Oscar Leoncio Ramírez Cornejo
Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Oscar Leoncio Ramírez Cornejo
Actuaciones
- Principal
Mesa 2. VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Mesa 2. OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene al Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por medio del devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto ********** con orden ********, De igual manera, hizo entrega de los oficios 20333/2023, 20334/2023 y 20335/2023 librados en el presente expediente con el objeto de notificar la suspensión de plano a las autoridades migratorias responsables. En esas condiciones y toda vez que mediante auto de cinco de junio actual, se apercibió al promovente *********** de nacionalidad Hondureña, que de no ratificar la demanda de amparo en las instalaciones de la Estación Migratoria de Monterrey, Nuevo León, se tendría por no presentada la misma; en consecuencia, se hace efectivo dicho apercibimiento, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese y electrónicamente al promovente.
- Principal
mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano concedida al quejoso. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante, informando que las autoridades señaladas como responsables Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la citada estación migratoria, son inexistentes. Notifíquese.
- Principal
Mesa 2. CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual********************, en favor de ******************** de nacionalidad ********************, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1127/2023-2. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor del directo quejoso lo siguiente: Detención y privación de la libertad. Incomunicación y malos tratos. Orden de deportación o expulsión. Derecho al libre tránsito. En esa medida, tomando en cuenta que los actos citados se tratan de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que se debe proveer sobre la suspensión de plano de los mismos, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio judicial con registro 2020146, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE IMPORTEN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, Y NO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN JUDICIAL QUE AFECTE A LA LIBERTAD". SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN A LOS ACTOS RECLAMADOS DETENCION, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de ******************** de nacionalidad ********************, a fin de que cesen inmediatamente los actos consistentes en DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de la garantía individual peticionada. En la inteligencia que el hecho que ******************** de nacionalidad ********************, se encuentre interno en las instalaciones de la Estación Migratoria de Monterrey, Nuevo León, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues las autoridades responsables deben respetar los derechos humanos mínimos de la parte quejosa, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentren recluidos suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Así también, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo en la que se afirmó que pudieron haber sido detenidos por autoridades migratorias, para lo siguiente: Inicien el procedimiento administrativo migratorio que corresponda a los precitados quejosos. En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiado, se decrete la inmediata libertad de ******************** de nacionalidad ********************, bajo las siguientes condiciones: Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el referido quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Se requiera al quejoso para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde pueda ser localizado, el cual deberá encontrarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como los cambios que de dicho domicilio pudiera acontecer, los cuales también deberán ubicarse en la ciudad que se menciona. Se indique a la parte quejosa que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se encuentren, esto es ciudad de Monterrey, Nuevo León, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera a la parte quejosa en cita para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad del quejoso y se contraponga con lo aquí ordenado. En efecto, hágase saber a la autoridad migratoria que deberán garantizar a favor de la parte quejosa lo siguiente: Derecho a una defensa adecuada. El nombramiento desde el inicio del procedimiento migratorio-a elección de la parte quejosa y si no, del Estado-, con independencia de la voluntad del migrante, toda vez que se trata de un derecho irrenunciable, de una persona defensora abogada, capacitada específicamente para la defensa de los intereses de personas migrantes; por lo que deberán facilitar oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas por parte de esa persona abogada especialista en derecho migratorio, así como permitirle entrevistarse con ella. En esas condiciones la autoridad migratoria por conducto del personal autorizado hacerle saber a los migrantes quejosos que tienen derecho a ser asistidos por un defensor; en el entendido que de no contar con un particular, se le designará un defensor público, especialista en derecho migratorio. Por otra parte, el plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias no podrá ser mayor a treinta y seis horas, tal y como lo dispone el artículo 21 Constitucional, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. De conformidad al último párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración, después de transcurridas las treinta y seis horas de alojamiento, el instituto deberá otorgar a los migrantes quejosos la condición de "estancia de visitante con permiso para recibir la remuneración en el país", mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición de estancia. Y agotada esa condición, el Instituto deberá determinar su situación migratoria definitiva. El alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias (hasta treinta y seis horas o menos) sólo se encontrará justificado (por perseguir una finalidad legítima) en cualquiera de los supuestos normativos previstos en la propia disposición, sin que sea posible su detención por cuestiones ajenas a las establecidas en el artículo 111 de la Ley de Migración. En caso de que se presenten dificultades fácticas, no atribuibles a las autoridades migratorias en aras de acelerar o concluir a la brevedad posible el procedimiento administrativo migratorio respectivo y que, por tanto, el alojamiento de los extranjeros en la estación migratoria a partir de su presentación, en ningún caso, debe exceder esa temporalidad. En caso de existir factores de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia del ingreso ilícito de personas migrantes a territorio nacional mexicano, las autoridades migratorias serán quienes definan la gravedad del riesgo que representa para la seguridad del país la circulación de los extranjeros de mérito dentro de su territorio, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento; para lo cual deberá hacer un análisis escrupuloso de las características personales de los afectados. Determinación administrativa que debe, fundada y motivadamente, bajo las siguientes premisas: Justificar que se trata de la implementación de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, al tenor de ese análisis. Demostrar que -en efecto- existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica la reclusión de las personas migrantes precisamente por conllevar ese riesgo. Las autoridades migratorias siempre deben tener en cuenta la posibilidad de utilizar medios menos invasivos de la libertad personal para alcanzar el mismo fin (la obligación de presentarse periódicamente en un lugar; la imposición de alguna fianza; o, cualquier otra serie de condiciones tendentes a evitar su fuga). Cuestión que deberá ser objeto de reevaluación periódica. ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN Por otra parte, respecto de la orden de deportación y/o expulsión, que se emita en contra de ******************** de nacionalidad ********************, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por cuanto hace a las autoridades responsables, para el efecto de que la orden de deportación y/o expulsión, que se emita en su contra no se ejecute y el quejoso quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo competente, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión. Así, prevéngase a las autoridades en cuestión para que de manera inmediata se abstengan de llevar a cabo el acto mencionado en contra del referido quejoso, en los términos indicados. En el entendido, que para las suspensiones aquí decretadas las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Migración, deberán respetarle los derechos siguientes: Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndole tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero arriba citado, a hombres y mujeres; Mantener a los menores de edad preferentemente con su progenitora, salvo que por su integridad requiera de un alojamiento especial; Procurar la convivencia familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Asimismo, le deberá hacer saber que tiene el derecho de ser asistido por las autoridades consulares de su país en caso de que así lo solicite. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra de los precitados quejosos. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que los peticionarios de amparo fueran deportados o retornados a su país de origen, trayendo como consecuencia que se les ocasionara daños y perjuicios de difícil reparación, pues provocaría en ellos una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Si bien, la parte quejosa manifiesta que no puede estar privado de su libertad, debe decirse que, en caso de estar sujetos a un procedimiento administrativo, para resolver su situación migratoria, deberán estar a lo previsto en la hipótesis antes mencionada. Ello, pues la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". Por tanto, las autoridades administrativas se encuentran en aptitud de ejercer sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. ACTO RELATIVO A LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Por otro lado, en relación a la petición del quejoso en el sentido de que se conceda el libre tránsito sobre el territorio mexicano; se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR; puesto que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Empero, el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Dicho precepto 11 es del tenor siguiente: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." En el caso, la Ley de Migración, es la encargada de regular la política migratoria, con un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Las disposiciones de la Ley de Migración son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Por lo que al haber una disposición de orden público y de interés social, que regula la política migratoria, y por corresponder dicho acto jurídico administrativo a la autoridad migratoria, es de negarse la medida cautelar, por contravenir el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Lo anterior se determina de esta manera, reiterando que ya se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto a los actos privativos de libertad, incomunicación, deportación y traslado a una diversa estancia migratoria, en términos de los numerales 126 y 160 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" EXHORTO Toda vez que el promovente aduce que el directo ******************** de nacionalidad ********************, pudiera encontrarse en la Estación Migratoria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y dado que dicha dependencia migratoria se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. Con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), en relación al 27, fracción II y 116 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; gírense atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea o interconexión, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, toda vez que se encuentra de guardia. Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y de la Justicia Federal, comisione a cualquiera de las personas actuarias judiciales de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables Estación Migratoria, dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en que corresponda y notifique la presente determinación al quejoso; además, para que a través de sus sentidos de fe del estado físico y condiciones en que se encuentre, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requiera al directo quejoso ******************** de nacionalidad ********************, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifiesten SI RATIFICA O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. En ese sentido, se apercibe al promovente********************, que en caso de no localizar al directo quejoso, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda instada en favor de los directos quejosos. Asimismo, haga entrega a la autoridad responsable de los oficios correspondientes con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que al efecto se adjuntan en la comunicación oficial que se envía, a la cual se anexa copia de la demanda de amparo, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe de suspensión de plano, relativo a los actos que reclama la parte quejosa. Por lo anterior, el actuario judicial del Juzgado de Distrito exhortado deberá: Entregar los oficios dirigidos a las autoridades responsables. Requerir a las autoridades responsables proporcionen un correo electrónico, y número telefónico fijo, o en su caso un número de teléfono celular o cualquier medio de comunicación electrónica eficaz, que permita el acceso directo a ella. Hacer saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir el oficio respectivo aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de ******************** (********************); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. Inclusive, se faculta al actuario de la autoridad exhortada, para testar en caso de error de la designación de las autoridades responsables a quien van dirigidos y subsanarlo con el nombre correcto de la dependencia, lo anterior, para no incurrir en dilaciones innecesarias, atendiendo a la naturaleza del presente juicio. En términos del artículo 21 Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a ese Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Realizado lo anterior, devuelvan las constancias inherentes a la mayor brevedad. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se ordena a las autoridades responsables, así como a las personas subordinadas a éstas y a quienes se encuentren encargadas de la mesa de guardia, para que permitan al actuario judicial adscrito el acceso a las instalaciones de los lugares donde probablemente se encuentra detenido el quejoso ******************** de nacionalidad ********************, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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