Óscar Hugo Sánchez Reynoso
Expediente 468/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Óscar Hugo Sánchez Reynoso
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de tres de mayo del año en curso, que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ****, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente ***. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V - TCC ADMITE QUEJA 128-2023", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, en su carácter de quejoso, mediante el cual, interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional por el que se desechó la demanda de amparo intentada. Trámite y remisión del medio de impugnación Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito por la promovente y; así, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, y, además, remítase el escrito original de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja En ese tenor, se hace del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito desechó la demanda de que se trata, mediante auto de tres de abril de dos mil veintitrés. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el medio de impugnación aludido, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(v) QUEJOSA INTERPONE RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propia derecho, contra actos de la Congreso de la Unión y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 468/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación Actos reclamados "La aprobación de las reformes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023." Desechamiento Con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Del artículo citado, se desprende que tratándose de las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En el presente caso, la parte quejosa combate: a) La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del Congreso de la Unión, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario Oficial de la Federación, la cual se dio en fecha dos de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa pretende combatir la reforma legal antes precisada en virtud de que la misma trae aparejada una modificación a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, pues derivado de la reforma al artículo 72 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la integración de las Juntas Distritales Ejecutivas se ve modificada con la supresión de los vocales secretarios que anterior a dicha modificación legislativa conformaban parte del organigrama de las aludidas juntas distritales. De lo anterior se desprende que la parte quejosa reclama la destitución en su encargo con motivo del decreto de reforma reclamado, sin embargo, si bien dicha reforma impacta de manera colateral pudiera impactar en el derecho al trabajo del ahora quejoso como lo pretende sustentar para acudir a la presente instancia constitucional, no menos cierto es que la reforma legislativa reclamada se encuentra dirigida a modificar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, por lo que lo anterior conlleva la actualización de la causa de improcedencia en virtud de que es un asunto en materia electoral. Para definir lo anterior, resulta conveniente destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político electorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció-desde las reformas de 1994 y 1996- un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello; Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. Ahora bien, resulta conveniente tener presente lo que se entiende por materia electoral, para lo cual es pertinente tomar en consideración el criterio que sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad número 10/98, en el sentido de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia número P./J. 25/99, visible en la página 255, Tomo IX, Abril de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras." De la ejecutoria de la cual derivó el criterio reproducido se obtiene que la materia electoral también comprende otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. Circunstancia la anterior, si se toma en consideración que, como se adelantó, en el presente asunto la parte quejosa pretende combatir la reforma legal antes precisada en virtud de que la misma trae aparejada una modificación a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y en especial al organigrama que representa la organización administrativa de la Junta Distrital Ejecutiva a la cual aduce formar parte como Vocal Secretario. En efecto, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la materia electoral no se ciñe únicamente a los derechos político electorales que tienen los ciudadanos (votar y ser votado) así como los procesos de elección que se lleven a cabo para la designación de nuestras autoridades elegidas por representación popular, lo cual se clasificó como materia electoral directa, sino que también aquella atiende a lo que indirectamente incide en el desarrollo de aquellos procesos (materia electoral indirecta), como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Lo anterior, permite llegar a la conclusión de que la modificación de la estructura orgánica de una autoridad administrativa electoral como lo es el Instituto Nacional Electoral, constituye actos de naturaleza electoral en vía indirecta, pues aquella modificación, por sí misma incide indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales que posterior a su entrada en vigor ocurrirán, al ser esta autoridad (Instituto Nacional Electoral), la encargada de vigilar el desarrollo y culminación de los procesos electorales que se lleven a cabo a nivel nacional. De lo anterior se sigue que el presente juicio de amparo resulte improcedente al hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. Lo anterior, resaltando que la improcedencia del juicio de amparo no surge por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, sino en atención a que el contenido material de dicha norma reclamada, como se expuso con anterioridad se estima que es de carácter electoral, lo que determina la improcedencia del presente juicio de amparo. Otorga sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 323, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Bajo esas condiciones, no pasa desapercibida las manifestaciones efectuadas por el promovente en relación a que en principio la causa de improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo se refiere a resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, siendo que en el caso no se podría actualizar dicha causa de improcedencia en virtud de que lo que se reclama en la presente instancia es una norma general. Empero, ha sido criterio reiterado por nuestro más alto Tribunal que la impugnación de normas generales que versen en materia electoral, no son susceptibles de ser analizadas a través del juicio de amparo, pues el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis 2a. LXXI/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 527, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, agosto de 2011, de la Novena Época, de título y contenido siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas." Así como la tesis P.LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época, de título y contenido siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Asimismo, no pasa desapercibido que la parte quejosa, aduzca que se vulnera en su perjuicio el derecho al trabajo establecido por el artículo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empero, dicha circunstancia, se encuentra directamente vinculada con la reforma a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, lo cual, como se dijo tiene naturaleza eminentemente electoral, con lo que se actualiza el supuesto contenido en la tesis aislada 2a. LXXI/2011, y por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. En este aspecto, resulta conveniente acotar que para que surja la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de asuntos electorales, como se estableció en un inicio, el objeto de examen deberá ser solo la posible vulneración al derecho del trabajo del ahora quejoso, situación que no resulta permisible dado el alcance de la reforma legal materia de reclamado, de ahí que si en el caso, el juicio de amparo no se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales del peticionario de amparo, aquel no resulta procedente, pues se reitera, este órgano de control constitucional no puede conocer de asuntos de naturaleza electoral dadas las competencias otorgadas a nivel constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios especiales de comunicación Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tienen por señalados como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales los correos electrónicos y números telefónicos que solicita y, excepcionalmente, procesales en caso de no contar con acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre: "R DESECHA REFORMA ELECTORAL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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