Oscar Javier Alcantara Olivo

Expediente 798/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
798/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Oscar Javier Alcantara Olivo

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO: Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Oscar Javier Alcantara Olivo, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Centro, con sede en Tampico, Tamaulipas, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 798/2021-VII-B. Sin embargo, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que los actos reclamados por el quejoso, no se ubican en tal supuesto, toda vez que ninguno de ellos trata de los prohibidos por el citado precepto Constitucional. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: (...) Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. (...) Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: (...) Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: (...) A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el corte del suministro del servicio de energía eléctrica que tiene contratado con la empresa productiva del estado Comisión Federal de Electricidad, en el domicilio que precisa en su demanda. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa reconoce que [1] tiene contratado el servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, el cual se presta en el domicilio sito en la calle Cerrada Palma, número ciento cinco [105], Fraccionamiento Villas de Altamira, Ejido la Pedrera, en Altamira, Tamaulipas, código postal 89603; y [2] que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, las autoridades señaladas como responsables fueron a su domicilio a pretender realizar corte de energía eléctrica, sin que previamente se le haya notificado algún procedimiento administrativo para el corte de luz. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque con el escrito de demanda, la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en el sentido de que es titular del servicio de suministro de energía eléctrica, el cual le es prestado por la referida Comisión Federal de Electricidad, con motivo del contrato que celebró con ella. En consecuencia, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XXIII, en relación al 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es mercantil; ello, puesto que la responsable actuó en un plano de coordinación con el impetrante, al derivar su relación con la que refiere como autoridad responsable, de un contrato de suministro de energía eléctrica, que es de naturaleza mercantil. Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Para una mejor comprensión de lo anterior, debe partirse, además, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. (...) En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamados, consistente en la orden de suspensión del suministro de los servicios de energía eléctrica, respecto del domicilio que precisa la parte quejosa en su demanda, efectuada por la responsable, desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados por la parte quejosa están directamente relacionados con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre ella y la Comisión Federal de Electricidad, lo que revela que es de naturaleza materialmente mercantil. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre la solicitante de amparo y la autoridad responsable; en consecuencia, la controversia que plantea la promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Es aplicable a lo expuesto, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), cuyo rubro y texto son: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. (...) De igual manera, cobra especial relevancia la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), que dispone: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. (...) En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de la Materia Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), que dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (...) Además, que la existencia de dichos criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del ocurso constitucional, pues es inconcuso que si la naturaleza de esos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Consecuentemente, al haber quedado demostrado que la naturaleza de los actos reclamados ha sido definida mediante jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como no proveniente de una autoridad para los efectos del juicio constitucional -como es el caso-, ello constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia que hace innecesario esperar a examinar los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, porque de ninguna manera podría superarse el criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria en toda la República Mexicana. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), cuyo tenor literal es el siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. (...)

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