Oscar Javier Topete Fonseca

Expediente 1564/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1564/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
21/12/2023

Partes del expediente

  • Oscar Javier Topete Fonseca

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de la demanda de amparo. Se recibe la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Radicacio´n. Fo´rmese el expediente impreso y electro´nico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo, y regi´strese con el nu´mero 1564/2023-IV. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Precisión del acto reclamado. De la lectura integral realizada a la demanda de amparo se desprende que el acto que reclama lo constituye: Aviso por ajuste de facturación ******, emitido aparentemente por el Responsable de Departamento Comercial, Zona Las Lomas de la Comisión Federal de Electricidad de nueve de octubre de dos mil veintitrés a través del cual se requiere de pago de energía eléctrica y contra la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica llevada a cabo por la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, la suscrita juzgadora concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo anterior debido a que el acto impugnado no es un acto de autoridad. En efecto, los preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la transcripción que antecede, se obtiene que las causas de improcedencia puede resultar de alguna disposición de la ley; asimismo, que es autoridad responsable la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Para arribar a lo anterior, debe tomarse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en dicho precepto, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el aviso por ajuste de facturación *****, emitido aparentemente por el Responsable de Departamento Comercial, Zona Las Lomas de la Comisión Federal de Electricidad de nueve de octubre de dos mil veintitrés a través del cual se requiere de pago de energía eléctrica y contra la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica llevada a cabo por la Comisión Federal de Electricidad. Del párrafo que antecede se advierte que los actos reclamados derivan de un contrato celebrado entre particulares, atento a ello el aquí quejoso señala como responsable a un particular, a saber Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable no tienen ese carácter para los efectos de este juicio de amparo, ya que los actos que se le atribuyen no se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con la parte peticionaria de amparo, pues tales conductas no pueden ser consideradas como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de la parte promovente. Lo afirmado tiene sustento en el concepto de autoridad responsable, la cual parte de la distinción entre actos de particulares en estricto sentido y los que no lo son, siendo que contra aquéllos realizados por particulares será improcedente el juicio de amparo, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar certeza de cuáles son los mismos. En tal sentido, la jurisprudencia emitida en la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es así, que se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno y en contadas excepciones a un particular, esto, únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En el presente caso, se está en presencia de actos derivados de un contrato privado celebrado entre particulares, de lo anterior se advierte que dicho acto incumbe exclusivamente al quejoso y a las particulares que señala como responsables, atento a ello, ambas partes actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria civil. Es así, que la relación existente entre Comisión Federal de Electricidad y el aquí quejoso, no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, al derivar de la contratación del servicio de electricidad que deviene en un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque fuera de adhesión se debe entender como un acuerdo entre particulares. Atento a lo expuesto, es evidente que en la emisión de los actos materia del presente asunto, no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, lo anterior de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, únicamente, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, no así cuando la relación existente provenga de una relación contractual como es el caso. Por lo anterior, resulta evidente que no se pueden tener con el carácter de autoridad a Comisión Federal de Electricidad en el presente juicio, pues los actos atribuidos derivan de un compromiso entre particulares y, por ende, su función es de carácter privado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, Materia Común, Administrativa, Civil, Décima Época, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en ********. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a *****, **** y ****, al tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, respecto a los demás profesionistas que menciona, al no cumplir con dicho requisito, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, al igual que a las restantes personas que designa, de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se le permite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, mediante el usuario "******", lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Proporciona correo electrónico. No ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medio oficial para recibir notificaciones, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MESA* IV

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