentenciadas en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a las personas privadas de la libertad o sentenciadas, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación. También el diverso 52, luego de disponer que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la resolución judicial de mérito a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III, del ordenamiento invocado, otorga a las personas privadas de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control -en este caso el de proceso- o de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificados, lo pueden hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control -o del procedimiento- quien revise su legalidad. Igualmente, las personas privadas de su libertad o sentenciadas, tienen a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. No pasa desapercibido que en el presente, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, Sala E (********************), con residencia en Veracruz, respecto del proceso penal ********************. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto, en relación con la orden de traslado, es la contemplada por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda en comento, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria, para que la orden de traslado sea recurrida y, en su caso, confirmada o revocada. Y aún en el supuesto de que el traslado no hubiera sido ordenado por el juez sino por autoridad administrativa la improcedencia seguiría actualizándose en forma indudable. Porque antes de acudir al juicio de amparo estaría obligado agotar el medio ordinario respectivo para que el juez del proceso calificare la legalidad del traslado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, registro digital: 2023736, siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la b) orden de traslado, pues se actualiza la causal a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, la prevista por el arábigo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia. De igual manera, al ser este el único acto atribuido a las autoridades Fiscal General del Estado de Veracruz, Secretario de Gobierno, Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Veracruz, Secretario de Seguridad Pública, todas con sede en Xalapa; y Encargado y/o Director del Módulo de Prisión Preventiva de Veracruz (Penalito) con sede en Veracruz, se desecha por ellas. ADMISIÓN. La demanda de amparo cumple con los requisitos que para su presentación establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en relación con el acto consistente en: A. El auto de vinculación a proceso emitido en la audiencia inicial de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz Sala "E" [********************] por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas calificadas. INCIDENTE. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. En el entendido que el original será de carácter físico y el duplicado en versión electrónica, en términos del dispositivo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la ley citada, se señalan las once horas del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Se fija atendiendo la carga de trabajo en la agenda de audiencias de este juzgado de Distrito. Plazo de quince días otorgado para rendir informe justificado en términos del dispositivo 117 de La ley reglamentaria. Considerando además el próximo periodo vacacional de invierno correspondiente a la segunda quincena de diciembre, de conformidad con los artículos 140, 141 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dichos informes tendrán que ser con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo quinto, 63, fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo, debiendo remitir a este juzgado: 1) Copia certificada, legible y en orden, de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su respectivo informe, de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del precepto de referencia. 2) Asimismo, exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. 3) Además el Juez de Control responsable deberá remitir el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado. Indicará el orden de intervención de cada una de las partes. Esto es, precisar la hora, minuto y segundo en que lo hicieron. Asimismo, etiquetar el rubro identificando la razón por la que se les dio el uso de la voz y también incluya las referencias de cuándo el Juzgador dirigió el desarrollo de la misma a lo largo de la grabación de la audiencia. 4) Así como de la versión escrita del acto reclamado, cuya emisión ordena el precepto 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir informe en el término indicado, sin existir causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el dispositivo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 238 del texto normativo en mención. TERCERA INTERESADA. En términos del precepto 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se tienen con tal carácter a ********************así como al Fiscal Sexto Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del precepto 64 de la Ley de Amparo, están obligadas a informarlo de inmediato. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la citada ley. REQUERIMIENTO AL JUEZ RESPONSABLE. Con independencia de lo anterior, a fin de integrar debidamente la relación jurídica procesal. Solicítese al Juez responsable que al momento de rendir su informe justificado, precise lo siguiente: a) Qué Fiscal intervino en el proceso penal ******************** de su índice. b) Si por virtud del delito por el cual se les instruye el proceso penal de origen existe diversa persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así, proporcione el nombre y domicilio de la misma, si es que de autos se desprenden dichos datos o, en su defecto, diga si no le recae a persona alguna dicho carácter. Ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de diverso tercero interesado en el presente asunto. Apercibido que de no cumplir con que se le pide, con fundamento en lo que dispone el dispositivo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa téngase acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin que obste señaló domicilio físico en Veracruz, Veracruz, donde oír y recibir notificaciones. Al haber precisado los datos para utilizar aquella vía de comunicación tecnológica, debe privilegiarse la misma en aras de la justicia pronta apoyada en el impulso actual para el uso de esta herramienta a fin de dar celeridad a los procesos, con todos los beneficios para la salud, medio ambiente, uso del tiempo, económicos y otros que ello conlleva. Sin dejar de mencionar que si quien pide el amparo no estuviera de acuerdo con esta decisión, basta que lo precise de esa manera para modificar el señalamiento de domicilio que aquí se hace, a fin de atender su petición, aún en detrimento de las ventajas ya mencionadas. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medios no procesales. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación secretarial de cuenta, téngase como autorizados de conformidad con el ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio a la agente del Ministerio Público adscrita. Dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del precepto 5, fracción IV de la ley de la materia. Lo cual en esta ocasión se ordena realizar mediante oficio. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio de su oficina principal, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Con copia de la demanda y del presente acuerdo, emplácese a ******************** en ********************, a través de cualquiera de los actuarios judiciales de esta adscripción. Así como al Fiscal Sexto Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niños y Trata de Personas, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante oficio que al efecto se gire en términos del numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuarios de este órgano jurisdiccional y tercera interesada; por oficio a la autoridad responsable, agente del Ministerio Público Federal adscrita, Fiscal que intervino en el referido proceso.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo indirecto 1246/2023-VI, promovido por ********************, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "E" del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado (cuaderno físico y versión electrónica) y separado el incidente de suspensión. INFORME PREVIO. Con fundamento en el numeral 138 de la Ley reglamentaria, pídase informe previo que deberá rendir la responsable dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al que reciba la notificación de este proveído, enviándole al efecto copia de la demanda y anexos. Apercibida que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, sino que, además, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente, en términos del ordinal 260, fracción I, de la Ley en comento. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia incidental, con fundamento en el dispositivo 138, fracción II, de la Ley reglamentaria. Se fija atendiendo a la carga de trabajo de acuerdo con la agenda de audiencias que lleva este Juzgado. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte el acto reclamado consiste básicamente en: -El auto de vinculación a proceso emitido en la audiencia inicial de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz Sala "E" [********************] por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas calificadas. El impetrante se encuentra recluido en el Módulo Preventivo de las Setenta y dos horas (Penalito), en Veracruz, Veracruz. Ahora, tomando en consideración que con la solicitud de la parte quejosa no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, además que de negarse la suspensión se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, con fundamento en los artículos 128, 163 y 166 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada en favor de ********************, para el único efecto de quedar a disposición de este Juzgado en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juzgador responsable, para la continuación del procedimiento penal que se le instruye (proceso penal ********************). Sin que lo anterior impida al Juez del proceso ordenar el traslado del quejoso a distinto lugar de donde se encuentre recluido por razones de seguridad o cualquier otra dentro del ámbito de su competencia. Tampoco el ejercicio de las facultades administrativas de las autoridades carcelarias respecto a su esfera de atribuciones. Debe citarse por identidad jurídica sustancial y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 27/2012 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1168, del Libro XIII, de octubre de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 2002071, de rubro y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso". Por otro lado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia se compone de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita, inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase da inicio con la celebración de dicha audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, el cual, entre otras cuestiones, debe contener el Tribunal de enjuiciamiento competente. Ahora, el artículo 61, fracción XVII, último párrafo de la Ley de Amparo, establece que una vez concluida la etapa intermedia, se deberá suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, hasta que el juicio principal del cual deriva esta incidencia se resuelva lo relativo al fondo del asunto. En razón de lo anterior, privilegiando el sistema penal acusatorio, atendiendo además a los principios de concentración y continuidad que en términos del numeral 4 del Código en cita lo rigen, debe significarse a la Juez responsable que está en aptitud de continuar con los actos procesales relativos a la fase intermedia, salidas alternas y formas de terminación anticipada, así como que las partes y autoridad jurisdiccional cumplan con sus obligaciones procesales, incluyendo el dictado del auto de apertura a juicio. PARTE TERCERA INTERESADA. Sin que haya lugar a ordenar la notificación personal del presente acuerdo, conforme a lo establecido en la Jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE", pues en la ejecutoria que le dio origen, el Máximo Tribunal del País sostiene que la notificación del proveído en que se concede a la parte quejosa la suspensión provisional debe realizarse de manera personal, porque puede afectar los derechos del tercero interesado que, por regla general, tiene interés en que el acto de la autoridad responsable siga surtiendo sus efectos sin interrupciones de ninguna clase. En ese sentido estableció diversas medidas protectoras de estos, como lo es el otorgamiento de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con dicha medida se causaren si no se obtiene sentencia favorable en el amparo. De allí que además tenga derecho a interponer el recurso de queja, cuyo término comienza a transcurrir a partir de que se le notifique el referido auto en que se conceda la medida. Así, por la importancia que reviste, su notificación debe realizarse de manera personal. Sin embargo, atendiendo que en el caso la cautelar es para el efecto de que el solicitante de amparo quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal, y al del Juez del proceso respecto a la continuación del procedimiento; hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es inconcuso que con ello no se causa ni se causará daño o perjuicio a la parte tercera interesada. ASPECTOS PROCESALES. Respecto del domicilio, autorizados, acceso al expediente electrónico, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uso de medios electrónicos, expedición de copias, habilitación de horas y días inhábiles, Unidad de Medida y Actualización, así como utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo, resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta. El expediente en que se actúa deriva del cuaderno principal donde ya se proveyó. Notifíquese.
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