Oscar Javier Andrade Ramírez

Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
173/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Oscar Javier Andrade Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que hiciera manifestación en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la resolución de amparo. En tal virtud, en la sentencia de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 157-169), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada; 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere las consideraciones que no hayan sido materia de la concesión del amparo; y, 3. Determine si procede o no la remoción del cargo de albaca del aquí quejoso, para lo cual deberá tomar en consideración lo expuesto en la presente sentencia." Determinación que causó ejecutoria el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia se requirió su cumplimiento (foja 174). En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, remitió el oficio registrado con el número 10352 (foja 176), por el cual informó que dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca 217/2018 de su estadística y que citó a las partes para oír la nueva determinación. Mediante diversa misiva registrada con el número 10546 (foja 178), la citada autoridad, remitió copia certificada de la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el citado juicio, de la que se desprende lo siguiente: En otro tenor, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, es substancialmente fundado y suficiente para REVOCAR el fallo que se revisa, el argumento relativo a que para la remoción del cargo de albacea se debió justificar la negligencia. Lo anterior, de acuerdo a las consideraciones siguientes: El artículo 2988 del Código Civil previene: Artículo 2988. Son causas justificadas de remoción, la incapacidad para el desempeño del cargo o para el ejercicio de los derechos civiles, la conducta negligente o dolosa de los albaceas y las demás que señale la ley. De su contenido se advierte que establece los supuestos en que se justifica la remoción del cargo de albacea. Así, por incapacidad debemos atender las previstas en el artículo 503 de la les Sustantiva Civil Referente a la negligencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.CCLIII/2014 (10a), sostuvo que una conducta negligente se actualiza en aquellos casos en los que el responsable no desea la realización del perjuicio, no obstante ello, causa un daño incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo. De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2944 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, es una obligación del albacea y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatario, por lo que en el supuesto de que no se cumpla con dicho deber podrá ser removido de su cargo, no es menos verdadero que la negligencia que se atribuye el demandado incidentita no se encuentra acreditada. De ahí que el hecho de presentar dos proyectos de partición y que estos no se hayan aprobado, por si mismos, no hacen patente que el albacea actuó con negligencia, pues el demandado incidentista reveló las circunstancias de su actuar, que en el caso resultan ser los motivos por los cuales presentó los proyectos de partición en los términos ahí fijados. En consecuencia de lo anterior, se REVOCA la resolución incidental que se revisa para declarar que la remoción del cargo de albacea peticionada es improcedente. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, las partes no emitieron pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214, del invocado cuerpo normativo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y en el cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar el escrito de demanda y la sentencia respectiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que el billete de depósito N691132, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos incidentales, queda a su disposición por un término de dos años, bajo el apercibimiento que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada a fin de que el mismo le sea entregado, se declarará de oficio la prescripción del detallado numeral, ordenándose enviar a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal; ello con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    A sus autos la comparecencia que antecede, de la que se advierte que se devolvió el certificado de depósito número ********************, a ********************; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimientos de expedientes.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que hiciera manifestación en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la resolución de amparo. En tal virtud, en la sentencia de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 157-169), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada; 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere las consideraciones que no hayan sido materia de la concesión del amparo; y, 3. Determine si procede o no la remoción del cargo de albaca del aquí quejoso, para lo cual deberá tomar en consideración lo expuesto en la presente sentencia." Determinación que causó ejecutoria el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia se requirió su cumplimiento (foja 174). En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, remitió el oficio registrado con el número 10352 (foja 176), por el cual informó que dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca 217/2018 de su estadística y que citó a las partes para oír la nueva determinación. Mediante diversa misiva registrada con el número 10546 (foja 178), la citada autoridad, remitió copia certificada de la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el citado juicio, de la que se desprende lo siguiente: En otro tenor, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, es substancialmente fundado y suficiente para REVOCAR el fallo que se revisa, el argumento relativo a que para la remoción del cargo de albacea se debió justificar la negligencia. Lo anterior, de acuerdo a las consideraciones siguientes: El artículo 2988 del Código Civil previene: Artículo 2988. Son causas justificadas de remoción, la incapacidad para el desempeño del cargo o para el ejercicio de los derechos civiles, la conducta negligente o dolosa de los albaceas y las demás que señale la ley. De su contenido se advierte que establece los supuestos en que se justifica la remoción del cargo de albacea. Así, por incapacidad debemos atender las previstas en el artículo 503 de la les Sustantiva Civil Referente a la negligencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.CCLIII/2014 (10a), sostuvo que una conducta negligente se actualiza en aquellos casos en los que el responsable no desea la realización del perjuicio, no obstante ello, causa un daño incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo. De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2944 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, es una obligación del albacea y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatario, por lo que en el supuesto de que no se cumpla con dicho deber podrá ser removido de su cargo, no es menos verdadero que la negligencia que se atribuye el demandado incidentita no se encuentra acreditada. De ahí que el hecho de presentar dos proyectos de partición y que estos no se hayan aprobado, por si mismos, no hacen patente que el albacea actuó con negligencia, pues el demandado incidentista reveló las circunstancias de su actuar, que en el caso resultan ser los motivos por los cuales presentó los proyectos de partición en los términos ahí fijados. En consecuencia de lo anterior, se REVOCA la resolución incidental que se revisa para declarar que la remoción del cargo de albacea peticionada es improcedente. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, las partes no emitieron pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214, del invocado cuerpo normativo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y en el cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar el escrito de demanda y la sentencia respectiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que el billete de depósito N691132, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos incidentales, queda a su disposición por un término de dos años, bajo el apercibimiento que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada a fin de que el mismo le sea entregado, se declarará de oficio la prescripción del detallado numeral, ordenándose enviar a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal; ello con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la secretaria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente, asimismo, remite copia certificada de la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 217/2018 de la estadística de la sala de su adscripción. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de la determinación correspondiente, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.

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