Óscar Jaime Meglan Velázquez
Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Óscar Jaime Meglan Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, se hace constar que este expediente carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales, se advierte que la parte quejosa exhibió diversas constancias que anexó a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, hágase de su conocimiento que quedan a su disposición, para que se presente persona autorizada a recogerlos en hora y día hábil, con identificación oficial vigente, previa copia que exhiba de ellos para su cotejo y ser glosadas debidamente certificadas al expediente, así como razón que por su recibo se deje agregada en autos, una vez que las labores de este juzgado lo permitan; apercibida que de no hacerlo dentro del término de noventa días, serán depurados junto con el expediente, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación del tomo de pruebas y dos discos compactos remitidos por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 443/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno . en su carácter de defensor particular de ., presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de dieciocho de junio siguiente se admitió; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013. SEGUNDO. Los actos reclamados los constituyen el auto de vinculación a proceso de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial ., así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de esa fecha, emitidos por el doctor Júpiter López Ruíz, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Poder Judicial de la Ciudad de México; autoridad que al rendir su informe justificado los aceptó y acreditó con las copias certificadas de diversas constancias del mencionado expediente y del audio y video1 de la 1 Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA audiencia de mérito que anexó a su informe; documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo que se tienen por probados. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son esencialmente los siguientes: El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos, . junto con . acudieron a una cooperativa ubicada en la calle Presidente Masaryk, colonia Polanco, en esta ciudad, lugar donde retiraron $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), para posteriormente trasladarse a bordo del vehículo de la citada en primer término, a una casa de cambio que se ubica en la calle Amberes, colonia Juárez, en esta ciudad, donde iban a cambiar $250.00 (doscientos cincuenta dólares americanos), pero en el trayecto ambas se percataron que eran seguidas por dos camionetas de color blanco; al pensar que ya no lo hacían, siendo aproximadamente las catorce horas con veintiséis minutos de esa fecha, se estacionaron en la esquina que conforman las calles de Amberes y Hamburgo, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad. En ese momento, ., quien usaba un cabestrillo azul en su brazo izquierdo, simulando estar lesionado, con su mano derecha sacó del citado cabestrillo un arma de fuego, tipo revolver, color negro, con la que apuntó al pecho de . y le indicó que soltara la bolsa que sostenía en su hombro izquierdo que contenía la mencionada cantidad de dinero. Acto seguido, el imputado tira a la víctima y en el piso la somete con la rodilla en el pecho para DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". posteriormente forcejear, pero ante el temor de que este disparara, aquella ya no opuso resistencia y soltó su mochila, momento en el que . intentó ayudar, pero el imputado también le apuntó con el arma de fuego y echó a correr con la mochila para subirse en una motocicleta deportiva color negro que era conducida por otra persona y detrás de ellos iban las camionetas blancas antes mencionadas. Tramitada la investigación y una vez que fue judicializada, se formó la carpeta judicial ., del índice de la autoridad responsable, en la cual, el seis de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, vinculó a proceso al ahora quejoso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por su probable participación en los hechos que el Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) establece como delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV, 224, inciso a), fracción VIII, 225, fracciones I y II, en relación con el 226, párrafo único, 246, párrafo tercero, inciso a). 2 2 "Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: (.) IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. (.)" Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: (.) VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público; (.)" Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a ocho años, cuando el robo se cometa: I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; II. Por una o más personas armadas; portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia similar que produzca en la victima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. (.)" "Artículo 226. Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada, aún cuando la abandone o lo desapoderen de ella. "Artículo 246. (.) Se investigarán por querella los delitos previstos en los artículos: QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso sustancialmente sostiene que los actos reclamados violan en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares en el derecho internacional, toda vez que la responsable no notificó de su detención al consulado de Colombia, aunado a que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que el Ministerio Público no registró sus actuaciones en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimientales (SIAP), por lo que dejaron de tener valor jurídico; así como que las determinaciones carecen de fundamentación y motivación ya que la responsable indebidamente consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en la comisión del citado hecho delictivo, aunado a que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es ilegal. Es infundado lo alegado por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada3, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia, así como de exacta aplicación de la ley, al a) 220, sin importar el monto de lo robado, salvo que concurra alguna de las agravantes a que se refieren las fracciones VIII y IX del artículo 223 o las previstas en las fracciones I, VIII, IX, X, XI e inciso D) del artículo 224, o cualquiera de las calificativas a que se refiere el artículo 225; (.)" 3 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. tenor de lo cual solo puede castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas. Para determinar si en el presente asunto se cumplió con las citadas disposiciones, en principio se destaca que para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad judicial responsable debe analizar lo establecido en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que el 4 "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" 5 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." agente del Ministerio Público en presencia del Juez de Control, formuló imputación, a título de coautor, contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV, 224, inciso a), fracción VIII, 225, fracciones I y II, en relación con el 226, párrafo único, 246, párrafo tercero, inciso a), del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público, el Juez de Control dio el uso de la voz al ahora quejoso, previa asistencia de su defensa para preguntarle si le quedaban claros los hechos materia de la imputación que se le atribuyen, hecho lo anterior, el quejoso refirió que era su deseo rendir su declaración, en la que hizo alusión a hechos diversos a los atribuidos por la representación social, por lo que la responsable solicitó a la defensora que asesorara a su representado para que estuviera en condiciones de declarar únicamente en relación con la imputación que le formuló el agente del Ministerio Público. Hecho lo anterior, la defensora y el imputado indicaron que era su deseo reservarse su derecho a declarar. Así, se estima que al emitir el auto de vinculación a proceso, la responsable únicamente tomó en consideración las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que hubiera introducido nuevos temas que no fueran materia de discusión, ni tomado en cuenta la carpeta de investigación, resolviendo sólo conforme a lo que expusieron las partes.6 6 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." 3) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, lo que se constata en el apartado siguiente. 4) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple puesto que el Juez de Control, una vez que escuchó los datos de prueba expuestos por parte del Ministerio Público, precisó que tuvieron verificativo el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las catorce horas con veintiséis minutos, cuando las víctimas se estacionaron en la esquina que conforman las calles de Amberes y Hamburgo, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad, momento en que ., quien usaba un cabestrillo azul en su brazo izquierdo, simulando estar lesionado, con su mano derecha sacó del citado cabestrillo un arma de fuego, tipo revolver, color negro, con la que apuntó al pecho de . y le indicó que soltara la bolsa que sostenía en su hombro izquierdo que contenía la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Acto seguido, el imputado tira a la víctima y en el piso la somete con la rodilla en el pecho para posteriormente forcejear, pero ante el temor de que este disparara, aquella ya no opuso resistencia y soltó su mochila, momento en el que . intentó ayudar, pero el imputado también le apuntó con el arma de fuego y echó a correr con la mochila para subirse en una motocicleta deportiva color negro que era conducida por otra persona. Así, el juzgador atendiendo a la imputación ministerial y a los datos de prueba expuestos, después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV, 224, inciso a), fracción VIII, 225, fracciones I y II, en relación con el 226, párrafo único, 246, párrafo tercero, inciso a), del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control, a partir de la relatoría de los hechos y datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público y los aportados por la defensa del quejoso, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por las partes, simplemente consideró su idoneidad, razonabilidad y pertinencia, de ahí que contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso.7 De aquí que en esta etapa procesal resulte incorrecto pretender que el juzgador concediera valor probatorio a los datos de prueba ofrecidos, pues de hacerlo rebasaría las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, aun en el caso en que se hubiese incorporado a la carpeta de investigación, ya que las pruebas en esta etapa solo sirven para integrar datos. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo exige como requisito, por lo que solo debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que 7 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). expresa la representación social y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representante social y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El Juez de Control no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Expuesto lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra el quejoso, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a sus derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al ahora quejoso. De otra guisa, debe decirse que en el presente caso no se viola en perjuicio de la quejosa el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como ya ha sido expuesto en párrafos que preceden, el auto de vinculación a proceso se dicta en una etapa preliminar no determinante para el proceso penal, por lo que no hay pronunciamiento de fondo en cuanto a la culpabilidad del imputado. En efecto, el auto de vinculación a proceso tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Debe decirse que tampoco se advierte violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función8; sin embargo, en la especie, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías. En cuanto al concepto de violación relacionado con que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta es ilegal, también resulta infundado, toda vez que si bien la motivación que realizó la responsable resulta escueta, lo cierto es que fue 8 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.56/2014 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 745, Libro 45, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2017, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." correcta su imposición, puesto que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juez ordenará de manera oficiosa prisión preventiva, en los delitos cometidos con medios violentos como armas, lo que en la especie aconteció. Por otra parte, en relación con el concepto de violación relativo a que la autoridad responsable no notificó de la detención del quejoso al consulado de Colombia, debe decirse que deviene fundado pero inoperante, atento a lo siguiente: El artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cuestiones, establece que en el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las embajadas o consulados del país respecto de los que sea nacional; y deberá notificarlas de la detención de dicha persona, registrando constancia de ello, salvo que el imputado acompañado de su defensor expresamente solicite que no se realice la notificación. Por su parte, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, establece que el extranjero sujeto a detención debe ser informado acerca de los derechos que dicho numeral reconoce a su favor. De igual forma, que la autoridad debe garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que la asistencia consular en un sentido estricto, entre otras cuestiones, representa la exigencia de asistencia durante el proceso penal, en virtud de la especial proyección atendiendo a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse. En cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero, máxime que es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el citado artículo 36 pone a su disposición, no sólo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tratándose de violaciones a los derechos reconocidos en favor de una persona extranjera, no existe un remedio procesal único, por ende, el impacto que la violación acreditada hubiera tenido en el procedimiento penal debe analizarse caso por caso, sin que en todos deba ordenarse la reposición del procedimiento. De modo que, corresponderá al operador jurídico determinar el grado de afectación que pudo haber tenido en la causa concreta la falta de notificación, contacto y asistencia consular para, con base en ello, determinar el impacto de esa transgresión del derecho fundamental y, en esa medida, establecer cuál es el remedio procesal, el que deberá estar en congruencia con la magnitud de la violación actualizada9. En este contexto, de los registros de audio y video de la audiencia de uno de mayo de dos mil veintiuno y su continuación de seis de ese mes y año, no se advierte que las partes técnicas intervinientes hubiesen hecho del conocimiento del Juez de Control la nacionalidad del aquí quejoso, ni que este hubiera verificado dicha circunstancia, para en su caso, dar la intervención consular correspondiente. 9 Sirve de apoyo la tesis I.9o.P.217 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, visible en la página 2687, Libro 57, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2018, de rubro: "DERECHO HUMANO A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR DE PERSONAS EXTRANJERAS. NO EN TODOS LOS CASOS DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A AQUÉL." Sin embargo, a criterio de este juzgador, dicha omisión no genera perjuicio alguno al aquí quejoso, puesto que durante la celebración de las citadas audiencias, en todo momento estuvo asistido por sus defensores particulares ., quienes lo asesoraron en las cuestiones técnico-jurídicas ahí debatidas, asegurándose de la efectiva realización de los principios de igualdad y contradicción que rigen el proceso penal. Asimismo de la revisión de las referidas audiencias se desprende que no existió desequilibrio y limitaciones para el ejercicio de su defensa derivado de su calidad de extranjero, lo que hace patente su correcto desenvolvimiento, por lo que no se advierte afectación alguna, ni impacto o transgresión a su derecho a una adecuada defensa. Máxime que de lo manifestado por el quejoso en la referidas audiencias, es posible advertir que no es la primera vez que se encuentra sujeto a un procedimiento penal, aunado a que reconoció haber participado en una diversa ante otra autoridad judicial. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que los actos reclamados cumplen con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. Atento a todo lo anterior, lo procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ... defensor particular del quejoso ...; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer en relación con sus manifestaciones, toda vez que a las doce horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte, y para un mejor manejo de este expediente, con ellas fórmese por separado un tomo de pruebas, respetando el sello y folio de origen. Con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
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- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
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