Óscar Leoncio Lorenzo Silva

Expediente 212/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
212/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Óscar Leoncio Lorenzo Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de febrero del año en curso en el recurso de queja 261/2018 de su índice, de cuyo contenido se advierte que el referido tribunal colegiado declaró infundado el recurso interpuesto por ***********************, por su propio derecho y en representación de su hija menor ******************* en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por virtud del cual se desechó la demanda de amparo planteada. Al respecto, este juzgado de distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes; además, acúsese el recibo de estilo respectivo.  Archivo Por otra parte, toda vez que de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por , por su propio derecho y en representación de su hija menor , háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por, por su propio derecho y en representación de su hija menor, en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho que determinó desechar la demanda de amparo intentada; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 7654/2018 signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído del tres de los actuales, dictado en autos del recurso de queja 261/2018, de su índice, de cuyo contenido se advierte que se avocó al conocimiento del recurso promovido por la parte quejosa y lo admitió a trámite, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a decretar la suspensión del procedimiento, dado que el acuerdo recurrido es el correspondiente al desechamiento de la demanda de amparo en el presente asunto.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de expresión de agravios de la parte quejosa ***, por propio derecho y en representación de la menor ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo propuesta. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo y los artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Remítanse a la superioridad los agravios originales. Agréguese una copia de los agravios a este expediente. Remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo indirecto, en vía de informe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para agilizar el trámite, la integración y la resolución del recurso de queja y, con ello, garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, dado que el escrito registrado con número de folio 885, se encuentra dirigido a los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, remítase como anexo a la copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; no obstante ello, se ordena agregar copia certificada de la mencionada promoción, así como del anexo relativo. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho y en representación de la menor ***, contra los actos que reclama de diversos integrantes del Congreso de la Unión. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 212/2018-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva del hecho consistente en que los actos que reclama no afectan, en este momento, su esfera jurídica. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... En relación con lo anterior, es menester señalar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo, únicamente podía ejercer la acción de amparo aquella persona a quien perjudicara en sus intereses jurídicos el acto o ley reclamada, entendiéndose que existe tal perjuicio cuando hay una afectación personal y directa a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve vulnerado por el acto de autoridad que reclama la parte quejosa. Tal presupuesto procesal de la acción de amparo se mantuvo incólume hasta la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once, ya que a partir de dicha reforma, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoció que la acción de amparo se podría promover tanto por el titular de un derecho, como por aquel que tiene interés legítimo individual o colectivo, quedando dicha disposición en los términos siguientes: ... La lectura del numeral constitucional de mérito revela que la aptitud para promover el juicio de amparo en contra de actos distintos a los provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existirá en dos casos, a saber: a) Cuando el acto afecte directamente la esfera jurídica del quejoso -noción que se hermana a lo que tradicionalmente se había tenido sobre interés jurídico-; o bien, b) Si el acto afecta al quejoso en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, también llamado interés legítimo, sea individual o colectivo. De lo anterior se tiene, en primer lugar, que conforme a la nueva redacción del Texto Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía-, sino que ahora se ha contemplado que también pueda ejercerse por quien sólo resiente afectación en sus intereses legítimos. Supuestos Jurídicos que se plasmaron en el artículo 5 fracción Primera de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso. Entonces, con base en estas premisas argumentativas, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos a los artículos 1 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará si la parte quejosa no acredita una afectación a sus intereses jurídicos o bien legítimos, pues sólo de esa manera puede armonizarse el contenido de ese numeral con las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, en relación con actos distintos a los meramente jurisdiccionales. Ahora, en relación con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de garantías requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. Mientras que la segunda hipótesis de procedencia, es decir, la afectación a los intereses legítimos del particular, no ha sido materia de gran desarrollo jurisprudencial a propósito del juicio de amparo ya que, se insiste, su incorporación es novedosa; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha pronunciado en torno a los contornos de esta institución jurídica referidos al juicio contencioso administrativo, argumentos que son útiles para entender el alcance que debe darse a la disposición constitucional que se ha comentado. Así, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: a) Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados; b) Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad; y, c) Que la potencial anulación del acto de autoridad, produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Incluso, conviene precisar que es necesario el análisis sobre la existencia de tales elementos para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, pues necesariamente se requiere la afectación de derechos objetivos en agravio de los quejosos. Es aplicable al caso, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emanó al resolver la contradicción de tesis 553/2012, que establece lo siguiente: ... Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la autoridad responsable, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la presentación de ciertas iniciativas que tienen como propósito reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la propia Constitución Federal; actos que, en este momento, no causan afectación alguna a su esfera jurídica, atento a los siguientes razonamientos. Para demostrar tal aserto, es conveniente traer a colación lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, que respectivamente establecen lo siguiente: ... Del análisis de los preceptos transcritos, así como de otras disposiciones constitucionales que resultan aplicables, se desprende, en lo que interesa a este estudio, lo siguiente: a) El Poder Legislativo federal es ejercido por el Congreso de la Unión, que se divide en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores; b) En el artículo 73 se establecen las facultades que corresponde ejercer a ambas Cámaras del Congreso; c) En los artículos 74 y 76 se establecen las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y del Senado; d) El artículo 71 autoriza iniciar el procedimiento legislativo al Presidente de la República, a los Diputados y a los Senadores que componen el Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados, así como a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores; e) El artículo 72 señala que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, como es el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponde a la de Diputados, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones; y Una vez explicadas algunas de las particularidades del proceso legislativo, es importante destacar que la iniciativa de ley o decreto, como causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer y atender las necesidades que requieran cierta forma de regulación, fija de alguna manera el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma. Sin embargo, por virtud de la potestad legislativa que tienen los legisladores para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden cambiar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate. Sirven de apoyo a las consideraciones que han quedado plasmadas, los siguientes criterios del tribunal constitucional del País: ... Tal como se advierte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal se desprende que, no obstante la iniciativa de ley origina el proceso de creación de una norma, su presentación no vincula de ninguna forma el dictamen que emita la Comisión encargada de su análisis, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que efectúen los integrantes del Congreso de la Unión, toda vez que los legisladores pueden resolver en sentido negativo respecto de la iniciativa presentada. De igual forma, el Alto Tribunal ha reconocido que no existe obligación establecida constitucionalmente que implique una correspondencia entre las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y las iniciativas que les dieron origen, toda vez que éstas no habrían sido contempladas por el Constituyente como elementos de validez de las leyes, razón por la que no existe impedimento alguno para que los legisladores se aparten de las razones o motivos considerados en la iniciativa, lo que a su vez les permite modificar lo propuesto, sin importar que se obtengan alcances o efectos distintos o, incluso, contrarios a los expresados en la exposición de motivos. En consecuencia, dado que una iniciativa de ley tan solo representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, su presentación no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate. Lo anterior, en virtud de que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa mediante un dictamen adverso, o bien a través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en esos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso, de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal que regulan el procedimiento legislativo. Esta postura se corrobora a partir del criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1334/98, en tanto determinó que los actos que integran el proceso legislativo constituyen una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo, por lo que no pueden quedar subsistentes o insubsistentes de manera aislada, debido a que son esos actos instrumentales los que, en conjunto, otorgan vigencia a la ley, tal como enseguida se advierte: "(.) Debe decirse que si bien es cierto que el contenido del precepto legal anterior no consagra expresamente a la iniciativa de leyes o decretos dentro de la enunciación de los actos atribuibles a las autoridades responsables en amparo, esta Suprema Corte ha sostenido que, tratándose del proceso legislativo, los actos que lo integran constituyen una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador en el juicio de garantías, por lo que no pueden quedar subsistentes o insubsistentes de manera aislada, debido a que son esos actos instrumentales los que, en conjunto, otorgan vigencia a la ley, siendo que la impugnación de los posibles vicios de inconstitucionalidad es reclamable no sólo del Poder Legislativo que la expidió, sino también contra las autoridades que participaron en su promulgación, publicación y refrendo del decreto promulgatorio respectivo, por haber llevado a cabo los actos necesarios para la vigencia del ordenamiento general. ... Las consideraciones precedentes revelan que el contenido del artículo 11 de la Ley de Amparo es meramente enunciativo y no limitativo, porque para considerar susceptible de impugnación en amparo un acto de autoridad, y por ende atribuir a ésta el carácter de responsable, basta con que su emisión o ejecución produzca una afectación en la esfera jurídica del gobernado, que lo autorice a ejercer esta acción constitucional, independientemente de la denominación que los ordenamientos le otorguen al acto respectivo. Ejemplo palpable de lo anterior son los criterios que este Alto Tribunal ha emitido respecto del refrendo del decreto promulgatorio de los ordenamientos legales, acto que no se encuentra expresamente señalado en el artículo 11 de la Ley de Amparo y que, sin embargo, no ha impedido el examen de los posibles vicios de inconstitucionalidad que se han atribuido a las autoridades que lo llevan a cabo, tal y como se advierte de las tesis jurisprudenciales que aparecen en la aludida Compilación de 1995, Tomo I, páginas 263 y 265, que respectivamente dicen: ... En el caso concreto de las iniciativas de leyes, el Pleno de esta Suprema Corte también ha procedido al análisis de la constitucionalidad de actos emitidos dentro del proceso legislativo relacionados con aquéllas, en juicios de amparo contra ordenamientos generales, como puede constatarse del contenido del criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Primera Parte, página 58, que literalmente consagra: ... En tal virtud, debe concluirse, contrariamente a lo que propone la autoridad recurrente, que por el hecho de que el artículo 71 de la Constitución asigne en favor del Presidente de la República la potestad de iniciativa de leyes, tal situación implique que no pueda considerarse ésta como un acto impugnable a través del juicio de garantías, en razón de que, al formar parte inicial y esencial del proceso de creación de la reforma constitucional, por cuanto a que es ahí donde se propone al órgano legislativo su intervención a través de la predeterminación de las normas jurídicas, que pueden o no ser aprobadas, los posibles vicios en el ejercicio de esa facultad son susceptibles de examinarse en este medio de impugnación. Asimismo, con base en las jurisprudencias citadas al inicio de este considerando, es de concluirse que el hecho de que la iniciativa forme parte del proceso legislativo de la reforma es razón suficiente para atribuir el carácter de responsable a la autoridad o autoridades que participaron en ella, motivo por el cual no resulta exigible a la Juez de Distrito que abundara en mayores razones para arribar a la conclusión anterior, como se pretende en los agravios, los cuales deben por ende declararse infundados. Además, con independencia de los razonamientos expuestos en relación con la aptitud de impugnar en amparo la constitucionalidad de la presentación de la iniciativa de reforma constitucional reclamada, debe decirse que del análisis del escrito de demanda se advierte que el quejoso no sólo atribuyó ese acto, en sus conceptos de violación, al Presidente de la República, sino también la emisión del decreto promulgatorio de la aludida reforma, situación que corrobora lo correcto de la determinación de la A Quo de tener como responsable a la citada autoridad." ... Como se ve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los actos que integran el proceso legislativo constituyen una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo; de ahí que no pueden quedar subsistentes o insubsistentes de manera aislada, debido a que son esos actos instrumentales los que, en conjunto, otorgan vigencia a la ley. Por lo tanto, contrario a lo que afirma la parte quejosa, no puede analizarse en forma aislada la presentación de ciertas iniciativas que tienen como propósito reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la propia Constitución Federal, dado que los actos que integran el proceso legislativo constituyen una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo, ya que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley y, por lo tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de amparo. De ahí que la iniciativa, expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada. Cabe precisar que esta conclusión no implica que eventualmente no se pueda sujetar al control constitucional una iniciativa de proyecto de ley o decreto, pues si bien un acto de esa naturaleza no vincula a legislar en el sentido en ella propuesto, tal circunstancia no implica que las Cámaras tanto de origen como revisora, en el ejercicio de las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puedan apartarse, sin justificación alguna, de la temática propuesta y legislar sobre otros tópicos ajenos o diversos de la materia de que se trate, ya que encuentran su justificación y medida en la propia moción sujeta a debate que les permitirá, una vez discutida, inclusive adicionarla con otros temas relacionados con ella, pero a condición de que esa iniciativa se cuestione como parte integrante del proceso legislativo que hubiera concluido con la promulgación de una ley y no en forma aislada. Bajo ese panorama, es inexacto que la parte quejosa pretenda sustentar la procedencia de esta acción constitucional en el criterio que deriva de la tesis P. LXIV/99 del Pleno del Alto Tribunal [antes transcrita], pues si bien en ese precedente se concluyó que las iniciativas de leyes y decretos son impugnables mediante el juicio de amparo, lo cierto es que en ese caso no se impugnó una iniciativa de ley en forma aislada, sino como parte del proceso legislativo que concluyó con la emisión del decreto de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, por virtud del cual se ordenó la promulgación y publicación de las reformas constitucionales impugnadas; de ahí su inaplicabilidad al caso concreto. Por lo tanto, dado que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la presentación de ciertas iniciativas que tienen como propósito reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la propia Constitución Federal; actos que, en este momento, no causan afectación alguna a su esfera jurídica, la parte quejosa no puede instar la acción de amparo, por carecer de interés para ello. Esta conclusión también se aproxima, por identidad de razones, al criterio que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que durante el periodo de vacatio legis, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que, por lo mismo, no puede obligar a los particulares a cumplirla, tal como sucede cuando se reclama en forma aislada una iniciativa de ley. ... En otro sentido, no se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el análisis para determinar la existencia del interés jurídico es materia de prueba dentro del trámite del juicio de amparo, a fin de que el quejoso esté en aptitud de demostrar la titularidad del derecho subjetivo que alega tener, así como el perjuicio que le causa el acto reclamado, lo que tiene como propósito que no quede en estado indefensión al no poder demostrar su dicho. Sin embargo, aun cuando la parte quejosa aportara pruebas en el sumario del juicio no podría cambiar la situación que impera en relación con los actos impugnados. En efecto, resulta claro y evidente que en el caso no existe posibilidad de que la parte quejosa en el curso del procedimiento acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos e incluso legítimos, dado que la improcedencia del juicio de amparo no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el curso del procedimiento y, por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. ... Por otro lado, este órgano jurisdiccional no desconoce que ***, manifestó que promovía esta acción de amparo en representación de la menor ***, lo cual no quedó acreditado con documento idóneo, en tanto exhibió copia simple del acta de nacimiento correspondiente; con independencia de ello, aun cuando pudiera aplicar a favor de la menor involucrada la suplencia de la queja, lo cierto es que tal institución procesal operaría solo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio. En tales condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de la menor ***. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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