Oscar Iván Cervantes Chávez

Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
8/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Oscar Iván Cervantes Chávez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiese interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, por el cual, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. HA CAUSADO ESTADO, Ahora bien, toda vez que se archiva este expediente como asunto concluido, declaratoria última que se realiza con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente con fundamento en el artículo 15 del mencionado Acuerdo General, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Asimismo, se destaca que el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales; como consecuencia de lo anterior es susceptible su DESTRUCCIÓN una vez transcurrido el plazo de TRES AÑOS, debiéndose hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso d) del aludido Acuerdo. De conformidad con el artículo 35 párrafo segundo, del mencionado Acuerdo General, hágase constar en la carátula del actual expediente la anterior valoración, lo relativo al archivo y de que carece de relevancia documental. Remítase el expediente de que se trata como concluido, al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo, en la remesa de diez de febrero de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Se desecha por notoriamente improcedente la demanda...

  3. Principal

    AVISO.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AVISO DE DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 8/2023-VII-A, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO FEDERAL, QUE EN SÍNTESIS ESTABLECE: ". téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de cuatro de enero del año en curso; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente:. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que la parte promovente señaló como actos reclamados los siguientes:. 1. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación número 3295/2022, NIC: CGV/VIJ/060/340255/22/11, NUC: TLAL/CGV/VIJ/060/340255/22/11.. La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda y de su escrito de desahogo, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: ***. Por lo que, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso, esta juzgadora advierte que respecto al acto reclamado consistente en 1. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación número 3295/2022, NIC: CGV/VIJ/060/340255/22/11, NUC: TLAL/CGV/VIJ/060/340255/22/11, se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5, ambos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen:. Los citados numerales que contemplan la causal de improcedencia referida, establecen lo siguiente: ***. De los numerales transcritos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, esto es, de aquellos que no provocan una afectación definitiva a la esfera jurídica de los solicitantes de amparo. En el caso particular, se tiene que el quejoso reclama la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación abierta en su contra. Bajo este tenor, debe precisarse que la investigación y persecución de los delitos es de interés público y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna, corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso, si ha lugar a ejercer o no la acción penal. Empero, es menester destacar que durante esa etapa (investigación inicial), el representante social, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, ya que como se dijo, el Ministerio Público investiga hechos, con la finalidad de determinar la identidad de los probables responsables, aunado a que la determinación de la citada autoridad en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los imputados son los responsables, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente a resolver en un sentido determinado... En efecto, en el Título II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el Capítulo Único, las etapas del procedimiento, particularmente en el artículo 218, se señala ****.. Lo que conlleva a establecer que el numeral 266 del ordenamiento procesal en cita, indica: *** . Así, debe decirse que conforme a los establecido en el invocado ordinal 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; sin embargo, dicha circunstancia no se actualiza en el caso particular, acorde con el contenido del acto reclamado, ya que no se advierte que se le haya citado, acorde con lo señalado por el diverso dispositivo 266 del propio ordenamiento procesal. Es de destacar que lo dispuesto en el precisado artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los actos de investigación, cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, y que es a partir de ese momento que ya no podrá mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Aspectos que son acorde con lo determinado por el artículo 20, apartado B, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice de manera textual:***. En ese sentido, es claro que no se puede tener acceso por parte del imputado o su defensa a la investigación, hasta que se pretenda recibir declaración o entrevistarlo de aquél primero, situación que en el asunto de estudio, no ha acontecido, puesto que por parte del Ministerio Público no ha sido citado en los términos previstos por el numeral 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se estableció en el acto reclamado y de estimar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, equivaldría a desestimar lo establecido en el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo... Por ello, la omisión de hacerle del conocimiento la existencia de carpeta de investigación abierta en su contra no pueden generar un acto de molestia, y por ende, no afectan los intereses jurídicos o en su caso, legítimos del quejoso, en los términos indicados en la fracción I del numeral 5° de la Ley de Amparo. Actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia, con registro digital:2025272, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro siguiente: ***. Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis I.9o.P.172 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO.". Por otro lado, en cuanto al acto reclamado consistente en 2. La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: ****. Del precepto legal transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; o bien los actos procesales o formales; esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Por ende, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa de prosecución del trámite. Lo anterior es así, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, si la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en que la parte quejosa sea parte, no puede considerar de naturaleza irreparable el acto impugnado. En ese orden de ideas, se tiene que la parte quejosa reclama:***. Ahora, si el escrito por el que el aquí quejoso solicitó se le tengan por designados abogados defensores, así como se le expidieran copias, y respecto de la cual dice ha sido omisa la autoridad responsable de contestar o pronunciarse fue presentada ante la oficialía de partes el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en ese sentido, el acto que en esta vía se combate, no representa una abierta dilación o paralización al procedimiento; por lo que tiene naturaleza eminentemente procesal, por lo que la eventual afectación no se considera de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo... Por su principio rector, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Febrero de 2019, Tomo I, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE.". Lo anterior es así, porque conforme a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, pues conforme a la discrecionalidad del Juzgador a que se refiere la jurisprudencia, el suscrito considera que para que se actualice una abierta dilación, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días de la fecha en que la parte quejosa instó la protección constitucional a la de la dilación reclamada. Adicionalmente, debe resaltarse que resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento penal seguido en forma de juicio, como en el caso acontece, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria... Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Abril de 2015, Tomo I, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.". Por tanto, si la parte quejosa se duele de una afectación cometida dentro de un expediente penal, pues considera que el Agente del Ministerio Público, señalado como responsable ha omitido acordar el escrito presentado ante la oficialía de partes el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, es violatoria de los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales al existir una falta de prosecución del trámite, pues la autoridad debió acordar lo conducente, en breve termino; sin embargo, es evidente que de la fecha de la presentación del escrito, a la data de interposición de la demanda de amparo, no transcurren los cuarenta y cinco días necesarios para la actualización de una abierta dilación del procedimiento. En efecto, si la promoción por la que la parte aquí quejosa, fue presentada ante la autoridad responsable, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de enero de dos mil veintitrés), no se actualiza una dilación abierta en términos de la jurisprudencia antes citada. Por lo que, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "dilación" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, esto es, la afectación de modo directo e inmediato a un derecho sustantivo. Consecuentemente, y ante lo anteriormente citado, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado por la parte quejosa; por tanto se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el arábigo 61 fracciones XII y XXIII, con relación los diversos 5 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. CAPTURA DE RESOLUCIÓN. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. ORDEN DE PUBLICACIÓN. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta resolución al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. "

  4. Principal

    PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de acordar lo conducente respecto de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de aquel en que quede legalmente notificado de este proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente....

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