Oscar Huitzitl Castillo

Expediente 996/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
996/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Oscar Huitzitl Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 4179/2019/CHOLULA, signado por el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, con el carácter de Juez de Control (Fernando Martínez Espinosa), y anexo, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, informa que realizó los siguientes actos: a) Dejó sin efecto las audiencias de veintidós y veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en las cuales se calificó de legal de la detención del quejoso y posterior retención, así como auto de vinculación a proceso, en la carpeta judicial administrativa 307/2019/CHOLULA; b) Repuso el procedimiento a partir del momento en que se individualizó a las partes, y en el que la licenciada Diana Krystal Acevedo Ramírez, proporcionó su número de cédula profesional, la cual fue verificada en la página de la Secretaría de Educación Pública; c) Calificó de nueva cuenta de legal la detención de Óscar Huitzil Castillo; d) El Ministerio Público formuló imputación en contra de dicho indiciado, quien decidió no declarar con relación a los hechos que se le atribuyen; e) Se escuchó la solicitud de vinculación a proceso y datos de prueba; y, posteriormente se cuestionó al quejoso respecto al momento en que deseaba que se resolviera su situación jurídica, esto es, en la propia audiencia o dentro del término de setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas contados a partir del inicia de ésta, por lo que, previo asesoramiento de su defensora, peticionó que se resolviera dentro de la duplicidad del término constitucional, señalándose fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial; y; f) En la continuación de ésta, previa individualización de las partes, se emitió auto de vinculación a proceso contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de detentación de vehículo con reporte de robo y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de los estupefacientes conocidos como metanfetamina, en agravio, el primero, de quien resulte ser el legítimo propietario de la camioneta marca Dodge, año 2012, color gris, placas de circulación MDL8675 del Estado de México, y el segundo, de la sociedad. Asimismo, remite el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial 307/2019/CHOLULA de su estadística, contenido en un disco versátil digital (DVD), que cuenta con sello del órgano jurisdiccional y firma del servidor público que lo expidió. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control, por medio del cual, comunica que, en virtud de que la Licenciada Diana Krystal Acevedo Ramírez, defensora pública del aquí quejoso estaba impedida para asistir a la audiencia de juicio programada para las doce horas del dieciséis de diciembre del actual, dentro de la causa penal 307/2019/CHOLULA, la misma se reprogramó para las once horas del dieciocho de diciembre del actual, de lo que el suscrito juez Federal queda enterado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio recibido vía correo electrónico signado por el Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Fernando Martínez Espinosa), por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 126 a 128), manifiesta que señaló las doce horas del dieciséis de diciembre del actual, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Fernando Martínez Espinosa), para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Óscar Huitzil Castillo, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Aarón Hernández Chino), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistentes las resoluciones pronunciadas el veintidós y ventiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa 307/2019/CHOLULA de su índice. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que Diana Krystal Acevedo Ramírez, persona que asistió a Óscar Huitzil Castillo, como defensora pública en la audiencia respectiva sea licenciada en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que la defensora pública haga referencia del número de cédula que la acredite como profesional y con el cuestionamiento que el juez de control haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por la defensora corresponden con la cédula profesional que detenta. 3. Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de las anteriores, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. 4. En el supuesto de que la persona que asistió al imputado como defensora pública no acredite ser licenciada en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá, en el caso de no contar con un defensor particular que asista al imputado en la audiencia, designar a un defensor público, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asiste cuenta con cédula profesional. Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. 5. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido de que la celebración de la audiencia deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró las audiencias de veintidós y veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (Fernando Martínez Espinoza). (.) 6. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora.(.)" (fojas 113 vuelta a 115). Se apercibe a la citada autoridad responsable, que subsisten los apercibimientos con los que se le conminó en proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 126 a 128).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos y el contenido de la certificación que antecede se advierte que por sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 100 a 116), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Óscar Huitzil Castillo y que dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Aarón Hernández Chino), para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Óscar Huitzil Castillo, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Aarón Hernández Chino), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistentes las resoluciones pronunciadas el veintidós y ventiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa 307/2019/CHOLULA de su índice. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que Diana Krystal Acevedo Ramírez, persona que asistió a Óscar Huitzil Castillo, como defensora pública en la audiencia respectiva sea licenciada en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que la defensora pública haga referencia del número de cédula que la acredite como profesional y con el cuestionamiento que el juez de control haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por la defensora corresponden con la cédula profesional que detenta. 3. Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de las anteriores, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. 4. En el supuesto de que la persona que asistió al imputado como defensora pública no acredite ser licenciada en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá, en el caso de no contar con un defensor particular que asista al imputado en la audiencia, designar a un defensor público, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asiste cuenta con cédula profesional. Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. 5. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido de que la celebración de la audiencia deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró las audiencias de veintidós y veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (Fernando Martínez Espinoza). (.) 6. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora.(.)" (fojas 113 vuelta a 115). Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no cumplir dentro del término que se señala, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; en el particular, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, con el carácter de Juez de Control (Aarón Hernández Chino), tal autoridad cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia P.J 63/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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