Oscar Hernández Velázquez

Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
379/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Oscar Hernández Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra sentencia de dieciséis de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil dieciocho. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 485/2018, promovido por *******, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Xalisco, Nayarit, y otras autoridades, de quienes reclama todo lo actuado en el juicio especial hipotecario número *******, así como el embargo, remate, desalojo y desocupación del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad; así como la adjudicación del citado inmueble a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Para justificar el derecho que ejerce sobre dicho bien, exhibió la siguiente documentación: 1. Copia certificada de la escritura pública número *******, de diecinueve de marzo de dos mil ocho, emitida ante la fe del Licenciado *******, Notario Público Número ******* del Distrito Judicial Bravos, que contiene el contrato de compraventa y contrato de crédito y garantía hipotecaria, éste último celebrado entre el ******* y el quejoso *******, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, registrado bajo el número de inscripción *******, folio *******, libro *******, Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. 2. Contrato de compraventa respecto del inmueble antes citado contenido en el documento marcado con el folio *******, ante la Dirección General de Catastro. 3. Constancia de adjudicación en rebeldía donde consta la inscripción número *******, Folio *******, Libro *******, Sección ********, a favor del *******, ordenada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Xalisco, Nayarit, en el juicio especial hipotecario *******, expedida por el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. 4. Recibos respecto del suministro de agua potable y otros servicios, emitidos el diecinueve de marzo y dieciocho de junio del presente año, por la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez, a nombre del quejoso. 5. Constancia de residencia expedida al quejoso por la Secretaría del Ayuntamiento de Juárez, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Documentales que como está ordenado en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, deberán cotejarse con las copias certificadas exhibidas para que se agreguen al incidente de suspensión; y a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de documentos públicos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, respecto a la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, en lo relativo a los efectos de la ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen; de las documentales aportadas por aquella, se advierte la constancia expedida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado el diecisiete de julio del presente año, relativa a la inscripción *******, folio *******, libro *******, de la Sección *******, en la que atestigua que el dos de febrero de dos mil dieciocho, se inscribió el instrumento público *******, otorgado el nueve de octubre de dos mil quince, en la Notaría Pública Número *******, en San Blas Nayarit, con motivo de la resolución judicial dictada en el juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Xalisco, Nayarit, en rebeldía de ******* y como adquirente el *******, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, con registro anterior bajo la inscripción *******, folio *******, libro ******* de la Sección *******. Por lo que se está en presencia de actos consumados contra los cuales es improcedente conceder la suspensión provisional, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 557, visible en la página 371 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos consumados, si estos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por otra parte, respecto al desalojo y desocupación del inmueble, se considera que están satisfechos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de la Materia, dado que la solicitó la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; y, en su caso, corresponderá a la autoridad responsable demostrar, en el momento procesal oportuno, el perjuicio al interés social que se considere se ha causado con el otorgamiento de la medida cautelar, en términos de la jurisprudencia V.2º.J/8, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 185, del Tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de epígrafe: "SUSPENSIÓN. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APORTAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL". Por tanto, se concede la suspensión provisional solicitada a fin de que no se lleve a cabo el desalojo o desocupación del quejoso *******, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad Además, de negarse la medida cautelar, con la ejecución de los actos reclamados se podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, al haber demostrado de manera presuntiva el interés que tiene en que se suspendan los actos reclamados, pues, como lo manifiesta, se adjudicó a favor de otra persona el inmueble que aduce es de su propiedad; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida no surtirá efectos si a la fecha ya se llevaron a cabo los actos por los que se otorga, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se pronuncie en el fondo del amparo. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 522 visible en la página 343, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. Ahora, toda vez que existe tercero interesado, la presente medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la quejosa no exhibe en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), para responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran sufrir éste, cantidad que se determina discrecionalmente a criterio de este Juzgador, considerando que el trámite de un juicio de amparo dura aproximadamente seis meses, en el entendido que la presente medida sólo suspende la ejecución del acto reclamado, sin afectar la validez y existencia del mismo, por lo que es necesario garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar con la medida suspensional decretada a la moral tercero interesada, desde que se concedió la suspensión del acto reclamado, hasta que se resuelva en definitiva, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2ª. LIII/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 485/2018; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua", el cual deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente auto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las diez horas con cinco del ocho de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe cada autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo; por lo que se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en amplios términos a los licenciados *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y sólo para oír y recibir notificaciones y documentos a los oficiales administrativos que indica en su ocurso. Ahora bien, toda vez que el tercero interesado *******, tiene su domicilio en *******, en la Ciudad de México, en tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, gíresele oficio a fin de hacer de su conocimiento la presente determinación. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para la práctica de las diligencias a las que haya lugar, se habilitan días y horas inhábiles para su desahogo; con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******. Doy fe., Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando los alegatos que deja vertidos en el escrito de cuenta y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Por otro lado, respecto a las copias que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de quince de junio pasado, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 379/2018-II, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de los corrientes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado a este recinto judicial en esa misma data, *******, solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a las responsables, Titular de la Fiscalía Zona Norte y Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Zona Norte, a quienes reclamó la orden de detención dictada en su contra, así como su respectiva ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de quince de junio del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y del Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos que reclamó el quejoso, consistentes en la orden de detención dictada en su contra, así como su respectiva ejecución; sin que se haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó. Sirve de apoyo a lo considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye lo siguiente: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE ÚNICO. Se niega a ******* la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y del Coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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