Oscar Humberto Gallegos Velázquez
Expediente 1263/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2022
Partes del expediente
- Oscar Humberto Gallegos Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede ...se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. ESCRITO DE DESAHOGO Agréguese el escrito signado por el quejoso Oscar Humberto Gallegos Velázquez, por medio del cual informa su imposibilidad para desahogar la prevención que se le formuló en auto de treinta de noviembre del año en curso, atento a lo anterior se provee lo conducente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso reclama: *El auto de requerimiento de pago y embargo dictado el veintitrés de febrero del año en curso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]." Del artículo transcrito se desprende un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. De lo contrario, es decir, si las partes dentro del procedimiento de origen no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez de origen. En el caso, se estima que respecto del acto reclamado, consistente en el auto de requerimiento de pago y embargo dictado el veintitrés de febrero del año en curso en los autos del juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución, el peticionario del amparo debió haber interpuesto el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. A fin de justificar lo anterior, es menester transcribir los artículos 1336, 1339, 1341, 1334 y 1335 del citado código, que establecen: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes." Conforme a esos artículos, el recurso de apelación no procede contra los autos, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas dictados en juicios en los que la suerte principal sea menor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Asimismo, establecen que los autos que no son apelables pueden ser revocados por el juez, por lo que el recurso debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo antes de la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior quedó establecido en la jurisprudencia de rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En la especie, el peticionario reclama el auto en el que la Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordenó que se requiriera el pago de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas y, en caso de que no lo hiciera, se embargarían bienes suficientes para garantizar la deuda, se corriera traslado y se le emplazara al juicio. Ahora, contra dicho acto procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, toda vez que se demanda como suerte principal el pago de una cantidad que es inferior al monto establecido en el ordinal 1339 del Código de Comercio. Es menester destacar que la legislación procesal en mención, no hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación, por virtud del cual pueda ser combatido el acto reclamado; tampoco establece expresamente que éste sea irrecurrible. Por tanto, debe atenderse al principio general del derecho que refiere que donde el legislador no distingue, el juzgador tampoco debe hacerlo, de tal suerte que si en los referidos numerales se prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de cualquier tipo de auto dictado por un juez y que no sea impugnable a través del recurso de apelación. En consecuencia, se insiste, contra el acto del que se duele el quejoso, procede el recurso de revocación previsto en el Código de Comercio, que puede tener como efecto que se revoque o modifique dicho acto. En efecto, de una interpretación sistemática de los artículo del Código de Comercio transcritos, se puede arribar a la conclusión de que si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, entonces, en atención a los referidos artículos 1334 y 1335 del ordenamiento legal en cita, que determinan que los autos que n fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, se concluye que los autos que recaigan en negocios cuyo valor no exceda el monto antes precisado, al no ser apelables, son revocables, con independencia de la cuantía o del monto de lo reclamado en el juicio de origen. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por medio de éste se puede combatir el auto de exequendo del que se duele el quejoso; por tanto, al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Se estima aplicable, por las razones que informa, la tesis intitulada: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO." Máxime que el recurso de revocación se resuelve por el Juez, mismo que deberá pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De lo que se aprecia que el citado medio de impugnación, se resuelve en el plazo citado en el párrafo que antecede (seis días), el cual favorece al quejoso al ser un corto tiempo para impartirle justicia respecto a dicho recurso. Aunado a lo anterior, se estima pertinente destacar que el peticionario de amparo no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, pues es demandado en el juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo cual pone de manifiesto que el quejoso tiene conocimiento del juicio seguido en su contra, en el que se emitió el acto reclamado, tan es así que en el escrito inicial de demanda indicó con precisión la autoridad que emitió tal acto, esto es, el Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito el contenido de la jurisprudencia de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." En dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es un acto de imposible reparación, dado que constituye un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Sin embargo, tal perjuicio relativo al mandamiento de exequendo, si bien no es susceptible de reparación dentro del juicio, en el caso concreto, como se ha expuesto, el propio quejoso puede comparecer ante la responsable a interponer el medio de defensa idóneo conforme a sus pretensiones; máxime que a la fecha no se tiene noticia que tal diligencia se haya llevado a cabo, por lo que no se ha materializado un acto de imposible reparación en su esfera jurídica. Por ende, resulta claro que al no haber agotado el quejoso, previamente a la acción constitucional, el recurso de revocación, incumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que el hecho de que constituya un acto de imposible reparación, no lo exime de agotar ese principio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Oscar Humberto Gallegos Velázquez, por notoriamente improcedente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO CORRESPONIDENTE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. ESCRITO DE DESAHOGO Agréguese el escrito signado por el quejoso Oscar Humberto Gallegos Velázquez, por medio del cual informa su imposibilidad para desahogar la prevención que se le formuló en auto de treinta de noviembre del año en curso, atento a lo anterior se provee lo conducente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso reclama: *El auto de requerimiento de pago y embargo dictado el veintitrés de febrero del año en curso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]." Del artículo transcrito se desprende un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. De lo contrario, es decir, si las partes dentro del procedimiento de origen no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez de origen. En el caso, se estima que respecto del acto reclamado, consistente en el auto de requerimiento de pago y embargo dictado el veintitrés de febrero del año en curso en los autos del juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución, el peticionario del amparo debió haber interpuesto el recurso de revocación, previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. A fin de justificar lo anterior, es menester transcribir los artículos 1336, 1339, 1341, 1334 y 1335 del citado código, que establecen: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes." Conforme a esos artículos, el recurso de apelación no procede contra los autos, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas dictados en juicios en los que la suerte principal sea menor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Asimismo, establecen que los autos que no son apelables pueden ser revocados por el juez, por lo que el recurso debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo antes de la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior quedó establecido en la jurisprudencia de rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En la especie, el peticionario reclama el auto en el que la Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordenó que se requiriera el pago de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas y, en caso de que no lo hiciera, se embargarían bienes suficientes para garantizar la deuda, se corriera traslado y se le emplazara al juicio. Ahora, contra dicho acto procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, toda vez que se demanda como suerte principal el pago de una cantidad que es inferior al monto establecido en el ordinal 1339 del Código de Comercio. Es menester destacar que la legislación procesal en mención, no hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación, por virtud del cual pueda ser combatido el acto reclamado; tampoco establece expresamente que éste sea irrecurrible. Por tanto, debe atenderse al principio general del derecho que refiere que donde el legislador no distingue, el juzgador tampoco debe hacerlo, de tal suerte que si en los referidos numerales se prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de cualquier tipo de auto dictado por un juez y que no sea impugnable a través del recurso de apelación. En consecuencia, se insiste, contra el acto del que se duele el quejoso, procede el recurso de revocación previsto en el Código de Comercio, que puede tener como efecto que se revoque o modifique dicho acto. En efecto, de una interpretación sistemática de los artículo del Código de Comercio transcritos, se puede arribar a la conclusión de que si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, entonces, en atención a los referidos artículos 1334 y 1335 del ordenamiento legal en cita, que determinan que los autos que n fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, se concluye que los autos que recaigan en negocios cuyo valor no exceda el monto antes precisado, al no ser apelables, son revocables, con independencia de la cuantía o del monto de lo reclamado en el juicio de origen. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por medio de éste se puede combatir el auto de exequendo del que se duele el quejoso; por tanto, al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Se estima aplicable, por las razones que informa, la tesis intitulada: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO." Máxime que el recurso de revocación se resuelve por el Juez, mismo que deberá pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De lo que se aprecia que el citado medio de impugnación, se resuelve en el plazo citado en el párrafo que antecede (seis días), el cual favorece al quejoso al ser un corto tiempo para impartirle justicia respecto a dicho recurso. Aunado a lo anterior, se estima pertinente destacar que el peticionario de amparo no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, pues es demandado en el juicio ejecutivo mercantil 42/2021 del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo cual pone de manifiesto que el quejoso tiene conocimiento del juicio seguido en su contra, en el que se emitió el acto reclamado, tan es así que en el escrito inicial de demanda indicó con precisión la autoridad que emitió tal acto, esto es, el Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito el contenido de la jurisprudencia de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." En dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es un acto de imposible reparación, dado que constituye un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Sin embargo, tal perjuicio relativo al mandamiento de exequendo, si bien no es susceptible de reparación dentro del juicio, en el caso concreto, como se ha expuesto, el propio quejoso puede comparecer ante la responsable a interponer el medio de defensa idóneo conforme a sus pretensiones; máxime que a la fecha no se tiene noticia que tal diligencia se haya llevado a cabo, por lo que no se ha materializado un acto de imposible reparación en su esfera jurídica. Por ende, resulta claro que al no haber agotado el quejoso, previamente a la acción constitucional, el recurso de revocación, incumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que el hecho de que constituya un acto de imposible reparación, no lo exime de agotar ese principio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, por notoriamente improcedente."
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la autoridad Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado el treinta de noviembre del año en curso, informa el estado procesal que guarda el juicio 42/2021, de lo cual remite diversas constancias para acreditar su dicho; por tanto, téngase por desahogado el requerimiento de mérito. Finalmente, se está en espera de que la parte quejosa desahogue la prevención decretada en auto de treinta de noviembre del año en curso, para proveer lo conducente.
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