Oscar Israel Marín Reynaga
Expediente 1378/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1378/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oscar Israel Marín Reynaga
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, las constancias que allegó al presente asunto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Directora Ejecutiva de Recursos Financieros y por el Director de Administración Financiera, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por el cual informan lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remitiendo copia del oficio **** y su respectivo envío, en el cual se advierte solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, procediera al levantamiento del aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de Eduardo Zacarías Martínez, relacionado con el crédito ****. De igual forma, allegó copia del acuse de recibo del diverso oficio ****, dirigido a la Institución Financiera BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, mediante el cual solicitó no remita los fondos motivo de la inmovilización de la cuenta ****a nombre del aquí quejoso, y a favor de ese tribunal, los cuales fueron requeridos previamente con el oficio ****. En esa virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente a las diversas autoridades responsables, BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer; y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio 12635/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Óscar Israel Marín Reynaga contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Asimismo, remite el informe con justificación rendido por el juez en cita; original del escrito de demanda de amparo de que se trata; la certificación secretarial inserta atinente de la notificación e interposición de la misma (misma que contiene una discrepancia en las fechas que se asientan); constancias de emplazamiento a diversos tercero interesados; así como el juicio extraordinario civil 200/2019 del índice de la señalada autoridad designada como responsable. Por tanto, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en atención a que el tribunal colegiado, por conducto de su presidente, determinó, mediante resolución de nueve de septiembre del año en curso, carecer de competencia legal para conocer del referido juicio, en virtud de que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio ni lo da por concluido; ordenando además la remisión de la demanda de amparo de que se trata, al Juez de Distrito en el Estado en turno, a fin de que se avocara al conocimiento del aludido juicio de control constitucional; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 107, 108, 117 y relativos de la Ley de Amparo, este órgano judicial se avoca al conocimiento del mismo. Como consecuencia, anótese su ingreso en el libro de gobierno, bajo el consecutivo 1378/2022-III; con el expediente de origen, y acorde a lo reseñado por el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última legislación en cita, fórmese por separado el cuaderno de pruebas respectivo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano judicial tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. [ . . . ] En esa tesitura, es evidente que la acción de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Por otro lado, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte promovente, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.
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