Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma

Expediente 1964/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1964/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma
  • Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    El que suscribe Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa, del ocho al veinticinco de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso (90-96); Después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de la capital, consistentes en el juicio especial de divorcio voluntario 246/1999, con un cuadernillo relativo al mismo; procesos penal 137/1994 y juicio de alimentos 137/1994, con tres cuadernillos relativos al mismo; Sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión solicitada; Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es DESTRUIBLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción II del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del citado acuerdo. Por último, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de la capital, consistentes en el juicio especial de divorcio voluntario 246/1999, con un cuadernillo relativo al mismo; procesos penal 137/1994 y juicio de alimentos 137/1994, con tres cuadernillos relativos al mismo; sin embargo, dichas constancias no pueden ser devueltas por el momento en atención a que resultan necesarias para resolver el diverso juicio de amparo 89/2019; por tanto, infórmese a la referida responsable que es dentro de ese sumario donde se determinará devolver las mismas una vez que sea dictada la sentencia correspondiente y cause ejecutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    veintiocho de febrero de dos mil diecinueve V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1964/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, de quien reclama: -La orden para que se realice descuento del 20% de todas y cada una de las percepciones por concepto de pensión alimenticia en favor del tercero interesado, dentro del juicio de divorcio voluntario 246/1999, mediante auto de 12 de noviembre del 2018. Autoridad ejecutora: Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, de quien reclama: -La ejecución del acto reclamada pretendiendo hacer efectivo el descuento ordenado por la autoridad responsable, llevando a cabo el descuento y depositándolo en el módulo de pensiones del TSJE. Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, previo cumplimento de dos prevenciones formuladas, en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó al tercero interesado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -El acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio 246/1999, mediante el cual se ordena el descuento del veinte por ciento de las percepciones del quejoso por concepto de pensión alimenticia y ejecución del mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Primera instancia del ramo familiar del Distrito Judicial de Zacatecas y Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, rindieron informe justificado aceptando la existencia de los actos reclamados; de ahí que se tengan por ciertos los mismos (fojas 38 y 48). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias del expediente del divorcio voluntario 246/1999, que remitió la juez responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia. El secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, al rendir el informe con justificación señala que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado argumento de improcedencia deviene ineficaz, pues con independencia de no señalar la autoridad responsable cual es el recurso que debió agotar el quejoso antes de acudir a esta instancia constitucional; no tiene obligación de agotar el recurso de revocación, apelación o queja, pues la procedencia de uno y otro se encuentran sujetas a interpretación adicional y por lo mismo no existe obligación de agotarlo, conforme a lo dispone la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, en principio se establece que el acuerdo reclamado de doce de noviembre de dos mil dieciocho, es dictado dentro de la fase de ejecución de la sentencia dictada en el divorcio voluntario 246/1999, pues es relativo al cumplimiento del convenio de alimentos sancionado en la sentencia dictada; acto respecto de los cuales, el artículo 419 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece: "Artículo 419 Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles." Ahora, los artículos 374 y 392 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que establece los recursos de apelación y queja disponen: "Artículo 374 Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." "Artículo 392 El recurso de queja contra el juez es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, y V. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. " Luego, al disponer por una parte el artículo 419 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, la procedencia de los recursos de apelación y queja contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, solo cuando la ley lo determine expresamente; y los diversos preceptos 374 y 392 del ordenamiento citado que los autos en contra de los cuales proceden dichos recursos, que dicho sea de paso, la fracción II del artículo 392, dispone la procedencia del recurso de queja en contra de interlocutoras dictadas en ejecución de sentencia; es inconcuso que tal circunstancia requiere de interpretación adicional, para determinar si el acto reclamado es recurrible en apelación o queja. Máxime, porque el artículo 367 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, también contempla la procedencia del recurso de revocación, contra autos y proveídos por el juez que los dicta, cuando la ley no establezca la procedencia de otro recurso o disponga que no son recurribles. Luego, al exigir interpretación adicional el recurso que pudiera proceder en contra de la resolución aquí reclamada, es inconcuso que no existe obligación de agotarlo, al disponerlo así la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento invocado establece que el amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, la fracción apuntada, en su último párrafo, dispone: "... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Esta regla introduce un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable de agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, lo cual no constituye una obligación a su cargo, porque en ese supuesto tiene la libertad de acudir al juicio constitucional. Por esa razón, este tribunal considera que la regla incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" para efectos del acceso al amparo, según la cual, la procedencia del recurso es "dudosa" cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Lo anterior debe distinguirse de los criterios relacionados a la "causa notoria y manifiesta de improcedencia", porque éstos se refieren a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. No obstante, la regla en estudio va más allá, porque a partir de su aplicación, el Juez constitucional no podrá decretar la improcedencia del juicio, al dictar sentencia, bajo el argumento de que el gobernado debió agotar algún recurso, si la procedencia del medio de impugnación depende de la interpretación adicional o dudosa o de la integración de la ley. En la actualidad, el Juez de amparo debe identificar, incluso, al dictar el fallo, si la procedencia del medio de impugnación es "dudosa", esto es, si en lugar de surgir del texto claro y terminante de la ley, deriva de su interpretación o, inclusive, de su integración cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla porque, de ser así, debe entenderse que el gobernado quedó en libertad de acudir al amparo y, en congruencia con ese derecho, proceder al estudio de lo planteado por el quejoso, de no presentarse alguna otra causa de improcedencia." Con independencia de lo anterior, de oficio se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al no tener la responsable carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, se contiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Ahora, en torno a las autoridades que tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". En el caso, el quejoso atribuye al Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, la ejecución de la orden dada por el juez responsable de descuento del veinte por ciento de las prestaciones del quejoso por pensión alimenticia, para que la deposite en el módulo de pensiones del Tribunal Superior de Justicia del estado. Acto del cual, la responsable al rendir el informe con justificación admitió como cierto; sin embargo, como se ve dicha autoridad sólo es un auxiliar en la administración de justicia del juicio de divorcio voluntario 246/1999, pues auxilia al juez responsable en la ejecución de la sentencia, por lo que se refiere al cumplimiento del convenio sancionado en dicho juicio en lo que se refiere al pago de los alimentos decretados a favor del entonces menor de edad aquí tercero interesado. De modo tal, si el secretario de administración del Gobierno del estado de Zacatecas, realiza el descuento de la pensión decretado a favor del tercero interesado en su calidad de patrón, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad para efectos del amparo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Por tanto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio respecto del acto y autoridad mencionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Al no advertir diversa causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio 246/1999, mediante el cual ordena el descuento del veinte por ciento de las percepciones del quejoso por concepto de pensión alimenticia. Ahora, el quejoso señala en los conceptos de violación, que el acto reclamado trasgrede sus derechos fundamentales, en tanto que, el juez responsable, no toma en cuenta para hacer cesar el pago de los alimentos del veinte por ciento decretado, el hecho de que: El tercero interesado Alejandro Martínez García, con dolo y mala fe cobró como alimentos un excedente de $71,204. 52 consistente en el quince por ciento, en el juicio de alimentos 137/1994, en que se decretó el pago inicial por alimentos del treinta y cinco por ciento y del cual existió novación para quedar sólo en el veinte por ciento a favor del citado tercero interesado; asimismo, cobró la cantidad de $410, 000. 44, como adeudo de alimentos dentro del expediente de alimentos 137/1994; y con los cuales se encuentran debidamente cubierto el pago de pensión a favor del mencionado tercero. Además, de que el juez responsable tampoco toma en cuenta para hacer cesar el descuento por pago de alimentos del veinte por ciento, la circunstancia de que el tercero interesado al contar con la edad de veintiséis años y el kardez de calificaciones expedida por la encargada del departamento escolar de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ha concluido sus estudios profesionales, y ante lo cual, refiere, no existe necesidad, ni se cumplen los requisitos para que se le siga descontando porque se encuentra cubierto la obligación de alimentos. Los anteriores conceptos de violación devienen infundados, en tanto que, si bien el juez responsable al ordenar la continuación del pago por pensión alimenticia del veinte por ciento a favor del tercero interesado Alejandro Martínez García, no se advierte que se pronunciara sobre los argumentos señalados por el quejoso; ello fue porque no se hicieron valer por el impetrante ante su potestad para que existiera obligación de emitir pronunciamiento al respecto. Es como se indica, porque en el acuerdo reclamado de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio voluntario, en lo de interés se estableció lo siguiente: " Visto el escrito de cuenta, que suscribe Alejandro Martínez García, acreedor alimentista; en atención a lo cual, se le tiene insistiendo se acuerde la solicitud reservada mediante auto de veintidós de octubre del año en curso, por lo que al haberse dado cumplimiento a lo en la misma ordenado, y ante su insistencia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del acreedor alimentista en el ubicado en Paseo Díaz Ordaz, número novecientos tres, de la Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, precisando que se trata de un local denominado "MOTO SERVICIO ACOSTA". Además, como lo solicita se ordena girar oficio a la fuente patronal del deudor alimentista, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, para que a la brevedad posible realicen el descuento pactado en la junta de advenimiento celebrada el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, y sancionado por sentencia, con cargo a Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, por el equivalente al veinte por ciento (20%) de todas y cada una de sus percepciones, una vez realizados los descuentos de Ley, para que se sirva depositar dicho descuento de manera puntual y como se acostumbra la forma de pago, en el Módulo de Consignación de Pensiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec número 2002, Palacio de Justicia, Colonia Ciudad Gobierno de la Capital, para ser entregada al acreedor alimentista Alejandro Martínez García." Del contenido del acuerdo transcrito, se advierte en principio, que el juez responsable ordenó la continuación del pago por alimentos del veinte por ciento a favor del tercero interesado a instancia de este mismo y no del aquí quejoso, como tampoco se advierte petición del impetrante de amparo solicitando que cesara el pago de dicha prestación por encontrarse cubierta. Incluso, de las constancias del expediente de divorció voluntario 246/1999, en el que se emitió el acuerdo reclamado, tampoco obra constancias de los pagos realizados al acreedor alimentista tercero interesado y con los cuales indica el quejoso que se encuentra cubierto el pago de alimentos, para que como tal, el juez responsable tuviera obligación de ponderar al momento de ordenar la continuación del pago del veinte por ciento de alimentos reclamado. De modo que, si las cuestiones relativas al pago de los alimentos, como incluso la terminación de los estudios profesionales del acreedor alimentista, no se hicieron valer por el quejoso ante el juez responsable, como tampoco obran en los autos del juicio de divorcio voluntario, en que se dictó el acuerdo reclamado; no existía obligación de pondéralos al momento de ordenar la continuación del pago de alimentos decretado en contra del aquí quejoso. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, resulta procedente negar la protección de la justicia federal solicitada por Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acto reclamado al Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primera del Ramo Familiar de Zacatecas, Zacatecas, en el juicio de divorcio voluntario 246/1999, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. 39067, 39068, 39069 y 39070 Época: Novena Época Registro: 191358 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P. CXVI/2000 Página: 143 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Amparo directo en revisión 1936/95. Industrias Peredia, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil. 5207 y 5208 veintiocho de febrero de dos mil diecinueve V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1964/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, de quien reclama: -La orden para que se realice descuento del 20% de todas y cada una de las percepciones por concepto de pensión alimenticia en favor del tercero interesado, dentro del juicio de divorcio voluntario 246/1999, mediante auto de 12 de noviembre del 2018. Autoridad ejecutora: Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, de quien reclama: -La ejecución del acto reclamada pretendiendo hacer efectivo el descuento ordenado por la autoridad responsable, llevando a cabo el descuento y depositándolo en el módulo de pensiones del TSJE. Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, previo cumplimento de dos prevenciones formuladas, en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó al tercero interesado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -El acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio 246/1999, mediante el cual se ordena el descuento del veinte por ciento de las percepciones del quejoso por concepto de pensión alimenticia y ejecución del mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Primera instancia del ramo familiar del Distrito Judicial de Zacatecas y Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, rindieron informe justificado aceptando la existencia de los actos reclamados; de ahí que se tengan por ciertos los mismos (fojas 38 y 48). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias del expediente del divorcio voluntario 246/1999, que remitió la juez responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia. El secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, al rendir el informe con justificación señala que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado argumento de improcedencia deviene ineficaz, pues con independencia de no señalar la autoridad responsable cual es el recurso que debió agotar el quejoso antes de acudir a esta instancia constitucional; no tiene obligación de agotar el recurso de revocación, apelación o queja, pues la procedencia de uno y otro se encuentran sujetas a interpretación adicional y por lo mismo no existe obligación de agotarlo, conforme a lo dispone la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, en principio se establece que el acuerdo reclamado de doce de noviembre de dos mil dieciocho, es dictado dentro de la fase de ejecución de la sentencia dictada en el divorcio voluntario 246/1999, pues es relativo al cumplimiento del convenio de alimentos sancionado en la sentencia dictada; acto respecto de los cuales, el artículo 419 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece: "Artículo 419 Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles." Ahora, los artículos 374 y 392 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que establece los recursos de apelación y queja disponen: "Artículo 374 Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." "Artículo 392 El recurso de queja contra el juez es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, y V. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. " Luego, al disponer por una parte el artículo 419 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, la procedencia de los recursos de apelación y queja contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, solo cuando la ley lo determine expresamente; y los diversos preceptos 374 y 392 del ordenamiento citado que los autos en contra de los cuales proceden dichos recursos, que dicho sea de paso, la fracción II del artículo 392, dispone la procedencia del recurso de queja en contra de interlocutoras dictadas en ejecución de sentencia; es inconcuso que tal circunstancia requiere de interpretación adicional, para determinar si el acto reclamado es recurrible en apelación o queja. Máxime, porque el artículo 367 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, también contempla la procedencia del recurso de revocación, contra autos y proveídos por el juez que los dicta, cuando la ley no establezca la procedencia de otro recurso o disponga que no son recurribles. Luego, al exigir interpretación adicional el recurso que pudiera proceder en contra de la resolución aquí reclamada, es inconcuso que no existe obligación de agotarlo, al disponerlo así la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento invocado establece que el amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, la fracción apuntada, en su último párrafo, dispone: "... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Esta regla introduce un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable de agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, lo cual no constituye una obligación a su cargo, porque en ese supuesto tiene la libertad de acudir al juicio constitucional. Por esa razón, este tribunal considera que la regla incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" para efectos del acceso al amparo, según la cual, la procedencia del recurso es "dudosa" cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles. Lo anterior debe distinguirse de los criterios relacionados a la "causa notoria y manifiesta de improcedencia", porque éstos se refieren a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. No obstante, la regla en estudio va más allá, porque a partir de su aplicación, el Juez constitucional no podrá decretar la improcedencia del juicio, al dictar sentencia, bajo el argumento de que el gobernado debió agotar algún recurso, si la procedencia del medio de impugnación depende de la interpretación adicional o dudosa o de la integración de la ley. En la actualidad, el Juez de amparo debe identificar, incluso, al dictar el fallo, si la procedencia del medio de impugnación es "dudosa", esto es, si en lugar de surgir del texto claro y terminante de la ley, deriva de su interpretación o, inclusive, de su integración cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla porque, de ser así, debe entenderse que el gobernado quedó en libertad de acudir al amparo y, en congruencia con ese derecho, proceder al estudio de lo planteado por el quejoso, de no presentarse alguna otra causa de improcedencia." Con independencia de lo anterior, de oficio se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al no tener la responsable carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, se contiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Ahora, en torno a las autoridades que tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". En el caso, el quejoso atribuye al Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, la ejecución de la orden dada por el juez responsable de descuento del veinte por ciento de las prestaciones del quejoso por pensión alimenticia, para que la deposite en el módulo de pensiones del Tribunal Superior de Justicia del estado. Acto del cual, la responsable al rendir el informe con justificación admitió como cierto; sin embargo, como se ve dicha autoridad sólo es un auxiliar en la administración de justicia del juicio de divorcio voluntario 246/1999, pues auxilia al juez responsable en la ejecución de la sentencia, por lo que se refiere al cumplimiento del convenio sancionado en dicho juicio en lo que se refiere al pago de los alimentos decretados a favor del entonces menor de edad aquí tercero interesado. De modo tal, si el secretario de administración del Gobierno del estado de Zacatecas, realiza el descuento de la pensión decretado a favor del tercero interesado en su calidad de patrón, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad para efectos del amparo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Por tanto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio respecto del acto y autoridad mencionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Al no advertir diversa causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio 246/1999, mediante el cual ordena el descuento del veinte por ciento de las percepciones del quejoso por concepto de pensión alimenticia. Ahora, el quejoso señala en los conceptos de violación, que el acto reclamado trasgrede sus derechos fundamentales, en tanto que, el juez responsable, no toma en cuenta para hacer cesar el pago de los alimentos del veinte por ciento decretado, el hecho de que: El tercero interesado Alejandro Martínez García, con dolo y mala fe cobró como alimentos un excedente de $71,204. 52 consistente en el quince por ciento, en el juicio de alimentos 137/1994, en que se decretó el pago inicial por alimentos del treinta y cinco por ciento y del cual existió novación para quedar sólo en el veinte por ciento a favor del citado tercero interesado; asimismo, cobró la cantidad de $410, 000. 44, como adeudo de alimentos dentro del expediente de alimentos 137/1994; y con los cuales se encuentran debidamente cubierto el pago de pensión a favor del mencionado tercero. Además, de que el juez responsable tampoco toma en cuenta para hacer cesar el descuento por pago de alimentos del veinte por ciento, la circunstancia de que el tercero interesado al contar con la edad de veintiséis años y el kardez de calificaciones expedida por la encargada del departamento escolar de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ha concluido sus estudios profesionales, y ante lo cual, refiere, no existe necesidad, ni se cumplen los requisitos para que se le siga descontando porque se encuentra cubierto la obligación de alimentos. Los anteriores conceptos de violación devienen infundados, en tanto que, si bien el juez responsable al ordenar la continuación del pago por pensión alimenticia del veinte por ciento a favor del tercero interesado Alejandro Martínez García, no se advierte que se pronunciara sobre los argumentos señalados por el quejoso; ello fue porque no se hicieron valer por el impetrante ante su potestad para que existiera obligación de emitir pronunciamiento al respecto. Es como se indica, porque en el acuerdo reclamado de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de divorcio voluntario, en lo de interés se estableció lo siguiente: " Visto el escrito de cuenta, que suscribe Alejandro Martínez García, acreedor alimentista; en atención a lo cual, se le tiene insistiendo se acuerde la solicitud reservada mediante auto de veintidós de octubre del año en curso, por lo que al haberse dado cumplimiento a lo en la misma ordenado, y ante su insistencia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del acreedor alimentista en el ubicado en Paseo Díaz Ordaz, número novecientos tres, de la Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, precisando que se trata de un local denominado "MOTO SERVICIO ACOSTA". Además, como lo solicita se ordena girar oficio a la fuente patronal del deudor alimentista, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, para que a la brevedad posible realicen el descuento pactado en la junta de advenimiento celebrada el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, y sancionado por sentencia, con cargo a Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, por el equivalente al veinte por ciento (20%) de todas y cada una de sus percepciones, una vez realizados los descuentos de Ley, para que se sirva depositar dicho descuento de manera puntual y como se acostumbra la forma de pago, en el Módulo de Consignación de Pensiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec número 2002, Palacio de Justicia, Colonia Ciudad Gobierno de la Capital, para ser entregada al acreedor alimentista Alejandro Martínez García." Del contenido del acuerdo transcrito, se advierte en principio, que el juez responsable ordenó la continuación del pago por alimentos del veinte por ciento a favor del tercero interesado a instancia de este mismo y no del aquí quejoso, como tampoco se advierte petición del impetrante de amparo solicitando que cesara el pago de dicha prestación por encontrarse cubierta. Incluso, de las constancias del expediente de divorció voluntario 246/1999, en el que se emitió el acuerdo reclamado, tampoco obra constancias de los pagos realizados al acreedor alimentista tercero interesado y con los cuales indica el quejoso que se encuentra cubierto el pago de alimentos, para que como tal, el juez responsable tuviera obligación de ponderar al momento de ordenar la continuación del pago del veinte por ciento de alimentos reclamado. De modo que, si las cuestiones relativas al pago de los alimentos, como incluso la terminación de los estudios profesionales del acreedor alimentista, no se hicieron valer por el quejoso ante el juez responsable, como tampoco obran en los autos del juicio de divorcio voluntario, en que se dictó el acuerdo reclamado; no existía obligación de pondéralos al momento de ordenar la continuación del pago de alimentos decretado en contra del aquí quejoso. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, resulta procedente negar la protección de la justicia federal solicitada por Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acto reclamado al Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primera del Ramo Familiar de Zacatecas, Zacatecas, en el juicio de divorcio voluntario 246/1999, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. 39067, 39068, 39069 y 39070 Época: Novena Época Registro: 191358 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P. CXVI/2000 Página: 143 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Amparo directo en revisión 1936/95. Industrias Peredia, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acto reclamado al Secretario de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Oscar José Guadalupe Martínez Ledezma, contra el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primera del Ramo Familiar de Zacatecas, Zacatecas, en el juicio de divorcio voluntario 246/1999, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe..."

  4. Principal

    trece de febrero de dos mil diecinueve dieciséis de enero de dos mil diecinueve J.A. 1964/2018 El trece de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos y con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de febrero de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el tercero interesado Alejandro Martínez García fue emplazado a juicio el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 65), sin que compareciera en el término de tres días otorgado en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, que dicho sea de paso transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho al dos de enero del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 64); y las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, practíquesele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional; hasta en tanto señale domicilio en esta localidad para oír y recibir notificaciones. Por lo anterior, agréguese el acta del actuario judicial adscrito de once de febrero del año en curso, por la que señala el impedimento legal para notificar al tercero interesado Alejandro Martínez García, el proveído de ocho de febrero de la presente anualidad; y procédase a realizar la referida notificación por lista de acuerdos, conforme se ordena en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza. Doy fe. Karen* trece de febrero de dos mil diecinueve dieciséis de enero de dos mil diecinueve J.A. 1964/2018 El trece de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos y con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de febrero de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el tercero interesado Alejandro Martínez García fue emplazado a juicio el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 65), sin que compareciera en el término de tres días otorgado en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, que dicho sea de paso transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho al dos de enero del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 64); y las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, practíquesele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional; hasta en tanto señale domicilio en esta localidad para oír y recibir notificaciones. Por lo anterior, agréguese el acta del actuario judicial adscrito de once de febrero del año en curso, por la que señala el impedimento legal para notificar al tercero interesado Alejandro Martínez García, el proveído de ocho de febrero de la presente anualidad; y procédase a realizar la referida notificación por lista de acuerdos, conforme se ordena en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza. Doy fe. Karen*

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