Oscar Javier Florez Llorente

Expediente 865/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
865/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Oscar Javier Florez Llorente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de ley sin que haya sido interpuesto el medio de impugnación en contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, se declara que el mismo queda firme. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este asunto como totalmente concluido y hágase constar que el juicio de amparo es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos se advierte que el dieciséis de junio del año en curso, se agregó en autos el oficio del Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual exhibió el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas expedido a favor de Oscar Javier Florez Llorente. Por tanto, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, de los anexos que remitió la responsable, destaca que el quince de junio de la anualidad cursante, le otorgó al quejoso documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con motivo de ello, el quejoso obtuvo su libertad, sujetándose a las condiciones precisadas por la autoridad migratoria, por lo que se estima que a la fecha cesaron los actos reclamados. Máxime que con tal documental se dio vista a la parte quejosa sin que hubiese objetado la misma. Ello se aduce de dicha manera, dado que efectivamente a la fecha no existe privación ilegal u orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro, lo que se acredita con la documental antes descrita. Constancia a la que le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, aun cuando la acción reclamada a las responsables quedó de manifiesto en la medida que a la presentación de la demanda de origen, existían dichos actos, los mismos cesaron en sus efectos de manera total una vez que se otorgó al quejoso el permiso para realizar actividades remuneradas; con lo anterior, permite considerar como reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con treinta y un minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido el sobre que devuelve el Administrador Local de Correos, relativo al oficio 7823/2022 de cuatro de abril de la anualidad, dirigido al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el que obra la leyenda "No existe autoridad". En ese sentido, considerando la certificación que antecede, sustráigase el oficio de referencia y reexpídase al domicilio ubicado en calle Floresta, 330, Colonia Obrera, Código Postal 22830.

  4. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio del Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con el que en cumplimiento al requerimiento de catorce del mes y año actual, remite documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, expedido a favor de quejoso Óscar Javier Florez Llorente. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal corresponda Notifíquese personalmente al quejoso.

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