Óscar Juárez Davis
Expediente 190/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/05/2023
Partes del expediente
- Edgar Becerril Gómez
- Óscar Juárez Davis
- Javier Benitez Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Amparo en revisión
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.
- Queja
1. Visto el oficio de cuenta del índice de la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, la magistrada instructora por ministerio de ley de la tercera ponencia de la citada sala acusa recibo del oficio 1674-II-2, por el que se le hizo de su conocimiento el auto de cinco de octubre del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa; asimismo, informa que en cumplimiento a dicha resolución dejó insubsistente el proveído de veinte de septiembre del año en cita, dictado en el juicio de nulidad 684/20-11-01-3-OT, de su estadística. De lo que toma conocimiento esta presidencia, para los efectos legales a que haya lugar.
- Queja
1. Visto el oficio de cuenta del índice de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual informa, en lo que interesa, que decretó la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio de amparo directo 244/2021, de la estadística de este tribunal colegiado, hasta en tanto se resuelva el aludido juicio uniinstancial. 2. En atención a lo anterior, requiérase a la sala oficiante para que en cumplimiento al auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja en que se actúa, deje expresamente insubsistente el proveído de veinte de septiembre del año en cita, dictado en el juicio de nulidad 684/20- 11-01-3-OT, lo anterior, a fin de no dejar en estado de incertidumbre jurídica a la parte recurrente, para los efectos legales conducentes. 3. Visto el escrito electrónico de cuenta, de Martha Patricia González Pérez, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del recurrente, Óscar Juárez Davis, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones; en atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la citada parte, que se deberá estar a lo acordado en el presente proveído.
- Queja
1. Visto el escrito electrónico de cuenta, de Martha Patricia González Pérez, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del recurrente, Óscar Juárez Davis, mediante el cual, solicita se aclare el auto de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en el recurso de queja en que se actúa, pues, manifiesta, en lo que interesa, que dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en el presente recurso de queja, respecto de exhibir ante la autoridad exactora la garantía fijada por la cantidad de $804,804.46 (ochocientos cuatro mil ochocientos cuatro pesos 46/100 moneda nacional), decretada por este órgano colegiado. 1 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: [.] VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. 2. Vista la certificación de cuenta, en la que se hizo constar que, si bien en el escrito electrónico recibido en la oficialía de partes común de este tribunal colegiado, el diecisiete de septiembre siguiente, la citada promovente adjuntó diversas constancias, entre otras, un billete de depósito con número S 628655, así como un diverso escrito signado por la referida parte que contiene un sello de recepción de la oficialía de partes de las salas regionales norte este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cierto es que éstos se presentaron de forma digitalizada sin que la aludida parte manifestara, bajo protesta de decir verdad, que los documentos son copia íntegra e inalterada de los impresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VI del Acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 3. En esas condiciones, al dictar el auto de veintidós de septiembre del año en curso, en el recurso de queja en que se actúa, esta presidencia no tenía la certeza jurídica de que las constancias referidas en el párrafo que antecede se hubieran presentado en original ante la autoridad responsable; motivo por el cual, se indicó a la promovente que debía presentar el original del billete de depósito ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que pudiera surtir sus efectos la suspensión del acto reclamado que solicitó en el juicio de nulidad de origen. 4. Sin embargo, como la sala administrativa de origen, mediante el oficio de cuenta 11-1-3-39917/21, informó, en lo que interesa, que la parte actora, Oscar Juárez Davis, compareció a garantizar el interés fiscal de la resolución reclamada a través del billete de depósito S 628655, expedido el trece de septiembre del año en curso, por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo; por lo que decretó la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 684/20-11-01-3-OT; incluso informa que esa medida cautelar se concedió, únicamente, por la cantidad de $804,804.46 (ochocientos cuatro mil ochocientos cuatro con cuarenta y seis centavos moneda nacional), exhibida con el billete de depósito aludido, pues la multa determinada en la resolución reclamada asciende a $24,144,134.07 (veinticuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos, siete centavos moneda nacional), de modo que, con la cantidad exhibida no cubre la totalidad de la multa impuesta en esa resolución, por lo que respecto a la cantidad restante, su eficacia queda condicionada hasta que la parte actora garantice el restante de la totalidad del crédito fiscal impugnado, ante la autoridad exactora. 5. Por consiguiente, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre las manifestaciones de la parte recurrente, porque como se dijo en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, es la sala responsable la autoridad encargada de conocer sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo. 6. No obstante lo anterior, la sala administrativa responsable indebidamente concedió la suspensión a la parte actora, únicamente, por la cantidad de $804,804.46, condicionando su eficacia hasta que la citada parte garantice el monto restante de la totalidad del crédito fiscal impugnado, cuando en los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el recurso de queja en que se actúa, no se condicionó la medida cautelar en los términos precisados, pues, en dicha ejecutoria se ordenó lo siguiente: "[.] Lo anterior, supondría que el monto de $24'144,134.07 (veinticuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos, siete centavos moneda nacional).puede ser dividido en partes iguales entre los responsables, para el único efecto de determinar el monto de la garantía, por lo que cada uno estaría obligado a pagar la cantidad de $8'048,044.67 (ocho millones cuarenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos con sesenta y siete centavos 67/100 moneda nacional); cantidad que incluso, si se pretendiera garantizar a través de los medios previstos en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, pudiera resultar igualmente inaccesible. Tomando en cuenta lo anterior, es que este tribunal colegiado, de manera discrecional, con el fin de salvaguardar el interés fiscal y no desatender lo manifestado por el recurrente, fija el diez por ciento del monto total que equitativamente le tocaría al recurrente, para el único efecto de fijar la garantía, lo que da como resultado la cantidad de $804,804.46 (ochocientos cuatro mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta y seis centavos). Cantidad que deberá exhibir ante la autoridad exactora, en un plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente sentencia. Es importante enfatizar que dicha cantidad puede ser garantizada en cualquiera de las formas previstas por la ley, tales como el depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la prenda o hipoteca, fianzas otorgadas por instituciones autorizadas, obligación solidaria de un tercero, embargo en la vía administrativa o a través de títulos valor o cartera de créditos de la propia parte contribuyente. Asimismo, es exigible tal garantía porque el Estado, al ser el beneficiario de la responsabilidad resarcitoria fincada al inconforme, tiene interés en que se garanticen los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la concesión de la medida cautelar, en caso de que no se otorgue el amparo. Así, la suspensión decretada en el proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, surtirá sus efectos, al momento en el que el recurrente exhiba la garantía que se fija en la presente. Finalmente, es necesario precisar que se fija un monto diverso al establecido en la responsabilidad resarcitoria, atendiendo a las manifestaciones formuladas por el quejoso en cuanto a que el monto total de la resarcitoria rebasa su capacidad económica ya que, por tratarse de un aspecto relacionado con la suspensión, en este momento no se dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo alegado por el recurrente. [.]" 7. En esas condiciones, se requiere a la sala administrativa del conocimiento, para que atienda estrictamente a los lineamientos fijados en la ejecutoria transcrita parcialmente en líneas precedentes y no requiera al promovente que garantice en su totalidad el monto de la responsabilidad administrativa resarcitoria que se le fincó, precisamente porque en la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, se explicaron las razones por las cuales, discrecionalmente, la cantidad a garantizar debía ser esa y no una mayor, de suerte que al desconocerlo, la sala está yendo más allá y se está apartando de los términos puntuales de la ejecutoria donde se modificó el monto de la garantía para que el quejoso tenga acceso a la medida cautelar solicitada. Por ese motivo, habrá de dejar insubsistente esa decisión y dictar una nueva determinación en la que acate íntegramente la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal en el presente recurso de queja. Cabe mencionar que se toma esta decisión, en virtud de que contra el acuerdo de la responsable a que se ha hecho referencia con antelación, donde nuevamente condiciona la eficacia y efectividad de la suspensión a que el actor garantice en su totalidad el monto de la responsabilidad administrativa resarcitoria, a pesar de lo decidido por este órgano colegiado, no procede el recurso de queja que contempla el artículo 97 de la Ley de Amparo, de modo que, para no dejar en estado de indefensión al inconforme, la responsable debe ajustar su proceder a los lineamientos de la ejecutoria pronunciada el veinte de agosto del año en curso, en este recurso de queja; hecho lo anterior, remita copia certificada de la resolución que dicte en cumplimiento a la citada resolución. Notifíquese por lista electrónica; electrónicamente a la parte recurrente; y, por oficio a la sala administrativa del conocimiento. Cúmplase. Así lo proveyó y firma la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos, que da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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