Oscar José María Campos García

Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Oscar José María Campos García

Actuaciones

  1. Principal

    (5) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de trece de abril de dos mil veintitrés (fojas 25 a 29), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (5) Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (5) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de CATORCE DE ABRIL DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE TRECE DE ABRIL... I. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito signado por *****, atento a su contenido, se le tiene desahogando la prevención realizada en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se provee lo siguiente: III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Establecido lo anterior, esta juzgadora estima se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción1 . De ahí que, previó a la interposición de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. - Caso concreto. Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte quejosa reclama la determinación dictada en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de ejecución ****, por el Juez Penal de Ejecución adscrito al Segundo Circuito Judicial en Tulancingo, Hidalgo, en el que desechó de plano la controversia de modificación a la pena promovida por el impetrante. Determinación contra la cual, la parte quejosa, tuvo a su alcance el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual, el acto que en esta vía excepcional se combate puede ser modificado o revocado. En efecto, para dilucidar la existencia del medio de defensa que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal2 , los cuales disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." De lo anterior, se colige que en contra de las resoluciones que desechen las solicitudes, dictadas por la autoridad judicial en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación. De ahí que, en contra de la determinación emitida por el Juez Penal de Ejecución adscrito al Segundo Circuito Judicial en Tulancingo, Hidalgo, de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la carpeta de ejecución ******* de su índice, mediante el cual, desechó de plano la controversia de modificación a la pena promovida por el impetrante -la cual constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo-, procede el recurso de apelación en términos del artículo antes precisado. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación indicado; en esas condiciones, el solicitante del amparo estaba obligado a agotar ese medio de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, y al no haber demostrado que lo hizo valer, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse observado el principio de definitividad. En mérito de lo anterior, es ineludible que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar la determinación combatida. Ello, pues se insiste, el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo (los que indefectiblemente deben entenderse referidos sólo a aquellos claramente procedentes en la ley respectiva). Se cita al respecto la tesis de jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De ahí que, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 447, visible en la página 297, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 312200, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Máxime que el acto que a través de esta vía excepcional se combate, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que el promovente sea persona extraña al procedimiento, y no se reclama un auto de vinculación a proceso. La causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con las manifestaciones vertidas por la promovente en su escrito de demanda, lo anterior con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente de amparo, expresadas en la demanda, las cuales constituyen una confesión que para esta juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo3 .

  4. Principal

    (3) Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de quince días con que contaba la parte quejosa para inconformase contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (fojas 129 a 131), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a las partes consintiendo el auto de referencia, en el que se declaró cumplido el fallo protector. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010987 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.) Página: 832 SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente así como en la carátula del expediente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha concedido el amparo pedido, por lo que de conformidad al numeral 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general en cita, es susceptible su depuración a partir del tercer año de la emisión de este auto, momento en que deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación ya depurado.

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