Oscar Javier Guerrero Ramírez
Expediente 391/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oscar Javier Guerrero Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso OSCAR JAVIER GUERRERO RAMÍREZ. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, a la cual se le dio trámite mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, recurso que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, quien al resolver el amparo en revisión civil 216/2021, relativo al citado recurso, determinó revocar la sentencia dictada por este Juzgado Federal y concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos ahí precisados. Consecuente, por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, legalmente computado, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES La autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria recurrida. En su lugar dicte otra en la que, por un lado, reitere insertando en su integridad la parte que se estimó ajustada a derecho y aquella que no fue motivo de estudio en esta ejecutoria; por otro, partiendo de la premisa de que las copias simples ofrecidas en la reclamación son susceptibles de valorarse, dado la naturaleza del recurso, analice de manera ponderada en su integridad las pruebas documentales ofrecidas por el reclamante en especial aquellas con las que pretendió acreditar la afiliación del menor al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como gastos personales, y determine si las circunstancias que se llegase a acreditar indicen o no en la proporcionalidad de los alimentos decretados. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional decretada en autos. 1. El Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, en sustitución del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esa ciudad (en virtud del cierre de dicho órgano jurisdiccional); el veintiocho de febrero del año en curso, dejó insubsistente el acto reclamado -resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil número 400/2021, de su índice. 2. En esa resolución, el juez responsable emitió pronunciamiento de manera fundada y motivada, ya que analizó las pruebas documentales aportadas por el reclamante aquí quejoso; asimismo, analizó la proporcionalidad de los alimentos, sobre el tópico de la necesidad de la acreedora para recibirlos y la posibilidad del deudor para otorgarlos. Así, el juzgador tomó en consideración todas las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes, sobre las que soslayó pronunciarse, probanzas que en esta nueva resolución emitida analizó, valoró y se pronunció respecto de las mismas. Y una vez expuesto lo anterior, con la libertad de criterio y plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación planteado por el aquí quejoso Oscar Javier Guerrero Ramírez en contra de la pensión alimenticia decretada a favor de la tercera interesada María José Anzures López, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales O.E.G.A Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso OSCAR JAVIER GUERRERO RAMÍREZ. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, a la cual se le dio trámite mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, recurso que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, quien al resolver el amparo en revisión civil 216/2021, relativo al citado recurso, determinó revocar la sentencia dictada por este Juzgado Federal y concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos ahí precisados. Consecuente, por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, legalmente computado, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES La autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria recurrida. En su lugar dicte otra en la que, por un lado, reitere insertando en su integridad la parte que se estimó ajustada a derecho y aquella que no fue motivo de estudio en esta ejecutoria; por otro, partiendo de la premisa de que las copias simples ofrecidas en la reclamación son susceptibles de valorarse, dado la naturaleza del recurso, analice de manera ponderada en su integridad las pruebas documentales ofrecidas por el reclamante en especial aquellas con las que pretendió acreditar la afiliación del menor al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como gastos personales, y determine si las circunstancias que se llegase a acreditar indicen o no en la proporcionalidad de los alimentos decretados. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional decretada en autos. 1. El Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, en sustitución del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esa ciudad (en virtud del cierre de dicho órgano jurisdiccional); el veintiocho de febrero del año en curso, dejó insubsistente el acto reclamado -resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil número 400/2021, de su índice. 2. En esa resolución, el juez responsable emitió pronunciamiento de manera fundada y motivada, ya que analizó las pruebas documentales aportadas por el reclamante aquí quejoso; asimismo, analizó la proporcionalidad de los alimentos, sobre el tópico de la necesidad de la acreedora para recibirlos y la posibilidad del deudor para otorgarlos. Así, el juzgador tomó en consideración todas las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes, sobre las que soslayó pronunciarse, probanzas que en esta nueva resolución emitida analizó, valoró y se pronunció respecto de las mismas. Y una vez expuesto lo anterior, con la libertad de criterio y plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación planteado por el aquí quejoso Oscar Javier Guerrero Ramírez en contra de la pensión alimenticia decretada a favor de la tercera interesada María José Anzures López, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales O.E.G.A Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso y vía electrónica al tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio 788 con sus anexos, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia.
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