Oscar Kalid Vázquez Pomposo
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Kalid Vázquez Pomposo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. No existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de veintisiete de enero del año en curso, se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto sobreseído, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes dela Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente asunto no se formó incidente de suspensión. Ley de transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pondrán a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Oscar Kalid Vázquez Pomposo, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el cuarto considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin dictar mayor proveído el sobre que contiene el oficio 1439/2023, dirigido a la autoridad responsable 2. Jefe de Grupo de Ciudad Ixtepec, Oaxaca de la Agencia Estatal de Investigaciones de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, devuelto por el Administrador de Correos, toda vez que en acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, se le tuvo rindiendo su respectivo informe justificado. Cúmplase
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que estén en aptitud de imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Comandancia Ciudad Ixtepec, con sede en Juchitán, Oaxaca (en su denominación correcta), acordado en veinticuatro del actual, para efectos de preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estimen pertinentes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; fijándose para su celebración las once horas del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 257 fracción II, del mencionado acuerdo. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Al caso se invoca la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1451 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5 (abril de 2014), Tomo II, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Asimismo, se invoca en apoyo la tesis I.5º.C.2.K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204616 y cuyo tenor literal es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.- El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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