Oscar Jonathan Galindo Vázquez
Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/06/2021
Partes del expediente
- Oscar Jonathan Galindo Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1855/2018-V y su acumulado 304/2019, promovido el primero por María del Rocío Morquecho Zambrano y Gonzalo Baron Bracamontes, por su propio derecho, contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco y Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que su acumulado 304/2019, promovido por María Antonieta Romero Garibay, por su propio derecho, contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco y Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. María del Rocío Morquecho Zambrano y Gonzalo Baron Bracamontes, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentaron demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco y Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular previas aclaraciones dictó proveído en diez de julio de dos mil dieciocho folios 56, en que ordenó admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 1855/2018-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La Demanda de Amparo acumulada 304/2019. María Antonieta Romero Garibay, el cinco de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco y Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular previas aclaración dictó proveído en diecisiete de octubre de dos mil dieciocho folios 116, en que ordenó registrarla bajo expediente 2935/2018-9, desechando de plano tal demanda, inconforme con tal determinación la parte quejosa se fue en queja, la cual fue resuelta en ejecutoria de cuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la queja 314/2018, revocando dicha determinación y previa aclaración, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, radicó la demanda, pidió los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y el siete de febrero de dos mil diecinueve, planteo la acumulación de la citada demanda. En tal razón en acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, este órgano constitucional acepto la competencia planteada, por lo que en atención a dicho acuerdo el trece de febrero siguiente, se ordenó poner a la vista el juicio de amparo 2935/2018, registrado ante este juzgado bajo expediente 304/2019 y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de enero de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en el cuaderno auxiliar 277/2019-I, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la se resolvió PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1855/2018 y su acumulado 304/2019, promovidos por María del Rocío Morquecho Zambrano y María Antonieta Romero Garibay, por las razones expuestas en el considerando III de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1855/2018 promovido por Gonzalo Barón Bracamontes, contra el Secretario General de Gobierno y el Director del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, respecto del refrendo y publicación del Decreto 24475/LX/13, por el que se expidió la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque de La Primavera, por las razones expuestas en el considerando III de esta sentencia. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege en el juicio de amparo indirecto 1855/2018, a Gonzalo Barón Bracamontes, por cuanto hace al Decreto 24475/LX/13, por el que se expidió la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque de La Primavera y su acto de aplicación consistente en el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, por las razones y para los efectos precisados en la parte final del considerado IV de esta sentencia. Inconformes con tal determinación los quejosos, el organismo denominado Bosque la Primavera, el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, interpusieron recurso de revisión, el cual fue resuelto en ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veinte, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión principal 124/2020, en el que revoca y ordena la reposición del procedimiento, para el efecto siguiente lo que se impone es revocar la sentencia recurrida y, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena reponer el procedimiento, a fin de que el A quo deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve; señale nueva fecha para que tenga verificativo; corra traslado mediante notificación personal a todos los quejosos, con los dos informes justificados rendidos por el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Bosque La Primavera fojas 89 a 120 y 536 a 576; los requiera para que, de estimarlo conveniente a sus intereses, en el plazo de quince días realicen la ampliación de la demanda en cuanto a la complementación de la fundamentación y motivación del oficio DG/OPD/BLP/361/2018, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la referida autoridad responsable, así como en torno a la participación de la autoridad denominada Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP; y, en su oportunidad, continúe con el trámite del procedimiento en los términos previstos en el artículo 117 de la misma ley de la materia. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a los quejosos con los dos informes justificados rendidos por el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque La Primavera fojas 89 a 120 y 536 a 576, para el efecto de en el plazo de quince días realizaran la ampliación de la demanda en cuanto a la complementación de la fundamentación y motivación del oficio DG/OPD/BLP/361/2018, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la referida autoridad responsable, así como en torno a la participación de la autoridad denominada Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP. En tal razón el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se tuvo a las quejosas María del Rocío Morquecho Zambrano y María Antonieta Romero Garibay en escrito registrado con el número 12734, ampliando la demanda de amparo respecto del Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque La Primavera y Dirección Regional de Occidente y Pacífico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por los actos que se precisan en el considerando segundo, y se ordenó pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018; adicionado por el Acuerdo General 3/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en 1. Acción de amparo. Los quejosos María del Rocío Morquecho Zambrano y Gonzalo Barón Bracamontes promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes Del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco a En el ámbito de sus atribuciones el proceso legislativo que dio origen al Decreto 24475/LX/13, por el que se expidió la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque de La Primavera. Del Congreso del Estado de Jalisco b Los efectos y consecuencias del decreto. Del Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque La Primavera c Como primer acto de aplicación de la norma, el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, a través del cual se señaló que el predio denominado Balneario Los Volcanes se ubica en el interior del Área Protegida de Flora y Fauna La Primavera y que no cuenta con autorizaciones vigentes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la prestación de servicios turísticos y recreativos, por lo que se solicitó la regularización del predio mediante el trámite de un permiso y pago de derechos, para evitar la restricción a las autorizaciones a grupos o personas que hacen uso de las instalaciones. d Se declare la nulidad lisa y llana del oficio DG/OPD/BLP/361/2018. De la Dirección Regional de Occidente y Pacífico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas e El Plano enviado al Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, por conducto de SEMADET Jalisco y mediante el oficio FOO.DROPC 0984/2016, en el cual se realizan evidentemente modificaciones al polígono original del Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera. 2. Segunda acción de amparo. La quejosa María Antonieta Romero Garibay promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes Del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco f En el ámbito de sus atribuciones el proceso legislativo que dio origen al Decreto 24475/LX/13, por el que se expidió la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque de La Primavera. Del Congreso del Estado de Jalisco g Los efectos y consecuencias del decreto. Del Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque La Primavera h Como primer acto de aplicación de la norma, el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, a través del cual se señaló que el predio denominado Balneario Los Volcanes se ubica en el interior del Área Protegida de Flora y Fauna La Primavera y que no cuenta con autorizaciones vigentes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la prestación de servicios turísticos y recreativos, por lo que se solicitó la regularización del predio mediante el trámite de un permiso y pago de derechos, para evitar la restricción a las autorizaciones a grupos o personas que hacen uso de las instalaciones. i Se declare la nulidad lisa y llana del oficio DG/OPD/BLP/361/2018. De la Dirección Regional de Occidente y Pacífico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas j El Plano enviado al Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera, por conducto de SEMADET Jalisco y mediante el oficio FOO.DROPC 0984/2016, en el cual se realizan evidentemente modificaciones al polígono original del Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Unidad Jurídica Regional de la Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas oficio registrado con el número 15244, al rendir informe justificado negó los actos que se le atribuyen y que precisados quedaron en los incisos e y j del considerando segundo; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. Dicha negativa cobra relevancia jurídica sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa. Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, no se desprende con certeza algún medio de convicción que demuestre la existencia del acto reclamado a la precitada autoridad. Por tanto, ante la omisión de demostrar el acto reclamado a la referida responsable, lo conducente es SOBRESEER en el juicio, respecto a la referida autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica Regional de la Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, en representación del Congreso del Estado de Jalisco; la Directora General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional y como representante del Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Jalisco; y el Director del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la certeza de los actos que se les reclamaron, y que precisados quedaron en los incisos a, b, f y g del considerando segundo, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 aplicado stricto sensu y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. De igual forma el Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, reconoció la existencia del acto de aplicación aludido en los incisos c, d, h y i del considerando segundo. QUINTO. Análisis sobre causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En relación con los actos legislativos reclamados por la quejosa María Antonieta Romero Garibay, así como del acto de aplicación precisados en los incisos a, b, c y d, Este Juzgado Federal considera, de oficio, que en el asunto respecto al acto reclamado consistente en la aplicación del Decreto 24475/LX/13, por el que se expidió la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado "Bosque de La Primavera", sus efectos, consecuencias, que se vieron reflejadas en el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, a través del cual se señaló que el predio denominado Balneario Los Volcanes se ubica en el interior del Área Protegida de Flora y Fauna La Primavera y que no cuenta con autorizaciones vigentes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la prestación de servicios turísticos y recreativos, por lo que se solicitó la regularización del predio mediante el trámite de un permiso y pago de derechos, para evitar la restricción a las autorizaciones a grupos o personas que hacen uso de las instalaciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso tener presente el contenido de los artículos 17, primer párrafo, 18 y 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo en vigor, que son del tenor siguiente Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Tratándose de la impugnación de leyes que se tilden de inconstitucionales, el término genérico para leyes autoaplicativas es de treinta días, excepción hecha a partir del primer acto de aplicación en relación con el quejoso, pues en este supuesto, el plazo es de quince días, contados a partir de que se dé el primer acto de aplicación de la ley que se reclame como inconstitucional. En la misma tesitura, debe decirse que La Ley de Amparo distingue, en su artículo 107, fracción I, entre las leyes que por su sola expedición causan un perjuicio al quejoso autoaplicativa y aquellas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, de un acto posterior de autoridad heteroaplicativa; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existen individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandado de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, en el caso de la ley heteroaplicativa es requisito indispensable que la responsable aplique al particular la norma que reclama como inconstitucional, para que se encuentre en la situación prevista por ésta y que se trate del primer acto de aplicación, no de las subsecuentes. Ciertamente, cuando en el juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite se haga, precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización, mas no del segundo o ulteriores actos, ya que la finalidad adoptado por la Ley de Amparo, en la disposición a estudio radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación de dicha ley existan. Esto, aparte de evitar tanto la litispendencia y respetar la cosa juzgada, asimismo se evita la contradicción de sentencias sobre el particular. En suma, cabe subrayar que es el primer acto de aplicación de la ley y no el segundo o posteriores actos de aplicación como acontece en el caso a estudio que permite o posibilita jurídicamente la impugnación de una ley por estimarse inconstitucional. Luego, si bien es cierto la quejosa en su libelo constitucional señaló que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho folio 412; sin embargo, lo anterior se desvirtúa con las copias certificadas que exhibió la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Dirección General y representante del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque La Primavera foja 536 a 598, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del arábigo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, de los que se desprende que la peticionaria tuvo conocimiento de la aplicación por primera vez del Decreto reclamado, desde el ocho de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se le notificó el oficio DG/OPD/BLP/722/2017, en el que la referida responsable le comunican que sus datos fueron integrados al Padrón de Propietarios del Bosque La Primavera, además, que la ubicación de su predio distinto al que defiende en este asunto, se encuentra en su totalidad al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera APFFLP, por lo que le señala las condiciones a las que está sujeta de acuerdo a los criterios de sub-zonificación del Programa de Manejo vigente de la referida área de protección que precisamente regula el Decreto reclamado, según se establece en el artículo 1 del mismo. Entonces, se concluye que la parte quejosa promueve el juicio de amparo con motivo de ulterior acto de aplicación del Decreto por el que se crea la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque la Primavera, y no por el primero que se concrete en su perjuicio, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda. Luego, como no se impugna la norma reclamada con motivo de su primer acto de aplicación, sino por uno ulterior, resulta claro que ésta fue tácitamente consentida, toda vez que no se promovió el amparo contra el primer acto de aplicación dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haberlo hecho hasta el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Lo anterior, tiene apoyo en las tesis que a continuación se transcriben. LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA INTERPONERLO. No es verdad que los términos a que se contrae el artículo 21 de la Ley de Amparo, se refieren al amparo contra resoluciones o acuerdos, pero no al amparo contra leyes, por lo que en este caso es aplicable la fracción I, del artículo 22 del mismo ordenamiento, que señala un plazo de treinta días y dentro del cual puede promoverse el juicio de garantías. Tales razonamientos son infundados, porque el párrafo segundo de la fracción XII, del artículo 73 de la ley que se viene citando, se está refiriendo expresamente a la ley, y la cual para que no se entienda consentida cuando es impugnable desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI, requiere que el amparo se interponga, contra el primer acto de aplicación en relación con el quejoso. Y la aplicación concreta cuando la ley no se impugnó al ser promulgada, constituye el presupuesto del cual se parte para considerar consentida o no la ley dentro del término de quince días que señala el citado artículo 21, que tiene aplicación concreta tanto en las resoluciones o acuerdos, como en la ley, que se combatan por el procedimiento constitucional. Tesis 1a. XIII/95, publicada en la página ciento ochenta, del Tomo I, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1995 LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. Cuando existen dos o más juicios promovidos en contra de iguales leyes, de carácter sustantivo y heteroaplicativas y son reclamadas por motivos análogos, solamente es procedente respecto de la ley, el juicio en que se reclama el primer acto específico de individualización de la misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracciones VI, XII, y 74, fracción I de la Ley de Amparo. En efecto, la connotación primer acto de aplicación que le causa un perjuicio al quejoso, a que aluden los preceptos referidos, es la oportunidad para reclamar por una sola vez, la constitucionalidad de la ley; el juicio que se promueva en contra del segundo o ulteriores actos de aplicación resulta improcedente en relación a la misma, porque respecto a quien obtuvo la protección constitucional en un amparo contra leyes, el efecto inmediato es nulificar la validez jurídica de la ley respecto al propio quejoso. Esta interpretación es la idónea para evitar la litispendencia, la contradicción de sentencias y especialmente obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían resultar vulneradas si se promovieran tantos juicios como actos de aplicación existan. Tesis que se encuentra en la página 247 del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 1989. DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL COMPUTO DEL TERMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el cómputo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración, cuándo surte efectos la notificación que se haga al quejoso, según la ley del acto. En el caso, la ley que regula el acto reclamado es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo, en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuándo deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal, lo que sí ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuándo surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo artículo 34, fracciones I y II. Ante la aludida omisión del código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir, al momento en que se haya tenido conocimiento del acto así notificado. Tesis visible en la página ciento setenta y cinco, del Tomo IX, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1992. ACTO RECLAMADO DECOMISO. SU CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO SE PUEDE DESPRENDER DE LA COMPARECENCIA AL JUICIO NATURAL. Si el quejoso propietario del mueble objeto del decomiso, quien se ostenta tercero extraño al procedimiento, después del pronunciamiento de la sentencia en que se decretó aquél se presentó a la causa penal, mediante el trámite del incidente de devolución del citado bien, y con posterioridad al interponer el recurso de apelación correspondiente, es indudable que mediante esas promociones y en ese tiempo se hizo sabedor del proceso penal del que emana la sentencia reclamada, pues es obvio que si el quejoso, tanto al promover el incidente mencionado para recuperar el bien decomisado, como el recurso de apelación contra la negativa a esa devolución, precisó el número del expediente, también el toca respectivo, así como el juzgado o tribunal en que se encuentra radicado, no cabe duda que conoció las circunstancias que obran en dicha causa penal, máxime si en el escrito de la demanda de amparo o en los agravios vertidos en la revisión, el quejoso, bajo protesta legal de decir verdad, confirmó esas cuestiones, es decir, haber tenido conocimiento previo del acto reclamado; de ahí que si la demanda de garantías se presentó después de los quince días hábiles a que se enteró, que establece el artículo 21 de la ley de la materia, aparece manifiesta una causal de improcedencia, por tratarse de un acto consentido tácitamente y, en consecuencia, procede el sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Tesis III.2o.P.24 K, página 1049, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada. Jurisprudencia VI.2o.C. J/194, página 1148, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Atento lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el impetrante consintió la aplicación del Decreto por el que se crea la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Bosque la Primavera, que se concretó en el Oficio DG/OPD/BLP/361/2018, al no promover la demanda de amparo en el término establecido en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, en consecuencia, procede sobreseer al respecto, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Ahora bien, los quejosos María del Rocío Morquecho Zambrano y Gonzalo Barón Bracamontes, comparecen a promover juicio de amparo, la primera en su carácter de usufructuaria vitalicio del predio rústico denominado El Agua Caliente, ubicado en la Municipalidad de Tala, Jalisco, con una superficie de 51-00-00 hectáreas; tal y como lo acreditó de primer testimonio de la escritura pública número once mil quinientos, pasada ante la fe del Notario Público número cuatro de Guadalajara, Jalisco misma que obra en el Tomo I de cuadernos de prueba; el segundo de los nombrados comparece en su carácter Administrador del balneario denominado Los Volcanes, que constituye una fracción del terreno antes citado; y para acreditarlo, exhibió la licencia original número 3080 expedida a su favor por la Hacienda Municipal de Tala, Jalisco, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, con giro Balneario de aguas termales; pues señalan que entre ambos celebraron contrato de prestación de servicios con ese fin. Por tanto la procedencia del juicio de amparo debe determinarse en función de la tutela de la garantía de audiencia previa en relación a los actos emitidos para ejecutar la sentencia definitiva dictada en esa controversia judicial, que le causan perjuicio a partir de su afirmación de que se afectan sus derechos de posesión respecto del predio que defienden. Derechos de posesión que indicaron, derivaban del carácter de usufructuaria vitalicio y de ser Administrador del balneario denominado "Los Volcanes"; y, con esos documentos los quejosos acreditan su interés jurídico tutelable a través del juicio de garantías en relación a la garantía de audiencia previa que establece el artículo 14 constitucional. No obstante lo anterior, en el presente asunto, advierte que se actualiza la figura jurídica de la causahabiencia, por virtud de la cual, al ya haber promovido el titular de la nuda propiedad del bien inmueble poseído por estos últimos quejosos por virtud del usufructo vitalicio y contrato de prestación de servicios, debe estarse a lo resuelto en los párrafos que anteceden. En efecto, la doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o que ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización de éste adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A los autores del acto jurídico se les conoce como causantes, y a quienes los sustituyen, como causahabientes. En otras palabras, se define al causahabiente como la persona que después de celebrar un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. El causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de los autores del acto, sustituyendo a éste a quien se le denomina causante. Existen dos clases de causahabientes a A título universal. b A título particular. La causahabiencia a título universal se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria en la que los beneficiarios de la sucesión comprenden la masa del patrimonio de su autor. La causahabiencia a título particular se constituye cuando la sustitución se refiere únicamente a hechos u obligaciones determinados en forma específica, y puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 512, Tomo IV, del Apéndice 2000, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente texto CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA.- La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada. En alusión a la naturaleza de la causahabiencia, es inconcuso que cuando ésta se actualiza procesalmente en el juicio natural, los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes, pues únicamente asumen el lugar que le corresponde a éstos, ya sea a título universal o a título particular en una medida idéntica del derecho sustituido. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia VI.2o. J/55 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 553, con número de registro IUS 202295, de rubro y texto siguientes CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes Ahora, al aplicar la figura de la causahabiencia en materia de amparo, debe tomarse en consideración que la persona quejosa tiene que probar la existencia del derecho que ostenta, aunque no sea idéntico al que detente su causante, como ocurre cuando por ejemplo, el quejoso es comodatario y su causante es propietario; esto es así porque sólo si se prueba ese derecho, quedaría acreditado su interés jurídico de ejercer la acción constitucional correspondiente. Desde luego, el pronunciamiento que el tribunal de amparo haga respecto de ese derecho, no implica un reconocimiento jurídico de la validez de ese derecho que defiende, pues ese aspecto en todo caso debe ser decidido en el juicio correspondiente que para ese efecto se promueva ante la potestad común. Ahora, una vez acreditado el interés jurídico con la comprobación del derecho con que comparece los quejosos, sólo significa que el causahabiente deberá asumir el mismo rol jurídico que le correspondería a su causante en el amparo, por ejemplo, quedará sujeto a las mismas causas de improcedencia. Bajo esa tesitura, y en atención a determinado en párrafos precedentes, se arriba a la conclusión de que el estado jurídico en el que se posicionaron los quejosos María del Rocío Morquecho Zambrano y Gonzalo Baron Bracamontes, los convierte en causahabiente de la persona que defiende la propiedad del mismo bien; del cual la primera es usufructuaria y el segundo dijo haber celebrado el contrato de prestación de servicios como Administrador. Es así, porque al ostentarse como usufructuaria y Administrador, es evidente que dedujo su derecho posesorio del inmueble litigioso, del mismo estado jurídico que detentaba María Antonieta Romero Garibay respecto de ese inmueble, porque defienden el mismo estado jurídico al detentado por su titular; y el segundo en un rango menor poseedor derivado, al ostentarse como prestador de servicios del titular del derecho de usufructo. De ahí que se conviertan en causahabiente de éste, y lo hacen con la categoría de causahabiente a título el primero universal y el segundo particular, pues su derecho se limita a la posesión del inmueble; es decir, a uno de los componentes de la propiedad, el ius utendi, referido al uso de la cosa conforme a su naturaleza. Razón por la que los hoy quejosos se encuentra impedido para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable como se vio en los párrafos que anteceden, pues sería permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que los quejosos defiende un estado jurídico diverso del detentado por su titular sino incluso uno de rango menor poseedor sobre un derecho de propiedad. Cobra aplicación a lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.3º.C.463 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1734 del Tomo XX, Septiembre de 2004 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 180704, de rubro y texto siguiente CAUSAHABIENCIA. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PARA EL CAUSANTE AFECTA EN FORMA IDÉNTICA AL CAUSAHABIENTE. Es verdad que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO., señala que la causahabiencia no se encuentra prevista como una causa de improcedencia en el artículo 73 de la ley de la materia, por lo que no se puede sobreseer en el juicio por ese motivo en sí mismo considerado, sin embargo, tal criterio no impide estimar que cuando el promovente del amparo que se ostenta como tercero extraño y está probado que es causahabiente de la parte a la que afecta el acto reclamado, su situación es idéntica a la de esa parte porque no es más que subrogatario de ella, por lo que las causas de improcedencia que afectarían al causante también perjudican al causahabiente en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. No se opone a lo anterior que en la referida jurisprudencia también se sostiene que si el causante o el causahabiente promueven amparo ostentándose terceros extraños a juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia, no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, salvo la excepción que se prevé para el causahabiente subarrendatario, sin embargo, esa conclusión no debe desvincularse del resto del contexto, conforme al cual actualizada una causa de improcedencia respecto del causante, también afecta en forma idéntica al causahabiente, y sólo en el caso de que no se dé alguna hipótesis de improcedencia del juicio de garantías en la inteligencia de que la causahabiencia no es una de ellas en sí misma considerada entonces debe existir un pronunciamiento en cuanto al fondo del amparo Por otra parte, los quejosos reclamaron el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, emitido por Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por vicios propios; sin embargo, respecto del mismo, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia El interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Luego es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así se aprecia de la jurisprudencia 854, que dice INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. De los numerales que se trasuntan, artículos 107, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º, 73, 77, fracción I, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos impugnados, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías individuales otorgadas por la Constitución Federal que han sido infringidas, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. Sobre el particular surte aplicación la tesis de jurisprudencia número XX. J/14, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones. Asimismo, cobra aplicación el criterio número IV.2o.1 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo. En el asunto, la parte impetrante de amparo reclama el oficio DG/OPD/BLP/361/2018, emitido por el Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, por vicios propios, el cual es del tenor siguiente De la digitalización anterior se advierte que el oficio DG/OPD/BLP/361/2018 se emitió por el Director General del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, dirigido a Gonzalo Barón Bracamontes, con la finalidad de invitarlo para que actualice la situación de las actividades y servicios ofertados en el predio en que se encuentra el Balneario Los Volcanes y, para que pueda obtener las autorizaciones que otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para la prestación de servicios turísticos y recreativos; asimismo le informa los requisitos necesarios para obtener dicha autorización. Es decir, el oficio reclamado no se traduce en sí en una afectación al derecho de propiedad, posesión ni tampoco realiza alguna declaratoria a través de la cual se modifiquen situaciones ya creadas respecto del predio, sino que en todo caso, constituye sólo una invitación a actualizar la situación de actividad y servicio del Balneario Los Volcanes, dado que precisamente lo que se busca a través del oficio es que se regulen las actividades y servicios que ofrece el establecimiento, lo que en sí misma no se traduce en un perjuicio; pues únicamente se le informa que al realizarlo, evitará restricciones a las autorizaciones a grupos y/o personas que hacen uso de sus instalaciones. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 10a, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 724 de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 2003822, de rubro y texto siguiente CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado Por ello, se evidencia que no existe una afectación a los derechos de los quejosos, sino más bien, únicamente se les invita a que actualicen la situación de las actividades y servicios que prestan como balneario y se les informa los requisitos para ello, con la finalidad de evitar alguna restricción a las personas que quieran hacer uso de sus instalaciones. Entonces, con las pruebas que allegaron al juicio, acreditaron entre otras, la titularidad y posesión del predio que defienden; sin embargo, son insuficientes para demostrar el perjuicio que dicen les fue causado, con el oficio reclamado. De ahí que los promoventes del amparo no acreditaron la afectación a su esfera de derechos, al demostrarse que la responsable únicamente les realizó una invitación a actualizar la situación de la actividad y servicio que prestan de balneario en el predio que defienden; con lo cual los quejosos tendrán la opción hacerlo o no, asumiendo en su caso las eventuales restricciones que pudieran darse. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haber acreditado la parte quejosa la afectación a su interés jurídico, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal; respecto del oficio reclamado. No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación propuestos, al constituir un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que ello genere agravio alguno a la quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1855/2018 y su acumulado 304/2019. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado de autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal ordenada en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno a la parte quejosa; por lo que se ordena turnar los autos al Actuario Judicial correspondiente para que lleve a cabo la encomienda.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, 535/2019
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe Juez de Primera Instancia Civil del Trigésimo Segundo Partido Judicial con residencia en Zapotlanejo, Jalisco; mediante el cual devuelve los diversos oficios -- toda vez que fueron erróneamente notificados en si domicilio; en consecuencia, reexpídanse las citadas comunicaciones a efectos de que sean debidamente notificadas.
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