OSCAR JOSÉ CASTRO SOSA y Otros.

Expediente 1326/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1326/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • OSCAR JOSÉ CASTRO SOSA y Otros.
  • Oscar José Castro Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Con la demanda de amparo promovida Óscar José Castro Sosa fórmese y regístrese, en el libro de gobierno, el cuaderno de amparo 1326/2017. DESECHAMIENTO Atento al contenido de la demanda de cuenta se observa que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque en contra del acto reclamado procede el recurso judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impone desecharla de plano con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente. Por decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó el párrafo cuarto al artículo 21 Constitucional. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con el párrafo cuarto invocado, se incorporó en favor de las víctimas de delitos el derecho constitucional de someter a control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Bajo esa tónica y para privilegiar ese derecho constitucional en favor de las víctimas de delitos, el mismo Tribunal Pleno estableció en la diversa jurisprudencia P./J. 114/2000 que el juicio de amparo resultaba procedente para reclamar las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se estableciera en ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria. Estas interpretaciones plenarias encuentran cabida en el contexto actual, pues el derecho humano al recurso efectivo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, prevalece en términos prácticamente idénticos a los establecidos con las adición del párrafo cuarto del artículo 21 que se ha aludido, al comparar este con la fracción VII del apartado C del artículo 20 Constitucional: Artículo 21, párrafo cuarto. Artículo 20, apartado C, fracción VII. Art. 21.- (.) Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Es decir, conforme a los criterios jurisprudenciales, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, siempre y cuando en el régimen ordinario se carezca de la la vía jurisdiccional para hacer la impugnación. En el presente caso ese supuesto de procedencia de la acción constitucional es inoperante, porque al menos respecto de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar y el archivo temporal, procede el medio de control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual la víctima u ofendido podrán impugnar esa resolución ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la misma, en donde esa autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En consecuencia, el quejoso, con la calidad de ofendido dentro de la carpeta de investigación de origen, debió promover ese medio de defensa de control judicial en contra de la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete en la que se ordenó el archivo temporal de la misma, en lugar de reclamarla en vía de amparo indirecto, como ahora lo pretende, en donde se analizarán las actuaciones de la responsable que son previas a esa resolución. Al no agotar el medio de control judicial previsto en contra del acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desechar de plano la demanda al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo que en términos del artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo se establezca que el amparo indirecto procede contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, pues la lectura sistemática de esa disposición normativa en relación con la fracción XX del artículo 61 de la misma ley, implica que la procedencia de la que se habla es a condición de la satisfacción del principio de definitividad que en el presente caso, como se vio, se incumple. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Cortina Cordero y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto de los diversos autorizados, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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