Oscar Juan Solis Montenegro

Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
260/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Oscar Juan Solis Montenegro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa testimonio de la resolución del conflicto competencial 12/2018-I. Por lo que hace a la decisión del asunto, la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para conocer y resolver el juicio de amparo 662/2018-B de su índice, promovido por ********************; en consecuencia, remítase a dicho Juzgado las constancias que conforman el expediente relativo, así como copia certificada de la presente resolución para los efectos legales procedentes. SEGUNDO. Esta asunto no tiene relevancia documental en términos del último considerando." Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno auxiliar del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno auxiliar del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, formándose el expediente correspondiente bajo el número de conflicto competencial 12/2018-I; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. JUEZ NO ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA Agréguese para que obre como corresponda el oficio número 24452/2018, que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, mediante el cual hace del conocimiento que no comparte el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional en relación con la legal competencia declinada en su favor. Ahora, no obstante que el Juez no concurre con el criterio propuesto por el suscrito Juzgador, porque parte de la base que el acto reclamado es de naturaleza omisiva; en cambio, al respecto se considera necesario hacer especial énfasis en la exégesis que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para fines ilustrativos, se comparte la porción que interesa, a continuación (énfasis añadido): "Para poder determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo: "Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. "Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material." De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado y, éste, será necesariamente, el del lugar en que se encuentre la persona contra la cual se dictó dicha orden. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Así, se tiene que si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, misma que se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, no recibe respuesta de la autoridad administrativa, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías, un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario." En atención a las consideraciones expuestas, se insiste en declinar la competencia por las razones expuestas en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el presente juicio de amparo, promovido por ÓSCAR JUAN SOLÍS MONTENEGRO, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para la substanciación del conflicto competencial suscitado. Se solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. De igual modo, se hace del conocimiento de la Superioridad, que similares consideraciones fueron adoptadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, residente en Mexicali, al resolver el conflicto competencial número 1/2018. Finalmente, comuníquese la presente determinación a la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Marcelo Zatarain Díaz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho. SE RECIBE DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADA Agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito electrónicamente por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 115/2018-4A, el cual registró en su índice con el número de exhorto local 77/2018 y número de orden 144/2018, por lo cual, acúsese su recepción a la autoridad oficiante; y háganse las anotaciones condignas en el libro Cuatro relativo al registro de comunicaciones oficiales enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro contexto, téngase al quejoso ÓSCAR JUAN SOLÍS MONTENEGRO dando cumplimiento a la prevención formulada por auto de trece de abril de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar. SE DECLINA COMPETENCIA En diverso aspecto, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para seguir el conocimiento de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: Omisión de dar contestación respecto de solicitud de beneficio de libertad anticipada ante el Juez de Ejecución de Mexicali. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" Ahora bien, tomando en cuenta que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo III", con sede en Tecate, Baja California, debe aplicarse la primer hipótesis prevista por el artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 141/2004-PS, señaló: Que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, en virtud de que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva. Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, o en su caso nulificarla, y la autoridad correspondiente niega su tramitación, resulta claro que a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Que la resolución en que se niega el trámite para que el quejoso obtenga alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender o nulificar la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Consecuentemente, la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir o en su caso nulificar la pena de prisión, y que se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al existir una abstención de resolver su petición, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse el quejoso recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo III", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 54/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." Asimismo, se cita estima dable citar la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.

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