Óscar López Blanquel
Expediente 1929/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2022
Partes del expediente
- Óscar López Blanquel
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. La Juez de Exhortos de la Zona Metropolita de Puebla, devuelve sin diligenciar el despacho 211/2022, orden 588/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se ordenó notificar a la parte quejosa, con domicilio ubicado en: Calle Emilio Carranza, número 210, de la Colonia Álvaro Obregón, perteneciente al Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por lo motivos que del mismo se desprenden. Fundamento. Artículos 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo de cuenta, y toda vez que de la razón asentada por el diligenciario adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolita de Puebla, se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, por no vivir en el domicilio señalado y no contando con domicilio diverso, se ordena que la notificación de los proveídos de veintiséis de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Regístrese lo anterior en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y se ordena dar de baja la comunicación referida. Acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. SE ORDENA NOTIFICAR LOS AUTOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y VEINTITRES DE NOVIEMBRE AMBOS DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. OFICIO. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite: 1. El juicio de amparo directo 530/2022, que contiene la demanda de amparo promovida por Óscar López Blanquel. . Lo anterior, en virtud de que en acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, dicho Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo que se analiza ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3, 21, 35, 37, 45, 61, y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Acuse. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A. Parte quejosa. Óscar López Blanquel. B. Terceros interesados. Aline Carolina Castro López. Juana Cruz García. C. Autoridades responsables. 1. Magistrados que integran la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. 2. Secretario adscrito a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. 3. Diligenciario adscrito a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. D. Acto reclamado. La resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, pronunciada en el toca 305/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de seis de abril del año en curso dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el expediente 181/2020, y ordenó la reposición del procedimiento a fin de que Mónica y Teresa de apellidos López Blanquel en su carácter de nudas propietarias y José Víctor López Díaz y Margarita Blanquel Benitez en su carácter de usufructuarios, sean llamados al juicio de origen, quedando subsistentes las actuaciones ya practicadas en el sumario. HECHO NOTORIO. Ahora bien, a fin de proveer en relación a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se tiene como hecho notorio el diverso juicio de amparo 1926/2022, del índice de este juzgado de Distrito, en el que obran las constancias originales del toca 305/2022, del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como las diversas documentales originales del juicio reivindicatorio tramitado en el expediente 181/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; constancias en las que obra el acto reclamado y sus antecedentes. DESECHAMIENTO En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). B.- El acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque de las constancias del juicio de origen, se advierte que el acto reclamado es la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, pronunciada en el toca 305/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de seis de abril del año en curso dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el expediente 181/2020, y ordenó la reposición del procedimiento a fin de que Mónica y Teresa de apellidos López Blanquel en su carácter de nudas propietarias y José Víctor López Díaz y Margarita Blanquel Benitez en su carácter de usufructuarios, sean llamados al juicio de origen, quedando subsistentes las actuaciones ya practicadas en el sumario. a. En ese tenor, el acto aquí reclamado sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que la resolución reclamada dejó insubsistente la sentencia de primer grado, a fin de lograr la regularización del juicio reivindicatorio tramitado en el expediente 181/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. b. Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que el acto reclamado no impide la debida integración de la litis; tampoco ocasiona el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determina definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c. Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 56 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 36, con registro digital 394012, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.". Es por ello que se hace patente que la resolución que por esta vía se reclama sólo produce efectos formales e intraprocesales, que en su caso quedarán reparados si la parte quejosa obtiene resolución favorable a sus intereses, o en su defecto lo podría reclamar como violación procesal en el juicio de amparo directo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Acorde las precisiones realizadas, se evidencia que en la especie, la resolución que aquí se reclama no afecta por sí misma de manera directa un derecho sustantivo de los peticionarios de amparo, por ende, de existir una afectación, se traduce respecto derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal; de ahí que no exista la conculcación actual y directa de un derecho sustantivo contenido en los artículos constitucionales a los que alude la solicitante de amparo, sino únicamente de carácter formal o intraprocesal; máxime que debe considerarse que aún no ha sido resuelto el juicio natural del cual se deriva el acto reclamado. En mérito de lo anterior, es indudable que la resolución reclamada, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la peticionaria de amparo. Sin que en ese sentido pase inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 1180, con registro digital 2012245, del tenor literal siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." (El énfasis es propio). Esto, en atención a que se tiene como hecho notorio el diverso juicio de amparo 1926/2022, del índice de este juzgado de Distrito, en el que obran las constancias originales del toca 305/2022, del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como las diversas documentales originales del juicio reivindicatorio tramitado en el expediente 181/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; constancias en las que obra el acto reclamado y sus antecedentes, y que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. Así, del toca 305/2022 del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que los efectos para los cuales se concedió la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, fue para reponer el procedimiento en el juicio reivindicatorio tramitado en el expediente 181/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de que Mónica y Teresa de apellidos López Blanquel en su carácter de nudas propietarias y José Víctor López Díaz y Margarita Blanquel Benítez en su carácter de usufructuarios, sean llamados al juicio de origen, quedando subsistentes, las actuaciones ya practicadas en el juicio; por lo que resulta indudable que dicho acto reclamado únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Entonces, se reitera que con base en dichas constancias, relativas a los autos originales tanto del toca de origen, como del juicio natural, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia de mérito. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y atendiendo al Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se crea y organiza el Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, específicamente en el artículo tercero, establece: "TERCERO.- El Juez de Exhortos tendrá competencia en materia civil, mercantil y familiar, dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, que comprende los Municipios siguientes: Puebla, Amozoc, Tepatlaxco de Hidalgo, Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Coronango, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Juan C. Bonilla, Domingo Arenas, Huejotzingo, San Salvador El Verde, Chiautzingo, San Felipe Teotlalcingo y San Martín Texmelucan". De lo anteriormente transcrito, se evidencia que el juzgado de exhortos de que se trata, tiene competencia para conocer de los exhortos relativos a materias de procesos ordinarios que ahí se expresan, en consecuencia, líbrese atento despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notifique a la parte quejosa, con domicilio ubicado en: Calle Emilio Carranza, número 210, de la Colonia Álvaro Obregón, perteneciente al Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, el presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo para que en el plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en San Andrés Cholula, Puebla o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. Para llevar a cabo la diligencia encomendada, el Juez podrá habilitar días y horas inhábiles, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo; asimismo, se faculta a la autoridad despachada para que realice todas las diligencias necesarias a fin de diligenciar el despacho que se gira. Se solicita al juez que, una vez acontecido lo anterior, remita las constancias respectivas a la brevedad posible. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Ahora bien, atendiendo a que resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten, al latente riesgo sanitario que subsiste en la actualidad, y que es necesario y obligatorio garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus CoV-SARS-2, resultan aplicables las reglas del modelo de atención presencial basado en citas, previsto y regulado en el Capítulo II "Atención al público en general" del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, deberán generar la cita para la entrega correspondiente, en el sistema "Agenda OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias, requerimientos o cuando, como en el caso, resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones solicitadas. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional, ingreso que estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin embargo, el acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto o no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. En el entendido que la entrega de las copias simples o certificadas dependerá NECESARIAMENTE del volumen del expediente y de las condiciones en que SE ENCUENTRE FUNCIONADO EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, así como de la carga de trabajo del personal reducido, que físicamente labora en el Juzgado de Distrito, el cual, conforme la autorización del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde al setenta y cinco por ciento de su plantilla, por lo que podría suceder que, EN LA PRIMERA CITA, que se le otorgue a través del sistema "Agenda OJ", se presenten impedimentos administrativos, materiales, técnicos y/o humanos, que eviten la entrega de la totalidad de las constancias que se soliciten, derivado ello de las circunstancias apuntadas, por lo que tendrá que generarse una nueva cita, para continuar con el proceso de entrega de las copias solicitadas. No obstante hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realicen lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Además, en caso de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar su propia integridad y salud, así como de las partes con las que se entienda la notificación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; y, por despacho a la parte quejosa. San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós Estado Procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra en autos el despacho ++++ con número de orden ++++, girado al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, para que por su conducto notifique al quejoso el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el que se le hace del conocimiento del desechamiento del presente juicio de amparo. Fundamento. Artículo 297, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicad supletoriamente a la Ley de Amparo. Requerimiento. En obvio de dilaciones innecesarias, se requiere al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, para que en el plazo de 3 días, remita a este órgano jurisdiccional el despacho 211/2022 con número de orden 588/2022, o bien informe el estado procesal en que se encuentra. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad en mención, que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.
- Principal
9.- San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, encargado del despacho por ministerio de ley, de conformidad al artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el cual en atención al proveído de catorce de noviembre del presente año, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. Acuerdo. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo debiendo acompañar copia autorizada y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Notifíquese y, electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
4.- Oficio. La Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devuelve sin diligenciar el exhorto 363/2022 orden 563/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, por los motivos que indica. ..Acuerdo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda. Regístrese lo anterior en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y se ordena dar de baja la comunicación referida. Estado procesal. Toda vez que de autos se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios de las autoridades responsables foráneas de los siguientes acuerdos. Auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós: 9120/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acompañado con copia de la demanda de amparo. 9121/2022 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acompañado con copia de la demanda de amparo. 9122/2022 TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acompañado con copia de la demanda de amparo. 9123/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acompañado con copia de la demanda de amparo. Auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós: 9519/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 9520/2022 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 9521/2022 TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 9522/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós: 9895/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) (CON ANEXO) 9896/2022 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) (CON ANEXO) 9897/2022 TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) (CON ANEXO) 9898/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) (CON ANEXO) Auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós: 9888/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acompañado de oficio de agravios Auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós: 10524/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) CON ANEXO Sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós: 19330/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 19331/2022 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 19332/2022 TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 19333/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Auto de cinco de julio de dos mil veintidós: 24512/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Se anexa copia del escrito de agravios. 24515/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Se anexa copia del escrito de agravios. Auto de uno de agosto de dos mil veintidós: 27479/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Se anexa copia del escrito de agravios. 27482/2022 TITULAR DE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) Se anexa copia del escrito de agravios. .. Artículo 158 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Se gira nuevo exhorto. Ahora bien, a fin de que las autoridades foráneas tengan conocimiento de la sentencia y acuerdos mencionados, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2º, 158 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal notifique a las autoridades responsables los oficios antes descritos, los cuales se le envían debidamente integrados. Se informa al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, que no pasa inadvertido para este Juzgado lo establecido en los artículos 26 fracción II y 28 fracción II de la Ley de Amparo, lo cierto es que la remisión de la comunicación oficial electrónica y el objeto de la misma es para que las autoridades responsables tengan conocimiento de los recursos de queja, sentencia definitiva y recursos de revisión, y no retrasar la administración de justicia tal como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna. Para los efectos anteriores, se solicita al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar la diligencia indicada, por lo que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones respectivas. Asimismo, en el momento de la diligencia ordenada en este auto se deberá apercibir a las autoridades responsables que en caso de rehusarse a recibir dicho oficio o cualquier comunicación posterior, sin ulterior acuerdo se les tendrán por hechas las notificaciones correspondientes, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Se solicita a la autoridad de mérito que una vez practicada la diligencia encomendada, a la mayor brevedad posible remita a este Juzgado de Distrito las constancias de notificación a las autoridades responsables. Notifíquese y por exhorto a las autoridades responsables. ..
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