Oscar José Hernández Esparza

Expediente 251/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
251/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapecuaro, Michoacán
  • Oscar José Hernández Esparza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que este asunto se encuentra totalmente concluido, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de abril de dos mil veintiuno y por auto de veinticinco de junio siguiente, se declaró cumplida. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veinte de julio de dos mi veinte, por una parte se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados y, por otra, se concedió esa medida suspensiva. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4.2 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, dentro de los autos del juicio 251/2020, llevara a cabo lo siguiente: A) Dejar insubsistente el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, únicamente en las porciones materia de análisis de esta ejecutoria- B) Dicte otra determinación en la que, de manera fundada y motivada exprese las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas del caso en concreto que haya tenido en cuenta respecto de la capacidad económica del deudor, aquí quejoso [fracción II del artículo 462 del Código Familiar del Estado de Michoacán] para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional a su cargo. En su caso, con base en el numeral 464, fracción I, del cuerpo de leyes invocado, fije los alimentos con base a la Unidad de Medida y Actualización diaria. D) Pondere y, en su caso, de oficio ordene recabar todas las pruebas que sean necesarias para determinar, en el supuesto de que así proceda las medidas cautelares de custodia y de restricción en contra del quejoso, velando en todo tiempo por el interés superior de la persona menor de edad. E) A la luz de las consideraciones contenidas en la última parte de este fallo y atendiendo al interés superior del menor, deberá pronunciarse sobre el régimen de convivencia entre el quejoso y su menor hijo M.H.G., asegurando de manera regular dichas convivencias, proveyendo, de considerarlo necesario, las medidas que garanticen la seguridad de dicho infante, esto es, decretando las referidas convivencias, incluso, en un lugar que esté supervisado por personal del órgano jurisdiccional, por la representación social o, por personal adscrito a instituciones de apoyo familiar existentes en la demarcación de la autoridad responsable, impulsando en todo momento el procedimiento, indicando en forma concreta y eficaz las pruebas que requiera para ello y a cargo de quién será su desahogo, realizando los requerimientos y apercibimientos correspondientes para lograr su materialización a la brevedad posible, en beneficio del desarrollo físico, psicológico y emocional del referido menor. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el fallo aludido y se requirió su cumplimiento; así, mediante oficio número 748/2021, la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán remitió: A) Copia certificada del proveído de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el citado juez en el juicio subyacente, en el que: ? Dejó insubsistente el auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, sólo por lo que ve a las porciones materia de amparo, referentes a las medidas cautelares decididas en dicho proveído. ? Emitió una nueva determinación con relación dichas medidas cautelares que la demandada Zenyaze García Remero pidió en su escrito de contestación de demanda, así como las que de oficio caben en el procedimiento subyacente, ello al tenor de las siguientes consideraciones: I. Alimentos en favor del menor M.H.G. y a cargo del deudor alimentista Oscar José Hernández Esparza. Con relación a dicha subvención, debe tenerse presente que del contenido armonizado de los artículos 452, 462 y 464 del Código Familiar, se obtiene que para fijar alimentos deben demostrarse los requisitos siguientes: 1. El título a virtud del cual se piden. 2. El caudal aproximado del que deba darlos, empero de no tener este dato la partida alimentaria se fijará en unidad de medida y actualización. 3. La urgencia y necesidad de recibirlos, excepto tratándose de menores, personas con discapacidad, sujetos a estado de interdicción y adultos mayores, porque en el caso de ellos se presume la necesidad que tienen de obtenerlos. Se estima que, en el caso, quedaron satisfechos los aludidos requisitos, por lo siguiente: a. De la partida de nacimiento del acreedor M.H.G. adjunta al escrito inicial se obtiene que es hijo del deudor alimentista, siendo este título, el de descendiente, a virtud del cual se fijan sus alimentos. b. Además, dicho acreedor es menor de edad, lo que de suyo hace presumir la necesidad que tiene de recibirlos. c. Y, Aunque, por el momento, no se tiene dato de que el obligado alimentario trabaja ni, por ende, de que recibe una remuneración por ello, esto no impide estimar que cuenta con la capacidad económica para cooperar con los alimentos de su hijo en el aludido parámetro monetario, como está obligado a hacerlo a la luz de los artículos 446 y 455 del Código Familiar. Se afirma lo anterior, porque, en cambio, sí se tiene dato, como se aprecia de la partida natal de Oscar José Hernández Esparza, visible a folio 11 del principal -con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 1042 1043 de la norma de familia en consulta, por tratarse de un documento público expedido por autoridad facultada para ello-, que a la fecha tiene treinta y cinco años, edad más óptima para trabajar y producir el monetario para el sustento propio y de su hijo, máxime que hasta ahora no hay prueba de que tenga alguna incapacidad que le impida laborar, por el contrario, el mismo obligado en el propio escrito de demanda y en el ocurso que presentó ante este tribunal el veintiuno de enero de dos mil veinte manifestó que está cursando estudios de doctorado en Ciencias de Metalurgia y Ciencias de los Materiales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, exhibiendo la constancia electrónica expedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, Dirección de Becas, emitido con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, visible a folio catorce, en el que se hace constar ese nivel de estudios, y que, a la par, el alumno, aquí progenitor, obtiene una beca mensual equivalente a doce mil seiscientos dieciocho pesos, documento que también goza de mérito persuasivo en términos de los precitado arábigos, pues se trata de un documento exhibido por el propio demandante, sin haberse objetado por la contraria, y que, a su vez, hace patente, como se anticipó, que el obligado alimentario está en aptitud de trabajar y generar el numerario para el sustento básico de su hijo, ya que si tiene la capacidad para cursar el posgrado que refiere, naturalmente que está en aptitud intelectual y física para emplearse y generar el metálico que él mismo y su hijo requieren para alimentos, máxime que, está visto, recibe una remuneración por su grado de estudios, fijada, en la fecha de expedición de la constancia aludida, es decir, en septiembre de dos mil quince, en doce mil seiscientos dieciocho pesos, partida que válidamente le permite cooperar con los alimentos de su descendiente, como se ha venido señalando. Lo antedicho, además, porque sabido es que la capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, por lo que si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, como aquí ocurre con el actor quejoso, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. Así con lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al emitir la tesis número VI.2o.C.489 C, con registro digital 175157, que se lee: 'ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrarió, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia. Por lo expuesto en los siete parágrafos que anteceden, es que se decreta a cargo del deudor alimentista Oscar José Hernández Esparza, una pensión alimenticia provisional mensual, en favor de su menor hijo M.H.G., por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Federal, que asciende a la suma de dos mil setecientos veinticuatro pesos con cuarenta y cinco centavos, cifra que deberá entregar a la demandada mediante depósito que para tal efecto señale dicha accionada, o bien, haciendo la consignación correspondiente en este juzgado, a través de depósito bancario en la institución que para tal efecto señale la reo y para el caso de negativa, procédase al embargo de bienes de su propiedad. Lo anterior, porque, acorde con lo expuesto en los aludidos incisos a, b. y c., en los que se encuentra la motivación y la , fundamentación de la presente determinación, como exige para toda resolución judicial el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en autos quedaron acreditados los tres requisitos exigidos para ello, inherentes al título y necesidad del acreedor a recibir dicha subvención, en tanto que la capacidad económica del deudor alimentista se obtiene de los datos asentados en esa acotación c. II. Custodia del menor de que se trata, dígase que, previo a decidir tal rubro, en uso de las facultades que confieren a la suscrita los artículos 932 y 1006 Código Familiar, se ordena, de oficio, practicar estudios socioeconómico y psicológico a ambas partes, así como al menor de que se trata, a fin de conocer las condiciones psico-emocionales que tienen, por tanto, el experto en la primer materia deberá informar lo siguiente. a) Las condiciones socioeconómicas en general. b) La actividad, el oficio o la profesión que dichos progenitores realizan; y los ingresos que perciben; lo mismo que los bienes con lo que cuentan; c) La cantidad o cantidades que devengan para la atención tanto de las necesidades básicas de su persona (alimentación, transporte, hospedaje, vestido, atención médica). d) Las condiciones generales de higiene y particulares de los domicilios que habitan; precisando si son propios o ajenos y, en su caso, el monto de la renta que eventualmente cubren. e) Los gastos que erogan por la educación de su hijo; precisando las actividades deportivas o extracurriculares de los mismos, así como las expensas que cubren por ese rubro. Y, f) En general cualquier información que se considere necesaria, a fin de poner de manifiesto el nivel de vida, que sirva para la suscrita al momento de resolver el presente asunto. Y, respecto del segundo de los estudios (psicológico), el mismo deberá practicarse a los antes mencionados, a fin de conocer las condiciones psicológicas mentales que tienen, sin que ello implique limitación alguna en la pericia con la que se elabore tal estudio; por tanto, el experto en esa materia deberá informar lo siguiente: ? Las condiciones mentales de dichas personas. ? La personalidad norma y patológica de cada uno de ellos. ? Sus recursos emocionales y mentales. ? Las aptitudes y recursos psíquicos y emocionales con los que cada progenitor cuenta para tener bajo su resguardo al menor en cuestión, precisando cuál de ellos es el idóneo, y explicando clara y técnicamente el por qué determinada persona está en condiciones de tener bajo su cuidado al infante. ? Si los interesados presentan algún rasgo de violencia, el origen, quién la está generando, en quién está impactando, y el tratamiento que se sugiere para su erradicación. Y cualquier otro dato que informe sobre la condición psico-emocional del menor y sus padres. Por lo que se ordena girar atento oficio a la Presidenta del DIF Municipal de esta ciudad, para que de no tener inconveniente alguno, comisione a la trabajadora social y psicólogo de su adscripción, realice dichos estudios, informando a la suscrita con la debida anticipación la fecha y hora que señale para llevarlos a cabo y así estar en condiciones de notificarles a los interesados para que comparezcan. III. Régimen de convivencia entre el menor y su progenitor. Se decreta sistema de trato paterno filial, es decir, entre el menor M.H.G. y su padre Oscar José Hernández Esparza, en los términos siguientes: ? Una primera semana se efectuará los días lunes, miércoles y viernes de las catorce horas a las quince horas con treinta minutos. ? Para la siguiente semana los días martes y jueves en dicho horario. ? Este sistema aplicará de manera alternada. ? Dado los actos de violencia que la demandada narró en su escrito de contestación a la demanda, la convivencia se llevará a cabo de manera supervisada en las oficinas de ocupa el Sistema Dif Municipal de esta ciudad, ubicadas en la calle Pino, Lote doce, Manzana "F" del Fraccionamiento Arboledas de esta dudad. ? Se exhorta a las partes para conducirse con respeto entre sí, evitando cualquier confrontación entre ambos, así como cualquier comentario negativo de un progenitor hacia el otro, debiendo siempre y en todo momento tomar en cuenta la opinión del infante en cuestión, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niños. ? Se ordena girar oficio a dicha institución para su conocimiento, quien deberá informar a la suscrita cada quince días el modo en que se lleve a cabo tal convivencia, solicitándole, a su vez, que el psicólogo adscrito apoye, en caso de ser necesario, para la realización de la convivencia, interviniendo en el supuesto de que el menor muestre algún desequilibrio emocional en el momento de la convivencia lo apoye dándole la seguridad y las herramientas psico-emocionales que requiera para lograr ese trato paterno-filial y, en todo caso, sustraerlo de cualquier acto de violencia que pudiera perpetrarse en su contra. ? Cabe señalar que la convivencia presencial se autoriza, acorde con los artículos 11 y 16 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, reformada mediante decreto legislativo número quinientos diez, publicada en El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el cinco de abril en curso, remitida a este órgano jurisdiccional, vía electrónica, por la Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial del Estado, mediante oficio SE/1459/2021, de fecha doce de abril del año en curso, que en lo esencial ordena a las autoridades del Estado autorizar las relaciones paterno filiales de manera presencial, sin poder restringirla al amparo de la pandemia derivada del virus Covid-19, pero considerando las medidas de sanidad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, tales como como son uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial. IV. En relación a la orden de restricción solicitada, en términos de lo dispuesto por el numeral 859 del Código Familiar, se requiere a la demandada mediante notificación personal, para que dentro del término de tres días ofrezca los medios de convicción con los que cuente para acreditar los actos de violencia que argumenta, tales como declaración de testigos, impresiones digitales, grabaciones, minutas, denuncias, o cualquiera de los que la ley reconoce como prueba, a la luz del numeral 1008 del Código Familiar. A su vez, para estar en condiciones de decidir tal restricción, se ordena girar oficio a los psicólogos Tamara Melina Villar y Erick Díaz Molina, con dirección en Avenida Acueducto número quinientos cincuenta, interior siete, colonia Chapultepec Norte, de Morelia, Michoacán, y en calle Caracas, número tres de Jardines del Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán, para que remitan a este tribunal información relacionada con las valoraciones psicológicas que la reo dice haber recibido de dichos profesionistas virtud a los actos de violencia que narra, las terapias que recibió, de así haber ocurrido, el plazo que duró el tratamiento, y el resultado de éste; información que deberán remitir en el plazo indicado, apercibidos que de no hacerlo, se impondrán en su contra los medios de apremio que la ley prevé para ello, acorde con los numerales 925 y 993 del Código Familiar. Medios de comunicación que, en el caso, se ordena diligenciar por conducto de la accionada, dada la importancia de la información requerida, acorde con los preceptos 774 y el citado 993 de la invocada norma de familia. Actuaciones procesales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de la cual se desprende que fueron atendidos los efectos del fallo protector. Es decir, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, dentro de los autos del juicio 251/2020, llevara a cabo lo siguiente: A) Dejar insubsistente el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, únicamente en las porciones materia de análisis de esta ejecutoria- B) Dicte otra determinación en la que, de manera fundada y motivada exprese las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas del caso en concreto que haya tenido en cuenta respecto de la capacidad económica del deudor, aquí quejoso [fracción II del artículo 462 del Código Familiar del Estado de Michoacán] para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional a su cargo. En su caso, con base en el numeral 464, fracción I, del cuerpo de leyes invocado, fije los alimentos con base a la Unidad de Medida y Actualización diaria. D) Pondere y, en su caso, de oficio ordene recabar todas las pruebas que sean necesarias para determinar, en el supuesto de que así proceda las medidas cautelares de custodia y de restricción en contra del quejoso, velando en todo tiempo por el interés superior de la persona menor de edad. E) A la luz de las consideraciones contenidas en la última parte de este fallo y atendiendo al interés superior del menor, deberá pronunciarse sobre el régimen de convivencia entre el quejoso y su menor hijo M.H.G., asegurando de manera regular dichas convivencias, proveyendo, de considerarlo necesario, las medidas que garanticen la seguridad de dicho infante, esto es, decretando las referidas convivencias, incluso, en un lugar que esté supervisado por personal del órgano jurisdiccional, por la representación social o, por personal adscrito a instituciones de apoyo familiar existentes en la demarcación de la autoridad responsable, impulsando en todo momento el procedimiento, indicando en forma concreta y eficaz las pruebas que requiera para ello y a cargo de quién será su desahogo, realizando los requerimientos y apercibimientos correspondientes para lograr su materialización a la brevedad posible, en beneficio del desarrollo físico, psicológico y emocional del referido menor. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el fallo aludido y se requirió su cumplimiento; así, mediante oficio número 748/2021, la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán remitió: A) Copia certificada del proveído de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el citado juez en el juicio subyacente, en el que: ? Dejó insubsistente el auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, sólo por lo que ve a las porciones materia de amparo, referentes a las medidas cautelares decididas en dicho proveído. ? Emitió una nueva determinación con relación dichas medidas cautelares que la demandada Zenyaze García Remero pidió en su escrito de contestación de demanda, así como las que de oficio caben en el procedimiento subyacente, ello al tenor de las siguientes consideraciones: I. Alimentos en favor del menor M.H.G. y a cargo del deudor alimentista Oscar José Hernández Esparza. Con relación a dicha subvención, debe tenerse presente que del contenido armonizado de los artículos 452, 462 y 464 del Código Familiar, se obtiene que para fijar alimentos deben demostrarse los requisitos siguientes: 1. El título a virtud del cual se piden. 2. El caudal aproximado del que deba darlos, empero de no tener este dato la partida alimentaria se fijará en unidad de medida y actualización. 3. La urgencia y necesidad de recibirlos, excepto tratándose de menores, personas con discapacidad, sujetos a estado de interdicción y adultos mayores, porque en el caso de ellos se presume la necesidad que tienen de obtenerlos. Se estima que, en el caso, quedaron satisfechos los aludidos requisitos, por lo siguiente: a. De la partida de nacimiento del acreedor M.H.G. adjunta al escrito inicial se obtiene que es hijo del deudor alimentista, siendo este título, el de descendiente, a virtud del cual se fijan sus alimentos. b. Además, dicho acreedor es menor de edad, lo que de suyo hace presumir la necesidad que tiene de recibirlos. c. Y, Aunque, por el momento, no se tiene dato de que el obligado alimentario trabaja ni, por ende, de que recibe una remuneración por ello, esto no impide estimar que cuenta con la capacidad económica para cooperar con los alimentos de su hijo en el aludido parámetro monetario, como está obligado a hacerlo a la luz de los artículos 446 y 455 del Código Familiar. Se afirma lo anterior, porque, en cambio, sí se tiene dato, como se aprecia de la partida natal de Oscar José Hernández Esparza, visible a folio 11 del principal -con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 1042 1043 de la norma de familia en consulta, por tratarse de un documento público expedido por autoridad facultada para ello-, que a la fecha tiene treinta y cinco años, edad más óptima para trabajar y producir el monetario para el sustento propio y de su hijo, máxime que hasta ahora no hay prueba de que tenga alguna incapacidad que le impida laborar, por el contrario, el mismo obligado en el propio escrito de demanda y en el ocurso que presentó ante este tribunal el veintiuno de enero de dos mil veinte manifestó que está cursando estudios de doctorado en Ciencias de Metalurgia y Ciencias de los Materiales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, exhibiendo la constancia electrónica expedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, Dirección de Becas, emitido con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, visible a folio catorce, en el que se hace constar ese nivel de estudios, y que, a la par, el alumno, aquí progenitor, obtiene una beca mensual equivalente a doce mil seiscientos dieciocho pesos, documento que también goza de mérito persuasivo en términos de los precitado arábigos, pues se trata de un documento exhibido por el propio demandante, sin haberse objetado por la contraria, y que, a su vez, hace patente, como se anticipó, que el obligado alimentario está en aptitud de trabajar y generar el numerario para el sustento básico de su hijo, ya que si tiene la capacidad para cursar el posgrado que refiere, naturalmente que está en aptitud intelectual y física para emplearse y generar el metálico que él mismo y su hijo requieren para alimentos, máxime que, está visto, recibe una remuneración por su grado de estudios, fijada, en la fecha de expedición de la constancia aludida, es decir, en septiembre de dos mil quince, en doce mil seiscientos dieciocho pesos, partida que válidamente le permite cooperar con los alimentos de su descendiente, como se ha venido señalando. Lo antedicho, además, porque sabido es que la capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, por lo que si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, como aquí ocurre con el actor quejoso, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. Así con lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al emitir la tesis número VI.2o.C.489 C, con registro digital 175157, que se lee: 'ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrarió, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia. Por lo expuesto en los siete parágrafos que anteceden, es que se decreta a cargo del deudor alimentista Oscar José Hernández Esparza, una pensión alimenticia provisional mensual, en favor de su menor hijo M.H.G., por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Federal, que asciende a la suma de dos mil setecientos veinticuatro pesos con cuarenta y cinco centavos, cifra que deberá entregar a la demandada mediante depósito que para tal efecto señale dicha accionada, o bien, haciendo la consignación correspondiente en este juzgado, a través de depósito bancario en la institución que para tal efecto señale la reo y para el caso de negativa, procédase al embargo de bienes de su propiedad. Lo anterior, porque, acorde con lo expuesto en los aludidos incisos a, b. y c., en los que se encuentra la motivación y la , fundamentación de la presente determinación, como exige para toda resolución judicial el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en autos quedaron acreditados los tres requisitos exigidos para ello, inherentes al título y necesidad del acreedor a recibir dicha subvención, en tanto que la capacidad económica del deudor alimentista se obtiene de los datos asentados en esa acotación c. II. Custodia del menor de que se trata, dígase que, previo a decidir tal rubro, en uso de las facultades que confieren a la suscrita los artículos 932 y 1006 Código Familiar, se ordena, de oficio, practicar estudios socioeconómico y psicológico a ambas partes, así como al menor de que se trata, a fin de conocer las condiciones psico-emocionales que tienen, por tanto, el experto en la primer materia deberá informar lo siguiente. a) Las condiciones socioeconómicas en general. b) La actividad, el oficio o la profesión que dichos progenitores realizan; y los ingresos que perciben; lo mismo que los bienes con lo que cuentan; c) La cantidad o cantidades que devengan para la atención tanto de las necesidades básicas de su persona (alimentación, transporte, hospedaje, vestido, atención médica). d) Las condiciones generales de higiene y particulares de los domicilios que habitan; precisando si son propios o ajenos y, en su caso, el monto de la renta que eventualmente cubren. e) Los gastos que erogan por la educación de su hijo; precisando las actividades deportivas o extracurriculares de los mismos, así como las expensas que cubren por ese rubro. Y, f) En general cualquier información que se considere necesaria, a fin de poner de manifiesto el nivel de vida, que sirva para la suscrita al momento de resolver el presente asunto. Y, respecto del segundo de los estudios (psicológico), el mismo deberá practicarse a los antes mencionados, a fin de conocer las condiciones psicológicas mentales que tienen, sin que ello implique limitación alguna en la pericia con la que se elabore tal estudio; por tanto, el experto en esa materia deberá informar lo siguiente: ? Las condiciones mentales de dichas personas. ? La personalidad norma y patológica de cada uno de ellos. ? Sus recursos emocionales y mentales. ? Las aptitudes y recursos psíquicos y emocionales con los que cada progenitor cuenta para tener bajo su resguardo al menor en cuestión, precisando cuál de ellos es el idóneo, y explicando clara y técnicamente el por qué determinada persona está en condiciones de tener bajo su cuidado al infante. ? Si los interesados presentan algún rasgo de violencia, el origen, quién la está generando, en quién está impactando, y el tratamiento que se sugiere para su erradicación. Y cualquier otro dato que informe sobre la condición psico-emocional del menor y sus padres. Por lo que se ordena girar atento oficio a la Presidenta del DIF Municipal de esta ciudad, para que de no tener inconveniente alguno, comisione a la trabajadora social y psicólogo de su adscripción, realice dichos estudios, informando a la suscrita con la debida anticipación la fecha y hora que señale para llevarlos a cabo y así estar en condiciones de notificarles a los interesados para que comparezcan. III. Régimen de convivencia entre el menor y su progenitor. Se decreta sistema de trato paterno filial, es decir, entre el menor M.H.G. y su padre Oscar José Hernández Esparza, en los términos siguientes: ? Una primera semana se efectuará los días lunes, miércoles y viernes de las catorce horas a las quince horas con treinta minutos. ? Para la siguiente semana los días martes y jueves en dicho horario. ? Este sistema aplicará de manera alternada. ? Dado los actos de violencia que la demandada narró en su escrito de contestación a la demanda, la convivencia se llevará a cabo de manera supervisada en las oficinas de ocupa el Sistema Dif Municipal de esta ciudad, ubicadas en la calle Pino, Lote doce, Manzana "F" del Fraccionamiento Arboledas de esta dudad. ? Se exhorta a las partes para conducirse con respeto entre sí, evitando cualquier confrontación entre ambos, así como cualquier comentario negativo de un progenitor hacia el otro, debiendo siempre y en todo momento tomar en cuenta la opinión del infante en cuestión, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niños. ? Se ordena girar oficio a dicha institución para su conocimiento, quien deberá informar a la suscrita cada quince días el modo en que se lleve a cabo tal convivencia, solicitándole, a su vez, que el psicólogo adscrito apoye, en caso de ser necesario, para la realización de la convivencia, interviniendo en el supuesto de que el menor muestre algún desequilibrio emocional en el momento de la convivencia lo apoye dándole la seguridad y las herramientas psico-emocionales que requiera para lograr ese trato paterno-filial y, en todo caso, sustraerlo de cualquier acto de violencia que pudiera perpetrarse en su contra. ? Cabe señalar que la convivencia presencial se autoriza, acorde con los artículos 11 y 16 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, reformada mediante decreto legislativo número quinientos diez, publicada en El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el cinco de abril en curso, remitida a este órgano jurisdiccional, vía electrónica, por la Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial del Estado, mediante oficio SE/1459/2021, de fecha doce de abril del año en curso, que en lo esencial ordena a las autoridades del Estado autorizar las relaciones paterno filiales de manera presencial, sin poder restringirla al amparo de la pandemia derivada del virus Covid-19, pero considerando las medidas de sanidad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, tales como como son uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial. IV. En relación a la orden de restricción solicitada, en términos de lo dispuesto por el numeral 859 del Código Familiar, se requiere a la demandada mediante notificación personal, para que dentro del término de tres días ofrezca los medios de convicción con los que cuente para acreditar los actos de violencia que argumenta, tales como declaración de testigos, impresiones digitales, grabaciones, minutas, denuncias, o cualquiera de los que la ley reconoce como prueba, a la luz del numeral 1008 del Código Familiar. A su vez, para estar en condiciones de decidir tal restricción, se ordena girar oficio a los psicólogos Tamara Melina Villar y Erick Díaz Molina, con dirección en Avenida Acueducto número quinientos cincuenta, interior siete, colonia Chapultepec Norte, de Morelia, Michoacán, y en calle Caracas, número tres de Jardines del Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán, para que remitan a este tribunal información relacionada con las valoraciones psicológicas que la reo dice haber recibido de dichos profesionistas virtud a los actos de violencia que narra, las terapias que recibió, de así haber ocurrido, el plazo que duró el tratamiento, y el resultado de éste; información que deberán remitir en el plazo indicado, apercibidos que de no hacerlo, se impondrán en su contra los medios de apremio que la ley prevé para ello, acorde con los numerales 925 y 993 del Código Familiar. Medios de comunicación que, en el caso, se ordena diligenciar por conducto de la accionada, dada la importancia de la información requerida, acorde con los preceptos 774 y el citado 993 de la invocada norma de familia. Actuaciones procesales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de la cual se desprende que fueron atendidos los efectos del fallo protector. Es decir, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONIENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 748/2021, suscrito por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, del que se advierte que realizó, esencialmente, lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte. En su lugar, dictó otro, en el que: Fijó el monto correspondiente al pago de alimentos en favor del menor M.H.G. y a cargo del deudor alimentista Oscar José Hernández Esparza; y, Se pronunció respecto al régimen de custodia del menor en cita. Ahora, el estado procesal que guardan los autos revela que las obligaciones impuestas a la autoridad responsable en la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, se hicieron consistir en: "A) Dejar insubsistente el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, únicamente en las porciones materia de análisis de esta ejecutoria. B) Dicte otra determinación en la que, de manera fundada y motivada exprese las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas del caso en concreto que haya tenido en cuenta respecto de la capacidad económica del deudor, aquí quejoso [fracción II del artículo 462 del Código Familiar del Estado de Michoacán] para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional a su cargo. C). En su caso, con base en el numeral 464, fracción I, del cuerpo de leyes invocado, fije los alimentos con base a la Unidad de Medida y Actualización diaria. D) Pondere y, en su caso, de oficio ordene recabar todas las pruebas que sean necesarias para determinar, en el supuesto de que así proceda las medidas cautelares de custodia y de restricción en contra del quejoso, velando en todo tiempo por el interés superior de la persona menor de edad. E) A la luz de las consideraciones contenidas en la última parte de este fallo y atendiendo al interés superior del menor, deberá pronunciarse sobre el régimen de convivencia entre el quejoso y su menor hijo M.H.G., asegurando de manera regular dichas convivencias, proveyendo, de considerarlo necesario, las medidas que garanticen la seguridad de dicho infante, esto es, decretando las referidas convivencias, incluso, en un lugar que esté supervisado por personal del órgano jurisdiccional, por la representación social o, por personal adscrito a instituciones de apoyo familiar existentes en la demarcación de la autoridad responsable, impulsando en todo momento el procedimiento, indicando en forma concreta y eficaz las pruebas que requiera para ello y a cargo de quién será su desahogo, realizando los requerimientos y apercibimientos correspondientes para lograr su materialización a la brevedad posible, en beneficio del desarrollo físico, psicológico y emocional del referido menor." Vista con las constancias En consecuencia, dése vista a las partes con las constancias de cuenta, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes SISE

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