Oscar Javier Cossío Herrera
Expediente 380/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oscar Javier Cossío Herrera
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, y toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe el Secretario Juan José Bocanegra García. En veinte de agosto de dos mil diecinueve, se remitió materialmente el presente expediente al archivo definitivo. EL SECRETARIO JUAN JOSÉ BACANEGRA GARCÍA HGV
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por OSCAR JAVIER COSSÍO HERRERA; contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 380/2019-H. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En términos de los arábigos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DESECHA LA DEMANDA, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Lo anterior, constituye uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si, se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. Las excepciones a dicho principio son las siguientes: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, el quejoso señaló en el apartado relativo al acto reclamado: " . solicito actúen penalmente en contra de las autoridades responsables"; sin embargo, en los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto, manifiesta: ". Pero las autoridades de este centro hacen lo que quieren y no entregaron a tiempo mi sobre donde contenía mi demanda de amparo, la persona encargada de recoger la correspondencia viene por ella cuando quiere, puede venir ya sea cada 15 días como mínimo y llega a tardar hasta 30 días en venir por ella, ahora eso es sacarlos de aquí donde me encuentro, más el tiempo que se toma para entregar a correos de Apatzingán. El señor Director General tiene conocimiento de todo lo que está aconteciendo, de la falta de responsabilidad de sus colaboradores ya que yo personalmente se lo hice de su conocimiento verbal y también por escrito . donde yo le pido de favor que haga algo para que la persona encargada de recoger el correo "cumpla" con su trabajo .". De lo anterior, se aprecia que quejoso reclama: la omisión de las autoridades responsables de remitir oportunamente la correspondencia a su destino y de tomar las medidas necesarias para ello. Sin embargo, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De los mencionados preceptos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. De igual manera, el quejoso tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Por tanto, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con sus condiciones de internamiento, como son la omisión de las autoridades responsables de remitir oportunamente la correspondencia a su destino y de tomar las medidas necesarias para ello. En consecuencia, a dichos actos que tuvieron lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y SE ENCUENTRA DIRIGIDO A TODOS LOS INTERNOS, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Sin que pase inadvertido que en el escrito de demanda, el quejoso manifieste que ha formulado peticiones a la autoridad penitenciaria, de manera verbal y escrita, a fin de que tome las medidas necesarias para que la correspondencia llegue oportunamente a su destino, pues no acredita que efectivamente las hayan realizado. Además, en caso de haberlo hecho y no haber obtenido respuesta alguna o favorable a su petición, puede impugnar dicha determinación ante el Juez respectivo. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Así como los criterios aislados siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. "OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PENITENCIARIOS. CONDICIONES LÓGICA Y LEGAL DE PROCEDIBILIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 A 114 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. En tales circunstancias, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL. Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 4. REPRESENTANTE ESPECIAL. Tomando en consideración que el peticionario del amparo se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda. 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso OSCAR JAVIER COSSÍO HERRERA en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe la Secretaria Albina Alvarado Santos. Pcp "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" OFICIO: Vía electrónica: 14928.- DELEGADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 374/2019-IV, PROMOVIDO POR OSCAR JAVIER COSSÍO HERRERA; CONTRA ACTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN Y OTRAS AUTORIDADES, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: ".Uruapan, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por OSCAR JAVIER COSSÍO HERRERA; contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 380/2019-H. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En términos de los arábigos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DESECHA LA DEMANDA, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Lo anterior, constituye uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si, se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. Las excepciones a dicho principio son las siguientes: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, el quejoso señaló en el apartado relativo al acto reclamado: " . solicito actúen penalmente en contra de las autoridades responsables"; sin embargo, en los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto, manifiesta: ". Pero las autoridades de este centro hacen lo que quieren y no entregaron a tiempo mi sobre donde contenía mi demanda de amparo, la persona encargada de recoger la correspondencia viene por ella cuando quiere, puede venir ya sea cada 15 días como mínimo y llega a tardar hasta 30 días en venir por ella, ahora eso es sacarlos de aquí donde me encuentro, más el tiempo que se toma para entregar a correos de Apatzingán. El señor Director General tiene conocimiento de todo lo que está aconteciendo, de la falta de responsabilidad de sus colaboradores ya que yo personalmente se lo hice de su conocimiento verbal y también por escrito . donde yo le pido de favor que haga algo para que la persona encargada de recoger el correo "cumpla" con su trabajo .". De lo anterior, se aprecia que quejoso reclama: la omisión de las autoridades responsables de remitir oportunamente la correspondencia a su destino y de tomar las medidas necesarias para ello. Sin embargo, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De los mencionados preceptos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. De igual manera, el quejoso tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Por tanto, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con sus condiciones de internamiento, como son la omisión de las autoridades responsables de remitir oportunamente la correspondencia a su destino y de tomar las medidas necesarias para ello. En consecuencia, a dichos actos que tuvieron lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y SE ENCUENTRA DIRIGIDO A TODOS LOS INTERNOS, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Sin que pase inadvertido que en el escrito de demanda, el quejoso manifieste que ha formulado peticiones a la autoridad penitenciaria, de manera verbal y escrita, a fin de que tome las medidas necesarias para que la correspondencia llegue oportunamente a su destino, pues no acredita que efectivamente las hayan realizado. Además, en caso de haberlo hecho y no haber obtenido respuesta alguna o favorable a su petición, puede impugnar dicha determinación ante el Juez respectivo. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Así como los criterios aislados siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. "OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PENITENCIARIOS. CONDICIONES LÓGICA Y LEGAL DE PROCEDIBILIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 A 114 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. En tales circunstancias, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL. Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 4. REPRESENTANTE ESPECIAL. Tomando en consideración que el peticionario del amparo se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda. 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso OSCAR JAVIER COSSÍO HERRERA en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe la Secretaria Albina Alvarado Santos".Dos firmas ilegibles. Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. A T E N T A M E N T E: URUAPAN, MICHOACÁN, A 31 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. ALBINA ALVARADO SANTOS. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Albina Alvarado Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
- Oscar Alejandro Saavedra Martínez343/2019
- Óscar Anibal Álvarez Ruíz540/2018
- Óscar Cavazos Méndez629/2022
- Oscar Diaz Mendez251/2019
- Oscar Francisco Estrada Hernández39/2023
- Oscar Gabriel Cueto Ramírez233/2020
- Oscar Montes Guzmán315/2021
- Oscar Orozco Arroyo179/2018
- Oscar Quesada Jauregui359/2022
- Oscar Quezada Jauregui26/2021
- Óscar Rodrigo Velázquez Caballero208/2019
- Oscar Rodrigo Velázquez Caballero456/2018