Oscar Javier Velasco Zacarías
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Javier Velasco Zacarías
- OSCAR JAVIER VELASCO ZACARÍAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. Archívese el expediente principal como asunto concluido. [...] De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dos discos versátiles digitales que remitió junto con su informe justificado, en razón de que resultan innecesarios que se conserven en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 230/2019, promovido por Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, en contra de actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si los quejosos logran desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para emitir auto de vinculación a proceso, así como la medida de prisión preventiva en su contra, dentro de la causa penal 113/2019, por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. ANTECEDENTES Ante el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal 113/2019, en contra de Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, como probables responsables en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. El quince de febrero de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por la probable intervención del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. De igual forma, en esa misma fecha, a petición del Ministerio Público, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un mes, debiéndola cumplir en el CERESO 01 de Santa María Ixcotel, Oaxaca. El catorce de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se resolvió que continuara subsistente por el plazo de un mes más, toda vez que no había quedado demostrado que hayan variado las condiciones y razones que en su oportunidad se consideraron mediante resolución de quince de febrero pasado. (Determinaciones que constituyen los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, presentaron un escrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. Por auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda de amparo, la admitió a trámite; la registró bajo el expediente 230/2019; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo el quince de julio de dos mil diecinueve. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los quejosos reclaman del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de vinculación a proceso de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitido dentro de la causa penal 113/2019, por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. La medida cautelar de prisión preventiva, a cumplir en el CERESO 01 de Santa María Ixcotel, Oaxaca. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado recibido el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve por la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, lo que se corrobora con los discos versátiles digitales relativos a la causa penal 113/2019 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, se encuentran legitimados para promover el presente juicio de amparo, porque el auto de vinculación y medida cautelar impuesta, fueron emitidos en su contra, lo que a su decir son violatorias de derechos fundamentales. OPORTUNIDAD Los actos reclamados fueron notificados a la parte quejosa en la audiencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el diecinueve de febrero y concluyó el once de marzo de dos mil diecinueve, descontándose del cómputo los días veintitrés y veinticuatro de febrero, dos, tres, nueve y diez de marzo del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el ocho de marzo de dos mil diecinueve-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." MEDIDA CAUTELAR. En el caso concreto, de oficio, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta a los quejosos en la causa penal de origen, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante el dictado de una determinación que modificó las medidas cautelares origen de la controversia constitucional. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El tramo normativo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio porque cesaron los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva a cumplir en el CERESO 1 en Santa María Ixcotel, Oaxaca, porque ha operado una sustitución procesal con el pronunciamiento de la resolución de treinta de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 113/2019 por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet. Se afirma lo anterior, ya que del contenido de los discos versátiles allegados por la autoridad responsable, se advierte que el quince de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por la probable intervención del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. De igual forma, en esa misma fecha, a petición del Ministerio Público, se impuso a Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un mes, debiéndola cumplir en el CERESO 01 de Santa María Ixcotel, Oaxaca. El catorce de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se resolvió que continuara subsistente por el plazo de un mes más, toda vez que no había quedado demostrado que hayan variado las condiciones y razones que en su oportunidad se consideraron mediante resolución de quince de febrero pasado. Seguidamente, el treinta de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo una nueva audiencia de revisión de medida cautelar en la causa penal 113/2019, en la que el juzgador responsable, con apoyo en el numeral 157, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió revocar y dejar sin efecto la prisión preventiva que los imputados tenían impuestas, imponiendo las diversas previstas en las fracciones I y VIII del numeral 155 del aludido código. En efecto, las nuevas medidas cautelare impuestas a los imputados son a) la presentación periódica ante el juez; y, b) la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas. De ahí, que el pronunciamiento que la autoridad judicial responsable hizo respecto del modificar las medidas cautelares, provocan la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva resolución y su ejecución que en la actualidad son las que rigen la situación jurídica de los solicitantes del amparo. Así, es inconcuso que en el caso opera la causal de improcedencia analizada conforme a las consideraciones expuestas, dado que la determinación en que se impone la medida cautelar de prisión preventiva a los aquí peticionarios del amparo y su ejecución, fueron sustituidas procesalmente por la diversa resolución de treinta de marzo del año en curso en la causa penal de origen y la materialización de su decisión. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la determinación primaria y su ejecución, no obstante que pudiera en ellos subsistir alguna violación, pues éstos ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo, sino en todo caso la resolución y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquéllos porque podría suceder que a pesar de que favorecen su situación particular existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que esté en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el Juez responsable al emitir la resolución en la aludida causa penal, generaron una nueva situación jurídica por sustitución procesal con relación al acto reclamado, ya que los efectos de esta última actuación no puede ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruya lo que a su vez emanan del nuevo fallo y su materialización porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en la causa penal de origen. En esa línea, si el quejoso atacó en esta instancia constitucional la citada determinación emitida por la autoridad judicial responsable y éstos fueron sustituidos procesalmente por una nueva actuación que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, únicamente respecto de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los quejosos por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, dictada en la causa penal 113/2019 de su índice. No pasa inadvertido para quien aquí resuelve, que el disco versátil certificado que contiene la audiencia de treinta de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la revisión de medida cautelar dictada en la causa penal de origen, haya sido remitida con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que los juzgadores de amparo están facultados para sobreseer en el juicio valorando las pruebas allegadas por las partes cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia, como en el caso concreto aconteció, aun después de celebrada la audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, registro 2000902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." ESTUDIO DEL ASUNTO AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Los quejosos señalan que la autoridad responsable transgreden en su perjuicio el numeral 16 Constitucional, toda vez que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, deviene de una inadecuada falta de fundamentación y motivación. El argumento antes expuesto resulta jurídicamente ineficaz, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, el suscrito considera pertinente destacar algunas particularidades del sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso). El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto. No obstante ello, el Juez de Control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la que el Ministerio Público deberá concluir dentro del plazo señalado por el Juez de Control, misma que no podrá ser mayores de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral. En caso de formularse la acusación, el juez de control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Etapa de juicio. Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 350, señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación. Lo anterior es importante mencionarlo, toda vez que lo que se controvierte en la presente instancia constitucional, como se anticipó, es el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Por otro lado, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." La lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción de los discos versátiles certificados que remitió la autoridad responsables, relativos a la causa penal 113/2019, se advierte lo siguiente: Audiencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve A las dieciséis horas con nueve minutos, la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló la imputación a los ahora quejosos; A las dieciséis horas con quince minutos, una vez que el fiscal terminó de formular la imputación respectiva, el juez responsable informó a los imputados y a su defensa, si era su deseo realizar una aclaración o precisión, a lo que la defensa contestó que "hasta este momento no su señoría". Asimismo, el citado juzgador cuestionó a la defensa y a los imputados si era su deseo rendir su declaración preparatoria o reservarse ese derecho, a lo que el defensor de oficio contestó que ya conversó con los imputados, en el que se concluyó que no era su deseo declarar, lo que confirmaron los imputados con sus propias palabras. A las dieciséis horas con dieciséis minutos, la representación social inició con la solicitud de vinculación a proceso, en la que su metodología consistió en exponer los datos de prueba y con posterioridad los argumentos lógicos jurídicos. Dicha solicitud concluyó a las diecisiete horas con catorce minutos. Acto seguido, el juez responsable explicó a los imputados los alcances de la vinculación a proceso y los plazos a su disposición para preparar la estrategia defensiva, a lo que el defensor público manifestó que solicitaba un receso para conversar con sus defendidos, a lo cual el juzgador de origen accedió, suspendiendo al audiencia a las diecisiete horas con quince minutos. A las diecisiete horas con diecinueve minutos se reanudó la audiencia, en donde la defensa en uso de la palabra solicitó la duplicidad del plazo para que se resolviera la situación jurídica de los imputados, esto es se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes. A las diecisiete horas con veinte minutos, se decretó un receso para agendar fecha para la audiencia relativa. A las diecisiete horas con veintiún minutos, se reanudó la audiencia, en el que el juez responsable señaló las doce horas del quince de febrero de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la continuación respectiva. Audiencia de quince de febrero de dos mil diecinueve A las doce horas del quince de febrero de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia pública de ampliación de término constitucional, en la que se resolvió vincular a proceso a Oscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, como probables responsables en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. De los acontecimientos antes expuesto, se debe puntualizar que se respetó a los aquí quejosos el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se les trató como tal, se les otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se les hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada de los discos versátiles digitales de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el nueve de febrero de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público formuló imputación por el hecho que la ley señala como delitos de lesiones, cometido en agravio de Luis López Miguel, así como el de robo calificado con violencia moral en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel, y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas); sin embargo, el juzgador responsable estimó vincular a proceso a los imputados por su probable intervención del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral, previsto por el numeral 349, en relación con el diverso 360 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se ha cometido ese hecho y existe la probabilidad de que aquéllos lo perpetraron. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Del Agente del Ministerio Público: Parte informativo suscrito por elementos de la Policía Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Declaración del señor Luis López Miguel, realizada ante el Agente del Ministerio Público a las veintidós horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve. Declaración de Abdón Antonio Ruiz Martínez de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve. Declaración de la ciudadana Florecita Mercedes Martínez López de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Diligencia de inspección ocular de siete de febrero de dos mil diecinueve, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Pedro Alfonso Ángeles Oliver con número de identificación 0806. Inspección al vehículo de motor, de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, por parte del Agente Estatal de Investigaciones Pedro Alfonso Ángeles Oliver. Inspección realizada en el lugar del hecho de ocho de febrero de dos mil diecinueve, por parte del Agente Estatal de Investigaciones Néstor Santiago Avendaño. Certificado médico de integridad física de ocho de febrero de dos mil diecinueve, firmado por el doctor Luis Alberto Bautista González. Dictamen psicológico de ocho de febrero de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por la licenciada en psicología Nora Sánchez Velasco. Dictamen en materia de contabilidad, realizado por el perito contable Enrique Hugo Méndez Sánchez. El Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "Estos sucedieron el día siete de febrero del año dos mil diecinueve, entre las catorce cuarenta y las quince horas, cuando el señor Luis López Miguel conducía la camioneta de Soni Gas S.A. de C.V., esto porque es empleado de dicha empresa dedicada a la venta de cilindros de gas, cuando al transitar sobre la calle de Primero de Mayo, Barrio el Coquito, en San Juan Chapultpec, Oaxaca, le sale al paso un primer sujeto desconocido quien con un cuchillo en mano se le para de frente a la camioneta, lo que provoca que el señor Luis López Miguel detenga la marcha, en seguida el imputado Edgar Uriel Velasco Zacarías se le acercó a lado del conductor también con un cuchillo en la mano y sustrajo de la bolsa de su camisa el teléfono celular marca Samsung Galaxy J1 que es propiedad de la señora Florecita Mercedes Martínez López, mientras le pone el cuchillo en el cuello diciéndole "dame el dinero"; en seguida el señor Oscar Javier Velasco Zacarías se acerca al señor Luis y le da un golpe con un envase de cerveza en la cara cortándole a la altura de la ceja, el sujeto desconocido, el tercer sujeto que los acompañaba, se acerca a donde se encuentra Edgar Uriel Velasco Zacarías y Oscar Javier Velasco Zacarías y le dice al señor Luis "dame el dinero", motivo por el cual el señor Luis le entrega la cantidad de $3,006.00 (tres mil seis pesos 00/100 M.N.) eran de Soni Gas producto de la venta de nueve cilindros de gas, y $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) del señor Luis. Que Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías fueron detenidos posteriormente en una búsqueda por elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y que con ello también fue entregado un cuchillo de metal a los elementos policíacos." En relación con los elementos del ilícito, se destacan los siguientes: Una acción de apoderamiento con ánimo de dominio. Sin derecho y sin consentimiento. Para tener por comprobados los indicados elementos, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos dentro de la causa penal, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El suscrito considera que fueron correctamente ponderados, porque, en relación al parte informativo de los elementos de la Policía Municipal, se advirtió que el siete de febrero del año en curso, al recibir una llamada de auxilio, aproximadamente a las quince horas con quince minutos, arribaron al lugar de los hechos, donde se apersonan con el señor Luis López Miguel, con el cual se entrevistan, quien de viva voz les dijo que tres sujetos le habían robado su teléfono celular y dinero en efectivo; asimismo, les externó las características físicas de cada uno de estos sujetos, uno vestía pantalón de mezclilla color azul, con botas negras, sin playera; otro sujeto con pantalón de mezclilla color azul, con botas color café; y, el tercero vestía con playera color negra con rayas de color, pantalón de mezclilla color azul, con dirección a la calle de Buenos Aires en la parte alta de la colonia del Barrio del Coquito de San Juan Chapultepec, Oaxaca. Es que de esta manera se trasladan inmediatamente a las quince horas con siete minutos, es decir dos minutos después y se avocan a la búsqueda; sin embargo, no hubo necesidad de realizarla, ya que ocho personas tenían detenida a un diversa que vestía pantalón de mezclilla color azul, con botas café, sin playera, manifestando el grupo de personas reunidas, que era una de las personas que le había robado al señor que vende gas, y es de esta manera que le hicieron entrega a los policía de la persona detenida, la cual manifestó llamarse Edgar Uriel Velasco Zacarías. No paso mucho tiempo, cuando de igual manera le hicieron entrega de un cuchillo de metal con empuñadura de plástico color blanco de aproximadamente veinte centímetros de largo, el cual fue asegurado. Posteriormente, llego una persona del sexo masculino a informar que en la calle Buenos Aires un diverso grupo de personas tenía detenido a una persona del sexo masculino, a lo que los elementos policiacos se trasladaron al lugar y se percatan que efectivamente un grupo de quince personas tenían rodeado a un sujeto, el cual vestía mezclilla color azul y botas negras, de ahí que fueron detenidos. Seguidamente, los agentes municipales regresaron donde se encontraba la víctima y este hace un señalamiento directo sobre esas dos personas. De ahí que el juez responsable estimó que dicho parte informativo resulta determinante en el caso, pues describió la mecánica en que sucedieron los hechos, enfatizando el señalamiento directo por parte de la víctima, relativo que fueron los sujetos detenidos quienes le habían robado. Se considera que su valoración fue acertada, porque los agentes policiacos narraron los datos objetivos percibidos a través de los sentidos (vista, tacto y oído), los cuales en atención a las funciones de seguridad que realizan resultan creíbles, en específico, lo inherente a que vía llamada de auxilio se les informó respecto a un hecho delictivo que sucedía en el Barrio el Coquito, en San Juan Chapultpec, Oaxaca; que por virtud de lo anterior, acudieron a ese lugar en auxilio a lo indicado, en donde no hubo necesidad de realizar la búsqueda de los imputados, ya que diversos grupos de personas ya los habían detenido. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor." Asimismo, la jurisprudencia 529, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 485, Tomo III, Penal Primera Parte- SCJN Sección-Adjetivo, Apéndice de 2011 de la Séptima Época, del contenido siguiente: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron." Posteriormente, dicho parte informativo lo relacionó armónicamente con la declaración directa de la víctima, Luis López Miguel, quien afirmó que, en efecto, se dedica a vender gas y que el día siete de febrero de dos mil diecinueve, estaba vendiendo sus tanques de gas de manera cotidiana, eran aproximadamente las catorce horas con cuarenta minutos cuando se encontraba circulando en la calle Primero de Mayo, del Barrio el Coquito, en San Juan Chapultepec, Oaxaca, cuando un hombre que vestía playera negra con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul, se para en frente de la camioneta con un cuchillo y le pide el dinero, después un segundo hombre se le acerca y también portaba un cuchillo, se acerca a la puerta de la camioneta, mete su mano y le quita el teléfono y le pone el cuchillo frente al cuello y de igual manera le pide el dinero. Acto seguido se acerca un tercer sujeto, llevaba una botella de caguama (sic) en la mano, y sin decirle nada le proporciona un golpe en la frente del lado izquierdo de la ceja y enseguida sangra. Respecto al diverso sujeto que estaba parado en frente de la camioneta, se dirige donde se encuentran los otros dos sujetos y le pide el dinero, posteriormente la víctima le entrega el dinero. De ahí que el juez consideró, que ese dato es relevante al caso, porque no hubo testigos presenciales de los hechos; sin embargo, fue la víctima quien resintió la conducta y es preponderante su declaración, pues se relaciona con el parte informativo, lo que arrojó valor indiciario. Lo que se considera atinado porque la declaración de la víctima es objetiva, percibió hechos propios que son capaces de mencionar por cualquier persona, identifica el momento en el que sucede el hecho que da origen a la causa penal de origen; se advierten circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho que manifestó a la institución ministerial, a saber, describió como en un día laboral cotidiano, tres personas se le acercaron para despojarlo de un teléfono celular, dinero propio y dinero origen de la venta de cilindros de gas, y que uno de ellos le propició un golpe en la frente, en la ceja izquierda, lo que causó que sangrara inmediatamente; en consecuencia, resulta ser idónea, necesaria, pertinente y coherente para estimarla con alcance probatorio para fijar la circunstancias de tiempo, modo y ejecución del hecho que denunció. De igual forma, tomó en consideración la comparecencia de Abdón Antonio Ruiz Martínez, en su carácter de apoderado legal de la empresa Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que denunció el robo del numerario de cual era parte de las ventas que había realizado Luis López Miguel, anexando para ello nueve recibos para acreditar la venta de los cilindros de gas. Así como la declaración de la ciudadana Florecita Mercedes Martínez López, esposa de la víctima y dueña del celular robado. Diligencia de inspección ocular respecto del cuchillo cuya existencia generó indicio que robustece la versión de la victima de que fue asaltado con ese instrumento. Así como las inspecciones al vehículo de motor y al lugar de los hechos, lo que resultó importante para conocer las características específicas del lugar en que se suscitaron las actividades delictivas. Por ende, se estima correcto que la responsable tomara en consideración las inspecciones antes citadas, al tratarse de un acto de investigación a cargo de una persona facultada para ello, la cual describe datos objetivos que se pueden perciben a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído, lo que guarda relación con la declaración de la víctima Luis López Miguel, ya que corrobora su dicho. Máxime, que para la práctica de dicha inspección no se necesitan conocimientos especializados, basta utilizar el sentido de la vista para detallar las características de ese lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." De igual forma tomó en consideración el certificado médico de integridad física, el que arrojó que la víctima presentó una herida de siete centímetros aproximadamente, con ocho puntos de sutura quirúrgica en la parte inferior izquierda de la región frontal, abarcando el tabique nasal a la izquierda de la nariz, que es una lesión de naturaleza activa. Así como el dictamen psicológico que se le practicó, revela que presentó estrés agudo a causa de las amenazas en su integridad. Finalmente, ponderó el dictamen en materia de contabilidad que reveló que la cantidad total robada sumada respecto de los cilindros de gas; dinero de la víctima; y, el monto de los que vale el teléfono celular, equivale a la cantidad de $7,577.00 (siete mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). De ese modo, atendiendo a que los dictámenes realizados tienen congruencia externa y son corroborados con la declaración de la víctima y el parte informativo por los agentes de policía, por lo tanto genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." De ahí, que el juez responsable concluyó que los datos de prueba resultan idóneos y pertinente, para el esclarecimiento de los hechos delictivos; es decir, el robo ocurrido el siete de febrero entre las catorce horas con cuarenta minutos y quince horas, información suficiente para sustentar la vinculación a proceso. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con el resolutor de origen en cuanto a que el primer elemento del ilícito de robo (una acción de apoderamiento), se surte a partir de que tres personas, el siete de febrero de dos mil diecinueve, entre las catorce cuarenta y las quince horas, de manera conjunta y sucesiva en los actos que externaron, se acercaron al vehículo que tripulaba el señor Luis López Miguel y le exigieron la entrega de dinero, uno de ellos metió su mano al interior del vehículo y le quitó el teléfono celular que portaba, en tanto que otro con una botella de cerveza se le acercó y le golpeó con la misma en la frente del lado izquierdo a la altura de la ceja, uno de ellos le exigió textualmente "dame el dinero", y es como de esa forma la víctima entregó el dinero; es decir, tres personas externaron, en éste caso, una conducta consistente en quitarle un teléfono celular y dinero. Asimismo, como bien lo indicó el juez responsable, dicha acción de apoderamiento requirió de un elemento de naturaleza subjetivo, que es el ánimo de apropiación, que en el caso que nos ocupa se surte tomando en cuenta la mecánica que utilizaron los sujetos activos del delito, valiéndose de amenazas al mostrarle un cuchillo a la víctima y el otro al golpearlo en la frente; de ahí, que es evidente que con esa conducta tenían el ánimo de quitarle su dinero, tan es así que se lo externaron y lo realizaron. Por lo que respecta al segundo de los elementos (sin derecho y sin consentimiento), en el caso que nos ocupa como bien lo consideró el resolutor de origen, de los datos de prueba aportados, la víctima en ningún momento externó querer hacer entrega del dinero, sino que se vio obligado a entregárselos, además le quitaron los bienes sin que le permitieran oponerse; por ende, se trastocó el bien jurídico tutelado, en el caso, el patrimonio de dos persona física y una persona moral. Ahora, por lo que respecta a la agravante, prevista en el numeral 360 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se estima acertada la conclusión del juez de origen, al indicar que el ilícito se ejerció con las calificativas de violencia física y violencia moral. Dicho precepto establece lo siguiente: "360. La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el delincuente amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla." Como puede advertirse, para que exista violencia física, basta que se ejerza fuerza material hacia una persona para perpetrar el ilícito en cuestión. En el caso concreto, dicha actividad se materializó si atendemos a los datos de prueba aportados por la institución ministerial, en específico al parte informativo de los Agentes de Policías, al certificado médico de integridad física y declaración de la víctima, los cuales ya fueron detallados en párrafos precedentes. De ellos se pude concluir que se ejerció una fuerza material dirigida a la víctima Luis López Miguel, esto es así, ya que uno de los sujetos activos lo golpeó con una botella de cerveza a la altura de la frente, lo que le ocasionó una lesión y por consiguiente el pasivo les entregó el dinero; por ende, es dable sustentar que se ejerció una fuerza en contra del pasivo que concluyó en la perpetración del delito de robo. Por ende, como bien lo estimó el juez de origen, en el caso concreto se utilizó violencia física, al ser golpeado la victima con la finalidad realizar el robo (se ejerció una fuerza material). Es aplicable por las razones que la informan la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 498, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, registro 2001489, Materia Constitucional Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ROBO CON VIOLENCIA FÍSICA. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. La citada garantía, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo prohíbe a la autoridad jurisdiccional imponer penas por analogía o por mayoría de razón, sino que también obliga al legislador a emitir normas claras en las que precise las conductas típicas y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia, y para que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado. En ese sentido, el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, al establecer que la pena impuesta por el delito de robo se incrementará con prisión de 2 a 6 años, cuando se cometa con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el artículo 14 constitucional, ya que el concepto "violencia física" sí tiene una connotación determinada y específica, esto es, no es ambiguo o indeterminado, ni da lugar a una labor de integración por el aplicador de la norma. En efecto, desde el punto de vista gramatical, la violencia consiste en utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo y lo físico es lo que pertenece al mundo material, lo relativo a la constitución y naturaleza del cuerpo o al aspecto exterior de alguien; de ahí que aludir a la "violencia física" como medio de comisión del delito de robo, se traduce en que dicho ilícito se comete prevaliéndose del uso de la fuerza sobre el cuerpo o la persona del sujeto pasivo. Por tanto, la violencia física también comparte el carácter de elemento normativo de valoración cultural, pues el juzgador debe determinar, en cada caso concreto, si ésta se actualizó como medio de comisión del delito. Este juicio de valor no constituye una autorización para integrar la ley penal a través de la analogía o la mayoría de razón, pues por un lado, el medio de comisión en estudio tiene una connotación lo suficientemente clara como para que el juzgador se abstenga de acudir a otra norma del sistema, a fin de trasladar su solución legal al delito de robo y, por otro, porque la labor de valoración judicial que lleve a cabo debe estar debidamente fundada y motivada, en términos del artículo 16 constitucional, a fin de dictar sentencia con base en parámetros que descarten toda arbitrariedad." Énfasis propio Por lo que respecta al uso de violencia moral, debe indicarse que esto acontece cuando el agente activo amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla. Por tanto, como bien lo refirió el juzgador responsable, esto aconteció, ya que de los datos de prueba se obtuvo que dos de los sujetos activos le mostraron cuchillos, mientras uno de ellos, colocó el objeto punzocortante a la altura del cuello diciéndole "dame el dinero", lo que evidentemente demuestra un amago a la víctima, lo que propició una intimidación inmediata, que facilitó el hecho delictivo. Es aplicable por las razones que la informan la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable a página 2591, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, registro 2007449, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ROBO CON VIOLENCIA MORAL. AL CONSTITUIR ÉSTA LA FORMA DE COMISIÓN DEL DELITO Y TENER COMO FIN AMEDRENTAR A LA VÍCTIMA Y VENCER SU RESISTENCIA AL DESAPODERAMIENTO, SI NO SE LOGRA INTIMIDARLA, NO SE ACREDITA TAL CALIFICATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a la tesis 1a. CXCI/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 604, de rubro: "ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL EN SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXATIVIDAD.", en relación con el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, la violencia moral desvía la voluntad de la víctima, al propiciar que pierda la capacidad de resistir u oponerse a la acción violenta; luego, al constituir aquélla la forma de comisión en el delito de robo y tener como fin amedrentar a la víctima y vencer su resistencia al desapoderamiento, si tal amago no logra intimidarla, porque ante la actitud violenta del autor o autores del ilícito, se opuso a que le robaran, incluso se defendió y golpeó al sujeto activo, logrando que el medio empleado no cumpliera con la finalidad del agresor, no se acredita la calificativa aludida." Énfasis propio. Por ello, se coincide con el juez de origen en que se colman las dos calificativas del agravante del delito de robo, esto es se realizó con la violencia física y moral. Cabe destacar que si bien es cierto que la institución del ministerio público en su oportunidad solicitó la vinculación a proceso por lo que hace al delito de lesiones en agravio del señor Luis López Miguel, con motivo del golpe que se le propició con una botella uno de los tres sujetos que intervinieron los hechos; sin embargo, como bien lo señaló el juez responsable y con la facultad que le otorga el numeral 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo a bien indicar que dicha conducta externada no resulta autónoma a la mecánica del hecho principal desarrollado, de ahí que la conducta referida (golpe propiciado con una botella), queda subsumida dentro del hecho que la ley señala como el delito de robo. Es aplicable por las razones que la informan, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 1908, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ROBO CON VIOLENCIA Y LESIONES. SE SUBSUME EL SEGUNDO DELITO EN EL PRIMERO CUANDO LA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ESTE ÚLTIMO REPRESENTA EL MEDIO COMISIVO PARA LOGRAR EL APODERAMIENTO VIOLENTO DEL BIEN SIN IMPORTAR LA FUERZA MATERIAL EMPLEADA PARA ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Se surten los presupuestos lógico jurídicos para que opere la subsunción del delito de lesiones en el de robo con violencia en las personas, si el infractor, para lograr su propósito delictivo de apoderamiento de bienes ajenos, ejerció violencia en los ofendidos al darles a beber líquidos con sustancias psicotrópicas denominados rivotril y lexotan, ingesta que trajo como consecuencia un menoscabo en la salud de las víctimas que a punto estuvo de provocarles la muerte, sin que la fuerza material empleada para desapoderarlas rebasara en exceso lo indispensable para vencer su resistencia e influya para considerar que el delito de lesiones adquiere autonomía, puesto que esta circunstancia no representa un requisito agravante del robo, previsto en el artículo 236 del Código Penal para el Estado de Jalisco, ni existe la fijación de un parámetro de la utilización de la violencia que determine la subsunción, en virtud de que dicha figura jurídica se materializa cuando la conducta constitutiva de las lesiones represente el medio adecuado para expresar la violencia calificativa del robo, es decir, el medio comisivo para lograr el apoderamiento del bien propuesto." En ese sentido, el suscrito considera que con los datos de prueba destacados en párrafos anteriores se colman cada uno de los elementos de los hechos que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia física y moral. En lo que atañe a la probabilidad de que Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, cometieron el hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia física y violencia moral, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Agente del Ministerio Público, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo perpetuaron son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia principalmente con lo expuesto en el parte informativo en el que se narra que aproximadamente a las quince horas con quince minutos, arribaron al lugar de los hechos, donde se apersonan con el señor Luis López Miguel, con el cual se entrevistan y les proporciona las características físicas y de vestimenta de los sujetos activos, los cuales fueron detenidos en diferentes momentos por grupos de personas y a su vez se los entregaron a los agentes policiacos, y cuando los llevan ante la presencia de la víctima, esta los reconoce y hace un señalamiento de que esas dos personas habían intervenido en el robo. Luego entonces, de lo antes expuesto se patentiza, por lo menos hasta este momento, existe la probabilidad de que Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, cometieron el hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia física y violencia moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. De ahí que este órgano jurisdiccional considere válido que la responsable determinara que la intervención de Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, encuadra en lo previsto por el artículo 349, en relación con el diverso 360 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, el Juez de Control responsable ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público y precisamente con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que probablemente participaron en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación el Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que contrario a lo aseverado por el solicitante del amparo en su único concepto de violación, el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de la videograbación de la audiencia se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que los imputados -aquí quejosos- participaron en la comisión del hecho que la ley señala como delitos de robo calificado con violencia física y violencia moral, en perjuicio patrimonial de Florecita Mercedes Martínez López, Soni Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Luis López Miguel. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." DECISIÓN Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaz el único concepto de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, respecto del acto reclamado atribuido al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado IX del presente fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
...DECISIÓN Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaz el único concepto de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, respecto del acto reclamado atribuido al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Óscar Javier Velasco Zacarías y Edgar Uriel Velasco Zacarías, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado IX del presente fallo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
..." (Notifico por lista a la parte quejosa el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve). En razón de que la citada parte no atendió el apercibimiento que se le realizó en el CITATORIO que se le dejó el dieciocho de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el proveído referido en los términos siguientes: ...."Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, como Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec), con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga. Cobra aplicación la tesis con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese personalmente.
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