Oscar Javier Frago Arévalo

Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
857/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Oscar Javier Frago Arévalo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no se ha emplazado a juicio a la parte tercero interesada Vidamia Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veinte de enero de dos mil veinte.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado, rendido por la autoridad responsable juez de Control en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que anexa a su informe, así como la versión digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial de formulación y audiencias de vinculación a proceso, de uno, cinco y seis de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente; sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En consecuencia, resguárdese el disco compacto que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, en secretaría de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éstos, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado de distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de la reproducción del disco compacto y documentales que remitió la autoridad responsable, se advierte que les reviste el carácter de terceros interesados en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso c) y e) de la Ley de Amparo, a Vidamia Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, ya que corresponde a este juzgado de distrito garantizar el debido llamamiento de las partes a juicio, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento del tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis IX.1o.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Noviembre de 1998, página 580, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." En consecuencia, y a fin evitar irregularidades en el procedimiento, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que proceda a emplazar a juicio a la tercero interesada Vidamia Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado en **, Ensenada Baja California, mismo que se desprende del escrito inicial de demanda, requiriéndola para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, así como del presente proveído. Por otra parte, emplace vía oficio a la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, así como del presente proveído. Finalmente, hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto, el escrito de demanda presentado por Óscar Javier Frago Arévalo, por su propio derecho contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 857/2019 y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, en virtud de no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicita; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que en su caso rinda las autoridad señalada como responsable, del que se advierta a quién le reviste tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y por autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Escobosa Galindo, Adrián de Jesús Vivanco Cervantes y Dulce Jazmín Torres Montañez, toda vez que cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por lo que respecta a Magaly Lemus Huerta, se le tiene como autorizada únicamente en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, la misma no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro contexto, en relación a su manifestación en el sentido de que se realicen las notificaciones de manera electrónica, dígasele que una vez que cuenten con usuario previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se acordara lo que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda.

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