Oscar Hernando Alvarez Alzate

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Oscar Hernando Alvarez Alzate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 12/2023 que este juzgado giró; en atención a su contenido, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se informe del juzgado al que por turno se remitió el juicio de amparo, del que deriva el cuaderno en que se actúa. Notifíquese

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 13/2023-VII, orden 20/2023-VII, que este juzgado le giró; en atención a su contenido resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se informe del juzgado al que por turno se remitió el juicio de amparo, del que deriva el cuaderno en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido en representación del encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; en atención a su contenido, toda vez que por auto de veinticinco de enero del año en curso, este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo instada, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se informe del juzgado al que por turno se remitió el juicio de amparo, del que deriva el cuaderno en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida vía electrónica por Luis Carlos López Saavedra, en representación de Oscar Hernando Álvarez Alzate, Joana Andrea Sandoval López, Geiner Julián Acevedo Jiménez, Norberto Ospina Murillo, Fabio Nelson Cano Marulanda y Cosme Fernando López, contra actos del Encargado de Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y subalternos y otra autoridad; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 96/2023-VII. Ahora bien, en atención a que los actos reclamados se hacen consistir, entre otros, en la privación de la libertad; deportación o expulsión e incomunicación de los directamente agraviados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, además, de su traslado a diversa Entidad Federativa, es decir, a la oficina del Instituto Nacional de Migración perteneciente a Villa Hermosa, Tabasco, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que dichos actos cesen bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades designadas como responsables. Asimismo, se concede la citada medida cautelar para que, de no encontrarse en los supuestos para que pueda exceder el plazo de alojamiento en dicha estancia, se considere el otorgamiento a los quejosos de la condición de estancia con permiso a que se refiere la parte final del artículo 111 de la Ley de Migración; o alguna diversa circunstancia, a efecto de establecer conforme a sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, el supuesto legal aplicable a los directamente agraviados respecto a su libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879 del Tomo I, Libro 78 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2020, Décima Época, registro digital 2022090, que señala: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire vía exhorto, con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad, quienes deberán informar a este juzgado en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de la misma. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, toda vez que las autoridades responsables tienen su domicilio en Tijuana, Baja California y Villa Hermosa, Tabasco, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírense atentos exhortos vía electrónica a 1) Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno y, 2) Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que se encuentre en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordenen a quien corresponda, se constituya en el domicilio de las autoridades responsables y les haga entrega del oficio que se les dirige, al que se deberá anexar copia de la demanda; recabando la constancia de notificación respectiva. No pasa desapercibido para este juzgado, que la firma electrónica pertenece a una persona diversa a quien promueve en favor de los directamente quejosos; sin embargo, al tratarse de actos de naturaleza urgente, se estima que no existe obstáculo para hacer el pronunciamiento respecto a la medida cautelar decretada. Ello, sin perjuicio de que en su oportunidad, el juzgado competente provea lo que estime conducente. Más aún cuando acorde a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Amparo, tratándose de demandas promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, la demanda podrá formularse por medios electrónicos, en cuyo caso, no se requerirá de la firma electrónica. Por otra parte, el suscrito estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no es legalmente competente por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridad responsable, entre otras, al Encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, lugar en donde se dice, se encuentran detenidos los directamente agraviados; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Tijuana, Baja California), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. De manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Luis Carlos López Saavedra, en representación de Oscar Hernando Álvarez Alzate, Joana Andrea Sandoval López, Geiner Julián Acevedo Jiménez, Norberto Ospina Murillo, Fabio Nelson Cano Marulanda y Cosme Fernando López. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentran detenidos los directamente quejosos (Tijuana, Baja California), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en el Estado de Baja California, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito. Por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 Constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para el cuaderno de antecedentes respectivo; por lo que se ordena formar éste. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Por otra parte, con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene como hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 87/2023, del índice de este propio juzgado, el aquí promovente Luis Carlos López Saavedra presentó la demanda que dio origen a aquel, en contra de los mismos actos y autoridad responsable Encargado de Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y subalternos, así como por idénticos antecedentes a los narrados en el escrito inicial de demanda que se provee. Por tanto, con fundamento en el artículo 261, fracción I, en relación con el diverso 248, ambos de la ley de la materia, prevéngase al citado promovente para que no afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación a los actos reclamados que señala en las diversas demandas que presenta, dado que podría hacerse acreedor a una multa de SETENTA A SETECIENTAS VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización e INCURRIR EN LOS HECHOS CON APARIENCIA DE HECHOS DE DELITO a que se refiere el citado numeral 261, fracción I, de la legislación en comento. En el mismo sentido, considerando que los planteamientos del directamente promovente Luis Carlos López Saavedra son de idéntica redacción tanto en esta demanda, como en la diversa que se destacó ha presentado; por ello, se le APERCIBE para que en lo sucesivo proceda a la presentación de sus demandas de amparo, habiéndose cerciorado de la estación migratoria en la que se encuentren las personas en favor de quien aduce promover y conforme a ello, las dirija al órgano jurisdiccional en turno del Circuito donde tengan ejecución los actos correspondientes, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En la inteligencia que de reincidir en la presentación de demandas que deliberadamente las dirige a órganos jurisdiccionales que no son competentes, este juzgado procederá conforme a lo expuesto en párrafos que anteceden, sin perjuicio de dar la vista relativa al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda conforme a sus atribuciones. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que en los numerales citados en líneas que anteceden, se excepciona a los supuestos en los que se reclame actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; empero, como se desprende del escrito inicial de demanda, el presente asunto deriva de un procedimiento migratorio, por lo que no se encuentra en dicho hipótesis de excepción. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Abraham López Lucas, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones por dicho medio. Por tanto, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio ubicado en calle Padre Kino #917, Fraccionamiento las Californias, Colonia libertad, dado que las notificaciones se efectuarán vía electrónica. Se toma nota del número telefónico y correo electrónico que se proporcionan, lo anterior únicamente para establecer comunicaciones no oficiales que deriven del presente asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese y vía electrónica a la parte promovente.

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