Oscar José López Juárez

Expediente 1245/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar José López Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito en línea firmado criptográficamente por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizado por la autoridad responsable. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el ocurso de cuenta. Atento a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones, las cuales serán valoradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual, informa que ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para lo cual, remite las constancias respectivas para acreditar lo manifestado. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el oficio y anexo de mérito. Asimismo, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio remitido por la autoridad responsable, CÓRRASE TRASLADO Y DESE VISTA a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deis de noviembre de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Oscar José López Juárez. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable 1. Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, se sirva dar cumplimiento a la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Dé contestación congruente por escrito a la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, relacionada con su pensión por jubilación, así como lo haga de su conocimiento." APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  4. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL... Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: Autoridad responsable Sentido del informe Acuerdo 1. Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad. Es cierto 06/09/2023 La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 1. Parte quejosa. Diversas documentales relacionadas con el acto reclamado, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. 10/08/2023 La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, El Secretario del juzgado hace constar que los formuló la parte quejosa en proveído de trece de septiembre del año en curso y en esta data, Al respecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos y por hechas sus manifestaciones, los cuales serán considerados en la presente resolución; por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, el secretario certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver, los autos del presente juicio de amparo número 1245/2023-IX, promovido por********************, y; R E S U L T A N D O: I.- De la demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y turnado el día siguiente,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se registró bajo el número 1245/2023-IX; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que el acto de omisión reclamado, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de éste juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido del análisis integral de la demanda: Del 1.-Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad. La omisión de admitir a trámite y notificar la respuesta a la petición presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, relacionado con su pensión por jubilación. Tercero. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado al 1. Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, consistente en la omisión de admitir a trámite y notificar la respuesta a la petición presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, relacionado con su pensión por jubilación, toda vez que así lo manifestó, el Titular de la Unidad Jurídica de esa Delegación al momento de rendir su informe justificado, en el sentido de que aún no se ha pronunciado en cuanto a la solicitud planteada por la parte quejosa. Por las razones que informa, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, registro 917812, de epígrafe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo anterior, se corrobora con las documentales que allegó el quejoso a su escrito inicial de demanda , consistente en el acuse de recibo de los ocursos cuya omisión de proveer se reclama, del cual se advierte que fue recibido por el Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Con ello se acredita que, ciertamente, la parte quejosa presentó el veinticinco de mayo del año en curso, ante la autoridad responsable, el escrito en el que formula su petición; y, por ende, la obligación de la responsable de dar contestación a esas solicitudes. Tiene aplicación, por las razones que informan, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 351, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, con número de registro 222606, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder. Cuarto. Estudio de causa de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el País, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. Quinto. Estudio de fondo. En términos de los artículos 74 a 77 de la Ley de Amparo, que rigen los requisitos de forma y fondo que deben contener las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, no se advierte que se requiera la trascripción de los conceptos de violación. Por ello, atento al principio de congruencia que debe cumplir toda sentencia, es suficiente con que se sinteticen los motivos de queja hechos valer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso, son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, por las razones que a continuación se expresan. El agraviado aduce en esencia, que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber respondido la petición que le formuló por escrito, tal como se advierte del acuse de recibo que anexó a su demanda de garantías, el cual data del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mismo no fue objetado por la responsable, por ende, crea convicción en la suscrita juzgadora, sobre la veracidad de la petición elevada por el quejoso a la autoridad. El derecho de petición consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8°, consiste en el derecho fundamental de toda persona a obtener respuesta a las peticiones que formule por escrito, en forma pacífica y respetuosa a las autoridades públicas; el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En dicho artículo constitucional se establece como garantía individual, el llamado derecho de petición, que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades, con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula. Así, el derecho de petición no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, ya que el derecho público subjetivo que consagra el anotado precepto, bien lo podríamos denominar derecho de respuesta o derecho de recibir respuesta, pues la Constitución otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace. En ese sentido, la riqueza del derecho de petición se manifiesta al constatar que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, al crear las fórmulas para garantizar a los segundos, la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. Desde esa perspectiva, el Estado -a través de sus funcionarios o empleados- está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formulen los gobernados, al tenor de los requisitos que enseguida se precisan: a) Toda petición que se haga a la autoridad debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. c) Dicho acuerdo debe comunicarse al peticionario en un plazo breve. En ese orden de ideas, una autoridad cumplirá con la obligación que le impone el mencionado precepto de respetar el ejercicio del derecho de petición, cuando dicte un acuerdo, por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Asimismo, no basta con el dictado del acuerdo respectivo, sino que el artículo 8° constitucional, también impone la obligación de hacerlo del conocimiento del peticionario en breve plazo; de modo que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud respectiva, es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo de que se trata. En relación con los elementos o presupuestos que integran el respeto al ejercicio del derecho de petición, es importante mencionar que la obligación de la autoridad de emitir un acuerdo no se cumple con el dictado de éste, sino que de conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 8°, ha llevado a la conclusión de que la respuesta relativa debe atender de manera completa y coherente a lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo congruentemente lo planteado y notificarlo al gobernado. En el caso,********************, presentó un escrito de petición el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, de cuya lectura destaca que solicitó medularmente, entre otras cosas, el incremento de la cuota diaria de su pensión de jubilación, así como el pago de la cantidad que resulte por concepto de diferencias a su favor por las mensualidades de su pensión por jubilación, conforme a lo dispuesto por el artículo 57, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a la fecha de su jubilación. De lo expuesto en el párrafo que antecede, se evidencia que el ahora quejoso realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa a la autoridad responsable, pues no se advierte que hubiera formulado expresiones injuriosas ni ofensivas en perjuicio de la responsable, que pusieran en entre dicho su calidad, veracidad y honor, ni que buscaran ridiculizar su actuación de ninguna forma. Aunado a lo anterior, se acredita que la petición en comento se presentó ante la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, es inconcuso que se demuestra el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8° constitucional para ejercer el derecho de petición, por parte del promovente, sin que la autoridad responsable haya acreditado haber dado respuesta a la petición planteada. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 77, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, con número de registro 911010, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Al respecto, se precisa que no obstante que la aludida dependencia recibió la petición desde el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte del original del sello de recepción, la autoridad responsable no acreditó haber emitido por escrito el acuerdo correspondiente y, por consiguiente, tampoco demostró haber comunicado al quejoso esa contestación, lo que evidencia que incumplió con la obligación constitucional que le impone el numeral 8° constitucional, pues a la fecha han transcurrido más de cuatro meses, desde que fue formulada, sin que hubiese obtenido respuesta en un breve término. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 318, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, con número de registro 218148, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: DERECHO DE PETICIÓN. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUAL ES AQUÉL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud. De igual forma, por su contenido la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, Volumen LXXXI, Tercera Parte, con número de registro 266384, Sexta Época, del 266384, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario. Consecuentemente, la abstención en que incurre la responsable implica trasgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución General de la República, lo que impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exige. En la inteligencia, que si bien el artículo 8º constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido, ello no implica necesariamente que se resuelva en determinado sentido; ni que la autoridad se exima de cumplir y observar en todo momento lo previsto en el artículo 16 constitucional al emitir la respuesta correspondiente. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 130, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XI, Abril de 1993, con número de registro 216689, Octava Época, que dispone: PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. Sexto. Efectos de la sentencia De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Por su parte, el artículo 77, fracción II, de la citada ley, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija. Por tanto, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el 1. Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: Dé contestación congruente por escrito a la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, relacionada con su pensión por jubilación, así como lo haga de su conocimiento. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la solicitud del quejoso, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la misma. Séptimo.- Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa********************, contra el acto reclamado al 1.-Subdelegado de Prestaciones Económicas en la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando del presente instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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