Oscar Lopez Castañeda
Expediente 1445/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1445/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Oscar Lopez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente. MESA IV
- Principal
AVISO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR LISTA AL PROMOVENTE. México, Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el impetrante Oscar López Castañeda, por propio derecho, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el doce de diciembre del año en curso, desahoga en tiempo y forma la prevención formulada dentro de los presentes autos, en ese sentido, se da nueva cuenta con la demanda de amparo y escrito aclaratorio y se provee: FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de garantías y escrito aclaratorio, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO El peticionario de amparo señaló como acto reclamado en síntesis: "El auto de once de julio de dos mil veintidós emitido en el juicio de controversia del orden familiar alimentos por comparecencia expediente 1209/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que el juez natural ordenó fijar una pensión provisional a favor de los menores de iniciales D.C.L y D.C.L, a cargo de su progenitor -aquí impetrante-". ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De los antecedentes que del acto reclamado que narra la parte promovente bajo protesta de decir verdad y de lo informado por el juez de origen, se desprenden lo siguiente: 1. El acto reclamado deriva del juicio de controversia del orden familiar alimentos por comparecencia, seguido por María Patricia Cárdenas Rincón en contra de Oscar López Castañeda expediente 1209/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. Por auto de once de julio de dos mil veintidós, el juez de origen admitió a trámite la demanda planteada, ordenando el emplazamiento del demandado Oscar López Castañeda, asimismo, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, por el equivalente al 15 % (quince por ciento para cada uno de ellos), mensual de la cantidad que percibía el demandado en su fuente de trabajo. Dicho auto constituye el acto reclamado 3. De lo informado por el juez natural se desprende que a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento de origen atendiendo a que el aquí impetrante no ha sido emplazado al mismo, ello según se corrobora de lo informado por el juez y de lo manifestado por el ocursante, sin que pase desapercibido el aquí promovente compareció al juicio de origen con fecha diecisiete de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintitrés, solicitando se le expidan copias de lo actuado en el juicio natural. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de as leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el promovente, el amparo resulta improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Por lo anterior, como se precisó, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado consistente en el proveído de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio controversia del orden familiar alimentos por comparecencia expediente 1209/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que el juez natural fijó una pensión provisional a favor de los menores hijos del impetrante, debe ser impugnado mediante el medio ordinario de defensa previsto por la ley; en ese sentido, el juicio de amparo resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que ha sido trascrito, lo anterior, ya que los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, prevén que el recurso idóneo es el de apelación, que al tenor reza: "Artículo 688.- El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 689.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." "Artículo 691.- La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 692.- Las apelaciones de tramitación inmediata, ya sea en ambos efectos o en el devolutivo, deben interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando los agravios que considere le cause. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria de tramitación inmediata deberán hacerse valer en el término de ocho días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de doce días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." Por tanto, el promovente al estimar que afectaba su esfera jurídica lo determinado en auto de once de julio de dos mil veintidós, debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, e interponer con los requisitos y formalidades previstas por la ley ordinaria, el recurso de apelación, mismo que de acuerdo a la interpretación de los artículos 688, 689, 691 y 692, del Código referido, resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo; sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad. Lo anterior, porque con el recurso de apelación, pudo haber obtenido la confirmación, revocación o modificación del acto que reclama en esta instancia, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías; en tales circunstancias, es factible concluir que al no haberse agotado el citado recurso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello, porque el impetrante aún no ha sido emplazado al juicio natural, por lo que se encuentra en posibilidad de apersonarse al mismo y recurrir las determinaciones que estime agravian su esfera jurídica. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada 1a. CCXIII/2018 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 357, con registro digital 2018737, que a la letra dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Apoya lo anterior la tesis XVII.1º.C.T.15K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito visible en la página 2274, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Al respecto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.3o.C. J/39, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, visible en la página: 1214, Materias: Común, con número de registro 171803, sustentó: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presentada por Oscar López Castañeda, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. MESA IV
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado vía electrónica por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se rindió el correspondiente informe justificado, y se le remitió el escrito de expresión de agravios y copia del mismo, así como un legajo certificado derivado de los presentes autos; asimismo, comunica el auto de catorce de diciembre del año en curso, dictado en el Q.C. 441/2023-I de su índice, del que se desprende que remitió el recurso de queja interpuesto por Jorge Hernández Mendoza autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el promovente Raphael Mizrahi Elia, en contra del auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, emitida en los presentes autos, al Septimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en virtud de que tuvo previo conocimiento del D.C. 95/2021; lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. MESA I
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de primero de diciembre de dos mil veintitrés, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público; con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. A efecto de establecer si el Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como del Juez y Ejecutora adscritos al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es necesario asentar los antecedentes respectivos. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, dictada en el presente juicio. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de trámite de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintitrés y de conformidad con los artículos 6, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional procede hacer la valoración del archivo judicial. Por otra parte, en virtud de que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y en virtud de que la misma exhibió la garantía que le fue fijada para que surtiera todos sus efectos la suspensión definitiva que le fue concedida como se advierte de la certificación de cuenta, en ese sentido se ordena poner a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número expedido por el y dígasele que tiene el término de dos años a fin de que recoja el billete en comento, apercibido que en caso de no hacerlo dentro de dicho término prescribirá a favor del Fisco Federal, como lo dispone el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa. MESA III
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