Oscar Juarez Angel
Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Juarez Angel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA I "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además porque el quejoso se encuentra recluído en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: 1.- La convocatoria al concurso de oposición para la designación de secretarias y secretarios instructores de los juzgados labores de fecha de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La Consejera Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, al rendir su informe justificado niega el acto reclamado; sin embargo, realiza manifestaciones de certeza que evidencían su certeza. El Presidente del Pleno y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aceptaron la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro IUS: 395571). Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes" (Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero, de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro IUS: 208448) Asimismo, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales (pleno, jurisprudencia número 228, Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice Jurisprudencia SCJN, página 186). Ahora bien, las autoridades responsables Presidente del Pleno y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado hacen valer las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta FUNDADO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA citado en primer término. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por otro lado, el artículo 5, fracción I, y 6º, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. En otras palabras, existe interés jurídico cuando el peticionario tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que lo facultan para solicitar que se respeten sus derechos cuando estime que han sido vulnerados por un acto de autoridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publica en la página 35, Número 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1992, Octava Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Del anterior criterio, se obtiene que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/87, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Julio - Diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". (Lo resaltado no es de origen) Además, cabe precisar que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2ª./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Número 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1994, Octava Época, que indica: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)". El análisis minucioso y armónico del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo solamente se solicita por la parte que dice ha sido agraviada en su derecho subjetivo o de un interés legítimo individual por el acto de autoridad o por una ley o norma general, como lo dispone el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Entonces, no es suficiente que quien ejerce la acción de amparo acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de garantías, para poder concluir, que se afecta su esfera jurídica: sino que es necesario que pruebe fehacientemente ser el titular del bien o derecho que defiende para poder estimar que el acto reclamado le ocasiona el agravio personal y directo que surte la procedencia del juicio de garantías. Fortalece lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se localiza en la página 412, que dice: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Luego, es necesario establecer que para promover un juicio de garantías, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así se aprecia de la jurisprudencia 854, visible en la Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 854, Página:582, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que omitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten los derechos humanos o derechos sustantivos otorgados por la Constitución Federal que han sido infringidos, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Consultable en la página 35, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. Sobre el particular surte aplicación la tesis de jurisprudencia número XX. J/14, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Consultable en la página 148, tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." Asimismo, cobra aplicación el criterio número IV.2o.1 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Publicado en la página 378, tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." En abono a lo expuesto, el interés jurídico al que nos venimos refiriendo, se vincula con uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Del numeral que se trasunta, artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. En el presente juicio de amparo se reclama: La convocatoria al concurso de oposición para la designación de Secretarias y Secretarios instructores de los Juzgados Laborales. De las constancias que anexó el quejoso a su demanda de amparo, las que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte que acredite que cuenta con interés jurídico. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de convocatoria combatida, se advierte que no le genera por sí misma, un perjuicio que sea susceptible de traducirse en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque solamente es una invitación a los interesados para participar en la convocatoria al concurso de oposición para la designación de Secretarias y Secretarios instructores de los Juzgados Laborales. Por ende, ese documento constituye una invitación, y no una imposición u obligación, razón por la que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa, causándole perjuicio, o le constituya un derecho en su favor que de alguna manera se vea vulnerado. Es decir, la autoridad responsable convoca a los aspirantes a concursar para acceder al puesto de secretario instructor en un Juzgado Laboral; por lo que de la citada convocatoria no se deriva alguna consecuencia jurídica inmediata en perjuicio del quejoso, sino solo es una invitación a participar en el concurso citado, por lo que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica de la promovente, al no ocasionarle ningún perjuicio real, directo y objetivo en su persona, patrimonio y derechos, pues no está obligado a participar. Lo anterior, porque la invitación restringida a participar no obliga ni le impone carga alguna, razón por la que no se transgrede ningún derecho tutelado. En todo caso las convocatorias relativas son invitaciones para ciertos fines y se aceptan o no; de manera que no puede obligarse al convocante a realizar un llamamiento para satisfacción de todo el público. De estimar lo contrario, se llegaría al extremo de impugnar las convocatorias a los concursos; y, adaptarlas a las necesidades de cada participante, lo cual haría retardados y costosos los procesos y además limitaría a la convocante, quien es la que tiene los conocimientos y elementos necesarios sobre el tema. De lo que se concluye, que los actos reclamados de ninguna manera implica una afectación de manera particular, individual, real, concreta y objetiva en contra del peticionario de amparo, esto es el tipo de llamamiento, no le irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni le causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, el acto que aquí se combate no está dirigido a afectar directamente los derechos de la parte quejosa, en tanto que la posibilidad de participar, solo le genera una expectativa de derecho. En esa medida, para que un particular se encuentre legitimado a impugnar los actos derivados de la convocatoria al concurso de oposición para la designación de Secretarias y Secretarios instructores de los Juzgados Laborales, es menester que sea invitado de manera expresa e inequívoca a dicho concurso y no como en el caso, que se hizo al público en general que contara con los requisitos reqeridos y si se aceptan las condiciones plasmadas en la misma se inscriben para participar. De ahí que el hecho de que el quejoso cuente con la calidad de abogado y con los demás requisitos que refiere la convocatoria, no significa que en razón de tales circunstancias, la entidad convocante hubiese tenido que elegirla para la siguiente fase. Entonces, el caso versa sobre el no acreditamiento de un interés jurídico, cuya ausencia no es posible tutelar a través de la acción de amparo, que exige que el agravio cometido sea personal y directo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO respecto del acto consistente en la convocatoria al procedimiento de contratación mediante invitación de cuan Por consiguiente, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto precisado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de garantías individuales, esto es así acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Resulta innecesario el análisis de que si procede o no la causa de improcedencia hecha valer por la otra autoridad debido a que quedó actualizada la estudiada. Por otra parte, lo decidido no vulnera los derechos del quejoso, en virtud de que si bien, todas las autoridades están constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en específico, los órganos jurisdiccionales deben preferir la aplicación más favorable a los derechos del particular, eso no implica que las instancias propuestas por la parte accionante automáticamente deban resolverse conforme a sus intereses o permita eximirla de observar los requisitos de procedencia del juicio. Apoya lo anterior, la tesis n la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible a página 906, libro XXV, octubre de dos mil trece, tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". QUINTO. Transparencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por . SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número 31324/2021 de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y anexos que acompaña, por medio del cual no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional por los motivos que expone; por tanto, acúsese recibo del oficio y anexos que remite (original del juicio de amparo número 1018/2021 y original y duplicado del incidente de suspensión de dicho juicio de amparo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes y continúese con el trámite del presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que mediante auto de once del mes actual, fueron recibidos los informes justificados de las autoridades responsables Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término genérico de ocho días. Para dar margen a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Glósense a los autos los informes justificados que rinden el Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que mediante auto de veintinueve de octubre pasado, se declinó competencia a favor del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenándose remitir el presente juicio una vez que se encuentre debidamente notificado las partes del citado auto. Por tanto, se reitera al actuario de este juzgado encargado del presente juicio, realice la citada notificación, a fin de que el juez a quien se declinó competencia acepte o no la misma y acuerde en su caso, los informes justificados que se ordenan glosar en el párrafo precedente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Únicamente agréguese a los presentes autos el oficio con terminación número 4580/2021 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y el informe previo que rinde el Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que ya se dictó la interlocutoria correspondiente negándose la suspensión definitiva. CÚMPLASE.
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